A través del Decreto Nº 6278, el Poder Ejecutivo extendió la concesión de la quiniela a la empresa Technologies Development of Paraguay S.A. (TDP S.A.) para la explotación del juego de azar conocido como “Quiniela”, hasta el 30 de setiembre del presente ejercicio. Se trata de una medida transitoria hasta que comiencen a implementarse nuevas condiciones de prestación.

El decreto mencionado fue publicado en la jornada del lunes 29 de junio e indica en su Artículo 1º: “Apruébase la extensión hasta el 30 de setiembre de 2026 de la vigencia de concesión de la explotación en todo el país, del juego de azar denominado ‘Quiniela’, concedida por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a la firma Technologies Development of Paraguay S.A. (TDP S.A.) autorizado por la Resolución Conajzar Nº 32/2020, aprobado por el Poder Ejecutivo según Decreto Nº 4452/2020”.

Al respecto, se debe recordar que en el pasado mes de abril, la Conajzar había adjudicado dos licencias para la explotación del popular juego, los beneficiados son el Consorcio Daruma Sam S.A., Caproni S.A. y Dataforge S.A. (CDCD) y, justamente, TDP S.A.

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En pocas palabras, en el considerando del decreto se hace referencia a que los adjudicados no tienen posibilidades de brindar el servicio al 30 de junio del presente ejercicio, “en el marco del nuevo esquema de explotación implementado; sin embargo, dados los cambios normativos profundos que ha sufrido el sector, y los nuevos esquemas de explotación llevados adelante”.

Seguidamente, se hace referencia que es razonable extender el permiso a la firma aludida anteriormente, de manera a salvaguardar los intereses del Estado. “Que a criterio de la autoridad competente, que es la que tiene la mejor opinión o criterio técnico en la materia, el plazo de extensión fijado hasta el 30 de setiembre del 2026 es razonable, buscándose evitar perjuicios o los eventuales avances de la explotación de quinielas clandestinas dentro del territorio del país, y asegurando que el Estado no deje de percibir el canon en cuestión, no observándose opinión o razón para apartarse de dicho criterio emitido por el organismo técnico correspondiente”, menciona el documento.

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• Jorge Torres Romero

Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.

Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?

El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.

Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.

Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.

Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.

Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.

Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.

No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.

Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.

Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.

Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.

Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

La propuesta podría responder a una búsqueda de solución rápida a un problema que es mucho más complejo, dijo el mandatario.

El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, sostuvo que no consi­dera que una declaración de emergencia para el Instituto de Previsión Social (IPS) vaya a traer una solución a los pro­blemas que está atravesando. Explicó que los recursos no se crean por ley, sino se autorizan por ley. No obstante, señaló que el IPS está trabajando de manera coordinada con la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), para acelerar todos los proce­sos de contrataciones.

Luego de la actividad que mantuvo en la ciudad de Itau­guá, el mandatario brindó unas breves declaraciones a la prensa, que le consultó su parecer respecto al debate en el ámbito parlamentario, donde se están analizando propuestas legislativas para declarar en emergencia al IPS y así brindar soluciones al sistema de salud, otorgar recursos para la inversión de infraestructura, entre otros aspectos.

El jefe de Estado considera que esta propuesta viene como una solución paliativa, pero remarcó que no hay solu­ciones mágicas ni atajos que no sean el trabajo puro y duro que se tiene que hacer en el IPS. Esto, teniendo en cuenta los problemas estructurales y vienen de décadas. A su pare­cer, la propuesta de emergen­cia podría responder a una búsqueda de solución rápida a un problema que es mucho más complejo.

“Nosotros no creemos que eso vaya a resolver el problema, el Instituto de Previsión Social está trabajando de manera coordinada con la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas, se están acele­rando, como ustedes saben, de repente nosotros nos que­damos atrapados en lo que son las protestas, muchas veces las disputas comer­ciales entre los proveedores terminan perjudicando a lo asegurado y bueno, estamos tratando de que esos proce­sos legales se agilicen lo más rápido posible”, remarcó.

Peña aseguró que, obvia­mente, no se debe tener la menor duda de que si llegan a observar la necesidad de dotarles de nuevas herramien­tas legales al IPS, recurrirán al Parlamento para plantearles la propuesta. “Pero yo me ima­gino que ese planteamiento venía simplemente como una demostración de tratar de dar alguna solución mágica de vuelta. No hay atajos, no hay soluciones mágicas, es trabajo puro y duro que tenemos que llevar adelante”, enfatizó.

“Nosotros estamos trabajando con el Ejecutivo, el presidente de la República, el presidente de IPS, y de ahí va a venir el proyecto que va a tratar de solucionar”, explicó el presidente del Senado.

El presidente del Con­greso Nacional, Basi­lio Núñez, adelantó que ya se está trabajando en un proyecto para mejorar la situación en que se encuen­tra el Instituto de Previsión Social (IPS), principalmente para el abastecimiento de medicamentos e insumos. El senador indicó que ya hay conversación entre el Ejecu­tivo, la previsional y el legis­lativo.

“Nosotros estamos traba­jando con el Ejecutivo, el presidente de la República, el presidente de IPS, y de ahí va a venir el proyecto que va a tratar de solucionar. No des­merezco el proyecto presen­tado por un colega, que puede sumar y podemos evaluar”, indicó en rueda de prensa desde el Senado.

Las expresiones del legislador se dieron en torno a los pro­yectos que se encuentran en el Congreso, uno impulsado por el senador Juan Afara, en el cual plantea la declaración de emergencia de la previsional y la emisión de bonos por USD 300 millones para la compra de medicamentos e insumos.

“Hay que evaluar, y todo lo que sea positivo para que el IPS mejore, tenemos que aprobar. Vamos a ver con lupa con el Ejecutivo, con el presidente del IPS”, indicó Núñez.

Por otra parte, recordó que en el periodo anterior tam­bién ya se realizaron prés­tamos, que desaparecieron. “Con los 250 millones de dólares que fueron aproba­dos en el periodo anterior, con la misma cantinera des­aparecieron los 250 millones de dólares, no confío todavía en el proyecto que está acá, vamos a ver con lupa con el Ejecutivo, con el presidente del IPS”, cuestionó el titular legislativo.

Núñez también recordó que la situación de la previ­sional es a consecuencia de años de mala gestión, y no un problema de esta admi­nistración. “Recuerden que hubo un fideicomiso de más de 800.000 millones de gua­raníes que fue depositado para la construcción de un hospital y la plata desapa­reció. Hay una crisis finan­ciera, no estamos descono­ciendo, pero también estoy resaltando que hubo mane­jos desprolijos en el periodo anterior”, manifestó.

El Senado de la Nación resolvió postergar por 30 días el tratamiento del proyecto de ley que busca declarar en estado de emergencia al Instituto de Previsión Social.

A moción del senador Nata­licio Chase fue poster­gado por 30 días el estudio del Mensaje n.º 3882 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el proyecto de ley “Que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social ante el desabastecimiento de medi­camentos esenciales, pro­blemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la rea­lización de acciones admi­nistrativas y financieras necesarias”.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, res­paldó la postergación y pidió analizar con detenimiento las alternativas de finan­ciamiento propuestas, afir­mando que toda medida que beneficie a los asegurados debe ser considerada, pero con estrictos controles.

En paralelo surgió una pro­puesta alternativa. El sena­dor Juan Afara, junto a María Varela y Alfonso Noria, pre­sentó un nuevo proyecto que declara en emergencia específicamente el Fondo de Enfermedad-Materni­dad del IPS, incorporando mecanismos de financia­miento concretos: emisión de bonos del Estado hasta USD 304 millones a cinco años plazo, empréstitos con organismos multilaterales y adelantos del Banco Cen­tral del Paraguay, fondos que serían imputados a la deuda histórica del Estado con la previsional.

La deuda financiera que arrastra actualmente el IPS asciende a 860 millones de dólares, con una deuda adi­cional con proveedores de 360 millones de dólares y un desembolso mensual de 176.000 millones de gua­raníes solo para honrar sus obligaciones. La mesa técnica conformada tendrá un mes para analizar las propuestas y presentar una alternativa que garantice transparencia, financiamiento sostenible y resultados concretos para los más de 200.000 asegurados directos que dependen del sistema.

Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y Cuentas y Control de la Cámara de Senadores sesionaron de manera conjunta para el tratamiento sobre la decla­ración de emergencia vin­culados a la situación del Instituto de Previsión Social (IPS).

Tras el debate, se resolvió postergar por un mes la emi­sión del dictamen, conforme a la solicitud formulada por el presidente de la previsional.