La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) recientemente concluyó una investigación sobre el paisaje lingüístico en las ciudades fronterizas con el Brasil: Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Saltos del Guairá. El estudio arrojó la presencia de una treintena de idiomas y el uso hegemónico del inglés, portugués y el español tanto en la cartelería como en los avisos publicitarios de los centros comerciales de las ciudades mencionadas.

• Por Biera Yboty Cubilla Zadovsky
• Secretaría de Políticas Lingüísticas
• Fotos: Gentileza

Desde la Secretaría de Políticas Lingüís­ticas (SPL), en su década y media de existencia oficial en el país, nos hemos preocupado y ocupado siem­pre por las distintas lenguas existentes en el país, sus usos, sus limitaciones, los derechos de sus hablantes, así como por el estudio, la documentación, promoción y conservación de nuestro rico acervo lingüísti­co-cultural.

En ese sentido, y atendiendo a que uno de sus ejes misiona­les consiste en la producción de estudios científicos sobre los distintos aspectos de nuestra diversidad lingüística, desde la Dirección General de Inves­tigación Lingüística de la SPL hemos propuesto llevar a cabo la investigación “Impacto de la frontera en el paisaje lingüís­tico entre Paraguay y Brasil en 2024: un enfoque sociolin­güístico”.

Con este estudio buscamos identificar específicamente qué idiomas están presentes en el espacio público, cómo se dis­tribuyen según el rubro comer­cial, y examinar las similitudes y diferencias entre las ciudades estudiadas, considerando las dinámicas derivadas de la inte­racción en la frontera.

Tras una revisión bibliográ­fica extensa y una planifica­ción que cualquier estudio científico exige, el siguiente paso fue organizar la logística de los viajes para las muestras fotográficas. En este trabajo en particular no se consideró incluir entrevistas a involu­crados en las nominaciones de las cartelerías comerciales para entender mejor el por­qué, sino más bien el qué y el para qué, usando como fuente una bibliografía consolidada en las políticas lingüísticas y en investigaciones sociolin­güísticas.

Habiendo dicho esto, el calen­dario consistió en cuatro via­jes durante el segundo semes­tre de 2024: dos a Ciudad del Este (Alto Paraná); uno a Sal­tos del Guairá (Canindeyú) y uno a Pedro Juan Caballero (Amambay).

Posterior a los registros foto­gráficos in situ, la siguiente tarea consistió en la depura­ción de la totalidad de las tomas hasta quedarnos con las 1.200 muestras incluidas en el análi­sis –distribuidas en 22 rubros comerciales– en las cuales nos hemos topado con un total de 27 idiomas distintos; entre los que se encuentran el inglés, español, portugués, guaraní, francés, italiano, árabe, chino, latín, japonés, griego, catalán, coreano, hebreo, etc.

Contrario a lo que uno pen­saría, el portugués no es la lengua dominante en las ciu­dades estudiadas, el inglés se impone con su supremacía de prestigio en todas, por lo general en el ámbito de la elec­trónica y la tecnología, mien­tras que el portugués com­parte asiento con el español en los rubros de comercios, moda y gastronomía.

El idioma guaraní aparece en ínfimos grados en cada una de las ciudades estudia­das; sin embargo, en Pedro Juan Caballero se ve alta­mente superada la cifra con respecto a las demás ciuda­des con casi el doble de apariciones. El aparente motivo es una ordenanza municipal de hace treinta años, pero vigente, que pasó a estable­cer límites del uso de len­guas exógenas en la cartele­ría comercial fronteriza en lugar de las lenguas oficiales, so pena de multas, suspen­siones y hasta cierres de los negocios. Suena algo drástico, pero a su manera aparente­mente generó el efecto.

Los resultados del presente estudio sobre el paisaje lin­güístico en las ciudades fron­terizas con el Brasil ya fueron publicados en una primera instancia en la página web de la SPL (www.spl.gov.py). Se prevé, asimismo, la impre­sión en formato libro y, mien­tras tanto, hace unos días se presentaron además en dos espacios académicos: en el Instituto Superior de Len­guas de la Facultad de Filoso­fía de la Universidad Nacional de Asunción y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

Un trabajo de semejante alcance no puede ser archi­vado en un polvoriento arma­rio, por lo que se prevé como próximos pasos más ponen­cias en diversas ciudades del Paraguay, principalmente en las ciudades protagonistas del estudio, como ya se realizó en Ciudad del Este. Al mismo tiempo, se proyecta llevar los resultados del estudio a con­gresos académicos nacionales e internacionales y la publica­ción como artículos científicos en revistas indexadas.

Al mismo tiempo, los resulta­dos de esta investigación ser­virán a la Secretaría de Políti­cas Lingüísticas como bases referenciales para la toma de decisiones en la planificación lingüística, apuntando siem­pre a la protección y promo­ción de nuestra rica diversi­dad lingüística y cultural.

El equipo investigador estuvo integrado por Arnaldo Casco Villalba, dirección general; Biera Yboty Cubilla Zado­vsky, elaboración técnica; Abelardo Ayala Rodríguez y Christian R. Ojeda, apoyos técnicos, todos de la Direc­ción General de Investiga­ción Lingüística de la SPL, y Martin Johansen, como cola­borador externo.

No es solo Lula o Flávio Bolsonaro. El domingo, los brasileños depositarán seis votos entre la presidencia, autoridades estatales y un Congreso que cobra importancia en esta elección porque puede definir el destino del ex mandatario Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

Más de 158 millones de electores están convocados para elegir casi 1.800 cargos.

La reñida carrera entre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el hijo mayor del exmandatario ultraderechista, Flávio Bolsonaro, acapara la atención.

Pero la renovación de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado, ambos de mayoría conservadora al día de hoy, será clave para el futuro presidente.

El voto del Congreso es necesario para una amnistía que defiende Flávio Bolsonaro para su padre, condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

Michelle y Carlos Bolsonaro, esposa e hijo del exmandatario, aspiran a dos de los 54 escaños en juego en el senado.

Jair Renan Bolsonaro, de 28 años y el menor de los hijos varones del exmandatario, aspira a un escaño en la cámara baja, que dejó su medio hermano Eduardo al autoexiliarse en Estados Unidos en 2025.

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Decenas de pedidos para destituir a Alexandre de Moraes, el juez que condujo el proceso contra Bolsonaro, esperan trámite en el Senado.

Hasta ahora los ha frenado la presidencia de la cámara alta, en manos del “centrão”, un bloque conservador informal. Pero el nuevo Senado elegirá a su jefe en febrero. Destituir a un juez requiere 54 de los 81 votos de los senadores.

Flávio Bolsonaro defiende un “impeachment” o juicio político para Moraes.

“Es un poder que nunca se ha utilizado, pero diversos senadores, especialmente de la derecha, han señalado que forma parte de su plataforma política”, dijo a la AFP Alvaro Jorge, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas.

El Senado también aprueba o rechaza a los nominados del presidente a la corte suprema.

Quien gane las presidenciales podrá postular a cuatro de sus 11 integrantes.

En la Cámara de Diputados se disputan los 513 asientos.

Cerca del 80 % de los diputados busca la reelección en el hemiciclo, donde hoy el bolsonarismo tiene la mayor bancada, sin ser mayoría.

Fuente: AFP

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, expresó su apoyo a las más de 300 familias que requieren la suspensión de las subastas de viviendas y terrenos que impulsará la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Los afectados refieren que los mismos fueron adquiridos legalmente y ya fueron costeados en su totalidad.

“Sé lo difícil que es ver en riesgo el hogar y la tranquilidad de la familia. Entiendo la angustia y la incertidumbre de quienes hoy enfrentan esta situación”, manifestó Núñez en sus redes sociales oficiales. “Por eso me pongo a disposición de los compatriotas para buscar, dentro de lo que permite nuestra Constitución, una solución definitiva: suspender el remate, proteger a las familias y devolver la paz a sus hogares. Nadie debería vivir con el temor de perder lo que tanto le costó construir”.

Los afectados aseguraron que adquirieron sus propiedades mediante la inmobiliaria denominada Confort, sin conocer que las propiedades estaban aparentemente vinculadas a Ramón González Daher, quien con su hijo Fernando González Karjallo, fueron condenados por usura y lavado de dinero. Las familias que provienen en su mayoría del departamento Central ya impulsaron una serie de manifestaciones pidiendo a la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, que suspenda los remates previstos por la Senabico.

“A través de mis asesores veremos la posibilidad de ayudar para que no se llegue al remate, tenemos pactado ya una reunión el próximo martes con las personas afectadas para buscar alguna salida establecida en nuestras normas jurídicas. Veremos si corresponde modificar la ley del Senabico o un proyecto de declaración para que el Poder Judicial tome cartas en el asunto y evitar el remate de las casas”, refirió Núñez a los medios de comunicación.

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Los afectados argumentaron que durante años pagaron por los inmuebles y temen perderlos como consecuencia del proceso judicial. A la vez, afirmaron que la inmobiliaria ofrecía las propiedades sin comunicar quien figurada como titular de los bienes.

“Escuché la preocupación de quienes compraron sus lotes, pagaron durante años y todavía esperan sus escrituras. Detrás de cada inmueble hay personas que merecen ser escuchadas y una situación que debe examinarse con sus documentos en la mano”, refirió el abogado Óscar Tuma quien representa a las familias afectadas y cuyo posicionamiento fue respaldado por Núñez.

El abogado también expresó que “vamos a trabajar para que se estudie el derecho de cada comprador y se suspendan los remates de los lotes controvertidos mientras esos reclamos estén pendientes de resolución. La ejecución del comiso debe respetar también los derechos de los terceros de buena fe”.

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La Comisión Bicameral de Presupuesto recibió este lunes a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes expusieron sus requerimientos y planes de gastos para el próximo año. La propuesta presupuestaria del Ejecutivo para la cartera sanitaria contempla G. 18,2 billones, con mayores recursos para medicamentos e insumos, atención oncológica y cumplimiento de compromisos financieros.

Durante la audiencia, el ministro de Salud Dr. Isaías Fretes, acompañado de los viceministros Dr. Saúl Recalde y Dr. José Ortellado, y de su equipo técnico, presentaron los principales componentes de la propuesta presupuestaria de la institución para el ejercicio fiscal 2027, estimada en aproximadamente USD 2.814 millones.

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Durante su exposición, explicó que se prevén alrededor de USD 803 millones para servicios personales, mientras que el rubro de bienes de consumo e insumos representa aproximadamente USD 1.637 millones. Asimismo, se contemplan USD 103 millones para servicios no personales, USD 48 millones para inversión física, USD 56 millones para transferencias y USD 169 millones para otros gastos.

El ministro Fretes remarcó que uno de los principales componentes del proyecto corresponde al abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Para nuevas adquisiciones se prevén USD 501 millones, lo que representa USD 178 millones más que el presupuesto aprobado para 2026. Este incremento incorpora aproximadamente G. 1,2 billones adicionales destinados a optimizar el flujo de medicamentos e insumos esenciales para los establecimientos públicos de salud.

Remarcó que el objetivo es mejorar la capacidad de abastecimiento y favorecer la continuidad de los tratamientos y servicios en hospitales, institutos especializados, regiones sanitarias y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud Pública.

La propuesta de Presupuesto General de la Nación 2027 incorpora además G. 6,3 billones adicionales para atender compromisos financieros asumidos por el sistema sanitario, principalmente obligaciones acumuladas con proveedores.

La previsión de estos recursos permitirá avanzar en el ordenamiento de las obligaciones financieras y, al mismo tiempo, preservar la continuidad de la adquisición de bienes y prestación de servicios esenciales para el funcionamiento de los establecimientos de salud.

Durante la jornada, el ministro Fretes destacó que el fortalecimiento presupuestario debe estar acompañado de una gestión responsable, control, transparencia, planificación y mejora continua de la calidad de atención.

Seguidamente, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, presentó los principales aspectos de la propuesta presupuestaria de la institución para el ejercicio fiscal 2027.

Reconoció que el Fondo de Salud está desfinanciado entre 12 y 15 millones de dólares por mes. Afirmó que este año reprogramaron el presupuesto para medicamentos y salarios, pero aclaró que el rojo no se elimina. Prometió, sí, una mejor respuesta para los asegurados.

Cabe señalar que la Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por legisladores de ambas Cámaras del Congreso Nacional. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

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