La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.

La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.

La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.

Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.

“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.

“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.

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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.

Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.

Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.

La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.

El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.

La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.

• Fuente: AFP

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La Cámara de Senadores autorizó en la última sesión ordinaria, el ingreso temporal de 54 efectivos militares de Estados Unidos, en el marco del programa “Amistad 25″, que incluye la atención médica a población vulnerable y entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas Paraguayas.

“Van a participar médicos americanos y de las Fuerzas Armadas de Paraguay, vienen profesionales de primera línea, con equipamiento de la misma característica, es demasiado importante el servicio que ellos van a dar a favor de las comunidades”, expresó el ministro de Defensa, Oscar González.

Según el secretario de Estado, el operativo de atención médica está previsto en varios puntos del país y esto forma parte de un programa impulsado por parte de los Estados Unidos en el marco de las relaciones bilaterales. “Ellos cumplen y nosotros con mucho beneplácito aceptamos y los apoyamos”, añadió.

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Las jornadas de atención médica irán desde el 2 al 16 de agosto en los siguientes lugares:

• el Hospital del Trauma
• Hospital de Luque
• la Unidad de Salud del Hospital del Trauma
• el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Para el efecto, se utilizarán las propias instalaciones de hospitales mencionados y si es necesario se montarán carpas, precisó el ministro a la 920 AM.

Además de la atención médica, el ejercicio permitirá a las Fuerzas Armadas paraguayas mejorar su capacidad de respuesta ante crisis. El entrenamiento incluirá simulaciones de atención en emergencias y actualización de protocolos médicos.

Paraguay ya ha autorizado anteriormente la presencia de militares estadounidenses, como los 10 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales que capacitaron a 40 militares paraguayos entre 2024 y marzo de 2025. En este caso, “Amistad 25” tiene un enfoque sanitario. “Hasta los pacientes ya están a la expectativa, esto ni siquiera necesita de mucha difusión porque ya saben se realizará”, expuso.

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Este lunes 4 de agosto se realizará la ceremonia de lanzamiento de la misión médica amistad 25 en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Lideradas por las Fuerzas Aéreas estadounidenses del Sur, las misiones son de atención médica directa a pacientes del país anfitrión (Paraguay) e intercambio de información médica.

En esta ocasión serán beneficiados pacientes del departamento Central con la jornada de asistencia médica del 4 al 15 de agosto de 2025.

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La actividad es coordinada por la Embajada de los EE. UU. en Asunción, a través de su oficina de Cooperación de Defensa (ODC), con el Ministerio de Salud Pública, sus directores médicos del hospital y de la región sanitaria, donde será desplegada la misión.

La atención médica, consultas, procedimientos, suministro de medicamentos e implementos (por ej. anteojos), son totalmente gratuitos.

El objetivo de este ejercicio médico es proporcionar formación en preparación médica al personal militar y civil, al tiempo de ofrecer atención médica a la población objetivo, aliviando así la sobrecarga del sistema sanitario local.

La asistencia médica estará a cargo de profesionales y técnicos médicos militares de los Estados Unidos, junto con miembros de personal de apoyo.

Abarca una amplia gama de especialidades, incluyendo cirugía general y de emergencia, anestesiología, enfermería, odontología, oftalmología, optometría, farmacia, medicina familiar, reparación de equipos biomédicos y apoyo médico.

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La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fon­dos ocultos en islas Seyche­lles por valor de 21 millo­nes de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel San­tagada y el periodista y ana­lista Ignacio Martínez en la última emisión de “La Caja Negra” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibili­dad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la grave­dad de la acusación.

“No damos idea cuánto daño le hace a un país que tenga­mos a expresidentes inves­tigados o condenados, even­tualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fun­dador del portal Periodis­moyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó ade­lante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”.

El abogado indicó que “es importante que haya comu­nicaciones e información ins­titucional sobre todas las cau­sas de corrupción”.

A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un fun­cionario público, un expresi­dente de la república, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.

“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa cre­cer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.

“Escándalo en Paraguay: el expresidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una fil­tración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limi­tada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts Interna­tional Finance Limited, siendo que supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.

“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patri­monio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriqueci­miento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.