La Cámara de Diputados aprobó esta semana el pedido de informe en el marco del llamado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 218/19, contrataciones por excepción (CE), dragado de mantenimiento y emergencia del río Paraná, en el tramo Yacyretá hasta la confluencia del río Paraguay y todos los convenios modificatorios, si existiere.
El planteamiento fue presentado por el diputado Carlos Núñez Salinas, quien mencionó que es bastante preocupante la situación, y que la navegabilidad en los ríos Paraguay y Paraná debe ser frecuente, independiente al nivel del agua de los ríos, teniendo en cuenta que es extremadamente necesaria para nuestra economía.
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En su calidad de presidente de la Comisión Especial para el Estudio del Estado y Proyección de la Economía Nacional, Núñez Salinas trabajó de cerca con los diferentes actores que se encuentran directamente relacionados a la navegabilidad de los ríos.
En este sentido, desde junio del 2019 se ha reunido con el MOPC, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, Comité Intergubernamental Hidrovía Paraguay-Paraná y otros actores del sector privado.
“En estas reuniones han compartido con nosotros cuáles son los beneficios del dragado de los ríos, además de las problemáticas y desafíos que enfrentan todos los días desde esta carretera tan importante para nuestro país”, significó al respecto el legislador.
Además, indicó que estas conclusiones llevaron a esta comisión especial a incluir en su informe final para la reactivación económica en el corto plazo la acción denominada “Navegabilidad de los ríos Paraguay-Paraná”.
“En las reuniones, los actores comentaron que inclusive el Paraguay perdió acuerdos multimillonarios de exportación por no poder enviar sus productos a tiempo debido a la bajante de los ríos, es por esta razón que ante la cíclica bajante de las aguas, se debe tener la opción del dragado que permita la navegabilidad de nuestros ríos todo el tiempo”, significó.
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Rampa de frenado, la genial iniciativa que ya evitó 50 accidentes en la Ruta PY02
Lo que durante muchos años se convirtió en una trampa mortal debido a los problemas con los frenos en la bajada de Caacupé, finalmente tuvo un final feliz. Una sencilla infraestructura clave en la ruta PY02 posibilitó la creación de la rampa de frenado, con lo que a partir de 2023 se evitaron unos 50 accidentes viales que hubieran significado tragedias y familias enlutadas.
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Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), este sistema “sigue marcando la diferencia: en lo que va de 2025, en el que ya se activaron 23 veces por fallas de freno en vehículos, la mayoría pesados”.
“La rampa de frenado de emergencia ubicada en el kilómetro 48,3 de la ruta PY02, desde su habilitación, ha mostrado resultados positivos. Las estadísticas son contundentes:
- en 2023 fue utilizada por 4 vehículos
- en 2024 se registraron 23 ingresos de emergencia
- en lo que va de 2025 ya se contabilizan otros 23 casos
En total, se han registrado 50 intervenciones exitosas, beneficiando directamente a unas 150 personas, según datos oficiales.
Desde la cartera de obras resaltaron que las rampas de frenado representan una inversión pública que salva vidas, ya que ofrecen una alternativa segura ante emergencias mecánicas en pendientes pronunciadas, como las que se encuentran en la zona del cerro de Caacupé.
Ante una emergencia
A pesar de que los conductores realizan controles periódicos de los sistemas de freno, los conductores siempre están expuestos a una posible falla. En caso de una emergencia, se debe dirigir el vehículo hacia la zona de pedregullo, donde las ruedas se hunden progresivamente hasta detener la marcha de manera segura.
“Es fundamental evitar la sección de cemento, ya que esta no cumple función de frenado. También se recomienda emplear principalmente el freno motor para mantener el control del vehículo durante el ingreso a la rampa”, explicaron.
Importancia del mantenimiento
Como dicen, siempre es mejor prevenir que lamentar, por eso la prevención sigue siendo clave. Por esa razón, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) insisten en la importancia del mantenimiento periódico del sistema de frenos, especialmente en vehículos de carga que transitan por rutas nacionales.
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Finalmente, se recuerda que tanto la rampa como el servicio de grúa para el retiro del vehículo no tienen costo alguno para los usuarios y que su uso indebido constituye una falta grave, sancionada con una multa de 10 jornales mínimos.
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Parlamentos de América Latina y el mundo árabe sellan alianza estratégica
El presidente del Parlamento Árabe, Mohamed Ahmed Alyammahi, y el titular del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el diputado paraguayo Carlos Núñez Salinas, firmaron un acuerdo que busca fortalecer la cooperación cultural, política y económica entre ambas regiones.
La iniciativa establece un marco de colaboración entre América Latina, con una población estimada de 650 millones de personas, y la comunidad árabe, que supera los 400 millones de habitantes. El objetivo es impulsar proyectos conjuntos que promuevan el desarrollo sostenible y el intercambio de conocimientos y recursos.
“Imaginemos un mundo donde el intercambio entre nuestras comunidades genere desarrollo, paz y prosperidad”, afirmó Núñez Salinas. “Este acuerdo nos da la oportunidad de enfrentar desafíos comunes y construir un futuro en el que todos vivan con dignidad y esperanza”, añadió.
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Durante el acto, el presidente de Parlatino, expresó que el acuerdo representa una oportunidad para enfrentar desafíos comunes y construir un futuro más equitativo. Señaló que los países árabes concentran importantes recursos económicos que pueden ser destinados a financiar proyectos sociales y de emprendimiento.
El acuerdo contempla mecanismos de cooperación que permitan ampliar oportunidades para las personas, independientemente de su origen, y fomentar un entorno de desarrollo, empleo y prosperidad.
La firma del documento fue presentada como un paso hacia la construcción de vínculos más sólidos entre ambas regiones, en base al respeto mutuo y el interés común por promover el bienestar de sus pueblos.
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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Analizarán propuesta para modificar régimen de financiamiento de campañas políticas
La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.
El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.
Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.
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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.
La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.
El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.
Principales cambios se sintetizan en:
Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.
Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.
Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.
De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.
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