La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara en emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que el texto fue remitido nuevamente a Diputados para su consideración en segunda vuelta.

Varios diputados impulsaron la propuesta ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias.

En su intervención ante el pleno, el senador Silvio Ovelar explicó que la iniciativa establece procedimientos excepcionales para atender las necesidades de la institución, entre ellos la suspensión de mecanismos convencionales de contratación y la posibilidad de realizar compras directas de medicamentos e insumos, además de reparaciones edilicias.

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Recordó que durante una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto participaron el presidente del IPS y el ministro de Economía y Finanzas, quienes expusieron sobre el alcance de la propuesta.

A su vez, el senador Natalicio Chase propuso su aprobación con modificaciones. El planteamiento contempla, entre otros aspectos, medidas relacionadas con el fortalecimiento del recurso humano, incluyendo la desprecarización laboral de aproximadamente 700 funcionarios y la incorporación de nuevos contratos, conforme a la planificación institucional, para cubrir el déficit de médicos existente en el ente previsional.

La propuesta también contempla la constitución de una fiducia de gestión de cobranza, orientada a la recuperación de la cartera judicializada de la institución. El objetivo es alcanzar al total de los deudores en mora y recuperar, en un plazo de cinco años, el 60 % de la cartera entregada para gestión de cobro.

Durante el tratamiento también se planteó modificar el plazo de vigencia de la emergencia, estableciendo que sea por un año desde su promulgación, en sustitución del plazo previsto inicialmente hasta el año 2028.

Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado con modificaciones y, al contar con cambios respecto de la versión sancionada por la Cámara de Diputados, se envió nuevamente a la Cámara Baja para su tratamiento en plenaria.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, convoca a una audiencia pública para este viernes 28 de agosto, a las 09:30, en la sala de sesiones del Congreso Nacional, donde se analizará un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al título de propiedad de tierras adjudicadas a beneficiarios de la reforma agraria.

Durante la audiencia se estará analizando el proyecto de ley que había sido remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 372 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está actualmente en trámite en la Cámara de Senadores.

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La iniciativa propone eliminar la barrera económica que actualmente existe, que es el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para la entrega del título y establecer un régimen de pago diferido. Según la exposición de motivos, ese requisito termina frenando expedientes que ya están técnicamente preparados para convertirse en títulos.

De lograrse la modificación de los artículos del Estatuto Agrario, el beneficiario podrá recibir el título y posteriormente abonar el valor de la tierra en cuotas anuales, iniciando los pagos 12 meses después de la titulación. El plazo previsto es de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

En la argumentación del proyecto de ley explica que el requisito vigente constituye una barrera económica para numerosas familias campesinas de bajos ingresos.

Se estima que la modificación podría beneficiar a aproximadamente 130.000 familias, mientras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuenta con alrededor de 15.000 expedientes técnicamente aptos para la titulación que no avanzan debido, principalmente, a la imposibilidad de cumplir con el pago previo.

La propuesta busca otorgar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, facilitando posteriormente el acceso al crédito formal, la inversión, la tecnificación y el desarrollo productivo de las fincas. Asimismo, contempla una consideración especial para las mujeres campesinas, particularmente aquellas que son cabeza de familia.

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La mesa directiva de la Cámara de Senadores recibió a representantes del gremio médico que se encuentra en huelga nacional, y los ministros de Economía Óscar Lovera y de Salud, María Teresa Barán, para analizar una alternativa a los cuatro puntos solicitados por los médicos.

No hubo acuerdo y ahora el gremio anunció que trasladará la movilización a Encarnación, Itapúa, mañana a las 7:00, en el marco del desarrollo del “WRC Rally del Paraguay 2026”.

Tras un largo e intenso debate, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez y los ministros Lovera y Barán realizaron una conferencia de prensa para explicar sobre los puntos exigidos de los médicos y la respuesta del Gobierno. En este sentido, ratificaron que el pedido de un aumento general salarial, con el monto exigido, es de difícil cumplimiento.

“Creo que fue una reunión muy efectiva en el sentido de primera mano escuchar también los requerimientos, las reivindicaciones que tiene también el sector médico. Esto necesita de un abordaje integral, ayer nomas veíamos la inequidad que existe, por ejemplo, entre el personal de salud, principalmente médico que trabaja en IPS 24 horas la mayoría y que gana 3.800.000 guaraníes; por otro lado tenemos el sector del Ministerio de Salud donde están trabajando 12 horas, ganan 5 millones y hay una solicitud de ganar más”, apuntó Núñez.

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El legislador sostiene que el Presupuesto General de la Nación (PGN) tiene que ser abordado de manera responsable. “Vamos a seguir dialogando con los médicos, también con el Ejecutivo, yo no puedo decir que me voy a erigir en el vocero de ellos, sí puedo decir que cuando llegue un proyecto que venga del Ejecutivo, o de iniciativa legislativa, lo vamos a tratar responsablemente, respetando la ley de responsabilidad fiscal. El Estado administra el dinero del contribuyente y esto al final va a recaer en el contribuyente”, apuntó.

Con relación a las propuestas de aumentar impuestos a ciertos productos para generar una mayor recaudación, indicó que este es el inicio de las conversaciones y todas las propuestas serán analizadas.

“Hay que tomarlo con responsabilidad, repito, nosotros estamos administrando el dinero del contribuyente, si nosotros estamos aumentando el salario a cierto sector lo estamos sacando del bolsillo del contribuyente. Todo se va a tratar, aranceles para cigarrillos, cigarrillos electrónicos, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, todo se puede tratar acá, pero es la primera reunión, no me pidan una solución ahora”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Lovera, ratificó la postura de la cartera estatal, la inviabilidad del pedido de un aumento generalizado para un segmento del personal de blanco, en este caso, los médicos que integran el sistema de salud pública.

“Nosotros como equipo del Gabinete del presidente seguimos acompañando estas discusiones, el pedido que ellos presentaron sigue siendo el ajuste de los 3.000.000, la estimación de costo está en 128 millones de dólares, y lo que nosotros informamos ya desde un principio es que la posibilidad que podamos responder de forma positiva a esa solicitud es inviable en esta situación que estamos”, aclaró el ministro.

Reiteró que la propuesta del Ministerio de Salud es trabajar en una carrera sanitaria o médico, que no está en la agenda de los médicos movilizados. “Como habíamos hablado en su momento, era poder trabajar en una carrera médica, hay un proceso de escalafonamiento que tiene desarrollado ya el Ministerio de Salud, pero ellos mencionan que esto no es sujeto a la movilización, ellos están en el planteamiento de un aumento generalizado”, expuso Lovera.

Así mismo, indicó que tanto desde el Ministerio de Economía como de Salud se encuentran analizando las alternativas, pero que “los montos que se estaban reclamando están alejados de cualquier alternativa que estamos haciendo, pero la idea que estamos viendo es revisar el contexto general y una de las cuestiones que se mencionó dentro del ámbito de la reunión con la mesa directiva del Senado es también hacer una mirada general”.

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El senador Derlis Maidana defendió las postulaciones para la Contraloría y Subcontraloría General de la República al asegurar que los integrantes de ambas ternas cumplen con los requisitos constitucionales. Con sus declaraciones, Maidana buscó desestimar el discurso de la oposición, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.

“Tengo entendido que había una especie de costumbre de designar a un opositor, pero esa mala costumbre le trajo mucho daño a la República, ya que los contralores que entraron por cuoteo político, perteneciente a la oposición fueron procesados, imputados, se fueron a la cárcel, no hicieron bien su trabajo”, refirió.

El pleno del Senado conformó ayer miércoles en su sesión ordinaria la terna para ambos cargos que serán remitidas a Diputados para su definición. La lista para el cargo de contralor se encuentra integrada por Camilo Benítez Aldana quien busca su reelección, Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz.

Mientras que la nómina para subcontralor está conformada por Armindo Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres. “El principal cuestionamiento a Camilo, Armindo, entre otros, no es que son ineficientes, que hicieron mal su trabajo, sino que son colorados y que el partido de gobierno no puede poner al contralor”, manifestó Maidana.

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Entre los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia se encuentra el liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000. El mismo enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.

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También figura Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos.

Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.

A la vez, se encuentra José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme.

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