El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.

Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.

“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.

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Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.

El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.

Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.

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El Ministerio de Salud reportó 852 casos confirmados de hepatitis B y 14 casos activos de hepatitis C, que totalizan 866 pacientes con la enfermedad en todo el país. La información fue emitida por la Dirección de Vigilancia de la Salud, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, establecida cada 28 de julio, desde 2011, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recordó que causa más de 1,3 millones de muertes cada año.

Datos epidemiológicos actualizados del Programa Nacional de Control del VIH/Sida e ITS (Pronasida) revelan que, durante el 2024, se realizaron 95.546 pruebas para hepatitis C en todo el país, de los cuales, 14 fueron casos confirmados de la infección activa. En el mismo periodo, se llevaron a cabo 198.142 pruebas de hepatitis B. De esto, 852 son casos confirmados de hepatitis B, el 51 % diagnosticados en hombres y 49 % en mujeres.

Las regiones con mayor incidencia de hepatitis B en el país son: Alto Paraguay, Capital y Canindeyú. Los grupos etarios mayormente afectados por hepatitis B son los de 30 a 34 años (18 %), los de 35 a 39 años (14,9 %) y los 25 a 29 años (14,4 %). El reporte reveló que el 74,7 % de los casos de hepatitis B se identificó en población general, y 18,6 % en hombres que tienen sexo con hombres. También se observan casos, pero en menor proporción en población en transgéneros, trabajadores sexuales e indígenas.

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Los síntomas más comunes de la hepatitis: fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura y coloración amarillenta de piel y ojos (ictericia). En el caso de la hepatitis B se observan, además, heces claras y dolor en las articulaciones.

Las hepatitis B y C se transmiten por contacto con sangre infectada y otros líquidos orgánicos contaminados (semen, flujo menstrual, secreciones vaginales), a través de agujas, tatuajes, perforaciones, transfusiones sin control y por vía sexual, principalmente en personas con múltiples parejas. También se da la transmisión vertical (madre a hijo) durante el parto.

La hepatitis B se previene con vacunación. La primera dosis se aplica dentro de las primeras 24 horas de vida, seguida de 2 o 3 dosis adicionales. La vacunación es obligatoria para el personal de salud y grupos de riesgo. Para la hepatitis C no existe vacuna, pero el tratamiento con antivirales es altamente efectivo. La detección precoz y el inicio oportuno del tratamiento previenen complicaciones como cirrosis y cáncer hepático.

El Ministerio de Salud cuenta con pruebas de tamizaje, confirmación y medicamentos antivirales para el tratamiento efectivo de hepatitis B y C. Para protegerse de contraer el virus es importante usar preservativos (condones) para relaciones sexuales seguras, no compartir agujas o jeringas, en caso de tatuarse o perforarse hacerlo en sitios autorizados, garantizar la esterilización adecuada de equipos médicos y odontológicos, realizarse pruebas de tamizaje si pertenece a grupos de riesgo y seguir el tratamiento en caso de diagnóstico positivo.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los gobiernos y a sus socios a acelerar “urgentemente” los esfuerzos para eliminar la hepatitis viral como amenaza para la salud pública. “Cada 30 segundos, una persona muere a causa de una enfermedad hepática grave relacionada con la hepatitis o de un cáncer de hígado. Sin embargo, disponemos de las herramientas necesarias para detener la hepatitis”, ha afirmado afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis.

Según informa la OMS, las hepatitis virales (tipos A, B, C, D y E) son las principales causas de infección hepática aguda. De entre ellas, solo la hepatitis B, C y D pueden provocar infecciones crónicas que aumentan significativamente el riesgo de cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Sin embargo, la mayoría de las personas con hepatitis no saben que están infectadas. Los tipos B, C y D afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo y causan más de 1,3 millones de muertes cada año, principalmente por cirrosis hepática y cáncer.

Recientemente, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado la hepatitis D como carcinógena para los seres humanos, al igual que la hepatitis B y C. La hepatitis D, que solo afecta a personas infectadas con la hepatitis B, se asocia con un riesgo entre dos y seis veces mayor de cáncer de hígado en comparación con la hepatitis B sola. Para la OMS, esta reclasificación supone un paso fundamental en los esfuerzos mundiales por concienciar, mejorar el cribado y ampliar el acceso a nuevos tratamientos para la hepatitis D.

“La OMS ha publicado directrices sobre las pruebas y el diagnóstico de la hepatitis B y D en 2024, y está siguiendo activamente los resultados clínicos de los tratamientos innovadores para la hepatitis D”, ha afirmado la nueva directora de Ciencia para la Salud de la OMS, Meg Doherty.

El tratamiento con medicamentos orales puede curar la hepatitis C en un plazo de dos a tres meses y suprimir eficazmente la hepatitis B con una terapia de por vida. Las opciones de tratamiento para la hepatitis D están evolucionando. Sin embargo, la OMS asegura que solo se podrá aprovechar plenamente el beneficio de reducir la cirrosis hepática y las muertes por cáncer si se toman medidas urgentes para ampliar e integrar los servicios relacionados con la hepatitis -incluidas la vacunación, las pruebas, la reducción de daños y el tratamiento- en los sistemas nacionales de salud.

La OMS subraya que es alentador que la mayoría de los países de ingresos bajos y medios (PIBM) cuenten con planes estratégicos contra la hepatitis y que los avances en las respuestas nacionales contra esta enfermedad estén aumentando.

Así, en 2025, el número de países que informaron sobre planes de acción nacionales contra la hepatitis aumentó de 59 a 123; en 2025, 129 países habían adoptado políticas para la realización de pruebas de hepatitis B entre las mujeres embarazadas, frente a los 106 que lo habían hecho en 2024, y 147 países habían introducido la vacuna contra la hepatitis B en el momento del nacimiento, lo que supone un aumento con respecto a los 138 de 2022.

Sin embargo, advierte de que siguen existiendo importantes deficiencias en la cobertura de los servicios y los resultados, tal y como se indica en el Informe mundial sobre la hepatitis 2024. De este modo, asegura que la cobertura de las pruebas y el tratamiento sigue siendo muy baja; solo el 13 por ciento de las personas con hepatitis B y el 36 por ciento con hepatitis C habían sido diagnosticadas en 2022.

Asimismo, las tasas de tratamiento eran aún más bajas: el 3 por ciento para la hepatitis B y el 20 por ciento para la hepatitis C, muy por debajo de los objetivos para 2025, que eran del 60 por ciento de personas diagnosticadas y del 50 por ciento de personas tratadas.

La OMS también avisa de que la integración de los servicios relacionados con la hepatitis sigue siendo desigual: 80 países han incorporado los servicios relacionados con la hepatitis en la atención primaria de salud; 128, en los programas sobre el VIH, y solo 27 han integrado los servicios relacionados con la hepatitis C en los centros de reducción de daños.

El próximo reto será ampliar la cobertura de la prevención, las pruebas y el tratamiento. Alcanzar los objetivos de la OMS para 2030 podría salvar 2,8 millones de vidas y prevenir 9,8 millones de nuevas infecciones. “Ante la disminución del apoyo de los donantes, los países deben dar prioridad a la inversión nacional, los servicios integrados, la mejora de los datos, los medicamentos asequibles y el fin del estigma”, finaliza la OMS.

Con información de Europa Press.

El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

La Contraloría General de la República se encuentra analizando posibles acciones ante la supuesta fortuna no declarada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así lo confirmó el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, a La Nación/Nación Media.

“Si esto se constata, si esto es verdad, estaríamos ante un caso de declaración falsa y una intencionalidad de ocultar un enriquecimiento ilícito”, advirtió Torres, quien recordó que ya existe un análisis de correspondencia a Abdo que está suspendido actualmente, debido a los llamativos ingresos que obtuvo de sus empresas del rubro de la construcción.

El director también precisó que se había recurrido tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de modo a obtener detalles sobre el fondeo a largo plazo de unas inversiones de las cuales la Contraloría no tenía detectado el origen y, por ende, se necesitaba indagar en ese aspecto en que no tiene potestad sobre empresas privadas.

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“Hemos escuchado que la Fiscalía abrió una investigación preliminar y, eventualmente, la Contraloría podría pedir algún informe a través de la Cancillería, pero eso sería mucho más lento, otras instituciones que tienen esos convenios internacionales como creo que es el caso del Ministerio Público que tienen ese canal, así como también la Seprelad, pero la Contraloría no tiene y estamos evaluando qué acciones tomar”, sostuvo.

Torres precisó que en la próxima semana tendrían más claridad sobre el caso y podrían solicitar informes a través del Ministerio Público de modo a poder avanzar en el examen de correspondencia, el cual puede seguir adelante, pese al blindaje con que cuenta Abdo por sus fueros como senador vitalicio.

Desde la Contraloría afirmaron que sería muy positivo poder tener claridad sobre esta supuesta fortuna oculta en Seychelles, noticia que trascendió a través una investigación periodística de Argentina. “Sería muy bueno para la República aclarar esta situación, inclusive para el expresidente, y si es así, que hay una cuenta con dinero, también seguir la ruta del dinero”, aseveró.

Los depósitos a cuentas que presuntamente tienen como beneficiarios finales a Abdo y su esposa Silvana López Moreira se habrían dado mientras el exmandatario aún estaba en función de gobierno, por lo que, para la Contraloría, es importante saber de dónde provinieron esos fondos que hoy estarían descansando en un paraíso fiscal, de acuerdo a la investigación de PeriodismoYPunto. “Hoy día hay mecanismos con que se puede seguir la ruta del dinero”, dejó en claro Torres.

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