Si hay casos de corrupción plenamente identificados son los atribuidos al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. Además del riguroso trabajo del Ministerio Público que llegó a las pruebas de los desfalcos en los varios casos denunciados, los mismos participantes, operarios del esquema, reconocieron que se prestaron al despojo de las arcas municipales.

Las evidencias son contundentes, los documentos hablan por sí solos y los mismos involucrados admitieron que los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, administración en provecho propio atribuidos por la Fiscalía a Prieto y sus amigos son ciertos.

No solamente los leales utilizados cumpliendo órdenes del exjefe comunal se arrepintieron. Hasta los proveedores a los que Prieto privilegió con mucho favoritismo confirmaron que el dinero de la municipalidad se repartió discrecionalmente entre amigos y generaron millonarios perjuicios.

Funcionarios al servicio de la administración Prieto de áreas clave del circuito de desembolsos, como exjefes de compras, extesorero, exdirectivos del Consejo de Salud y hasta proveedores beneficiados con multimillonarios contratos dijeron que las licitaciones y las contrataciones por emergencias ejecutadas fueron una farsa.

Por ello vale remarcar, ante la selectividad reinante y la protección descarada a Miguel prieto que los hechos de corrupción que se le atribuyen están plenamente comprobados y a quienes hacen la vista gorda solo les queda el gastado discurso de la persecución política.

Este lunes 31 de agosto se le espera en el banquillo de los acusados a Prieto y a quienes colaboraron con su perverso esquema de desvío de fondos aprovechando los duros momentos de la pandemia por el Covid-19, con el sonado caso de la Tía Chela.

El juicio oral y público es uno de los mejores escenarios para disipar cualquier duda y que este pueda demoler los argumentos de la Fiscalía que lo tienen al borde de una condena que, todos esperamos sea ejemplar.

Otros tres procesos más con indiscutibles elementos mantienen a Prieto bajo la lupa de la Justicia.

El enorme negociado con la Tía Chela, una compra simulada de 25.000 kits de alimentos que dejó un perjuicio de G. 2.130 millones por los víveres no entregados, la compra simulada de 50 kilos de harina al extinto don Buena Ventura Morínigo a quien le hicieron improvisar una firma de maletín al solo efecto de facturar, sin rastros de la provisión de los insumos, las ollas populares marketineras articuladas por dos familias de leales del exintendente que prestaron facturas para intentar justificar la distribución de comida, el pabellón de contingencia que, detrás de las superobras difundidas esconde un perjuicio de G. 750 millones por la no realización de los trabajos adjudicados son apenas 4 de las causas avanzadas de un rosario de irregularidades denunciadas.

Estas investigaciones con datos categóricos del gran negociado de la era Prieto lo dejan a cara descubierta en sus manejos como administrador municipal y dejan imposibilitados a sus aliados de presentarlo como un perseguido político.

En sus inicios intentaron instalar el discurso de la persecución, pero ante las evidencias que luego incluso fueron confirmadas por miembros del esquema de desfalco demolieron el relato.

La Justicia está haciendo un buen trabajo, riguroso y sin contaminación política ni de ningún tipo. Nadie debe estar exento de rendir cuentas, menos aquellos administradores del dinero público y Prieto es uno de ellos, pese a que ya estiró 6 años sus causas con la miserable herramienta de la chicana.

Llegó el momento de que Prieto y sus cómplices expliquen de sus actos ante la Justicia y la opinión pública. Así como los políticos que hoy cumplen una pena por actos de corrupción la misma vara, con la misma fuerza debe caer sobre las espaldas de Prieto y de todos aquellos que osan manotear el dinero público.

La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, ayer viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La séptima procesada, de once procesados en esta causa, admitió los hechos y posteriormente solicita una suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, quien no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal, de acuerdo a la Fiscalía.

Corbeta señaló que esta admisión de los hechos fortalece la investigación “porque de alguna forma están brindando información que es importante para las diferentes aristas de la investigación porque si bien, la línea central se centra en un perjuicio patrimonial, hay diversas situaciones que acontecen en este periodo previo y durante también en el periodo que se dieron la construcciones y refacciones del hospital que se van confirmando con la admisión de los hechos”.

El fiscal explicó que la fecha tope para la presentación de requerimiento conclusivo es el próximo 9 de setiembre, establecido por el juzgado especializado en Delitos Económicos. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos si tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, refirió el fiscal Corbeta.

En el marco de la presentación de requerimiento, la Fiscalía se expedirá referente a la situación procesal de tres personas que quedan, que son Miguel Prieto, Valeria Romero y Sebastián Martínez. También está imputado en esta causa, pero no está procesado, el diputado Walter García, que hasta la fecha no fue desaforado, aclaró el agente fiscal.

“Él (diputado) hasta la fecha no fue desaforado, con relación a él no podemos emitir ninguna conclusión. Son once imputados, de los cuales uno tenemos un obstáculo que es los fueros que posee el diputado, de los cuales siete personas ya admitieron los hechos y se solicitó una suspensión condicional a favor de los mismos”, apuntó.

La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía.

El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos ratificó la determinación de los jueces de sentencia, de iniciar este lunes 31 de agosto, a las 08:00, el juicio oral para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del Covid-19, en el caso conocido como Tía Chela.

La Cámara de Apelación rechazó el recurso planteado por la acusada, Emili Vanessa Florentín Páez, quien presentó una chicana para evitar que el juicio oral se pueda desarrollar, pero no surgió efecto y se mantiene para este lunes. De acuerdo al fallo, la resolución del tribunal de primera instancia fue dictada en virtud a las facultades ordenatorias del juez o tribunal.

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“Al rechazar la reposición, el colegiado, luego de analizar la pretensión de la defensa técnica, ha decidido sustentando suficientemente su decisión en la ley y conforme a su disponibilidad. En estas condiciones, corresponde confirmar el auto apelado en subsidio”, expresa parte de la resolución del Tribunal de Apelación.

El Tribunal de Sentencia que juzgará a Miguel Prieto y a los demás acusados está conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación, en la cual se menciona que Prieto causó un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente habría encabezado un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

Además de Prieto, están acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL.; Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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Los diputados representantes del departamento de Itapúa, Sebastián Remesowski (ANR), Germán Solinger (ANR) y Carlos Pereira (PLRA), destacaron la proyección turística y las oportunidades económicas que genera el WRC ueno Rally del Paraguay 2026 para la región, tras participar de la largada simbólica realizada ayer jueves en el Sambódromo de Encarnación.

Esta segunda edición mundialista en el país se desarrolla del 27 al 30 de agosto, en el departamento de Itapúa y da lugar a la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally. Al respecto, Remesowski señaló que la competencia contribuye a la promoción de la imagen del país y valoró la preparación de Encarnación y del departamento para recibir el evento. Asimismo, destacó el trabajo de los organizadores y el acompañamiento de la ciudadanía.

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“El hecho de que ya hemos sido catalogados como el mejor rally mundial nos pone una vara muy alta y creo que ese esfuerzo se va a ver otra vez en esta segunda edición”, expresó el parlamentario. En cuanto al movimiento económico, mencionó que la llegada de visitantes representa una oportunidad para los sectores hotelero, gastronómico y de servicios, además de su potencial para generar puestos de trabajo. Sostuvo que los efectos del evento trascienden el ámbito deportivo y alcanzan a distintas actividades de la región.

Por su parte, el diputado German Solinger resaltó la capacidad organizativa local y manifestó que ser sede de una competencia de esta magnitud constituye un motivo de orgullo para Itapúa y el país. El legislador indicó que, según estimaciones, el ingreso económico asociado al evento podría superar los USD 200 millones y ubicarse por encima de lo registrado en la edición anterior.

A su turno, el diputado Carlos Pereira resaltó la alta concurrencia del público y afirmó que esta participación refleja la confianza de los visitantes en la organización. Puso énfasis en las oportunidades para los emprendedores, tanto en Encarnación como en los demás puntos del departamento donde se disputa la competencia.

Afirmó, que la recepción de turistas y visitantes abre posibilidades para quienes ofrecen productos y servicios. “Itapúa es un lugar de oportunidades”, manifestó, al referirse a las posibilidades que genera el rally para los emprendimientos locales.

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