El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que los interventores de Asunción y Ciudad del Este continuarán al frente de cada administración municipal, hasta que la Cámara de Diputados se expida sobre cada caso, como parte del procedimiento para no dejar sin autoridad comunal, ya que los intendentes no pueden reasumir el cargo sin la definición legislativa.

El secretario de Estado confirmó que, en lo que respecta al Poder Ejecutivo, culminó el proceso de intervención en Ciudad del Este con la entrega del informe final por parte del interventor Ramón Ramírez, en la tarde de ayer miércoles. Esta mañana se remitieron íntegramente esos documentos a la Cámara de Diputados.

“No existe la figura de la reasunción de los intendentes a sus cargos, en ese ínterin en que la Cámara tenga que decidir sobre esto. Entonces, el corte administrativo a futuro se va a dar entre el interventor y a quien le toque asumir el cargo nuevamente. Si se llama a elecciones, o al concejal que sea electo decidido por la Junta Municipal”, explicó Riera ante los medios de prensa.

Agregó que en el caso que no se llame a elecciones podría asumir eventualmente el presidente de la Junta Municipal o el que la Junta Municipal decida. “Esto es importante aclarar, para que no haya dudas ni vacío de poder. El interventor se queda en el cargo hasta que la Cámara de Diputados se expida, en ambos casos. Tanto en Ciudad del Este como en Asunción”, precisó.

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Respecto a los incidentes que se registraron esta mañana en la municipalidad esteña, donde una turba de funcionarios afines a Miguel Prieto, protagonizaron una violenta manifestación, afirmando que las irregularidades detectadas en esta fiscalización “son mentiras”, Riera señaló que es algo que estaba dentro de los presupuestos, ya que la intervención de CDE no fue fácil durante todo este tiempo.

Aclaró que desde el Ejecutivo, lo único que hacen es revisar el informe del interventor, de que esté completo y foliado, sin emitir ningún dictamen, ni ningún juicio de valor al respecto.

“Lo que hago es hacer una nota como ministerio del Interior, para remitir el informe al Ejecutivo y este a su vez remite a la Cámara de Diputados”, acotó.

Por otra parte, el ministro aprovechó la conferencia para informar sobre otros casos de relevancia sucedidos en las últimas horas, que son de relevancia en el aspecto de seguridad interna.

Por un lado, confirmó sobre el caso de cuatro atletas cubanos, que informaron al jefe de su delegación y a la vez a la organización de Juegos Panamericano Junio Asu2025, su decisión de no retorno a su país. Se trata de cuatro jóvenes mayores de edad, que decidieron quedarse en el país.

Ante esto, se iniciaron los protocolos al que la Policía Nacional llama “alerta” para averiguar si estas personas cuentan con antecedentes que puedan generar preocupación.

“Aparentemente se trata un caso de deserción, son tres remeros y una atleta de balón mano. Todavía oficialmente no han solicitado el apoyo o el asilo del Conare (Consejo Nacional de Refugiados), que sería el paso normal. Porque esto ya ha sucedido en otros casos, incluso en Odesur, con delegaciones de Venezuela”, acotó.

Por otra parte, informó sobre un incidente a las 3 de la madrugada frente a la Facultad de Derecho de la UNA, que arrojó 13 detenidos y dos vehículos incautados porque hubo arma de fuego involucrados.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que el informe del trabajo de intervención, encabezado por el economista Ramón Ramírez, de la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ya se encuentra en la Cámara de Diputados. El titular legislativo, afirmó que el documento será analizado con estricto apego a las leyes.

“La Cámara de Diputados ha recibido el informe sobre la intervención del municipio de Ciudad del Este. Este documento ha sido remitido a la comisión especial designada para su estudio. El caso será abordado con estricto apego a lo establecido en la Constitución Nacional y las leyes vigentes”, expresó Latorre, este jueves, a través de la red social X.

El documento se deriva a la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este para su estudio y análisis sobre los puntos observados por el interventor Ramón Ramírez, trabajo que inició el pasado 23 de junio.

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La comisión deberá emitir un dictamen, la cual se pondrá a consideración del pleno de la Cámara Baja y evaluar la destitución o no del intendente Miguel Prieto, por mayoría absoluta. De acuerdo a informaciones extraoficiales, la comisión de intervención se reuniría el próximo lunes 18 de agosto, y ya estaría emitiendo un dictamen el siguiente martes.

En el caso de ser aprobado la destitución, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) deberá convocar a elecciones para culminar el periodo de mandato 2021-2026. En el caso de que el intendente presente su renuncia en este proceso, la Junta Municipal deberá designar al nuevo intendente de entre unos de sus miembros.

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La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación pre­sentó ayer sus conclusiones y recomendaciones tras eva­luar el sistema que el Tribu­nal Superior de Justicia Elec­toral (TSJE) prevé adquirir para futuros comicios. El presidente de la comisión, el senador Arnaldo Sama­niego, informó que el análi­sis incluyó aspectos técnicos, operativos y de seguridad, así como las implicancias finan­cieras de la operación.

“En cumplimiento de nues­tras funciones, evaluamos integralmente las dimensio­nes técnicas y operativas del sistema de votación electró­nica, con el objetivo de veri­ficar su idoneidad para su implementación en los futu­ros procesos electorales”, declaró Samaniego.

El TSJE estima una inver­sión de USD 92 millones para la compra de los equi­pos, monto que incluiría el control total del hardware y software, disponibilidad permanente para audito­rías y mayor soberanía tec­nológica. En tanto, si se recu­rriera al arrendamiento, como en años anteriores, se tendría un menor costo ini­cial y actualización garan­tizada, aunque conlleva dependencia del proveedor y restricciones de acceso fuera del periodo contractual.

Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el plenario de la Cámara Baja aprobó el proyecto “Que declara de interés nacional la campaña de matrimonio civil comunitario “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley”, impulsada por el Registro del Estado Civil”.

Así se afirma que el matrimonio, como institución fundamental de la sociedad, goza de protección y constitución legal en nuestro país, dijo Latorre. Recordó que la Constitución Nacional, en su artículo N° 49, establece que la familia es el fundamento de la sociedad y que se promoverá y garantizará su protección integral.

Indicó que esto incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, los hijos y la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.

Mencionó que el Registro del Estado Civil ha identificado que una parte significativa de la población enfrenta barreras económicas y administrativas que dificultan la formalización de sus uniones de hecho.

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Señaló que esta situación no solo genera inseguridad jurídica para las familias involucradas, especialmente en aspectos como derecho sucesorio, acceso a prestaciones sociales o reconocimiento de filiación, sino que también produce sub registros y distorsiones en los datos demográficos, afectando la planificación de políticas públicas.

“Especifica que la campaña “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley” fue diseñada para abordar esta problemática, con objetivos tales como promover la regularización de uniones de hecho, facilitando su acceso a la institución matrimonial; garantizar la seguridad jurídica de los contrayentes y sus núcleos; y erradicar sub registros civiles, asegurando que el Registro Civil refleje fielmente la realidad social", expresó el legislador.

El proyecto asevera que la campaña en cuestión busca el fortalecimiento de la cohesión social, al facilitar la formalización de las familias, reforzando el tejido social y protegiendo los sectores más vulnerables.

Además, establece la fiabilidad de los registros públicos y la regularización masiva de uniones, mejora la exactitud de los datos del Registro Civil, lo cual es vital para la planificación estatal, según el material.

“La campaña ha probado ser un modelo de gestión eficiente, reduciendo trámites y cargas burocráticas. Otros objetivos son garantizar el respeto de los derechos fundamentales; la eliminación de barreras económicas; y asegurar que el derecho al matrimonio no está condicionado por la capacidad económica”, sostiene el proyectista.

La medida central fue la exoneración general de la tasa de matrimonio civil, permitiendo que todas las parejas que lo deseen puedan acceder al trámite sin trabas económicas y con procedimientos simplificados.

Latorre exhorta a las instituciones públicas y privadas, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a desarrollar actividades de sensibilización y participación.

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