El partido opositor colombiano Centro Democrático informó este viernes que suspendió los actos de campaña de sus aspirantes a la presidencia tras el atentado a tiros contra Miguel Uribe, uno de sus precandidatos.

El senador de 39 años recibió el sábado tres disparos, dos de ellos en la cabeza, durante un acto con seguidores en Bogotá. El presunto pistolero es un joven de 15 años que está detenido, igual que uno de sus cómplices.

Uribe está en estado crítico en una clínica “con pronóstico neurológico reservado”, según el último parte médico. “En solidaridad con nuestro compañero Miguel Uribe”, los “demás precandidatos del Centro Democrático hemos decidido hacer un alto proselitista”, dice un comunicado. “Esta pausa es transitoria”, agrega.

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Uribe hacía campaña para ser elegido como candidato único de este partido, el principal movimiento de oposición al presidente izquierdista Gustavo Petro. Antes debe ganar en una disputa interna a otros aspirantes, como la senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Las legisladoras son muy cercanas al líder natural del Centro Democrático, el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Aún se desconoce quién ordenó el atentado contra Miguel Uribe, que no tiene parentesco con el exmandatario. La derecha busca recuperar el poder en las elecciones de 2026, en las que Petro no puede participar por disposiciones legales.

Los dirigentes del Centro Democrático culpan al presidente de incitar al odio contra la oposición. El atentado revive temores de un regreso a las peores épocas de la violencia en Colombia. En los años 80 y 90, en pleno auge del capo de la cocaína Pablo Escobar, cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados.

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El menor que presuntamente disparó a Uribe fue detenido en flagrancia y se declaró el martes inocente por homicidio en grado de tentativa y porte de armas.

Un segundo involucrado se entregó ante la Fiscalía el jueves y fue imputado con esos mismos cargos, además de “uso de menores de edad en la comisión de delitos”. Ambos permanecen fuertemente custodiados en un búnker de la fiscalía en Bogotá.

Fuente: AFP

• Bogotá, Colombia. AFP.

La fiscalía de Colombia imputó ayer jueves a un supuesto cómplice del pistolero de 15 años acusado de atentar contra el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe. El nuevo acusado, que se entregó ante las autoridades, participó en la “logística” del ataque ocurrido el sábado, en el que el senador de 39 años recibió tres disparos, indicó el ente investigador.

Antes, fue capturado en flagrancia al supuesto tirador, un adolescente de 15 años herido en una pierna en medio de una persecución de los escoltas de Uribe, miembro del partido de derecha Centro Democrático. Imputado por intento de homicidio y porte de armas, el joven se declaró inocente el martes y está fuertemente custodiado en un búnker de la fiscalía.

La entidad aseguró que el nuevo implicado hizo un “reconocimiento” días antes del parque en un barrio popular de Bogotá en el que se cometió el atentado. El día del ataque estaba en un automóvil desde el que “se le entrega” el arma, una Glock de 9 milímetros, al presunto pistolero. El menor ingresó al vehículo y se cambió de ropa.

La fiscalía también le imputó los delitos de “uso de menores de edad en la comisión de delitos” y porte de armas. Fiscales solicitaron que permanezca privado de la libertad. Uribe dio el miércoles las primeras muestras de mejoría tras recibir dos de los disparos en la cabeza, aunque sigue en estado crítico. Aún se desconoce quiénes son los autores intelectuales del ataque.

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El presidente Gustavo Petro apunta principalmente a bandas de narcotráfico que supuestamente quieren desestabilizar al gobierno como respuesta a las incautaciones de droga y las capturas de sus capos. Llegó a mencionar al principal grupo disidente de la guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 y ahora trafica cocaína.

En un comunicado enviado por chat a un grupo de periodistas, el grupo ilegal negó estar detrás de la acción criminal. El martes, la disidencia ejecutó más de 20 ataques simultáneos en el suroeste del país. Petro dijo que investigaría si había conexión con el atentado a Uribe.

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Petro también menciona a una supuesta mafia de narcos colombianos y extranjeros con sede en Dubái. El abogado de Uribe asegura que las autoridades encargadas de protegerlo no atendieron alertas sobre la necesidad de ampliar el número de escoltas en su esquema de protección.

“Insistimos en que aquí también hay una grave omisión del Estado en brindar la seguridad a Miguel Uribe”, dijo el jurista Víctor Mosquera a los medios este jueves. Si es el adolescente es declarado culpable, puede pasar hasta ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad. Para esclarecer el caso, el presidente Petro solicitó ayuda a “organismos secretos” de Estados Unidos.

• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

“Me siento desempleado”, con esta frase inició su conferencia de prensa el intendente Miguel Prieto, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el pedido de intervención, devenido de la Contraloría General de la República, órgano que detectó una serie de irregularidades que apuntarían a indicios de hechos punibles. El jefe comunal reconoció la existencia de falencias en su administración.

“Seguramente nuestro gobierno tiene algunos pequeños errores, pero con aciertos más que el de los otros”, afirmó el intendente, quien indicó que él y su equipo “no se van a rendir” y que decidió no presentar su renuncia porque eso sería “dar la razón” a las instituciones que alegan que existen irregularidades dentro de su gestión.

Prieto, como ya es habitual, volvió a manifestar que el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este es una cuestión política, y expresó que existe un supuesto temor por el “camino ascendente” que está teniendo su proyecto político, por lo que supuestamente, esta intervención responde a una intención de frenar el posicionamiento de su movimiento.

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“Llevamos los documentos, pero ni siquiera abrieron la caja”, expuso, sin embargo, cabe mencionar que el auditor forense de la Contraloría, Leandro Villalba, dejó en claro que las documentaciones presentadas ante la Comisión Especial, no eran las necesarias para disipar las dudas sobre el presunto uso irregular de recursos. “Presentaron carpetas y biblioratos como supuestas pruebas de transparencia, pero eso técnicamente no tiene ningún valor. Es una puesta en escena para las cámaras”, aseveró días atrás.

Asimismo, Prieto se adelantó a un posible desenlace y señaló que de ser destituido, su candidato Daniel Mujica, logrará la victoria en los próximos comicios municipales y se posicionará nuevamente al frente de la comuna. Por último, y abriendo paraguas y en contradicción a sus propias declaraciones, indicó que “hicieron todo excelente” y que supuestamente, habría intenciones de “implantar” cosas en su contra de parte de los interventores, adelantándose a los posibles hallazgos de esta intervención.

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