Una familia decidió denunciar a una cuidadora tras el fallecimiento de una mujer de 103 años, al asegurar que hubo negligencia. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, pero la acusada sigue en libertad.

Según los denunciantes, la abuela era víctima de maltratos físicos y verbales por parte de Lourdes Mabel Morel, la persona contratada para asistirla en su residencia, ubicada en el barrio Ykua Satí de Asunción.

Según se observa en un vídeo presentado como prueba, en una ocasión la anciana se cayó de la cama y su encargada le pidió que se levante sola.

En otra grabación se escucha que la mujer le exige que le avise cuando “hace popó” . “Paráte abuela te estoy limpiando, qué estúpida, imbécil, inútil”, se escucha decir a la cuidadora, mientras la paciente gime de dolor en el suelo.

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Los hechos se dieron el 6 de enero pasado y tras el grave incidente, la adulta mayor falleció. Los familiares se encontraban en Brasil cuando recibieron la triste noticia. Radicaron la denuncia y ahora reclaman que la Fiscalía aún no citó a la sindicada.

Claman que se inicie ya la investigación y que la presunta autora sea procesada, ya que a siete meses del trágico suceso los fiscales intervinientes no llamaron aún a declarar a la mujer.

“Nosotros estábamos con mi familia en Brasil y habíamos salido el fin de semana y el lunes 6 al mediodía me envía un audio la cuidadora avisándome que mi abuela se cayó y que no estaba reaccionando”, relató la nieta de la fallecida a Telefuturo.

Dijo que la mujer se había ganado la confianza de su familia y se encontraba trabajando en la casa desde junio del año pasado.

“Teníamos buen trato con ella, no le debíamos nada, cobró su salario, su aguinaldo. Le acompañó ese día de Año Nuevo, nosotros vinimos le vimos a la abuela y nos despedimos de ella, estaba en perfectas condiciones”, detalló.

Según la joven, la abuela tenía su geriatra de cabecera y no presentaba complicaciones en su salud, e inclusive caminaba y comía sola.

“Ese día desayunó sola, e incluso iba al baño con su andador. Ella (cuidadora) solamente caminaba a su lado. Y vinimos desesperadamente para ver qué es lo que aconteció. Y llegamos 24 horas después para el velorio y para despedirnos”, subrayó.

Dijo que al revisar las cámaras de la casa para indagar sobre lo que pasó, se percataron de que la abuela se había caído seis veces.

“Y se arrastró por toda su pieza, se levantó sola, ella no le ayudaba a levantarse y le hostigaba, le maltrataba verbalmente, le humillaba. Mi abuela gritó seis veces mi nombre llamándome y ella le grita y le dice que se levante así como se tiró. Mi abuela no se tiró, ella le forzó a que se caiga y no le ayudó en ningún momento ni tampoco pidió ayuda a tiempo, ni tampoco nos avisó a tiempo para que podamos socorrerle de alguna forma”, subrayó.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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Los hechos de violencia intrafamiliar lideran las denuncias en el departamento de Concepción, según informes del Poder Judicial. Otro dato llamativo es la duplicación de los casos judicializados de abuso sexual en niños.

De acuerdo con los reportes, el año pasado se reportaron 19 casos de abuso sexual en niños y en este semestre ya se registraron más de 30 hechos.

“Está encabezando como en todos los años anteriores el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El año pasado en el periodo de tiempo tuvimos 156 casos. En este año tenemos 134”, dijo el presidente de la circunscripción judicial de Concepción, Fabio Cabañas al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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En tanto, manifestó que “genera preocupación” el hecho de abuso sexual en niños. En tanto el delito menos cometido es el de “coacción grave” con un total de 19 casos.

“Y otros que han subido son los de violencia familiar. El año pasado era 89 y ahora subió a 91”, refirió.

Las autoridades judiciales buscan cotejar sus estadísticas con los documentos del Ministerio Público, para tener el dato global de los casos reportados a nivel departamental, conforme manifestó el abogado Cabañas.

También se deben colectar los datos manejados por la Policía Nacional, ya que no todos los casos son finalmente judicializados. Esto considerando que pueden darse circunstancias en que las denuncias son retiradas o hay un acuerdo entre las partes, con lo que deciden poner fin al litigio.

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El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, indicó que la institución a su cargo está colaborando con el Ministerio Público en las investigaciones con relación al esquema de espionaje de Brasil al gobierno anterior y autoridades paraguayas.

Manifestó que en este momento existe una investigación abierta y que el Mitic está colaborando con todos los datos e informaciones que les corresponda.

“Se abrió una investigación interna, la Fiscalía abrió una investigación de oficio, estamos trabajando con ellos conjuntamente con darle todos los hallazgos que nosotros tenemos y eso está en un proceso abierto hoy en el Ministerio Público”, señaló en conversación con los medios en la Cámara de Diputados.

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Con relación al informe que deben ser presentados por el Brasil, señaló que el gobierno paraguayo está a la espera de una respuesta, compromiso que había realizado el presidente del vecino país, Inacio Lula Da Silva durante la reunión con el presidente de la República Santiago Peña.

“En el caso de Brasil, ellos se comprometieron con el presidente Peña, respecto a entregarle el informe detallado en la brevedad posible, hay una investigación en curso en Brasil también que está determinando todas las acciones y el alcance que tuvo, y él (Lula) se comprometió con la celeridad mayor de entregar. Nosotros en este proceso nos mantenemos expectantes”, manifestó Villate.

El esquema de espionaje hacia el Gobierno y las autoridades paraguayas, se habría dado durante el gobierno de Jair Bolsonaro en el marco de las negociaciones del Anexo C de la Itaipú binacional con el gobierno de Mario Abdo Benítez. La revelación de este esquema, paralizó las actuales negociaciones del Anexo C.

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