El diputado Basilio Núñez remitió una nota a la Contraloría General de la República con el objetivo de que se den a conocer sus declaraciones juradas. El pedido se dio al titular de dicho órgano, Camilo Benítez.
“Solicito tenga a bien publicar a través de la plataforma web institucional todas las declaraciones juradas que oportunamente he presentado ante el organismo de control”, expresa el escrito presentado. Así mismo, pide que la publicación guarde reserva de toda aquella información sensible de carácter no patrimonial.
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A través de su cuenta, el legislador de Honor Colorado dio a conocer dicha decisión, justificó que tiene 25 años como médico, con especialidad en la neurocirugía, se desempeñó como jefe de Sala en el Instituto de Previsión Social, así como docente en los primeros años. Luego también incursionó en la política.
La posición política del dirigente colorado se da dentro de la campaña de transparencia que se instaló por presión ciudadana y con la postura asumida desde la Corte Suprema de Justicia. Las publicaciones se irán dando de forma paulatina para no provocar un colapso en las páginas.
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Declaraciones juradas públicas
Más de 150 mil documentos fueron escaneados para alzarlos a la web. La semana pasada ya se llegaron a revelar más de 3.200 declaraciones juradas, en las que se incluyen a las autoridades nacionales y funcionarios públicos.
A partir de esta resolución judicial se dio a conocer los bienes de autoridades nacionales y otros desde 1998 hasta el 2017. El fallo se considera histórico porque sienta un precedente respecto a la publicación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.
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Inician medición oficialista que definirá dupla de Pedro Alliana
La medición surge como paso directo tras la decisión de Horacio Cartes de no presentar la chapa del movimiento Honor Colorado.
El día de ayer inició la encuesta de opinión impulsada por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, con el objetivo de definir a su acompañante para las elecciones internas de 2027 con miras a los comicios generales de 2028.
La medición surge como paso directo tras la decisión de Horacio Cartes de no presentar la chapa del movimiento Honor Colorado, abriendo el escenario para la construcción de una nueva oferta electoral dentro del oficialismo.
La medición evalúa a tres perfiles políticos: el médico y diputado nacional Raúl Latorre, actual titular de la Cámara Baja y respaldado por la bancada de parlamentarios; el administrador de empresas César “Cesarito” Sosa, gobernador de Guairá y titular del Consejo de Gobernadores, con el aval de los jefes departamentales; y el empresario industrial Marco Riquelme, actual ministro de Industria, promovido de forma personal por Alliana.
El vicepresidente detalló la hoja de ruta del proceso y fijó un plazo preciso para el anuncio oficial del candidato a la Vicepresidencia: “Voy a poner ese resultado sobre la mesa; tengo un último viaje a Taiwán el 24 de noviembre, entonces la idea es que yo tenga ya definida la chapa antes del 24 de noviembre”, manifestó la semana pasada respecto a los tiempos de la medición.
Asimismo, la estrategia contempla la articulación de una instancia amplia de conducción partidaria para garantizar la gobernabilidad y representación interna. En ese sentido, Alliana anunció que conformará un comando electoral de integración plural en el que se dará participación directa a todos los sectores de la nucleación oficialista, abarcando a gobernadores, diputados y senadores del partido. Consultado sobre un posible acercamiento o reunión entre el titular de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, y el expresidente Mario Abdo Benítez, Alliana prefirió mantener una postura cauta respecto a las especulaciones políticas y evitó entrar en controversias: “No voy a opinar sobre el tema. No voy a salir a hablar mal de un hermano, de un amigo y compañero como es Horacio”, concluyó.
Bachi Núñez apoya a Pedro Alliana e insta al diálogo
“La nueva realidad nos exige encontrarnos, conversar y definir, mediante el diálogo y el acuerdo entre dirigentes y militantes, nuevas formas de organización para continuar participando en la vida electoral del partido. No estoy anunciando la creación de un nuevo movimiento, ni una estructura ya constituida, sino señalando una necesidad política que surge de los propios acontecimientos”, refirió.
“Reafirmo mi decisión personal de continuar acompañando al gobierno del presidente Santiago Peña y trabajando por la candidatura presidencial de Pedro Alliana para el 2028. Es una convicción construida durante años de trabajo compartido y sustentada también en la cercanía y el reconocimiento que Alliana ha desarrollado con dirigentes, compañeros y ciudadanos”, agregó en su comunicado.
A la vez, menciona que “quienes trabajamos por el triunfo en el 2023 tenemos la responsabilidad de respaldar lo que se está haciendo bien y contribuir a corregir lo que deba corregirse. Este compromiso mantiene intacto mi respeto y afecto hacia el presidente Horacio Cartes, cuyo liderazgo seguirá siendo una referencia fundamental”.
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CSJ y Fiscalía General exponen sus necesidades presupuestarias para 2027
La Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, recibió ayer lunes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quienes expusieron las principales prioridades y necesidades presupuestarias de ambas instituciones.
En primer término, Martínez Simón presentó la propuesta presupuestaria de la institución, que establece como meta incrementar en un 5 % la resolución de causas ingresadas a nivel nacional, con el propósito de contribuir a reducir la congestión judicial.
Asimismo, destacó la integración del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la Ley N.º 7424/2025, y la necesidad de dar continuidad a la implementación tecnológica y financiera de este sistema, orientado a fortalecer la gestión registral y avanzar en el proceso de transformación digital.
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La propuesta presupuestaria de la CSJ asciende a G. 2.444.386.000.000, equivalentes a aproximadamente USD 428,4 millones. Los recursos se destinarán a servicios personales y no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, servicio de la deuda, transferencias, gastos judiciales y otros conceptos.
En comparación con el presupuesto vigente, la propuesta representa un incremento del 19 %, equivalente a G. 397.642 millones
Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó la propuesta presupuestaria del Ministerio Público, estructurada en torno a ejes estratégicos vinculados con la eficacia y eficiencia de la gestión institucional, así como con el control de calidad de la gestión fiscal.
Entre los objetivos expuestos, mencionó el fortalecimiento del sistema de gestión fiscal, la promoción de una atención inclusiva y de calidad, y la mitigación de riesgos que puedan afectar el desempeño de la institución.
También señaló la necesidad de ampliar la cobertura de las unidades fiscales penales en los distintos departamentos del país. Según lo expuesto, la cantidad actual de fiscales permitiría cubrir únicamente las necesidades de las agencias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.
La propuesta del Ministerio Público asciende a G. 1.286.764.270.960 y contempla el financiamiento con recursos del Tesoro y recursos propios. Entre los principales requerimientos figuran la creación de nuevos cargos para el área misional, el apoyo técnico a la gestión fiscal y las áreas de administración financiera y apoyo.
En cuanto a la inversión física, se prevén la adquisición de vehículos, la modernización del laboratorio forense, la ejecución de obras institucionales, la compra de equipos informáticos, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de software especializado, muebles y útiles de oficina.
La Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por senadores y diputados. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Fiscales piden protección urgente ante amenazas de Arnaldo Giuzzio
Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
El día de ayer, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adopción de medidas de seguridad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amenazas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.
El gremio calificó lo sucedido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gravedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Ministerio Público que intervienen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posteriormente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.
El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judicial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.
El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrentamientos durante juicios orales no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los procesos penales y el libre ejercicio de la función fiscal, entre otros puntos.
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“Vamos a hablar después”
La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.
“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelantaron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.