El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.

“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.

El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.

Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.

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Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.

“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.

Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.

“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.

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El senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sector político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso de copa­miento por parte del ofi­cialismo colorado que pre­tende instalar la oposición en el proceso de la próxima elección del contralor y sub­contralor general de la Repú­blica. Con el fin de refutar “la maniobra”, el senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sec­tor político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.

“Ante las declaraciones del senador Eduardo Naka­yama, que llama a la oposi­ción a hacer el vacío si el car­tismo propone a un contralor y subcontralor afiliados a la Asociación Nacional Republi­cana, vale recordar la histo­ria reciente de la Contraloría: De los últimos 5 contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, manifestó.

Para sostener su postura, Núñez detalló cronológica­mente los casos de los excon­tralores de extracción opo­sitora que terminaron ante la justicia. “El excontralor Daniel Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico, quien estuvo al frente de la institución durante los años 1995 al 2000 fue condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación crimi­nal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Orga­nizó una máquina de lavar dinero”, indicó.

El legislador acotó: “El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea también fue representante del Par­tido Liberal y del Partido Unión Nacional de Ciudada­nos Éticos durante los años 2010 al 2015. También fue condenado a 4 años de cár­cel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso de la secretaria vip”.

A la vez, el parlamentario recordó el caso del excontra­lor José Enrique García Áva­los, quien fue representante del tercer espacio opositor entre los años 2016 y 2019. “Él también fue condenado en el 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por pro­ducción de documentos no auténticos e instigación a subordinado por el caso Ive­sur. Enfrentó múltiples cau­sas por enriquecimiento ilí­cito y lavado”, refirió.

Núñez indicó que dichos antecedentes ocasionaron que la ciu­dadanía perdiera la confianza hacia la institución encargada de fiscalizar, vigilar y controlar el buen uso de los fondos, bienes y recursos del Estado.

“La Contraloría perdió credibilidad con estos antecedentes. Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transpa­rente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de copar la institución, sino de ele­gir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la con­fianza ciudadana”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.

Agregó que “rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Para­guay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retar­datarios de la oposición”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, recibió a la doctora Michelle Mayorga, directora de la Oficina Rectora de la Justicia Restaurativa de Costa Rica y experta regional en justicia para adolescentes, con el objetivo de analizar y fortalecer estrategias preventivas en materia de justicia penal juvenil. Acompañó, ayer viernes a la delegación el miembro del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, doctor Camilo Torres.

El doctor Martínez Simón destacó la importancia de fortalecer los vínculos de cooperación con especialistas en justicia restaurativa aplicada a adolescentes en conflicto con la ley, con miras a impulsar la capacitación de profesionales del Poder Judicial de Paraguay. Por su parte, la doctora Mayorga explicó que la visita se desarrolla en el marco de un proyecto impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), orientado al fortalecimiento de la justicia juvenil restaurativa.

Asimismo, señaló que el objetivo principal de la iniciativa es promover estrategias preventivas en los centros educativos, fomentando la resolución pacífica de conflictos mediante prácticas restaurativas y valores de justicia. En ese contexto, se busca evitar que adolescentes y jóvenes en situación de conflicto lleguen a procesos penales juveniles, apostando por intervenciones tempranas que fortalezcan la convivencia escolar y contribuyan a la reducción de riesgos sociales.

La delegación resaltó además la importancia de trabajar de manera articulada entre los poderes judiciales de Paraguay y Costa Rica, y valoró la apertura y el respaldo del titular de la máxima instancia judicial a las próximas etapas de implementación del proyecto. La Corte Suprema de Justicia promueve políticas públicas orientadas a la prevención y al fortalecimiento de la justicia restaurativa en Paraguay.

Bachi Núñez destacó avances en infraestructura, modernización tecnológica, fortalecimiento institucional y transparencia en la administración del Poder Legislativo.

El presidente del Con­greso Nacional y de la Cámara de Sena­dores, senador Basilio Núñez, presentó su informe de gestión correspondiente al período comprendido entre julio del 2025 a junio del 2026. Durante su expo­sición, destacó los avances alcanzados en infraestruc­tura, modernización tecno­lógica, fortalecimiento ins­titucional y transparencia en la administración del Poder Legislativo.

“Hoy estamos cumpliendo dos años de gestión. Prioriza­mos una gestión responsable, transparente y eficiente en el uso de los recursos públi­cos”, manifestó el titular del Senado al inicio de su exposi­ción, durante la cual agrade­ció la confianza depositada por sus colegas y el acompa­ñamiento de la mesa direc­tiva. En ese contexto, resaltó los avances obtenidos en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (Mecip), indi­cando que la Cámara de Sena­dores pasó del puesto 14, registrado en el año 2022, a ubicarse entre las cinco mejo­res instituciones del país en el ranking de la Contraloría General de la República.

“El fortalecimiento del Sis­tema de Control Interno per­mitió elevar la calificación institucional de 3,08 a 3,33, alcanzando el nivel de madu­rez ‘Gestionado’ en todos sus componentes y posicionando a la Cámara de Senadores en el quinto lugar del ranking nacio­nal elaborado por la Contralo­ría General de la República”, remarcó. Modernización de la infraestructura Presentó además los principales proyec­tos ejecutados en materia de infraestructura, entre ellos la recuperación y modernización integral del edificio del Con­greso Nacional.

Otro de los aspectos resalta­dos por el senador Núñez es la cooperación de la Repú­blica de China (Taiwán) como uno de los pilares del proceso de modernización del Congreso Nacional.

Explicó que la primera etapa del proyecto, con una inversión aproximada de tres millones de dólares, comprende la moderniza­ción de las redes informáti­cas, el sistema eléctrico, el centro de datos, el respaldo energético, la infraestruc­tura tecnológica y los sis­temas de producción audio­visual.