Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

El día de ayer, la Aso­ciación de Agentes Fiscales del Para­guay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adop­ción de medidas de seguri­dad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amena­zas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.

El gremio calificó lo suce­dido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gra­vedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Minis­terio Público que intervie­nen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posterior­mente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.

El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judi­cial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.

El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrenta­mientos durante juicios ora­les no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los pro­cesos penales y el libre ejerci­cio de la función fiscal, entre otros puntos.

La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.

“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelan­taron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.

Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.

El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.

Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

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En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.

Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.

También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.

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La fiscal Yeimy Adle indicó que el Ministerio Público aguarda el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno al millonario litigio entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota Engil para ampliar o no la cifra del daño patrimonial causado por el exministro abdista Arnoldo Wiens. Esto, en el marco de la causa por el fallido proyecto metrobús.

“El MOPC le intimó a Mota Engil a que renueve la garantía de fiel cumplimiento del contrato. La firma Mota Engil le envía una primera nota y le indica que no renovará esa garantía porque en ese momento no se estaba cumpliendo con el contrato”, relató la agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, este miércoles al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, sobre la cronología de los hechos en el año 2018, cuando se inicia el gobierno de Mario Abdo Benítez con la gestión de Wiens.

Adle manifestó que “el MOPC le envía otra nota a la empresa diciendo que rescindirá el contrato, entonces la empresa le remitió otra nota al MOPC indicando que no está de acuerdo, pero que renovará la garantía. Paraguay o el MOPC ya no le contestó esa nota y directamente rescinde el contrato y ejecuta la garantía anterior”.

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La agente fiscal acotó: “Todo esto se discute en el laudo arbitral y el arbitraje dice que no se cumplió con la renovación de la garantía de fiel cumplimiento, entonces el contrato fue rescindido de manera correcta, pero en el siguiente párrafo le condena a Paraguay a pagar casi 5 millones de dólares porque no debió cobrar la garantía, teniendo en cuenta que no se estaba cumplimiento fielmente con el contrato en atención a las obras del acta de entendimiento”.

De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

“Esto no introducimos como perjuicio dentro de la acusación contra Wiens, porque el Paraguay apeló y ahora está en discusión en la Corte Suprema de Justicia y hasta que eso quede firme o no, no podemos introducirlo dentro de nuestra investigación porque debe ser objetiva”, mencionó.

Desde el Ministerio Público sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.

A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financia­miento asegurado y contra­tos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finali­dad para la cual fueron adqui­ridos.

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Bachi Núñez recordó que Cartes ya fue electo con un número importante de votos en el 2018, pero que por una mayoría coyuntural no le dejaron jurar como senador activo.

El presidente del Con­greso Nacional, Basi­lio Núñez, informó que Horacio Cartes “pidió tiempo” para dar su respuesta ante la propuesta de encabe­zar la lista del oficialismo para el Senado en las elec­ciones nacionales de 2028, propuesta que fue planteada oficialmente por un grupo de legisladores, el lunes en una reunión con el titular de la Junta de Gobierno de la Aso­ciación Nacional Republicana (ANR).

“Ayer salió una reunión, que es una reunión de la coordi­nación de la lista 1, por eso estuvieron presentes otros colegas. Frente a los colegas yo le planteé al presidente del partido la posibilidad que encabece la lista, primero del movimiento Honor Colorado, y en su momento, estamos seguros de que vamos a salir victoriosos y encabezará la lista 1 del Partido Colorado. Él nos pidió tiempo”, detalló el titular del legislativo en rueda de prensa en el Senado, este martes.

Bachi Núñez recordó que Cartes ya fue electo con un número importante de votos en el 2018, pero que por una mayoría coyuntural no le dejaron jurar como senador activo, por lo que, propusie­ron que vuelva a presentarse para las elecciones de 2028.

“Quiero recordar también que la voluntad popular en el 2018 fue vulnerada, se robó la voluntad popular de más de 500.000 personas que le votaron a Horacio Cartes como senador activo por una mayoría coyuntural acá en el Senado, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral lo habilitó, a pesar de que en la Corte, la máxima instancia judicial, le escucha­mos a muchos ministros decir que no había ningún impedi­mento”, señaló el parlamen­tario.

Igualmente, resaltó la alta popularidad que cuenta el presidente de la ANR en la actualidad. “Ese robo a la voluntad popular es lo que nos lleva a plantear, y su res­puesta fue, literalmente: ‘soy una persona a disposi­ción del Partido Colorado, donde el partido me nece­site, yo voy a estar’; y yo creo que el partido lo necesita. Basta mirar las medicio­nes, la última encuesta decía que superaba la popularidad de más de 50 %.

No hay un líder político contemporá­neo que supere esa expecta­tiva siendo expresidente de la República”, aseveró. Final­mente, aseguró que de enca­bezar la lista de candidaturas, se podría llegar a una mayo­ría absoluta en el Senado. “Si Horacio es número 1, mete­mos a más de 30 senadores. Hay mucha gente que le tiene miedo a Horacio Cartes, por­que detrás de él van a entrar más de 30 senadores, vamos a tener una mayoría absoluta”, sentenció.

El senador Gustavo Leite planteó que Horacio Car­tes debería encabezar la lista de la ANR al Senado en las elecciones de 2028, en línea con la práctica habitual del partido de ubicar en el primer lugar al candidato con mejor intención de voto. “Normalmente, uno pone al que mide mejor a la cabeza”, sostuvo el legislador.

Según Leite, una candidatura de Cartes en la cúspide de la lista tendría un impacto directo en el número de bancas coloradas en la Cámara Alta. “La ANR va a subir de 23 a 27 o 28 bancas”, afirmó, en referencia a la actual composición de la bancada oficialista.

El senador también se refirió al antecedente judicial de 2018, cuando Cartes fue electo pero no logró jurar como senador activo pese a un fallo de la Corte Suprema que había habilitado su candidatura, debido a que una mayoría circunstancial en el Senado se lo impidió. Leite planteó que, si la ANR consigue en 2028 una mayoría propia, ese obstáculo político desaparecería y Cartes podría asumir la banca sin inconvenientes.