El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis dijo que el decreto emitido por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre la exoneración de las facturas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), no favorecerá a las pequeñas y medianas empresas dejando fuera a la clase media.

“Presidente, es importante aclararle a la ciudadanía en general que lo que usted resolvió es un decreto y no la ley que aprobamos. 2) Exonerar julio y agosto hasta los 500 kW equivale hasta los G. 221 mil. Es decir que pasando este consumo quedan fuera de la exoneración. No es que se le descuenta a todos los G. 221 mil”, sostuvo.

Buzarquis manifestó también que el decreto emitido dejará nuevamente a la clase media sin beneficios ante las sobrefacturaciones hechas por el ente en plena crisis sanitaria por el COVID-19.

“Este decreto no le beneficia a las mipymes, no existe micro, ni pequeña ni mediana empresa que consuma menos de G. 221 mil. Este decreto deja nuevamente fuera a la gran clase media. Y esto es injusto porque ellos también pagarán la deuda de 1.990 millones de dólares. Yo me ratifico en que la mejor salida es la exoneración hasta los 1.000 kW, es decir hasta los G. 442 mil. Ahí sí llegaremos al 95% de la población paraguaya. La lucha continúa”, sentenció.

El Ejecutivo emitió el decreto por el cual veta parcialmente la ley que cancela y anula las facturas de ANDE y Essap. Considera que se aumenta la brecha de los beneficios de forma desproporcional al aumentar el umbral del consumo de 500 kWh/mes a 1.000 kWh/mes.

Primeramente, objeta el artículo 2º porque considera que al establecer la prohibición de emitir facturas sin haber realizado la lectura del medidor propicia posibles situaciones de fraude o de evasión que imposibiliten la emisión de factura. Además, defiende el mecanismo utilizado para la facturación. “La estimación, a través de promedios, es un mecanismo reglado e implementado para calcular los eventuales consumos no registrados por fuerza mayor”, refiere.

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Mientras que el artículo 4º, donde se amplía la faja de consumo de 500 kWh/mes a 1.000 kWh/mes, fue vetado porque aumenta la cantidad de beneficiarios de 1.200.000 a 1.600.000 y duplica el periodo de exoneración de 3 a 6 a meses, lo que representaría por todos los meses unos US$ 206 millones.

Además, argumenta que favorece de manera desproporcionada a los estratos de la población con más altos ingresos, “distribuye de manera inequitativa los beneficios previstos, porque un usuario con consumo menor a 300 kWh/mes recibiría un subsidio promedio mensual de G. 50.000 y el que tiene 1.000 kWh/mes recibiría un subsidio promedio mensual de G. 440.000.

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