El ministro del Interior, Enrique Riera, valoró de manera positiva el reciente informe de gestión presentado por el presidente de la República, Santiago Peña, ante el Congreso Nacional y calificó el mensaje como “sólido” y respaldado por datos concretos.

“Dudo que un presidente se exponga a tirar cifras si no están respaldadas en documentos”, afirmó el ministro durante el programa “Fuego cruzado” de canal GEN/Nación Media. En este espacio, el secretario de Estado mencionó como algo positivo el repaso que hizo el mandatario sobre el abordaje que ha dado el Gobierno a las problemáticas del país.

Riera recordó que el informe comenzó con un repaso de la situación económica del país, destacando logros como el control de la inflación, el mantenimiento del grado de inversión y el fortalecimiento de las reservas. “Estamos haciendo los deberes muy bien desde el punto de vista económico”, sostuvo.

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En el ámbito social, el ministro hizo énfasis en la ley de Hambre Cero, a la que calificó como un “legado” que trascenderá al actual gobierno. Aseguró que el programa no solo elevó la retención escolar al 95 %, sino que también representa un ahorro a largo plazo en salud pública. “No se hizo mirando las elecciones municipales, este es un programa emblemático”, expresó.

Sobre el área de seguridad, Riera reconoció que aún hay desafíos pendientes, pero destacó que se ha logrado “poner de pie a la Policía” luego de décadas de prácticamente nula inversión en seguridad y defensa. Mencionó como hitos la adquisición de radares y de las seis aeronaves Super Tucano, acciones que, según dijo, apuntan a generar mejores condiciones para el país en el futuro.

En cuanto a la oposición, Riera fue crítico y consideró que “necesita una agenda propia”. Señaló que subirse a los logros del gobierno no debilita la democracia, sino que fortalece al país. “Cuando vos deslegitimás todo, se pierde credibilidad”, advirtió.

También hizo referencia al crecimiento en la apertura de mercados, señalando que durante la gestión de Peña se han habilitado 61 nuevos destinos para productos paraguayos como resultado de los viajes que realiza el presidente. Esta mención fue realizada debido a que sectores de la oposición cuestionan la agenda internacional del mandatario. A su juicio, estos avances reflejan que “algo se está haciendo bien” y que Paraguay va por el camino correcto.

“Faltan muchas cosas, pero vamos por buen camino. El discurso político de la oposición es el copamiento de las instituciones, una mayoría aplastante y hasta brotes autoritarios, como si fuera que hay alguien que decide y que se puentea al Congreso, este es el resultado de las elecciones”, remarcó el ministro.

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La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se han destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto del 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó, el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el período de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.

Con una paráfrasis de una conocida obra existencialista podríamos referirnos a la insoportable predictibilidad de los medios de comunicación rabiosamente enemigos del actual gobierno.

Y, también, a esta definición deberíamos añadir la levedad, irresponsabilidad y sistemática manipulación de la información, en un acto deliberado e infructuoso de distorsión de la realidad, que reafirma su mala fe y antiética conducta profesional.

Hace exactamente una semana, anticipamos cuál iba a ser la reacción de estos conglomerados mediáticos ante la presentación del presidente Santiago Peña al Congreso de la Nación de su informe de gestión durante el periodo interanual 2024-2025.

No es que nos ufanamos de profundos análisis sociológicos ni sicológicos sobre los propietarios y periodistas de estas empresas, simplemente nos guiamos por sus repetidas inconductas en el manejo de las noticias y, con base en esas observaciones, fue muy fácil inferir sus críticas y descalificaciones –en algunos casos, en un tono bastante burdo– hacia la administración del actual mandatario. Así que, aquello de pura fantasía y cero realidades, solo responde a la inquina que hace rato se incubó en estas corporaciones mediáticas por varias razones: la primera de ellas –y, quizás, la más visible– es que intentaron evitar desesperadamente –en una campaña sucia, pocas veces vista– que Peña ganara las internas de la Asociación Nacional Republicana en diciembre de 2022.

La segunda –ligada a la primera– es que se jugaron desembozadamente por el precandidato presidencial Arnoldo Wiens, quien respondía al liderazgo de Mario Abdo Benítez, cuando, entonces, todavía fungía como presidente de la República, con una gestión francamente desastrosa y una administración de la más corrupta que se recuerde en toda la transición democrática.

Pero, como son cómplices (por acción u omisión), no se detienen en esas “pequeñeces”, o en esas “vyrezas”, como diría un exjefe de Estado. Hay que cubrir con el manto de la impunidad el escandaloso robo a las arcas públicas.

Una impunidad que promueven, aunque, al mismo tiempo, se rasgan las vestiduras sobre los presuntos delitos sin castigos en el presente. La hipocresía en su más elevada temperatura y un cinismo que raya los límites del asombro.

Y la tercera, cuando perdieron –porque esa es la palabra exacta– las elecciones generales del 30 de abril de 2023. Es cosa repetida, pero es recomendable martillar continuamente sobre estos aspectos para que la ciudadanía tenga a la vista el requerido contexto que le permita arribar a sus propias conclusiones.

De manera que la gente ya estaba preparada para lo que iban a publicar. Y, por supuesto, como era de esperarse, los que más aplaudieron la postura inmoral de estos medios fueron sus aliados políticos, a quienes, por lo general, tales medios les marcan su agenda diaria y hoja de ruta.

Es la única forma de tener grandes espacios promocionales en sus periódicos, radioemisoras y canales de televisión. Coaligados en torno a un único objetivo primordial: destruir al adversario (enemigo para ellos), porque esta es su única plataforma electoral. Carecen de lucidez, inteligencia y razón reflexiva, por lo cual apelan a la simple denostación, el improperio y los agravios como armas para ganar sus batallas, hasta ahora, todas ellas catastróficamente pérdidas.

Así, recurren a la rústica confrontación, sin propuesta alguna. Mas el pueblo quiere escuchar recetas creativas e innovadoras, que ayuden a solucionar urgencias cotidianas.

¿Y qué dijo Santiago Peña durante la presentación de su informe de gestión, conforme con el mandato establecido en la Constitución Nacional? Aseguró que, en más de dos décadas de vigencia de la democracia, Paraguay ha logrado su mayor prosperidad histórica, tanto que la economía creció en un promedio de 4 % anual entre 2003 y 2024, superando a muchos países de la región.

Expuso un cuadro demostrativo con absoluta prescindencia de matices partidarias o de posibles enemistados con mandatarios anteriores. Pues, como podrá certificarse, incluyó indicadores de hace más de veinte años atrás.

Además, nuestro país, en un hecho inédito, alcanzó el grado de inversión el año pasado, como muestra de la estabilidad y la recuperación de la confianza internacional, así como de la solidez del Estado de derecho que muchos pretenden cuestionar sin más argumentos que el deseo de dañar la imagen del Gobierno.

Desde el 2002 al 2024, con una actitud sin precedentes por la lealtad hacia las estadísticas, señaló que la pobreza bajó del 58 % al 20 %. Coherente con los fundamentos doctrinarios del partido que le llevó al poder, concluyó que su mayor intención es que el Estado sea verdaderamente un servidor del ciudadano.

La cuestión es muy sencilla: no hay que mirar a los costados por el bien de la sociedad y, principalmente, de los sectores más carenciados. El resto es breve y fugaz hojarasca, que ni vale la pena recoger, porque nada útil deja a su paso.

La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se ha destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto de 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el periodo de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.