Tras el informe de gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se dieron las repercusiones políticas y uno de los más críticos fue el senador Blas Llano, quien consideró que todo lo expuesto por el mandatario no se refleja en la calle.
“Tengo un breve comentario, todo lo que dijo el presidente de la República no se siente en la calle”, declaró de forma contundente el ahora expresidente del Congreso y legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a Universo 970 AM.
Otro senador abordado sobre el informe de gestión de Mario Abdo fue el liberal Amado Florentín, quien sostuvo que es una película repetida de los datos proveídos por el Poder Ejecutivo, no solo del mandatario.
Mencionó que el jefe de Estado omitió una serie de inconvenientes que tiene su gobierno, como es el caso de los hechos de corrupción en el Ministerio de Salud, en plena pandemia, para la provisión de insumos y la falta de ejecución de recursos.
“Es una película repetida de todos los informes, no solo del presidente Mario Abdo. Siempre plantean que están haciendo lo mejor, que el país está rodando por el carril correcto, que estamos todos bien, pero la realidad no refleja eso”, cuestionó el parlamentario liberal.
El presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, consideró también que el mandatario debió ser más específico, especialmente en lo relacionado al “desorden” en el Ministerio de Salud Pública y el plan de reactivación económica.
Durante su informe de gestión de este miércoles, el presidente de la República destacó que no está conforme con la ejecución de la cartera sanitaria y prometió un mayor esfuerzo para mejorarla. Hasta el momento Salud ejecutó solo US$ 4 millones de los 94 disponibles de los fondos de emergencia.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
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Gobierno autoriza 11.100 nuevos nombramientos para trabajadores de Salud
El Equipo Económico Nacional (EEN) de Paraguay, dependiente de la Presidencia de la República, autorizó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 11.100 nuevos vínculos o nombramientos, una medida que representa un paso histórico en el proceso de desprecarización laboral de los trabajadores de la institución que estaban con contratos temporales.
El anuncio fue realizado por la ministra de Salud, María Teresa Barán, quien destacó que esta autorización permitirá avanzar en el reconocimiento y la dignificación de quienes sostienen diariamente los servicios de salud en todo el país.
Del total de vínculos autorizados, 9.755 corresponden a personal de blanco, entre médicos, odontólogos, bioquímicos, licenciados en enfermería, técnicos y auxiliares en salud. Estos cargos serán cubiertos a partir de la lista de elegibles resultantes del Concurso de Oposición Interna Institucional para la Desprecarización Laboral.
A estos nuevos vínculos se suman los 2.130 nombramientos ya incorporados previamente mediante el mismo proceso, alcanzando así un total de 13.230 nuevos nombramientos, en un proceso basado en los principios de mérito, transparencia e igualdad de oportunidades.
Personal administrativo
Por primera vez, la autorización contempla además 1.345 plazas destinadas al personal administrativo, reconociendo la labor que cumplen estos trabajadores para el funcionamiento y la sostenibilidad de los servicios de salud.
El cronograma, los procedimientos y los requisitos correspondientes serán comunicados oportunamente por la Dirección General de Recursos Humanos por los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública.
Esta medida se enmarca en la política de “La salud como causa nacional”, impulsada por el Gobierno del Paraguay del presidente Santiago Peña, y visibiliza el compromiso de fortalecer el sistema de salud pública mediante mejores condiciones y mayores oportunidades para sus trabajadores. “Esta decisión refleja el reconocimiento al esfuerzo, la vocación y el compromiso de quienes trabajan cada día por la salud de nuestros usuarios”, destacó la ministra Barán.
Con esta decisión, el Ministerio de Salud Pública continúa avanzando hacia una institución con trabajadores más estables, reconocidos y con mejores oportunidades, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad del sistema público para brindar servicios de salud a toda la ciudadanía.
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Titular de Diputados respalda endurecimiento de penas contra la corrupción
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre sentó postura sobre el proyecto de ley que busca endurecer las penas para los hechos de corrupción. Durante el tratamiento en plenaria, el legislador colorado manifestó su respaldo a la iniciativa y sostuvo que la lucha contra la corrupción debe involucrar a todos los sectores.
“La corrupción es un problema transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la sociedad, el sector público y el sector privado”, afirmó el diputado Latorre durante su intervención. El titular de la Cámara Baja remarcó la necesidad de combatir tanto la corrupción como la impunidad. “Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas”, expresó.
A su criterio, no basta únicamente con aumentar las penas, por lo que abogó por fortalecer el sistema de Justicia. “Tenemos que trabajar en el sistema para que, verdaderamente, pueda existir justicia en el Paraguay. Una justicia equilibrada, oportuna, porque la justicia tardía tampoco es justicia”, significó.
El congresista también sostuvo que la clase política debe dar señales concretas de compromiso. “Nosotros, la clase política, tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, afirmó.
Finalmente, anticipó el respaldo al proyecto y destacó que, aunque “podrá no ser la solución definitiva, sin lugar a dudas es una señal, una posición que refleja la voluntad de avanzar en acciones concretas contra la corrupción y la impunidad en el país”. El proyecto de ley fue aprobado, en general, durante la sesión última de la Cámara de Diputados; mientras su estudio, en particular, se postergó indefinidamente.
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Elevar penas por corrupción: “La clase política tiene que dar señales claras”, afirma Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, celebró la aprobación en general del proyecto de ley que tiene como finalidad endurecer los castigos contra la corrupción pública y privada en el Paraguay, fijando las penas carcelarias máximas de hasta 15 a 25 años para ciertos delitos. Sin embargo, queda aún pendiente en la Cámara Baja su tratamiento en particular, es decir, artículo por artículo.
“Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas. La justicia tardía tampoco es justicia. Nosotros, la clase política tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, dijo Latorre en un materia audiovisual compartido en sus redes sociales.
El legislador manifestó que “este proyecto podrá no ser la solución definitiva, pero es sin lugar a dudas una señal, una posición que anticipa lo que serán nuestros esfuerzos para combatir con todas nuestras fuerzas a la corrupción y la impunidad en el Paraguay”.
La iniciativa se centra en la modificación de los artículos 192, 239, 298, 300, 301, 305 y 312 de la Ley 1.160/1997, del Código Penal, y su modificatoria, Ley 3.440/2008; y los artículos 3.°, 4.°, 7.° y 8.° de la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
El proyecto plantea elevar las penas para delitos como lesión de confianza, asociación criminal, quebrantamiento del depósito, cohecho pasivo y agravado, prevaricato, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
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Expectativas de penas
La propuesta estipula que la lesión de confianza podrá ser castigada con hasta 15 años de prisión cuando el responsable sea funcionario público y el hecho haya sido cometido en ejercicio de sus funciones. En casos de asociación criminal que afecten el patrimonio del Estado y cuenten con participación de funcionarios, la pena también podrá llegar a 15 años.
Con relación al hecho punible de cohecho pasivo se fija una pena de hasta 8 años, mientras que, en su modalidad agravada, 15 años, cuando intervengan jueces o árbitros y se vulneren deberes. El prevaricato podría ser sancionado con hasta 15 años en casos especialmente graves y la exacción con hasta 10 años.
El proyecto también establece penas de hasta 10 años para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, mientras que para quienes incurran en administración en provecho propio, mediante actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos para sí o sus familiares, hasta 15 años de prisión.