Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora Lizarella Valiente solicitó transparencia a las autoridades de Autores Paraguayos Asociados (APA) y señaló que recibe denuncias de posible mal manejo de los recursos en detrimento de los artistas.

Solicitó a estos organismos de gestión a favor de los artistas que realmente trabajen por y para sus asociados. Lamentó que el dinero que se cobra por los derechos de autor no está llegando a los músicos que pasan penurias.

Indicó que esa carga impositiva del 5 % no estaría llegando ese porcentaje a los artistas. Esto se recauda sobre los artículos y dispositivos electrónicos que emiten audiovisuales como celulares, computadoras, tablet; sumado al derecho intelectual que cobran una tasas por la reproducción de las músicas, cumpliendo con el derecho intelectual del intérprete.

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“Las personas que están a cargo de estas entidades de gestión están teniendo muchos cuestionamientos y ese dinero no le está llegando a ese autor, a ese músico, y pongo nomás de ejemplo el hecho que nosotros nos pasamos dando pensiones a músicos que luego fallecen en la indigencia. Eso no puede ser posible si existe y está funcionando, respetando el cobro de esas tasas”, cuestionó.

Indicó que tiene conocimiento de que se está realizando el cobro de esos cánones por difusión de la música, incluso, cuando se organiza alguna actividad en una casa particular. Pero a la vez recibe información de varios artistas cuyas canciones se han vuelto populares en redes sociales, sin embargo, el artista no está cobrando nada.

“En nombre de todos los músicos asociados a la APA que hoy tienen estos cuestionamientos hacia los directivos, insto a la Justicia, a los fiscales, al Ministerio Público a investigar estos hechos. Si no hay nada, genial, en hora buena. Pero que se aclare este caso”, concluyó.

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Con el voto en negativo de 23 senadores y solo 6 votos a favor y 6 abstenciones, quedó rechazado el pedido de pérdida de investidura contra el senador Javier “Chaqueñito” Vera, solicitado por la senadora Yolanda Paredes y otros legisladores de la oposición. El documento fue remitido al archivo.

En sesión extraordinaria, el plenario puso a consideración el único punto, que fue la pérdida de investidura por el supuesto uso indebido de influencias en la adjudicación de una vivienda del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Al respecto, el líder de la bancada de Honor Colorado, el senador Natalicio Chase, expresó que el pedido de pérdida de investidura de Javier Vera, tras la adjudicación de un departamento dentro del sistema habitacional de viviendas económicas del MUVH, responde meramente a una persecución política “sin pruebas”, con el objetivo de golpear políticamente a uno de los ministros “más efectivos” del gobierno del presidente Santiago Peña.

“Esto es meramente oportunismo político porque cuando conviene se exige constitucionalidad. Pero el objetivo es golpear políticamente e instalar sospecha y generar una condena anticipada, no solo de un senador nacional que no está en la fila de la oposición, sino también al ministro político tal vez más importante y más efectivo del gobierno de Santiago Peña. Es una intención política que no esconde su único objetivo que es recuperar una banca a fin de la persona que hizo la denuncia”, comentó.

Al inicio de la extraordinaria, el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicitó que el pleno de la Cámara Alta se constituya en Comisión y proceda primeramente al debate del proyecto de resolución en cuestión, atendiendo que no contaba con el dictamen correspondiente. Explicó que, en este estadio, corresponde escuchar la acusación y posteriormente la defensa, antes de emitir el dictamen de la comisión.

A su turno, la senadora Lizarella Valiente cuestionó que se acuse de supuesto tráfico de influencia y exigió la presentación de dichas pruebas, ya que su colega Vera ha reunido todos los requisitos para acceder al crédito para la vivienda y pagarla en cuotas.

“Como ciudadanos tenemos derecho a acceder a los programas que el Estado ofrezca, siempre y cuando se reúnan los requisitos. Uno de los requisitos es no poseer ningún bien a su nombre, entre otras cuestiones. Hablan de tráfico de influncia, dónde están las pruebas de que efectivamente hubo algún tipo de tráfico de influencia. Si hoy uno quiere acceder a tener un vehículo o una vivienda tiene que solicitar un préstamo, y ahora por ser senadora no puedo acceder a préstamos”, cuestionó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo un encuentro con los jefes departamentales, quienes le expresaron su disconformidad en torno a la decisión tomada por el Senado de retirar la administración y ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná. Señalaron que no existen denuncias formales en contra de sus gestiones y que la medida es netamente política.

“Estuvimos conversando con el presidente sobre la cobertura, el alcance e impacto positivo que tiene el programa dentro del sistema educativo, por supuesto, le transmitimos la intención de que los gobernadores sigamos administrando Hambre Cero, conversamos sobre esa situación, pero no ahondamos sobre el tema, ya que no existen denuncias directas sobre los administradores de contratos“, indicó el gobernador de Ñeembucú, Víctor Fornerón, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fornerón acotó: “Nosotros estamos siendo sometidos permanentemente a auditorías del Poder Ejecutivo, la Contraloría y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que nuestros cargos sean auditados y, si hay algún tipo de mal manejo, someternos a los organismos correspondientes. Le dijimos al presidente que las denuncias que se generan deben ser fundamentadas y evaluadas dentro de los organismos competentes no de la forma en que se hizo”.

La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

“Le expresamos nuestro desacuerdo, ya que lo realizado en el Senado fue netamente político, sostenemos que el programa no tiene que ser manoseado por cuestiones políticas. No existen denuncias, sí hubieron cuestionamientos o problemas menores que se resolvieron de manera inmediata”, refirió.

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Semanas atrás, el Consejo de Gobernadores emitió un comunicado argumentando que la centralización de Hambre Cero en el Ministerio de Desarrollo Social, será un retroceso y hará dificultoso su ejecución sin la participación de los gobiernos locales.

“Creemos que será un retroceso, dentro del Consejo de Gobernadores siempre hemos defendido la descentralización del país. Lo que estamos dentro del Paraguay profundo entendemos que si varios programas son administrados por las gobernaciones y municipios tienen más impacto, nosotros estamos expuestos a nuestra gente, estamos permanentemente en contacto con los distritos, los pobladores”, comentó Fornerón a NM.

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El senador Patrick Kemper invita a la ciudadanía a una audiencia pública para el próximo lunes 23 con el fin de analizar el proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años.

“Es una iniciativa que estamos impulsando desde el Senado de la nación y creemos muy importante abordar una problemática real y muy seria”, dijo en conferencia de prensa.

El congresista afirmó que el Estado tiene que velar sobre el principio constitucional de la protección a los niños y adolescentes.

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“En esa temática teníamos ya una idea hace tiempo. Hoy vemos que se está materializando en otros países como Australia, Francia, Brasil, EE. UU. y en muchos otros países donde ya se está avanzando también en el estudio de una iniciativa como esta”, manifestó.

Se pretende prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años y fortalecer a las instituciones que preparan, analizan y proponen para proteger a los niños y adolescentes de nuestro país.

“Entonces, creemos que es muy importante que la sociedad civil, los representantes de padres, las instituciones del Estado, a todos los que tengan interés sobre esta realidad”, remarcó.

Dijo que es prácticamente una pandemia que están enfrentando los jóvenes, por lo que consideró que como Estado se debe velar y darles protección.

“La ley propuesta tiene mecanismos que obligan a espacios públicos, instituciones educativas que tengan que tener los mecanismos de protección de acceso a contenidos de menores. Y sobre todo también el tipo de accesos que se puede tener desde esos dispositivos”, mencionó.

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