El abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, manifestó su preocupación por el lento proceso de investigación de las denuncias presentadas contra el destituido intendente Miguel Prieto. De 50 casos de corrupción remitidos al Ministerio Público, todos con pruebas documentales, apenas se avanzó con la imputación de dos.

Si bien estas fueron las denuncias de corrupción más emblemáticas por representar el robo más descarado en tiempos de pandemia, como la adjudicación millonaria para compra de miles de kits de víveres a la pequeña despensa Tía Chela y la adquisición de 50.000 kilos de harina a un constructor de pozos artesianos, en ambos casos sin contar con el stock que figuraba en los contratos, existen otros hechos graves cuya investigación sigue sin resultados pese a los años transcurridos.

Enríquez habló de “una artillería de denuncias” que prevén presentar en los próximos días, ya que consideran que los casos están prácticamente congelados en el Ministerio Público, pese a los documentos y análisis de auditorías, como la intervención que aportó evidencias suficientes para agilizar las pesquisas.

Te puede interesar: Meteorología alerta por tormentas con ráfagas y granizos desde esta noche

Entre las 50 denuncias presentadas, se encuentra la causa contra Prieto por violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, lo que significó que Gs. 11.042 millones, correspondientes al 60% de los cobros del impuesto, no fueran invertidos en gastos de capital en el 2021. Asimismo, figuran causas por supuesto daño patrimonial de G. 566 millones por sobrefacturación en la construcción de un puente y pavimentación en el asentamiento Mariscal Francisco Solano López, además de la denuncia contra la empresa de maletín MB Constructora, de Elvio Mareco Barrientos, quien pasó de vendedor de frazadas a convertirse en uno de los principales beneficiados con contratos de Fonacide, empedrados y puentes, por un monto que ronda los G. 15.000 millones.

Otra causa de gran envergadura corresponde al uso indiscriminado de transferencias a subcomisiones vecinales para obras por un valor de G. 61.316 millones, “eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas”, en un esquema supuestamente manejado por leales de Prieto que adjudicaban a empresas amigas. Entre las contrataciones cuestionadas se menciona el caso de la Constructora Scde S.A., a la cual se le desembolsaron cerca de G. 20.000 millones, y cuyo representante fue luego incorporado a la municipalidad.

Te puede interesar: Histórico: realizan con éxito la primera neurocirugía en el Hospital de San Pedro

A estas se suman otras denuncias millonarias, como la contratación de la empresa Geocad por G. 2.673 millones para la mensura judicial de la Ex Finca 66, donde figuran rubros irregulares, como la constitución de un juez con un cobro de G. 267 millones, cuando el trámite tuvo un costo ínfimo.

Cabe recordar que varios concejales y exconcejales fueron señalados en esta serie de denuncias por nepotismo, entre ellos la actual intendenta María Portillo, aliada de Prieto, así como Sebastián Martínez, Pedro Acuña, Víctor Torales y Alison Anisimof de Agüero.

El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”

En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.

La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.

Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Le puede interesar: Dirigencia liberal en CDE actúa a favor de los intereses de Prieto, advierte Airaldi

La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.

Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.

Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.

También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.

Siga informado con: Intendente Bello apuesta a cambios en sistema de trabajo para mejorar imagen institucional

El diputado colorado Rodrigo Gamarra realizó un análisis acerca de la crisis política y social que está atravesando la República de Nepal, en medio de violentos disturbios sociales que incluso está dejando nefastas cifras de fallecidos. A través de sus redes sociales, el legislador expresó que Nepal no es un simple ejemplo, sino que es una seria advertencia que debe ser observada.

En comunicación con La Nación/Nación Media, igualmente señaló que en solo 15 años, Nepal cambió 14 gobiernos. Señaló que golpe tras golpe se ha producido una sucesión interminable de conspiraciones, corrupción, alianzas rotas, prensa militante, ONG infiltradas, promesas vacías y caos institucional.

“Este último gobierno que cayó venía ya con un sistema devorado por la fragmentación política, corroído desde adentro, sin estabilidad. ONG extranjeras que manipularon también la información con intereses políticos, manipulación mediática, odio digital, corrupción obviamente dentro del gobierno también y fuera, sin consecuencias y conspiraciones permanentes. Ese fue realmente el detonante", mencionó.

Le puede interesar: Meza defiende propuesta que plantea fusión de entes: “No podemos ser rehenes de sindicatos”

Señaló que el último gobierno de ese país cayó así sin juicio político, sin moción parlamentaria, sin elecciones, con muertos, con fuego, violencia, y descontrol. Indicó que más allá de su errada decisión de censurar las opiniones en redes sociales, con los malos manejos, era muy probable que no llegaba tampoco a término.

Independientemente de lo que ocurra en el país asiático, el legislador expresó su preocupación por la repercusión que está teniendo a nivel local, donde existen ya ciertos referentes políticos y mediáticos que de alguna forma están anhelando que este caos se replique en el Paraguay.

“Lo llamativo de siempre, es que ciertos actores, claramente identificados con el resentimiento, el caos y la apología al vandalismo, salen a romantizar lo ocurrido en Nepal, como si las muertes, la destrucción y el incendio del Congreso fueran una revolución ejemplar”, cuestionó.

El legislador sostuvo que no se puede ser ingenuo ni ignorar ese tipo de señales, ni sacarle el ojo a esa gente, ya que se sabe bien quiénes son y lo que buscan.

Lea además: Congreso reprograma fecha de reunión bicameral para recibir al presidente Javier Milei

“Son una pequeña minoría con intereses creados directamente en el Estado que defienden intereses, que defienden a medios, que defienden a sectores bancarios que prestaban plata a narcotraficantes, que estaban vinculados a narcoministros, que estaban vinculados a gobiernos de desfalco”, expresó.

Agregó que para él, esta gente no quiere justicia, no quiere democracia, no quiere paz. “Lo que quieren ellos es volver a tener poder para facturar otra vez con sus medios, mover otra vez la plata sucia en sus bancos, usar la Fiscalía como garrote, manejar el Estado como si fuera su empresa. No tienen votos, ni pueblos, ni proyectos. Lo único que les queda es citar el odio y empujar a otro a luto”, lamentó.

Gamarra insistió en que no se trata de defender a un gobierno, sino que se trata de defender el sistema democrático y republicano. “En Paraguay, esto funciona como reloj suizo. Se respetan los plazos electorales, los presidentes y gobernadores cumplen su mandato, todos los partidos políticos tienen internas abiertas, listas desbloqueadas, nuestro Congreso funciona con independencia, el país es estable, ordenado, previsible”, precisó.

Destacó además que con el gobierno nacional los programas sociales están llegando a todos los rincones del país, beneficiando a los más vulnerables. Remarcó que es un gobierno que está trabajando con responsabilidad, sin estar reivindicando colores ni sectores.

“No estamos en alerta por el miedo, sino que hay que estar en alerta por un sentido de responsabilidad. No se puede dejar pasar que se glorifique la destrucción, ni que se le haya asesinado, quemado viva a una mujer por ser la esposa del presidente de un país. Entonces la violencia no es una vía legítima para llegar al Congreso, ni al poder”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que una persona sana mental, coherente, sensata, con responsabilidad política y democrática no puede estar aplaudiendo ese tipo de situaciones. “Si podemos condenar los regímenes dictatoriales o antidemocráticos como Venezuela, o tal vez como lo habrá sido en estas situaciones en Nepal también, pero no por la vía de la violencia, ni de justicia por propias manos. Porque ahí estamos errando el camino”, concluyó.

Siga informado con: Cooperación Paraná – Paraguay podrá abrir oportunidades de desarrollo

El titular de la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, resaltó el apoyo del presidente de la República, Santiago Peña, de la ciudadanía y de los medios de comunicación en el com­bate al contrabando, una tarea que calificó de com­pleja pero fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley.

“Sabíamos que no iba a ser fácil. Yo le dije al presidente de la República cuando me invitó a ser parte de su gobierno que le iba a traer muchos dolores de cabeza, pero que si estaba con la suficiente convicción de que podemos hacer bien el tra­bajo, lo íbamos a hacer, y hoy lo estamos haciendo con su apoyo”, expresó Orué.

El director de la DNIT admi­tió que, históricamente, el recaudador de impuestos no ha gozado de gran simpatía, pero afirmó que el objetivo de la institución es terminar con los privilegios y las influen­cias políticas que distorsio­nan la aplicación de la nor­mativa.

“Creo que todos tenemos que cumplir la ley por igual, no tiene que haber diferen­cias y nosotros trabajamos en ese sentido”, enfatizó. Orué destacó además que la DNIT se encuentra en un proceso de consolidación institucio­nal tras dos años de funcio­namiento.

También subrayó la impor­tancia de que la ciudadanía confíe en la labor de la enti­dad más allá de las personas que la dirigen. “Los cargos son coyunturales, pero la institu­ción es la que debe tener ese apoyo y esa seguridad de que lo que hace será respetado”, remarcó ante la 1020 AM.