El senador de Patria Querida, Fidel Zavala, en relación a las repercusiones que se suscitaron tras las publicaciones de las declaraciones juradas de bienes y rentas por parte de la Contraloría General de la República expresó: “El que nada debe, nada teme”.
Zavala se mostró entusiasta, vía Twitter, por la ola de cuestionamientos que se destaparon tras darse a conocer las declaraciones de presidentes, vicepresidentes, legisladores, gobernadores e intendentes, ministros y autoridades de alto nivel.
Cabe recordar que las DDJJ publicadas corresponden a todas las autoridades en el periodo comprendido entre 1998 y el 2017. Se incluyen a los ministros del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, directores y consejos paraguayos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, entre otros.
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El senador patriaqueridista expresó que la ciudadanía se merece este gran logro que representa un avance muy significativo para la tan anhelada transparencia, indicó. Zavala se congratuló con el hecho de que las declaraciones de bienes y rentas por fin estén a disposición de la ciudadanía.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, indicó que esta mañana se inició con la publicación de declaraciones juradas de miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otras instituciones, en cumplimiento del acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Los datos que se podrán acceder en el Portal de Publicaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas abarcan los cargos de presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, gobernadores, concejales departamentales, intendentes y concejales municipales, ordenadores de gasto de todas las instituciones del Estado.
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Contraloría ratifica incongruencias en DDJJ de Abdo y utilidades de empresas de asfalto
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, rechazó que la institución este siendo utilizada como un garrote político contra el exmandatario Mario Abdo Benítez. Mediante un examen de correspondencia realizado a las empresas del rubro asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., vinculadas al expresidente como accionista mayoritario, el órgano extrapoder halló puntos llamativos como reservas sin respaldo documentales y deudas dudosas.
“Se dice que a la Contraloría se le utiliza como garrote político para perseguir a las personas, pero esto ni siquiera fue una denuncia, es un reporte, un informe técnico que pusimos a conocimiento del Ministerio Público para que se pueda profundizar”, indicó Torres en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.
Entre las inconsistencias detectadas se destaca que, entre 2020 y 2022, el 90 % de las ganancias equivalentes a G. 292.000 millones fue destinado íntegramente a reservas operativas, sin que exista documentación que respalde su uso para los fines establecidos. Además, en 2023 surgió una inversión de G. 40.000 millones sin origen justificado.
“Antes de tener estos datos (documentaciones), no vamos a poder concluir el examen de correspondencia. Sería importante poder profundizar. Si está todo justificado, entonces excelente”, comentó Torres.
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Presuntos deudores
Otro punto que llamó la atención de la Contraloría se centra en que el 66 % de los montos declarados como reserva corresponde a deudores por ventas, cuando varios de esos presuntos deudores niegan la existencia de obligaciones con ambas firmas donde el líder del movimiento Fuerza Republicana es el principal accionista.
El examen fue realizado por pedido de Abdo Benítez en el año 2024 y, por petición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el informe sobre las incongruencias fue remitido al Ministerio Público. Este hecho imposibilitó a la Contraloría finalizar el estudio sobre las declaraciones juradas del exmandatario.
A esta circunstancia se suma la denuncia publicada por el portal argentino PeriodismoyPunto, el pasado 20 de julio, a través de una filtración de una fuente confidencial que señala dos registros bancarios en islas Seychelles, con 21 millones de dólares que tendrían como beneficiarios a Abdo Benítez y su esposa. La investigación del periodista Luis Gasulla indica que un monto de USD 12 millones se radicó en noviembre de 2022, cuando el político paraguayo todavía era presidente de la República.
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Caso Abdooffshore podría anexarse a causa por inconsistencias en DDJJ, dice exfiscal
El abogado Juan Emilio Oviedo afirmó que los agentes fiscales que investigan al exmandatario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.
“Puede ser muy buena hipótesis. Por economía procesal, también es una investigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista argentino para confirmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y que incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asuntos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.
La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre del 2024 debido a las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., que lo vinculan entre sus principales accionistas.
“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informaciones de las cuentas bancarias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó Oviedo.
Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado impulsado en el 2023 que permite la cooperación entre fiscalías generales. Agregó que Seychelles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.
“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de separar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas especificas como de Asuntos Internacionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.
Antecedentes
El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.
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Declaraciones juradas de Abdo arrojaron “puntos llamativos” para la Contraloría
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó que el órgano extrapoder halló puntos llamativos en el examen de correspondencia realizados a las empresas Aldia S.A. y Createc S. A. del rubro asfalto, vinculadas al exmandatario Mario Abdo Benítez.
“Nos percatamos de algunos puntos llamativos como ser que las ganancias se remitían desde el 2020 al 2022 en su totalidad a reservas operativas”, dijo el funcionario en una entrevista con el programa “Mina en casa”. Torres detalló que, en el año 2023, Abdo Benítez había solicitado a la institución la realización de un examen de correspondencia, hecho que permitió el hallazgo de varias incongruencias.
“Esto no es ilegal (remitir ganancias a reservas operativas), pero quisimos profundizar y solicitamos un segundo informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ya que las reservas tienen que tener un fin y deben establecerse en las actas. Le consultamos a esta institución si tenía identificado el destino, si coincidían las ganancias con la facturaciones realizadas. La dirección nos contestó que ellos tampoco tienen el destino de las reservas, alrededor de USD 40 millones”, comentó.
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Todas las ganancias a reserva
Torres detalló que el examen de correspondencia inició en el 2024 y que, por petición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, las incongruencias fueron remitidas al Ministerio Público. Este hecho imposibilitó a la Contraloría finalizar el estudio sobre las declaraciones juradas de Abdo Benítez.
“No hubo disminución en las reservas y se detectó que la mayor cantidad de esas reservas estaban constituidas por deudores por venta. El punto llamativo era que esos deudores informaban que no tenían deudas con las empresas. Aunque no es nuestra competencia indagar a las empresas privadas, no podemos pasar por alto esta situación y no informar al Ministerio Público”, comentó.
Señaló que la petición de informes también fue realizada a otras instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Todas las ganancias iban a reservas, pero, sin embargo, en el 2023 aparece una inversión a largo plazo de G. 40.000 millones que no tenía origen. Como Contraloría no pudimos detectar el origen de esos fondos teniendo en cuenta que todas las ganancias iban a reserva", indicó.
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El 90 % de las ganancias de ambas empresas de Abdo Benítez, equivalentes a G. 292.000 millones, fueron a fondos de reservas operativas; sin embargo, no existen movimientos que avalen la utilización para los fines constituidos, según el informe preliminar del organismo de control.
El 66 % de los montos declarados como fondos de reservas operativas equivalen a la cuenta de deudores por ventas. El activo declarado tanto por Aldia S. A. y Createc S.A. de deudas de sus clientes son muy superiores al detalle de las cuentas pasivas declaradas por sus clientes, en algunos casos hasta inexistentes, según el análisis de sus estados financieros.
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Denuncian al intendente liberal de Yaguarón por presunta malversación y desvío de fondos públicos
La concejala liberal, Gladys Mereles, y el concejal colorado, Martín Rolón, presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ante la sospecha de una mala gestión del intendente liberal de Yaguarón, Luis Rodríguez, y sus administradores.
La denuncia presentada es por la presunta malversación de fondos y desvío del dinero público. Ambos concejales municipales rechazaron el balance de gestión que presentó el jefe comunal, durante los últimos años por graves irregularidades detectadas.
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En comunicación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Seccional colorada, César Riquelme, explicó la situación que está atravesando la Municipalidad de Yaguarón. Al respecto, señaló que de acuerdo a la información que manejan los concejales el presupuesto anual que maneja el municipio es de unos 12 a 13 mil millones de guaraníes ya sea de fuentes de royaltíes, Fonacide e ingresos genuinos.
“Según los documentos que ellos han encontrado, habría un desvío y presunta malversación de un 40 % del monto del presupuesto anual. Por eso, solicitaron a la Fiscalía, específicamente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la investigación del periodo correspondiente del 2021 a la fecha. Así también, se presentó denuncia ante la Contralaría General de la República”, indicó.
No es ninguna persecución
Riquelme explicó que la Junta Municipal está compuesta por 12 concejales, 6 del Partido Liberal Radical Auténtico que es la bancada oficialista y 6 concejales del Partido colorado, que son la bancada disidente. Indicó que en este caso, la concejala liberal Gladys Mereles, fue una de las que rechazó el balance que presentó el intendente por el periodo 2024.
Señaló que Mereles es miembro de la comisión de Hacienda de la Junta Municipal, y pudo constatar en el estudio de los documentos varias irregularidades. Mencionó que junto con el concejal colorado Martín Rolón, son los que se animaron a presentar la denuncia formal ante las instituciones competentes.
“En lo personal felicito a estos concejales por la valentía para hacer esta denuncia; donde el intendente que se jacta de tener una administración excelente tendrá la posibilidad de aclarar estas sospechas. No es ninguna persecución política tampoco, porque una concejal de su mismo partido es la que hace la denuncia, entonces de qué persecución política estamos hablando”, acotó.
Licitaciones direccionadas
Al respecto, Riquelme mencionó que son varios los casos de mala gestión administrativa que encontraron los concejales. Por ejemplo, de acuerdo a las leyes vigentes, los intendentes municipales tienen autorización de hacer contrataciones directa de hasta 500 millones de guaraníes. Entonces, en la mayoría de los casos abren supuestos llamados a licitaciones por montos menores a lo señalado.
Mencionó que llamativamente son 4 empresas las que siempre se están presentando, intercalando entre ellas, turnándose para ser adjudicadas las obras.
“Si uno analiza sobre quiénes son estas empresas, se encuentra que son unipersonales, que al constituirse en la dirección, se va encontrar con que no cuentan con funcionarios, no cuentan con infraestructura y que aparentemente no cuentan con la capacidad económica ni elementos para realizar las obras. Entonces, hay una sospecha de corrupción instalada”, expresó.
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