La concejala liberal, Gladys Mereles, y el concejal colorado, Martín Rolón, presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ante la sospecha de una mala gestión del intendente liberal de Yaguarón, Luis Rodríguez, y sus administradores.

La denuncia presentada es por la presunta malversación de fondos y desvío del dinero público. Ambos concejales municipales rechazaron el balance de gestión que presentó el jefe comunal, durante los últimos años por graves irregularidades detectadas.

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En comunicación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Seccional colorada, César Riquelme, explicó la situación que está atravesando la Municipalidad de Yaguarón. Al respecto, señaló que de acuerdo a la información que manejan los concejales el presupuesto anual que maneja el municipio es de unos 12 a 13 mil millones de guaraníes ya sea de fuentes de royaltíes, Fonacide e ingresos genuinos.

“Según los documentos que ellos han encontrado, habría un desvío y presunta malversación de un 40 % del monto del presupuesto anual. Por eso, solicitaron a la Fiscalía, específicamente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la investigación del periodo correspondiente del 2021 a la fecha. Así también, se presentó denuncia ante la Contralaría General de la República”, indicó.

Riquelme explicó que la Junta Municipal está compuesta por 12 concejales, 6 del Partido Liberal Radical Auténtico que es la bancada oficialista y 6 concejales del Partido colorado, que son la bancada disidente. Indicó que en este caso, la concejala liberal Gladys Mereles, fue una de las que rechazó el balance que presentó el intendente por el periodo 2024.

Señaló que Mereles es miembro de la comisión de Hacienda de la Junta Municipal, y pudo constatar en el estudio de los documentos varias irregularidades. Mencionó que junto con el concejal colorado Martín Rolón, son los que se animaron a presentar la denuncia formal ante las instituciones competentes.

“En lo personal felicito a estos concejales por la valentía para hacer esta denuncia; donde el intendente que se jacta de tener una administración excelente tendrá la posibilidad de aclarar estas sospechas. No es ninguna persecución política tampoco, porque una concejal de su mismo partido es la que hace la denuncia, entonces de qué persecución política estamos hablando”, acotó.

Al respecto, Riquelme mencionó que son varios los casos de mala gestión administrativa que encontraron los concejales. Por ejemplo, de acuerdo a las leyes vigentes, los intendentes municipales tienen autorización de hacer contrataciones directa de hasta 500 millones de guaraníes. Entonces, en la mayoría de los casos abren supuestos llamados a licitaciones por montos menores a lo señalado.

Mencionó que llamativamente son 4 empresas las que siempre se están presentando, intercalando entre ellas, turnándose para ser adjudicadas las obras.

“Si uno analiza sobre quiénes son estas empresas, se encuentra que son unipersonales, que al constituirse en la dirección, se va encontrar con que no cuentan con funcionarios, no cuentan con infraestructura y que aparentemente no cuentan con la capacidad económica ni elementos para realizar las obras. Entonces, hay una sospecha de corrupción instalada”, expresó.

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La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentó seis nuevas denuncias que salpican a concejales de la línea política del intendente de la capital de Alto Paraná, Miguel Prieto, quien ya acumula 49 denuncias durante su gestión. Las más recientes se dan en el marco del incumplimiento de la Ley n.º 2302 y nepotismo.

Durante la mañana de este domingo, el intendente esteño lideró una movilización con casi nula convocatoria en Ciudad del Este, a fin de protestar contra el informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR), que revela graves irregularidades en la gestión presupuestaria y administración de bienes en la comuna a su cargo.

La CGR pidió la intervención de las gestiones de Prieto y Óscar “Nenecho” Rodríguez por el mal manejo del dinero público. Sin embargo, el sector opositor rechaza este pedido, al igual que Prieto, alegando que se trata de una persecución política con ánimos de “bajar” al intendente de CDE de la precandidatura a presidente de la República en 2028.

El contralor Camilo Benítez calificó de “graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes municipales”. Según el documento de la Contraloría, desde el 2020 hasta la fecha, se hallaron desviaciones e irregularidades en las transferencias a organizaciones sin fines de lucro.

También, diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o porque fueron ejecutadas en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royalties y compensaciones.

Otro de los puntos mencionados en el informe muestra que entre el 2023 y 2024, Prieto transfirió un total de G. 2.000.000.000 a una sola subcomisión distrital de la ciudad, sin tener evidencia de los resultados de los trabajos efectivamente realizados por esta organización no gubernamental (ONG), en el marco del apoyo a la actividad Navidad Sustentable.

Los datos evidencian que los estados financieros del municipio presentan graves inconsistencias, incluyendo saldos contables irregulares, clasificaciones erróneas en cuentas del patrimonio neto y variaciones injustificadas.

En apoyo a Miguel Prieto, un grupo minoritario de personas, entre ellas autoridades, se pronunciaron en contra del pedido de intervención, frente a la Contraloría General de la República, afirmando que éste es víctima de una persecución política, sin embargo, las pruebas presentadas sustentas las denuncias presentadas por el ente contralor.

La Contraloría Gene­ral de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, pre­sentó ayer el plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Inte­gridad, Transparencia y Pre­vención de la Corrupción que tiene como finalidad princi­pal impulsar la integridad pública y la transparencia gubernamental.

“La corrupción debe lucharse siempre con medidas repre­sivas, es decir, la Contraloría debe hacer su trabajo de audi­toría, la Fiscalía debe impu­tar y perseguir penalmente a los corruptos mientras que el Poder Judicial debe enviar a la cárcel a las personas que cometen actos de corrup­ción. Esta medida no se puede suplantar con ninguna otra y es importante que se poten­cie”, sostuvo Benítez.

Asimismo, el titular del órgano extrapoder acotó: “Esto no es la única manera de luchar contra la corrup­ción, hay otras maneras pre­ventivas que tiene que ver con la promoción de políticas de integridad y con criterios de transparencia que es reque­rido a las autoridades”.

El plan estratégico surge en el marco de la ley promulgada el pasado mes de diciembre que instituye a la Contraloría como el órgano de prevención de la corrupción teniendo presente su independencia constitucional, así como su alcance a nivel nacional.

“Este flagelo no tiene color, desconoce las barreras tem­porales, los límites territoria­les y desafía todas las herra­mientas tecnológicas que podamos presentar para fre­narla, se requiere el esfuerzo de todos los actores. Nosotros hoy ratificamos como Con­greso Nacional nuestro com­promiso de luchar contra la corrupción y la impunidad, nuestro compromiso con la transparencia”, mencionó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Por su parte, la titular de la Unidad de Gestión de la Pre­sidencia de la República, Marianna Saldívar, respaldó las declaraciones del parla­mentario sosteniendo que “la corrupción es un problema que ningún poder del Estado puede atacar solo, esto es algo que requiere no de una política de gobierno, sino de Estado”.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el gobierno de Mario Abdo Benítez entregó fondos a la oenegé Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) para la realización de cursos y talleres, pero no existen datos sobre la existencia o realización de estos. En apenas un año, el 2021, la administración de Carla Bacigalupo al frente del Ministerio del Trabajo entregó más de G. 32.783 millones a organizaciones sin fines de lucro.

Un informe reciente de la Contralo­ría General de la República (CGR) revela un preocupante cúmulo de irregularidades en la admi­nistración de fondos públi­cos por parte del Ministe­rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), durante la administración de Carla Bacigalupo, puesta al frente de la institución por el expresidente Mario Abdo Benítez.

Las falencias en los con­troles internos, la falta de transparencia y los manejos cuestionables de millona­rios convenios con entida­des sin fines de lucro, como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), dibujan un pano­rama de grave ineficiencia y presunta negligencia en el uso de recursos estatales.

Entre los hallazgos más graves, la CGR señala que el MTESS transfirió al CIRD G. 1.789 millones (casi USD 250.000) para la ejecución de 18 cursos de capacitación en diversos departamen­tos del país. Sin embargo, no se encontró un desglose detallado de los costos aso­ciados, lo que imposibilita verificar la razonabilidad y sostenibilidad de estas acti­vidades. Esta falta de trans­parencia incumple las dis­posiciones legales vigentes, como el artículo 7.° de la Ley n.º 6672/21, que exige un riguroso control sobre los recursos públicos.

Pero esto es solo la punta del iceberg. Otro conve­nio otorgado al CIRD, por G. 124 millones, contem­plaba la realización de cinco talleres, de los cua­les solo se ejecutaron tres. Peor aún, no se presenta­ron evidencias documen­tales básicas, como listas de participantes o fotogra­fías de las actividades. Este incumplimiento refleja una ausencia total de con­trol por parte del ministe­rio, que parece operar bajo una lógica de complacencia ante la falta de rendición de cuentas.

La CGR también denun­ció el desembolso de G. 239 millones para asesorías a micro, pequeñas y media­nas empresas (mipymes), cuya ejecución no pudo ser verificada. Los listados de empresas supuestamente beneficiadas carecían de información básica, como direcciones o números de contacto, lo que hace imposible determinar si el dinero cumplió su propósito. Este episodio evi­dencia no solo negligencia, sino una preocupante per­misividad en la gestión de fondos públicos.

Otra situación alarmante involucra a la organización La Victoria, que recibió G. 1.132 millones para reali­zar 20 capacitaciones. Sin embargo, tampoco se pre­sentó información deta­llada sobre los costos ni se justificaron las erogacio­nes realizadas. La falta de informes de razonabilidad presupuestaria va en contra de las normativas que regu­lan la ejecución de recursos estatales, dejando en evi­dencia un patrón repetitivo de descontrol.

Lo que agrava aún más la situación es el contexto en el que se desarrollan estos convenios. A lo largo de la última década, el CIRD ha manejado proyectos con el MTESS, que suman un total de G. 67.501 millo­nes, de los cuales alrede­dor del 86 % fueron adju­dicados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Si a esto se suman los contra­tos otorgados a la Federa­ción de Entidades Vecina­les del Paraguay (Fedem), el monto total asciende a G. 68.801 millones, cerca de USD 10 millones. Estas cifras siderales demandan un escrutinio exhaustivo, especialmente conside­rando las deficiencias recu­rrentes en la rendición de cuentas y el control de estos fondos.

El informe de la Contralo­ría no deja lugar a dudas: el MTESS, durante la admi­nistración de Bacigalupo, falló sistemáticamente en su deber de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públi­cos. Desde la falta de eva­luaciones detalladas hasta la aceptación de informes incompletos y la omisión de controles básicos, las irre­gularidades son alarman­tes y revelan una gestión ineficaz e irresponsable.

El impacto de estas fallas no es menor. Cada gua­raní mal administrado representa una oportuni­dad perdida para mejorar las condiciones labora­les, fomentar el empleo y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del país. La falta de planifica­ción y control en los conve­nios denunciados no solo compromete la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa un modelo de gestión donde la opacidad y la improvisación son la norma.

Es imprescindible que el MTESS asuma su respon­sabilidad y adopte medi­das urgentes para corre­gir estas prácticas. Esto incluye la implementación de controles más rigurosos, la exigencia de rendiciones de cuentas claras y detalla­das, y la sanción a quienes incumplan sus deberes. Asimismo, el Poder Legis­lativo y la sociedad civil deben exigir una fiscali­zación más estricta de los fondos públicos, especial­mente en sectores tan crí­ticos como el laboral.

Lo que está en juego no es solo el uso eficiente del presupuesto nacional, sino también la credibilidad de las instituciones y la posi­bilidad de construir un sis­tema más justo y transpa­rente. Los hallazgos de la CGR son un llamado de atención que no puede ser ignorado.