La comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, tiene en agenda para este lunes 21 de julio, la visita de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. Además, al viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez.

Esta mesa asesora, que está presidida por el diputado colorado Héctor Figueredo, estará analizando los proyectos “Que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República” y “Que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”.

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La iniciativa referente a un registro nacional de pagarés fue presentada por los diputados colorados José Rodríguez; Rocío Abed; Derlis Rodríguez; Cristina Villalba y Fabiana Souto. Además, acompaña como proyectista el diputado liberal Rodrigo Blanco.

El primer proyecto a ser analizado busca establecer el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales, en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República. La propuesta contempla la modificación de varios artículos del Código Procesal Civil.

De acuerdo a la exposición de motivos, uno de los puntos centrales apunta a que los títulos de crédito ejecutables, como pagarés o letras de cambio, deban ser depositados ante el juzgado competente al inicio del juicio.

De esta manera, los legisladores plantean garantizar que dichos documentos no puedan ser utilizados en múltiples demandas.

La propuesta también impone la obligación de que el juez determine el destino final del documento al dictar sentencia, lo que impedirá que sea utilizado en un nuevo proceso sin control.

Mientras que en la propuesta que plantea crear el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito, es una iniciativa que podría traer cambios importantes al mercado financiero y comercial del país, según señalan sus impulsores.

Al respecto, explican que este sistema busca ofrecer mayor seguridad jurídica y transparencia en la emisión y circulación de documentos como pagarés, letras de cambio y otros títulos que representan obligaciones de pago.

Asimismo, explican que el proyecto de ley pretende establecer un registro público, digital y accesible, donde se inscriban todos estos documentos, permitiendo así que los titulares puedan acreditar la existencia y titularidad de sus créditos con mayor facilidad.

La normativa pretende facilitar las transacciones comerciales, reducir los fraudes y fortalecer la confianza entre las partes involucradas.

Ambos proyectos están en etapa de discusión en comisiones, donde se espera que se analicen los detalles técnicos y se incorporen observaciones para garantizar la correcta implementación.

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La Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió este jueves un pronunciamiento en el cual manifiesta su acompañamiento a la reforma de leyes presentada por el Ejecutivo, destacando que varias de las iniciativas apuntan a dinamizar sectores estratégicos para la inversión.

“Valoramos especialmente que varias de estas iniciativas apuntan a dinamizar sectores estratégicos para la inversión, fomentar la formalización del empleo, atraer capital nacional e internacional”, menciona.

A su vez, el gremio indica que se permitirá avanzar en una agenda de transformación productiva con énfasis en innovación, digitalización y eficiencia energética, por ello se aguardará la presentación formal de estos proyectos ante el Congreso Nacional.

Se mencionó que el objetivo gremial será continuar con un análisis detallado de cada propuesta, y seguir aportando desde una mirada técnica, representativa y comprometida con el interés general.

En ese contexto, como gremio acompañaron de cerca el proceso de elaboración de algunas de las propuestas, aportando comentarios técnicos y constructivos en espacios de diálogo institucional con autoridades.

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Este conjunto de reformas, que será remitido próximamente al Congreso Nacional, contempla aspectos clave como la reestructuración institucional del aparato estatal, la actualización del marco jurídico del mercado de capitales, la promoción de energías renovables con participación privada.

Así también, la modernización de los regímenes de incentivo a la inversión (ley 60/90 y ley maquila), así como la creación de un nuevo régimen para el ensamblaje de productos electrónicos y digitales.

“Nuestro compromiso ha sido y continúa siendo el de contribuir activamente para que estas reformas reflejen las necesidades del país, respondan a los desafíos actuales y promuevan condiciones sostenibles para el desarrollo económico y social del Paraguay”, puntualizaron.

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El senador Basilio Núñez, titular del Congreso Nacional, realizó un análisis del informe de gestión de Santiago Peña y también se refirió al anuncio que realizó el jefe de Estado, que al proyecto de ley de Reforma del Transporte Público se le dará la celeridad necesaria con al menos un mes de estudio.

Explicó que una vez que se ingrese se girará a las comisiones para su correspondiente estudio, se llevarán adelante audiencias públicas para escuchar a los diferentes sectores ya sea empresarios, a la ciudadanía organizada, en las correspondientes comisiones asesoras.

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“Acá el espíritu es aprobar una nueva ley de reforma del sistema nacional de transporte público. Si bien, desconozco aun el contenido, no quiero adelantarme, pero no creo que se llegue a eliminar completamente el subsidio. El transporte público en el mundo es subsidiado y Paraguay no puede ser la excepción”, comentó.

Habló además del proyecto de ley que declara feriado nacional el 20 de junio, Día de la Jura de la Constitución Nacional. La propuesta de ley ya tuvo entrada en la Cámara de Senadores.

Al respecto, aseguró que no cree que nadie salte en contra, ya que es una fecha memorable. “Todos los paraguayos vamos a recordar siempre y celebrar la democracia que estamos viviendo y se estará evaluando al igual que todos los demás proyectos de ley”, indicó.

Señaló que el proyecto será girado a comisiones, donde los legisladores estarán analizando las distintas propuestas que contiene el documento, así como incluir otras, como las que ya se plantearon, por ejemplo, que el 12 de junio sea también una fecha inamovible, más aún teniendo en cuenta que se aproxima los 90 años de la Paz del Chaco.

Por otra parte, señaló que como médico de profesión, abogó que se haga un análisis y se audite si es necesario, gestión por gestión y se compare lo que el Gobierno actual logró con la compra de ambulancias, cuáles son los hospitales que habían quedado sin financiamiento y ahora se están terminando con equipamiento de última tecnología.

Indicó que se debe observar la cantidad de personal de blanco capacitado que se contrató en esta administración. “Este sistema de Salud Pública que se está trabajando con el gobierno de Santiago Peña, en cooperación con el gobierno de Taiwán, cuánto se tenía y cuánto se tiene ahora. Son todos datos auditables”, indicó.

Respecto al reclamo que hace el personal de blanco, indicó que está en su derecho de reclamar mejoras; e indicó que lo afirma, siendo incluso proyectistas de la Ley de Dignificación Salarial, que logró la reducción a 12 horas de trabajo de los médicos, por vínculos.

Núñez también se refirió a la designación del Ejecutivo de su colega Gustavo Leite, propuesto como embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, resaltando que es un integrante del movimiento Honor Colorado, está dentro del equipo político, donde están permitidas las opiniones disidentes.

En ese sentido, recordó que incluso el senador Silvio Ovelar, que también es del mismo equipo político, emitía fuertes críticas hacia los ministros del Ejecutivo.

“Si no podemos emitir críticas ¿dónde estamos parados?. Si no podemos hacer autocríticas, entonces, no es el camino correcto. Lo que veo es que solo están buscando descomponer la unidad que estamos construyendo dentro del Partido Colorado”, acotó.

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Desde la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) afirman que el trabajador utiliza más de la mitad de su salario para costear alimentos y exigen una revisión de la estimación del Banco Central del Paraguay (BCP) que, según ellos, refiere que destina poco menos del 30 % de sus ingresos.

José Pineda, vicepresidente del CUT-A, manifestó su rechazo al nuevo reajuste del salario mínimo, que entrará en vigencia desde este martes 1 de julio, quedando en G. 2.899.048. De acuerdo con el dirigente, tanto el reajuste como el monto del salario mínimo, no condicen con la estructura real de gastos del trabajador.

“El costo de vida y la inflación por la cual se basa el Banco Central, dice que el trabajador gasta el 26,9 % de sus ingresos en alimentos. Esa es una falacia”, fustigó en contacto con la 780 AM.

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Recordó que en 2007 el porcentaje era del 32 %, mientras que en 1992 fue del 35 %, lo que sugiere una tendencia a la baja y los trabajadores consideran que difiere de la realidad.

Pineda propuso el estudio de este desfase en una mesa de diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el BCP, instituciones a las que cuestionó seriamente. “Hubo exministros como (Dionisio) Borda y otros que dicen que el trabajador gasta en promedio un 60 % a 70 %”, manifestó.

Agregó que para el nuevo Índice de Precios al Consumidor, el BCP maneja nuevamente la misma estructura, por lo que consideró que se repetiría el desfase con el gasto real de los trabajadores.

“Esto ya no se puede seguir sosteniendo. No puede ser que se le diga al trabajador que gasta 26 %, cuando en realidad gasta 70 % (de su salario en alimentos)”, cuestionó.

El presidente de la República, Santiago Peña, emitió el pasado 27 de julio el decreto por el que se oficializa el reajuste de poco más de G. 100.000 en el salario mínimo, recomendado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), considerando la inflación interanual del 3,6 % que observó el BCP entre mayo de 2024 y mayo de 2025.

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