La Contraloría General de la República (CGR) empezará desde el próximo lunes 22 de junio a publicar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. También se busca mejorar el acceso a las rendiciones de cuentas de los municipios y las gobernaciones.
“Vamos a dar cumplimiento a esta orden judicial que ha quedado firme como consecuencia del rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República. Tenemos como meta empezar el lunes de la próxima semana e ir subiendo de forma diaria”, explicó el contralor Camilo Benítez en comunicación con Universo 970 AM.
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Sostuvo que hay un plazo de 60 días para el cumplimiento de la disposición judicial, pero el ente contralor ya irá publicando las declaraciones juradas conforme vayan escaneando las documentaciones. Destacó que también buscan mejorar los servidores para que no colapse la página web.
Indicó que están trabajando con la redistribución de funciones para acelerar la publicación de las declaraciones juradas. A su criterio, con la disposición de la Corte Suprema de Justicia y las mejoras para las rendiciones de cuentas de los municipios y gobernaciones, la Contraloría estará dando un paso más hacia la transparencia.
“Para el futuro y para que nuestra página web tenga la capacidad de aguantar las visitas, necesariamente tenemos que implementar las mejoras. Estudiando el fallo de la Corte, llegamos a la conclusión que no tenemos otra opción más que publicar la declaraciones juradas”, agregó el contralor.
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La declaración jurada de bienes de las autoridades nacionales, funcionarios públicos y ministros de la Corte será pública. Así lo resolvió la sala constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia con siete votos a favor, rechazando la acción promovida por la Contraloría contra la publicación.
Con la resolución judicial se darán a conocer los bienes de autoridades nacionales y otros desde 1998 hasta el 2017. El fallo se considera histórico porque sienta un precedente respecto a la publicación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.
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Mafia de los pagarés: plantean ley para frenar embargos a funcionarios públicos
El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, manifestó que apuntan a modificar la normativa que trata sobre la jubilación de los funcionarios públicos, de modo a impedir que se produzcan embargos. Esta iniciativa nace a partir del caso de la “mafia de los pagarés”, del cual se desprenden miles de denuncias por juicios irregulares.
“Los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) tienen su jubilación blindada, también los jubilados del sector legislativo, pero los jubilados del sector público no tienen esa protección, entonces lo que solicitamos es esa modificación y con eso vamos a darle la seguridad de que no se van a poder embargar las jubilaciones”, explicó.
En contacto con el programa “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el defensor señaló que con la modificación a la ley 2345/03, se prohibirán los embargos a los jubilados y pensionados del sector público, salvo que se traten de casos de prestaciones alimentarias. La iniciativa ya fue presentada ante la presidencia del Congreso.
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Otras acciones
El defensor manifestó que a la par de esta propuesta legislativa, se están emprendiendo otras acciones de modo a delimitar el grado de afectación real por la “mafia de los pagarés”. La institución ha puesto a disposición de la ciudadanía un formulario en el cual solicitan datos para identificar qué juzgados estuvieron involucrados, qué montos y personas afectadas.
“Es una información que hoy no tenemos, en días más vamos a tener y vamos a empezar a trabajar de modo a poder decir con certeza si pertenece al grupo de pagaré con problemas o es un proceso normal y que por picardía quieren adherirse a este grupo para parar los embargos. Vamos a ir entregando semanalmente los informes para ir parando estos embargos, no va a ser algo rápido, pero tenemos que movernos”, enfatizó.
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Hambre Cero: CGR requiere al Congreso más presupuesto para garantizar fiscalizaciones
El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de profundizar sobre el informe emitido por su institución en torno a la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. Durante la ocasión requirió al Congreso Nacional mayor presupuesto para garantizar los procesos de fiscalización.
“Que alguien te esté permanentemente vigilando hace que uno tenga la obligación mayor de comportarse de manera más decorosa. Nosotros estamos destinando mucho dinero en viáticos para hacer estos recorridos en el interior del país. Le ruego que nos siga apoyando desde el Congreso con la aprobación de recursos, la idea que tengo yo es que las fiscalizaciones se hagan todo el día del año escolar in situ de manera sorpresiva y aleatoria, solo que nuestro presupuesto ejecutado nos alcanza para unos meses más, después probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación”, indicó.
El titular de la Contraloría fue convocado ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, tras exponer la existencia de algunas irregularidades en un informe de monitoreo al programa Hambre Cero. El documento fue elaborado luego de realizar una fiscalización a un total de 350 escuelas.
“Este es el primer corte del año que realizamos, hemos encontrado aspectos tanto positivos y negativos. Entre los puntos positivos, vemos una mayor asistencia escolar, una satisfacción generalizada de la sociedad en cuanto a la política de distribución de la alimentación escolar, vemos mucho contento en toda la región especialmente en el interior del país”, dijo.
En cuanto a las observaciones negativas, Benítez detalló que el punto central sigue siendo la falta de infraestructuras. “Existe una enorme falta de infraestructura, la mayoría de las escuelas no tienen comedores, vemos falta de utensilios, platos y cubiertos, esto se tiene que corregir inmediatamente”, puntualizó.
Benítez agregó que otra deficiencia es el faltante de alimentos, esto debido a la desactualización del Registro Único del Estudiante (RUE). Igualmente requirió el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Alimentación Escolar.
“Si es que esto funciona nos ayudará mucho a nosotros porque obliga a los directores de todos los colegios a que carguen la información completa día a día sobre la cantidad de niños que consumieron los alimentos y la calidad del servicio, pero esto no está funcionando”, comentó.
Señaló también otro aspecto negativo se centra en la existencia de empresas que no proporcionan a tiempo sus insumos para la preparación del almuerzo escolar. “Esto amerita una sanción, no queremos que esto se normalice”, sentenció.
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“CGR aborda de manera integral la lucha contra la corrupción”
Designar a la Contraloría órgano rector es un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra la deshonestidad estatal, una decisión que otorga independencia a la Contraloría.
- Por Lourdes Torres Periodista
- lourdes.torres@nacionmedia.com
El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, Santiago Peña, un listado de acciones enmarcadas en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que surgió durante la cumbre de poderes del 20 de agosto de 2023.
Para saber en qué consisten, La Nación/Nación Media conversó con el contralor Camilo Benítez, quien explicó que la ENCC busca reducir la corrupción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares internacionales. La Contraloría General de la República se constituyó en el órgano rector de la prevención de la corrupción.
-Tras la cumbre de poderes, ¿cómo surgió la idea de emitir una estrategia nacional en ese marco?
-La cumbre de poderes, impulsada por el presidente Santiago Peña, marca un hito en la lucha de nuestro país contra la corrupción sistémica. Reunió a las máximas autoridades del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos extrapoder como la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público.
Este “ecosistema de control”, denominado así en otros países, busca alinear criterios para resultados eficaces, respetando la independencia constitucional. La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC) surgió en la primera reunión para establecer una hoja de ruta contra este problema endémico.
-¿Cuáles son los componentes de la ENCC y cómo se espera que contribuyan a reducir la corrupción?
-La ENCC se articula en cuatro ejes: transparencia, rendición de cuentas, control de recaudaciones y seguridad ciudadana, abarcando 16 subtemas y 44 iniciativas.
Incluye digitalización, inteligencia artificial, reformas educativas y participación ciudadana. Una iniciativa clave fue el impulso de la Ley n.º 7389/24, que estableció el Régimen Nacional de Integridad y asignó a la Contraloría el rol de órgano de prevención de la corrupción. La ENCC busca reducir la corrupción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares internacionales.
-¿Qué motivó para designar a la CGR órgano rector de la prevención de corrupción, considerando que existía la Secretaría Nacional Anticorrupción?
-Otorgarle ese rol a la CGR representa un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra este flagelo; esta decisión incluyó la independencia de la Contraloría. El mecanismo de designación del contralor general por el Congreso Nacional, sumado a la exigencia de un juicio político para su remoción, le confieren distanciamiento del poder administrador, cuyos integrantes son los principales sujetos de control. Este elemento permite garantizar la objetividad e imparcialidad en las labores.
También la autonomía funcional y administrativa; su competencia a nivel nacional y, finalmente, la sólida experiencia de la CGR en el control de recursos públicos.
En contraste, la dependencia jerárquica de la Senac al Poder Ejecutivo limitaba su competencia, pero aún más delicado es que generaba interrogantes sobre su capacidad para detectar hechos de corrupción de manera imparcial. En otros países e incluso en el nuestro, se ha sostenido que este tipo de organismos, al no contar con la independencia necesaria, pueden ser instrumentos de persecución política, desviando su propósito original y erosionando la confianza pública.
-¿Cómo fue recibida la ENCC y las disposiciones de la Ley n.º 7389/24 a nivel internacional?
-La aprobación de la ENCC, la Ley n.º 7389/24 y la designación de la CGR han generado interés internacional por su alineación con compromisos anticorrupción, posicionando a Paraguay como líder regional. Estos avances despertaron el interés de países y organismos especializados y propició propuestas de proyectos de cooperación.
-¿Cómo espera la CGR que las medidas anticorrupción sean aplicadas?
-Para que las medidas anticorrupción se apliquen, en la Contraloría vamos a seguir emitiendo las pautas de cómo deben ser implementadas. No estamos solos, la ley nos habilita a contar con aliados en cada ente público, que son las Unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTA), brazos ejecutores en cada institución y cuyo trabajo será objeto de supervisión. Además, la nueva ley creó el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, un espacio de coordinación interinstitucional para el diálogo y cooperación en la lucha contra la corrupción.
-Este Consejo, ¿cómo se encuentra conformado y cuáles son sus funciones?
-Está conformado por el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional, el fiscal general del Estado y el contralor general de la República.
La elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de una nueva Estrategia Nacional Anticorrupción es una de sus funciones. Me reuní con el presidente Santiago Peña para presentarle un listado de medidas o acciones a fin de iniciar el diálogo para su aplicación.
Por ejemplo, la necesidad de actualizar las normas de financiamiento político. Este proceso debería ser liderado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, promoviendo la participación de todos los interesados, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que fortalezca el proceso electoral del país.
Otras acciones como el fortalecimiento de las sanciones administrativas ante el incumplimiento de reglamentos internos y normas éticas. La prohibición de actividades político-partidarias en instituciones públicas y en horario laboral. La transparencia de las agendas de altas autoridades, la protección integral de denunciantes para prevenir represalias.
-¿Qué herramientas utiliza la CGR para avanzar en la implementación de la Ley del Régimen Nacional d e Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción?
-Pocos días después de la promulgación de la ley, la CGR emitió una resolución que reestructuró su organización y, en el mismo mes, se expidió la reglamentación de la ley.
Se presentó en el mes de febrero un Plan Estratégico para la Implementación del nuevo régimen. En la misma oportunidad, se puso en línea el nuevo Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas; plataforma que garantiza la protección de datos del denunciante como mecanismo de salvaguarda contra represalias.
-¿Cómo la ciudadanía conocerá sobre los avances que se van dando en materia de prevención de la corrupción?
-Trabajamos en varias cosas: el desarrollo de plataformas digitales para que la gente pueda ver cómo vamos con cada medida; la puesta en marcha de un Centro de Participación Ciudadana con herramientas que permitirán informar avances y resultados. Y, desde el CNA, estamos trabajando en actualizar los reportes sobre la ENCC para que todos puedan ver el progreso. Esta tarea de luchar contra la corrupción es de todos, por lo que reconocemos la importancia del involucramiento de la ciudadanía.
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“Vamos a ser implacables”, sostienen gobernadores respecto al control en Hambre Cero
El presidente del Consejo de Gobernadores, César Luis Sosa, afirmó que ya han tomado los recaudos necesarios respecto a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, la cual plasmó sus observaciones sobre la aplicación de Hambre Cero en las distintas observaciones. El jefe departamental aseguró que no se tolerarán las irregularidades.
“Se han tomado las medidas necesarias, se han hecho los descargos correspondientes y ya se ha notificado a las diferentes empresas para que tomen los recaudos necesarios, vamos a ser implacables con esto, no vamos a permitir que haya irregularidades y cada gobernador está cuidando eso en su departamento ”, expresó.
En contacto con La Nación/Nación Media, Sosa manifestó que analizaron el documento remitido por el órgano contralor y pese a que este contó con ciertas observaciones, estas no representaron un problema grave dentro del programa, sino más bien ciertos ajustes a tener en cuenta y que está dentro del margen de error previsto en un programa tan grande como este, cuya aplicación es reciente.
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“Algunas observaciones son básicas en el sentido de señalar utensilios, bachas e infraestructura, que son cuestiones que suelen pasar cuando uno empieza el trabajo, siempre un gran proyecto tiene hasta un 10% de margen de error, y esto no llegó ni a un 5%, ya todo se ha subsanado en cuanto a algunas gobernaciones que tuvieron más observaciones”, informó.
El jefe departamental refirió además que están próximos a lanzar una campaña “Todos somos contralores”, de modo a alentar a la ciudadanía en general y todos los actores estatales a denunciar casos de irregularidades dentro del programa, de modo a que cada vez sea menos falible y se pueda llegar satisfactoriamente a todos los niños y adolescentes del país, con alimentos de calidad.
“Esto ya es un patrimonio del Paraguay, esto ya no es un proyecto del presidente Santiago Peña, sino que esto se ha convertido en un patrimonio del país en el sentido que debemos salir a cuidar todos y estamos en eso. Todos los casos que se detectaron fueron atendidos y fueron notificadas las diferentes empresas y ya se han presentado los descargos en la Contraloría”, recalcó.