Numerosos padres de familia se manifestaron en Yasy Cañy porque una escuela fue cerrada por la supervisión. Cerraron la ruta exigiendo que se reabra la institución, ubicada en la Colonia Mandy’arä Tercera Línea de este distrito, que contaba con almuerzo escolar y entrega de kits.

La medida se realizó en la rotonda de la ciudad, distante a 25 kilómetros aproximadamente de Curuguaty, departamento de Canindeyú, informó Juan Alcaraz, periodista de SdG Noticias, quien brindó detalles del conflicto para el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Reclamaron el cierre de la Escuela Básica n.° 6.932 “San Juan”, institución que cuenta con seis rubros, tres docentes, pero ninguno asiste a la institución según las denuncias. Algunos cumplen funciones administrativas en la supervisión y otros han derivado sus rubros a escuelas más céntricas”, precisó Alcaraz.

La supervisión alega que la escuela no contaba con suficiente cantidad de alumnos. Sin embargo, la institución educativa ha recibido kits escolares y provisiones para almuerzo escolar.

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La supervisora, licenciada María Alicia Almada, se acercó hasta el lugar y llegaron a una tregua con la promesa de que este viernes, la institución sería reabierta. “Quieren la reapertura, y yo, sí o sí me tengo que comunicar con mis superiores. Informé y vamos a tratar de dar solución lo antes posible”, manifestó la supervisora.

Las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, aparentemente no estaban al tanto de la decisión tomada por la supervisión. “Queremos que el ministro de Educación nos garantice el acceso a la educación porque tenemos varias criaturas que quedaron sin escuela y no tenemos transporte para enviarles a otro lado”, manifestó Teodocio Viera, poblador de la zona.

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El gobierno de Brasil anunció este lunes la revocación de un decreto que preveía la expansión de puertos en ríos amazónicos para el transporte de granos, tras semanas de protestas indígenas, incluida la ocupación de una terminal de Cargill.

La derogación del decreto era una exigencia de manifestantes que acampaban desde hace más de un mes frente a la entrada de la terminal de este gigante agroindustrial estadounidense en la ciudad de Santarém, en el estado de Pará (norte).

Las protestas continuaron a pesar de que hace dos semanas el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un afluente del Amazonas.

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“Hoy se firmó la decisión para revocar el decreto”, dijo el ministro de la secretaría general, Guilherme Boulos, en rueda de prensa en Brasilia tras reunirse con representantes indígenas.

“Este gobierno lleva la escucha incluso al punto de retroceder en una decisión propia por comprender la posición de esos pueblos”, agregó.

Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, a los que consideran vitales para su modo de vida.

• Fuente: AFP

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Los abogados Enri­que Kronawetter y Federico Hutteman, defensores del exministro de Obras Públicas y Comu­nicaciones Arnoldo Wiens recusaron a los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Gris­setti y Natalia Silva. Wiens se encuentra imputado por lesión de confianza y otros delitos en el marco de la fallida ejecución del pro­yecto metrobús.

La defensa alega una supuesta falta de objetividad de los agentes del Ministe­rio Público para solicitar que sean apartados de la causa. Según el escrito presentado, los fiscales habrían soste­nido actos fuera de plazo e introducido hechos ya pres­criptos, excediendo los tér­minos de una resolución firme, destaca el documento presentado por los abogados del exsecretario de Estado.

Sin embargo, esta acción es señalada como una “chi­cana” jurídica recurrente, al mero afán de entorpecer y dilatar la acción de la Jus­ticia. En lugar de debatir los hechos y pruebas presenta­dos por la Fiscalía, los defen­sores optan por apartar a los investigadores, una estrate­gia que históricamente busca frenar el avance del proceso penal y prolongar la impuni­dad. Esta práctica dilatoria es similar a la que aplicaron en el pasado reciente los exmi­nistros del gobierno de Mario Abdo Benítez, como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui o René Fernández.

Con esta recusación que impulsan los defensores del extitular de Obras Públicas se busca dilatar la causa justo cuando el Ministerio Público cuenta con elementos de sos­pecha sólidos para sostener la imputación. La manio­bra sugiere un intento de la defensa por buscar “fiscales a medida” que no avancen con la misma firmeza en la inves­tigación contra el exsecreta­rio de Estado del gobierno anterior.

El actual precandidato por la disidencia colorada había sido imputado la semana pasada por el supuesto grave perjuicio patrimonial al Estado a raíz de la destruc­ción de obras del metrobús. La imputación fiscal fue por los hechos punibles de pre­sunta lesión de confianza y daño a obras constituidas. Según el Ministerio Público, el daño económico es de G. 6.924 millones por la demo­lición de estaciones cons­truidas, además del perjui­cio de G. 8.030 millones por pagos realizados a contin­gencias.

Ahora, es la Fiscalía Gene­ral que deberá estudiar si corresponde rechazar la recusación presentada por los abogados de Wiens.

“La imputación claramente reúne todos los presupues­tos que la ley establece como, por ejemplo, un relato de los hechos, el cual significa establecer el tiempo, el modo y lugar de la conducta de una persona. Acá hay dos porciones de hechos claramente atribuidas a Wiens.

Acá nadie podría discutir que una persona no entendería qué es lo que se le atribuye. Esta fuera de toda discusión que no existe un juicio de valor desprovisto de relatos de hechos, claramente hay relatos de hechos bien concretos que se le atribuyen a Wiens”.

En el desarrollo de las causas que involucran a exautoridades del gobierno de Mario Abdo Benítez se observa una estrategia defen­siva basada más en la dilación que en la refutación de fondo. Más de una docena de presentaciones, incidentes procesales y recusa­ciones configuran un patrón que, aunque legal en su forma pero que tiene un límite, termina trasladando la discusión desde los hechos investigados hacia el terreno de los trámites.

Esta dinámica, repetida de manera corporativa por exministros como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui o René Fernández, y ahora Arnoldo Wiens proyecta ante la opinión pública la idea de un libreto común orientado a desgastar los tiempos de la justicia, instalar dudas y ganar margen político mientras los procesos se prolongan.

El magistrado aseguro que luego del ajuste solicitado a la Fiscalía se procederá a la admisión del delito de daños a obras construidas.

El juez Osmar Legal rati­ficó que el hecho punible de lesión de confianza que pesa sobre el exministro del MOPC Arnoldo Wiens reúne todos los requisitos para ser admi­tido. Asimismo, señaló que, una vez que el Ministerio Público ajuste la descripción del delito de daños a obras construidas, se admitirá el presente proceso penal.

Legal refirió que la descrip­ción jurídica en relación al hecho punible de lesión de confianza contra Wiens sí cumple con las exigencias para admitir la causa y, a su vez, procesar penalmente al exministro de Mario Abdo Benítez.

Del mismo modo, el magis­trado indicó que, tan pronto como la Fiscalía ajuste la recomendación dada por el juzgado, se procederá a la admisión del acta de impu­tación. El citado magistrado decidió devolver el acta de imputación al Ministerio Público para poder ajustar la descripción del delito de daño a obras construi­das. La Fiscalía tiene 10 días para poder realizar la corrección correspondiente para luego presentar nueva­mente al juzgado penal de garantía.

Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones, bajo fuertes presiones de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero en un ataque estadounidense.

“Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso”, cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.

Las excarcelaciones se producen a cuentagotas. Familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a la espera de que sus presos salgan.

Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.

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Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.

“El cuerpo comienza a sentir los embates de no comer”, pero “vale la pena, siempre va a valer la pena”, dice Quiaro acostada en uno de los varios colchones dispuestos en fila bajo toldos improvisados contra el duro sol.

Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

“Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto”, confía Quiaro.

Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.

“Es peligroso hacer una huelga de hambre, y más por las condiciones en que se encuentran, que están en la calle, están respirando el polvo, el sucio de la calle”, explica Arreaza, que solicitó en vano visitar a los presos. Un funcionario “me pidió una orden judicial” para entrar, cuenta.

Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.

• Fuente: AFP

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