El diputado Emilio Pavón manifestó estar a favor de elevar las penas para los delitos de corrupción, argumentando que la situación actual del país exige medidas más severas para frenar este flagelo. Según señaló, muchas personas condenadas por corrupción logran salir en libertad bajo fianza utilizando el mismo dinero que sustrajeron como garantía, lo cual evidencia, a su criterio, la necesidad de mejorar el sistema.

“Es muy importante por la situación que estamos pasando, porque el que robó tiene dinero y bienes para entregar como garantía. Por ejemplo, se le condena, pero entrega el dinero que robó otra vez para salir bajo fianza”, cuestionó el legislador en conversación con varios medios de prensa.

Pavón consideró que Paraguay debe tomar ejemplo de países como Finlandia o Singapur, donde el endurecimiento de penas resultó clave para desalentar los hechos de corrupción. “En esos países las personas tienen miedo de robar o cometer actos de corrupción; ahora en Paraguay no”, afirmó.

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El diputado indicó que el contexto actual obliga a revisar y reflotar proyectos de ley que plantean penas más altas para los actos de corrupción. “Amerita reflexionar, verificar y revisar los proyectos, porque hay que ser más duros y, de acuerdo a los problemas que tenemos, actuar en consecuencia”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó la necesidad de dotar de más herramientas a jueces y fiscales, quienes, según mencionó, frecuentemente expresan limitaciones para actuar eficazmente en estos casos. “A la justicia tenemos que darle las herramientas necesarias, pero primero debemos consensuar el proyecto para que se aplique; hay que debatir y ser más duros en los casos de corrupción”, concluyó.

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La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este requiere a la Fiscalía avanzar en las denuncias penales presentadas por la organización no gubernamental contra el intendente Miguel Prieto, que cuenta con 49 casos por corrupción en su administración en la Municipalidad de Ciudad del Este, actualmente bajo intervención.

“En este proceso que estamos llevando adelante, a nosotros nos parece que la Fiscalía es muy lenta, ya que están comprobadas las irregularidades, los actos de corrupción que hizo Prieto en su administración. El intendente tiene solo dos imputaciones de las 49 denuncias en su contra”, indicó Magdalena Montiel, vocera de la agrupación civil, en una entrevista con radio Tribuna.

De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la Contraloría Ciudadana impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños. “Las acusaciones son en base a documentos contundentes que fueron presentados. Prieto está perdiendo bastante fuerza, construyó su imagen política sobre las mentiras y, cuando estas fueron descubiertas, fue mermando la preferencia de la gente hacia él. Es un mesías y líder falso ya que en los primeros tiempos de su administración ya cometió hechos de corrupción“, refirió.

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Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del movimiento Yo Creo está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500, en el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

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El senador José Oviedo cuestionó el rol del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y apuntó a la falta de independencia del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos para erradicarla.

“La impunidad es lo que permite que los casos sigan”, afirmó en una entrevista, donde también sostuvo que “la justicia es la que está siendo permisiva con los casos de corrupción”, expresó el legislador de Cruzada Nacional en contacto con La Nación/Nación Media.

Oviedo citó un informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual Paraguay pierde aproximadamente USD 1.500 millones al año a causa de la corrupción. “Eso es muchísimo, aunque estimo que el monto es superior. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer: infraestructura, rutas, escuelas, inclusive podemos pagar con eso nuestro déficit que ronda el 2% anualmente”, subrayó.

El parlamentario señaló que cada año se repite el mismo patrón: “La Contraloría audita a las instituciones y año tras año elevan su informe, y son millones y millones que no son bien justificados. Eso no significa necesariamente que haya desvío de fondos, pero no se justifican debidamente”. Aseguró que muchos de esos casos llegan al Ministerio Público, pero que “no conozco muchos casos de personas responsables de casos de corrupción que estén en la cárcel”.

Para Oviedo, el problema de fondo es estructural. “La justicia aún no es completamente independiente, aún depende del poder político”, indicó, y citó como ejemplo la influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vimos cómo se inmiscuía el poder político en las decisiones del jurado en los chats filtrados del difunto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez”.

En ese sentido, recordó que recientemente presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del JEM y así evitar su uso como “garrote político” contra jueces. “Tenemos que buscar la forma de independizar al Poder Judicial del poder político”, enfatizó.

El senador también insistió en que los responsables de las instituciones deben asumir un rol activo para frenar la corrupción. “Si uno ve que se están cometiendo actos de corrupción, hay que tomar las medidas correctivas necesarias y no veo que eso esté sucediendo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de mentalidad de quienes ejercen el gobierno”, expresó.

Finalmente, consideró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo. “La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Tenemos que ayudarnos entre todos para combatir, solamente del gobierno no va a venir la solución”.

El comandante sandinista Bayardo Arce, asesor económico del presidente Daniel Ortega, fue encarcelado este jueves luego de que el gobierno anunciara que lo investigaba por corrupción, informaron medios nicaragüenses en el exilio.

Arce, de 76 años, cayó en desgracia en una purga interna en los círculos del poder. Según opositores nicaragüenses exiliados, esta criba está encabezada por Rosario Murillo, la poderosa copresidenta esposa de Ortega, con el aval de éste.

El comandante sandinista fue arrestado en la madrugada después de que “decenas de policías irrumpieran por la fuerza” en su residencia en Managua, indicó el diario digital Confidencial.

El medio Divergentes, que citó a “fuentes policiales y cercanas” a Arce, agregó que fue detenido tras el allanamiento de la residencia, donde estaba bajo arresto domiciliario desde el domingo.

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La Procuraduría General de la República (PGR), controlada por el gobierno, lo acusó el jueves de “transacciones y negociaciones” de bienes ilegalmente. La PGR dijo haber abierto “investigaciones sobre propiedades y sociedades vinculadas con intereses del Estado”, que no detalló.

Según esa entidad, Arce no quiso explicar ni presentar documentos sobre las transacciones de los bienes. Por el caso fue detenido el miércoles Ricardo Bonilla, asistente del comandante, por negarse a “rendir cuentas”.

Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) que ha sido puesto en arresto domiciliario. Henry Ruiz lo está desde marzo pasado y Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, también lo estaba cuando murió en setiembre de 2024.

Arce y Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista.

Ortega, de 79 años, se mantiene en el poder desde 2007 tras reelecciones cuestionadas por la comunidad internacional. En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo allana el camino para la sucesión.

• Fuente: AFP

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