El apoderado general del Partido Colorado, Eduardo González, cuestionó la postura del titular del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, quien constantemente alega que su imputación por el caso de las facturas adulteradas en la compra de combustible se debe a una persecución política.
A través de su cuenta personal en la red social Twitter mencionó que “deje de mentir Efraín Alegre, una vez más se quedó irregularmente con el dinero del pueblo paraguayo. Déjese de disparates, de persecución y demuestre con documentos que no es así entonces, y deje de chicanear. No va a zafar esta vez como la tragada en el MOPC. Ahora nde rova atã”, sentenció.
Las manifestaciones del abogado surgieron tras las declaraciones de Alegre, quien constantemente argumenta que su imputación se debe mediante el involucramiento de la “mafia que se está instalando en el Paraguay, tomando las instituciones democráticas”.
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Respaldo de sus simpatizantes
El dirigente liberal, tras su imputación, comenzó a iniciar una campaña a fin de recaudar apoyo por parte de sus correligionarios a fines a su gestión, que es cuestionada duramente por otras autoridades liberales, como del sector llanista que alega una mala administración.
Imputación
El Ministerio Público imputó a Pascual Benítez, Luis Moriz y Alegre por la producción de documentos no auténticos, así como producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso tras darse a conocer el caso de la compra de combustible por un valor aproximado de G. 98 millones para una camioneta, cuando en realidad la factura legal fue hecha por G. 100 mil.
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Nicaragua encarcela a histórico comandante sandinista acusado de corrupción
El comandante sandinista Bayardo Arce, asesor económico del presidente Daniel Ortega, fue encarcelado este jueves luego de que el gobierno anunciara que lo investigaba por corrupción, informaron medios nicaragüenses en el exilio.
Arce, de 76 años, cayó en desgracia en una purga interna en los círculos del poder. Según opositores nicaragüenses exiliados, esta criba está encabezada por Rosario Murillo, la poderosa copresidenta esposa de Ortega, con el aval de éste.
El comandante sandinista fue arrestado en la madrugada después de que “decenas de policías irrumpieran por la fuerza” en su residencia en Managua, indicó el diario digital Confidencial.
El medio Divergentes, que citó a “fuentes policiales y cercanas” a Arce, agregó que fue detenido tras el allanamiento de la residencia, donde estaba bajo arresto domiciliario desde el domingo.
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La Procuraduría General de la República (PGR), controlada por el gobierno, lo acusó el jueves de “transacciones y negociaciones” de bienes ilegalmente. La PGR dijo haber abierto “investigaciones sobre propiedades y sociedades vinculadas con intereses del Estado”, que no detalló.
Según esa entidad, Arce no quiso explicar ni presentar documentos sobre las transacciones de los bienes. Por el caso fue detenido el miércoles Ricardo Bonilla, asistente del comandante, por negarse a “rendir cuentas”.
Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) que ha sido puesto en arresto domiciliario. Henry Ruiz lo está desde marzo pasado y Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, también lo estaba cuando murió en setiembre de 2024.
Arce y Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista.
Ortega, de 79 años, se mantiene en el poder desde 2007 tras reelecciones cuestionadas por la comunidad internacional. En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo allana el camino para la sucesión.
- Fuente: AFP
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Un pasero resultó herido tras tirotear contra marinos en zona primaria de Ciudad del Este
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un enfrentamiento a tiros se produjo en la zona aduanera de Ciudad del Este, bajo el tinglado de la cabecera del Puente de la Amistad. Un comerciante pasero, enojado por el decomiso de combustible que traía de Brasil, realizó unos ocho disparos contra funcionarios aduaneros y el personal de la Marina, que reaccionó y el tirador resultó herido.
Se trata de Alberto Enrique Domínguez Torres (49), residente en Pdte. Franco, quien fue llevado al pabellón de emergencias del Hospital Regional con tres heridas de bala en la pierna, un brazo y en el abdomen. Estuvieron en el lugar el comandante del Área Naval del Este, capitán Marcos Rivas, y el subcomandante, capitán Claudio Ramírez, además del director de Policía, comisario Feliciano Martínez y otros jefes policiales.
De acuerdo con los datos reportados, en la mañana de hoy, siendo las 08:40, en el control de ingreso a la zona primaria de Ciudad del Este, a cargo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el funcionario Christian Manuel Díaz Benítez (44), subjefe de resguardo de pista diurno, procedió a la incautación de 5 bidones de combustible, totalizando 25 litros. En un principio se habló de 100 litros.
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La carga pertenecía a Domínguez Torres, quien mantuvo una fuerte discusión con los funcionarios aduaneros y luego se retiró del sitio, pero con la amenaza de regresar para solucionar el inconveniente.
Al cabo de unos minutos, retornó con arma de fuego en mano en la cintura, sacó y apunto al personal de la DNIT y de la Marina, instante en que los marinos lo rodearon e intentaron que baje el arma de fuego, que se tranquilice y se retire. El hombre se retiró uno pasos con el arma apuntando y empezó a realizar disparos, siendo respondido por los marinos que dejó herido al civil.
Es lo que relató el comandante de la Marina, capitán Carlos Rivas, sobre lo ocurrido en la zona primaria, donde se normalizó el tránsito. Indicó además que fueron dos marinos los que realizaron los disparos. La Fiscalía intervino y en este momento se le está tomando la declaración a los marinos en el Área Naval del Este.
Se pudo haber registrado una verdadera tragedia, por el flujo de personas existentes en el lugar, de milagro no hubo eso, explicó el comandante de la Marina. En el sitio donde cayó herido el pasero fue encontrado un revólver calibre 38, que habría sido el utilizado para los disparos contra los marinos y los aduaneros, según agentes de la Comisaría 1a.
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Prieto busca desvirtuar su corrupción con populismo, afirma abogado esteño
“La situación en Ciudad del Este está muy candente. Los delincuentes nunca admiten que son delincuentes”, sostuvo el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), ante las afirmaciones del intendente Miguel Prieto y su entorno político, quienes alegan que el proceso de intervención a su gestión se transformó en una campaña de desinformación y persecución a base a mentiras.
“Prieto, mediante el populismo quiere tratar de desvirtuar la realidad, pero esta es mucho más fuerte, se tienen muchas irregularidades, corrupción en la administración municipal que van saliendo, que nosotros habíamos denunciado como casos de planillerismo, la existencia de empresas de maletín que fueron beneficiadas para delinquir", dijo a la radio Tribuna.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante la Fiscalía con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Por más que Prieto quiera ocultar la documentación requerida para el proceso de intervención, eso no impide que se puedan demostrar los hechos punibles y las irregularidades. La falta de documentos retrasa la investigación, pero eso no significa que el interventor no pueda presentar su informe, verificando datos de otras fuentes", puntualizó.
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Principales falencias detectadas en la gestión de Prieto
1. Documentos que aparecen y desaparecen
Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo, se enfrentaron a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor.
Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.
2. Dudosa asignación
La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42.000 millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.
3. Obras retrasadas y con plata ya transferida
Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, transcurrieron semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.
4. Combustibles con cifras imposibles
La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.
- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.
- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.
5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.
Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en lugar de destinarlos a urgencias reales.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.