La Dirección Operativa de Contrataciones ha iniciado el 4 de junio los procesos de cancelación de 10 de los 32 llamados a licitación que estaban siendo auditados por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras. El Ministerio de Salud salió al paso ante las denuncias de más irregularidades encontradas por los diputados en los procesos llevados a cabo, y considerando algunos cuestionamientos de los órganos de control tomaron decisiones administrativas.

Las causas de la cancelación son porque algunas de las empresas adjudicadas se encuentran hoy en mora y los siguientes posibles adjudicados ofertaron precios muy por encima de los referenciales, los insumos y medicamentos solicitados ya no resultan tan críticos o deben reanalizarse a la luz de las nuevas evidencias científicas que existen a la fecha.

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También porque los precios de ciertos insumos y medicamentos han cambiado, pues el mercado es muy distinto a lo que se presentaba en marzo pasado, como pasa con las mascarillas. “Por prudencia administrativa se ha optado por la cancelación de otros llamados”, expresa el informe de Salud.

Por otra parte, reconocen que la situación actual de la pandemia del coronavirus con resultados positivos de la cuarentena permiten ajustar la planificación de las compras ante el COVID-19, que son definidas por el ministerio teniendo en cuenta una lógica sanitaria, y en algunos casos replantearlas.

Contratos sin cancelación

Las adjudicaciones que no fueron canceladas son porque ya cuentan con contratos firmados, y las que ya están siendo ejecutadas continuarán con el curso normal. Mientras que aquellas que se encuentran dentro de una investigación abierta, están llevado a cabo todos los procesos administrativos que se desarrollan con base en los plazos legales establecidos.

Ampliación de la investigación

Los diputados de la oposición presentaron ante el Ministerio Público una ampliación a la carpeta fiscal sobre la compra de insumos chinos; consideran oportuno que los fiscales amplíen la investigación e incluyan las licitaciones auditadas por dicha comisión porque consideran que las observaciones encontradas exceden faltas administrativas y representan conductas penalmente relevantes.

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