El diputado Alejandro Aguilera, uno de los integrantes de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, indicó que la primera reunión para instalar la mesa directiva está prevista para el próximo lunes. Dijo que, a partir de allí, se establecerán las convocatorias a los concejales municipales y al intendente Miguel Prieto.

“Nosotros vamos a reunirnos el lunes, nuestra primera reunión probablemente, a confirmar. Luego, inmediatamente, ya haríamos la invitación para convocarle a los concejales municipales, para que vengan a dar su versión, también de las denuncias, y luego estaremos convocando al intendente Miguel Prieto”, adelantó, este jueves, en entrevista a La Nación/Nación Media.

Con relación a la convocatoria a las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) para exponer sobre el informe que llevó al pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo, Aguilera refirió que el informe es bastante completo, por lo que el llamado estaría demás. También adelantó que se podría realizar una visita in situ a la sede municipal para constatar las denuncias.

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“La Cámara cuenta ya hoy en día con el dictamen emitido por la Contraloría General de República, así que estaría ya demás invitarlo a él (contralor Camilo Benítez). Sí a pedido de los miembros de la comisión, si ellos lo sugieren y creen conveniente, también iríamos hasta Ciudad del Este para ver in situ, cotejar las denuncias que hay respecto determinadas obras, sobrefacturaciones y demás denuncias existentes”, sostuvo el legislador en conversación con LN.

Una vez que se realicen todas las convocatorias y la eventual verificación in situ, ya estará emitiendo el dictamen final. “Luego, ya estaríamos elevando un dictamen que pondríamos a consideración del plenario de la Cámara de Diputados, para que la Cámara tome la decisión de si interviene o no la municipalidad. Calculamos un plazo de dos semanas que va estar en funcionamiento de esta comisión y luego ya va quedar en manos de la Cámara”, señaló el diputado.

Por otra parte, se refirió a la posible renuncia de Prieto a la intendencia y afirmó que mientras no exista nada oficial no se puede evaluar si esto afectaría o no el trabajo de la Comisión de Intervención. “No quiero hablar de supuesto porque es una información que no es oficial, sí escuché versiones, pero si es que no sucede no quisiera emitir ningún tipo de opinión”, sentenció.

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Durante la plenaria de la Cámara de Diputados, esta semana se aprobó un proyecto de declaración “Que exhorta a la Entidad Binacional Itaipú a realizar estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad necesarios para el abastecimiento energético nacional a largo plazo, conforme a los lineamientos establecidos en el Artículo 11 de la Ley Nº 3008/2006 y sus modificatorias”.

La iniciativa fue presentada por los diputados colorados Carlos Núñez Salinas y Rubén Roussillón, quienes coincidieron en la importancia de adoptar decisiones estratégicas en el ámbito energético, con visión de largo plazo y en estricto apego al marco legal vigente.

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El proyecto exhorta formalmente a la Entidad Binacional Itaipú a impulsar los estudios técnicos requeridos para evaluar alternativas de abastecimiento energético sostenible, que garanticen la seguridad, eficiencia y suficiencia del sistema energético nacional en el mediano y largo plazo.

El objetivo central de la declaración es sentar una postura institucional clara sobre la necesidad de promover una política energética de Estado, que responda al crecimiento de la demanda interna, fortalezca la soberanía energética del Paraguay y asegure el uso racional y estratégico de los recursos hidroeléctricos del país.

Este pronunciamiento legislativo se da en el contexto del proceso de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, lo que refuerza la importancia de contar con información técnica actualizada y estudios que sirvan de base para la toma de decisiones de alto impacto nacional.

La declaración fue aprobada con amplio respaldo del cuerpo parlamentario y constituye un “compromiso firme de la Cámara Baja con el desarrollo energético integral del Paraguay, orientado al beneficio de las generaciones presentes y futuras”, según la exposición de motivos.

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La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados integró las dos comisiones especiales que analizarán el informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República (CGR), así como el pedido de intervención de los Municipios de Asunción y Ciudad del Este.

Tras la reunión de los líderes de las diferentes bancadas de la Cámara Baja, los diputados de la oposición Jorge Avalos Mariño (Liberal) y Rocío Vallejos (Patria Querida), informaron que la lista quedó de la siguiente forma:

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En la comisión especial para el municipio de Asunción estará conformada por los diputados colorados Rodrigo Gamarra, Cristina Villalba, Néstor Castellano, Carlos Núñez Salinas, Bettina Aguilera. Además de los legisladores Jorge Ávalos Mariño (liberal), y sus colegas del tercer espacio Johana Ortega, Lady Galeano y Rocío Vallejos.

Mientras que la comisión especial para Ciudad del Este quedó integrada de la siguiente manera, los parlamentarios colorados Alejandro Aguilera, Miguel A. Del Puerto, Avelino Dávalos, Hugo Mesa y Arturo Urbieta. Acompaña además los liberales Pastor Vera, Cleto Giménez, Caros López y en representación del tercer espacio Walter García.

Al respecto, la diputada Vallejos explicó que el oficialismo cuenta con la mayoría conforme a la proporcionalidad, le corresponde 5 lugares en ambas comisiones.

“Quedando tres lugares para el PLRA, pero algunos decidieron no participar, entonces hemos podido completar la lista con la multibancada, que inicialmente solo nos correspondía un solo lugar, pero en el caso de Asunción estamos tres representantes”, precisó.

Mencionó que los que encabezan la lista, son los responsables de hacer la convocatoria de la reunión para la designación de las autoridades que integrarán las respectivas mesas directivas de estas comisiones especiales, dentro del plazo de 15 días.

“Esto es político, no es objetivo”, reconoció la propia diputada Rocío Vallejo, al ser consultada sobre la integración de las comisiones, debido a que algunas bancadas ya adelantaron que no iban a integrar ninguna de las dos comisiones.

“En la comisión de Ciudad del Este, una de las bancadas liberales dijo que no va a formar parte, Fuerza Republicana también dijo que no va a integrar, es por eso que se ha completado los espacios porque no se puede ceder esos espacios. Este es el único momento de discusión que vamos a tener la oportunidad de hablar con el Contralor y con los Intendentes”, precisó.

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Los diputados pertenecientes al bloque del tercer espacio, Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, y Walter García, del movimiento Yo Creo, conformarán las comisiones de intervención para los municipios de Asunción y Ciudad del Este.

Estas comisiones tendrán la tarea de investigar los reportes de hechos punibles detectados por la Contraloría General de la República (CGR), contra las administraciones de ambos municipios y determinar si se autorizan las intervenciones requeridas.

Vallejo formará parte del equipo que evaluará la situación de la municipalidad de Asunción, mientras que García integrará la comisión que indagará las presuntas irregularidades en la municipalidad de Ciudad del Este. Mientras que los diputados de la bancada de Fuerza Republicana no formarán parte de ninguna de las dos comisiones.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

En lo que respecta a la administración del intendente capitalino, Óscar Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

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