El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.

Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.

Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.

En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.

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El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

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El titular del Congreso Nacional, el senador BasilioNúñez, informó que el presidente de la República, Santiago Peña, vetará el proyecto que establece la creación de Juzgados Especializados en violencia familiar. Asimismo, desmintió que la propuesta haya sido sancionada por la Cámara Alta sin el quorum requerido, tal como denuncian sus colegas de la oposición y disidentes colorados.

“Las pruebas son contundentes. Juzgan en base a su condición. En mi presidencia no nos prestaremos a sesionar sin quorum como lo hicieron en periodos anteriores“, indicó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Núñez surgen ante las denuncias de su colega Lilian Samaniego, quien sostiene que la iniciativa fue aprobada a “tambor batiente” con solo 22 votos, cuando se requieren en total 23 votos. Ante este argumento la legisladora requirió anular la sanción de la propuesta.

“Yo le puedo decir a la ciudadanía que estamos tranquilos, que se encontraban 23 senadores en la sala de sesión. Todo se hizo correctamente, vamos a presentar las pruebas, yo estoy acostumbrado a dirigir las sesiones del Senado con quorum", indicó.

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El parlamentario señaló que su colega Samaniego actúa maliciosamente al sostener dicha acusación que, según su punto de vista, atenta contra la institucionalidad. “Nosotros estamos de lado de la verdad, las pruebas de mi presidencia son contundentes. Venir a decir que no había quorum y luego correr y no defender su posición, no es lo correcto”, dijo Núñez.

Adelantó que maneja la información de que Peña vetará la propuesta. El documento fue sancionado el pasado 23 de abril por los senadores en base a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

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La senadora Lilian Samaniego, del movi­miento Ambulancia Republicana, dijo ayer que votará en contra del pedido de desafuero del expresi­dente Mario Abdo Benítez.

Incluso asegura que el caso judicial que involucra al exmandatario en una filtra­ción de datos confidencia­les del expresidente Horacio Cartes a través de la Secre­taría Nacional de Preven­ción de Lavado (Seprelad) es montado entre abogados y fiscales.

“No se puede hacer una sesión selectiva, se hace la convocatoria a los cuarenta y cinco. Y ahí vamos a estar para dejar sentada nuestra posición”, señaló Samaniego ante la versión de que el ofi­cialismo colorado, por falta de votos, podría convocar a una sesión extraordinaria y aprovechar la ausencia de algunos legisladores para aprobar el pedido de desa­fuero de Marito.

Manifestó también que “hace un año dije que la causa es nula, por todos los elemen­tos técnicos que han dejado los asesores jurídicos”.

Sin embargo, la senadora Samaniego olvidó que semanas atrás había dicho a la prensa que si el expresidente Abdo Benítez pedía la apro­bación de su desafuero, ella estaba dispuesta a acompa­ñar.

“Cuando se convoque, aun­que sea sorpresa la convo­catoria, no van a poder evi­tar que lo que pensamos que el expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Bení­tez tiene el derecho, puede hacer lo que considere, fue un gesto de él pedir su desa­fuero, pero el Senado tiene la autonomía, la obligación de tener las pruebas necesarias para impulsar el desafuero”, indicó Samaniego.

Luego ratificó que “a título personal, yo ya estoy segura, mi bancada, los demás com­pañeros van a acompañar el no desafuero a Mario Abdo Benítez, porque estamos hablando de un presidente que logró la legitimidad, la transparencia de la Nación paraguaya”.

Ratificó que el pedido de desafuero del exmandata­rio es una persecución polí­tica por parte del oficialismo colorado.

“Lo que se menciona es que el video que hizo el expresidente fue para tratar de desligarse de sus anteriores aliados, que le exigían también solicitar su desafuero”, sostuvo Núñez.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, sostuvo que el anuncio del exmandatario y senador vita­licio Mario Abdo Benítez de pedir su desafuero a través de sus redes sociales, a un año de que la Justicia infor­mara su imputación al Con­greso, fue “puro marketing”, razón por la cual sus aliados de la Cámara Alta, tanto disi­dentes como de la oposición, operan para que el tema no sea incluido en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo miércoles.

“Lo que se menciona es que el video que hizo el expresidente fue para tratar de desligarse de sus anteriores aliados, que le exigían también solicitar su desafuero. O sea, fue de puro marketing”, dijo Núñez a la prensa del Congreso. Al término de la reunión de Mesa Directiva, el titular del Senado indicó que algunos de sus colegas, sin identifi­car a los mismos, le solicita­ron no incluir el desafuero de Marito, aclarando que no fue­ron miembros de la bancada de Honor Colorado.

La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio trámite al pedido presen­tado por la defensa del exman­datario Abdo Benítez, emitiendo dos dictámenes, uno a favor en mayoría y otro en contra.

“Lo que veo, la prioridad por parte de ustedes (los medios de prensa), porque ningún colega solicitó hoy acá que sea incluido. Voy a decir bien, hay algunos colegas del sec­tor, que no es de la bancada de Honor Colorado, que me pidieron no incluir, enton­ces estoy cumpliendo con ellos, tampoco voy a decir de qué partido son”, comentó el titular del Congreso, ante las consulta sobre la inclusión del desafuero de Abdo para el próximo tratamiento por el pleno del Senado.