La senadora Lilian Samaniego, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), argumentó que las autoridades políticas tendrán como principal desafío tras la crisis sanitaria del COVID-19 refundar el Paraguay, a través de la reforma estructural del Estado.
Samaniego resaltó las negociaciones realizadas en el seno de la Cámara Alta para designar a su colega Óscar “Cachito” Salomón a fin de presidir el estamento.
A través de su cuenta personal en la red social Twitter, mencionó que “en base a la elección de la mesa directiva del Senado, los colorados volvemos a presidir a partir del primero de julio, lo hacemos mediante el acuerdo con fuerzas políticas construidas en la democracia”.
Por otra parte, manifestó que mediante la presidencia de Salomón, el jefe de Estado Mario Abdo Benítez, tendrá gobernabilidad. “Es así como cada año se llega a instalar la mesa directiva en ambas cámaras y este año será Cachito Salomón quien dará garantía de gobernabilidad institucional y política del Senado, debido a que tenemos el doble desafío de salir de la pandemia y de reformar el Estado para refundar el Paraguay”, dijo.
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Samaniego reflotará proyecto para crear juzgados especializados ante feminicidios
“Estamos viendo una lamentable situación de aumento de feminicidios en el país, no se puede normalizar la muerte de mujeres por parte de sus parejas o exparejas”, sostuvo la senadora Lilian Samaniego al anunciar que reflotará su proyecto de ley para la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres.
“Esto crea un daño irreparable para sus seres queridos, cada feminicidio es una destrucción familiar, quedan niños huérfanos que crecerán sin sus madres por este flagelo que afecta gravemente a nuestra sociedad”, indicó Samaniego en una conferencia de prensa.
Detalló que la iniciativa tiene como finalidad principal “dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las falsas. Conocemos casos de hombres que hoy están presos por acusaciones falsas. Hace dos años ya pudo estar vigente la creación de estos juzgados y tribunales especializados multidisciplinarios, integrado por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, siquiatras, para asistir a las víctimas, esto busca la coordinación entre instituciones, que no haya burocracia”.
Dicha propuesta había sido objeto de controversia en el Legislativo, donde se sancionó una versión que creaba juzgados especializados de violencia en el grupo familiar, suprimiendo la especificación sobre las mujeres, punto que fue cuestionado por Samaniego. Finalmente el proyecto de ley terminó siendo vetado por el Ejecutivo.
“Si existiesen estos juzgados, los especialistas, al tomar conocimiento de la denuncia, llevarán su trámite adelante y si es falsa ahí mismo la desestimarán, pero eso hoy no ocurre. El hombre que está preso tiene que mostrar su inocencia, pero está preso. Cada caso duele”, lamentó.
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La postura de la parlamentaria colorada de impulsar nuevamente su propuesta surge tras el asesinado de la joven Deysi Giménez y el brutal ataque a Rosi Ramona Pinho Gire, quien fue apuñalada en varias ocasiones presuntamente por su exmarido.
“Este proyecto de ley fue elaborado durante 6 años en un trabajo conjunto entre varias instituciones del Estado, bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer, pero los fundamentalistas senadores, sin argumentos, simplemente lo rechazaron y el feminicidio fue lamentablemente en aumento”, dijo.
Samaniego detalló que entre las instituciones que también fueron parte de la propuesta figuran el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Género de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Cifras del feminicidio
“Desde la pandemia del Covid-19, el feminicidio fue escalando en forma masiva. Entre el 2020 al 2025 se registraron 258 feminicidios, un promedio superior a 40 víctimas por año. En el año 2025 se tuvo un total de 37 feminicidios, 55 tentativas de feminicidio, se registraron 37.825 denuncias de violencia familiar, 69 niños y adolescentes quedaron huérfanos, nunca más verán a su madre”, refirió.
Agregó que “mientras que las tentativas de feminicidio van más de una por semana. En lo que va del año 2026 ya tenemos 20 feminicidios y solo estamos en el mes de octubre, 28 tentativas de feminicidio, 36 hijos que quedaron sin sus madres, que dolor, que impotencia”.
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IPS apunta a cobrar USD 70 millones que adeuda Salud: “La situación está propicia”
Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.
“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Proyecto de ley de emergencia
A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.
“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.
León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.
No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.
La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.
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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.
“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.
Encuentro con Alliana
Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.
El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.
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Médicos especialistas no renunciarán y no se sumarán a la huelga
Médicos especialistas y subespecialistas dejaron sin efecto sus renuncias masivas, luego de llegar a un acuerdo con autoridades de la cartera sanitaria, durante una reunión realizada en el Ministerio de Salud con senadores.
De acuerdo con el acta de acuerdo firmado por las partes, acordaron además que estos médicos no se adherirán a la huelga del 21 y 22 de setiembre, convocada por el Sindicato Nacional de Médicos del MSPyBS (Sinamed).
Este acuerdo se logró por iniciativa de las senadoras Noelia Cabrera, presidenta de la Comisión de Salud y su colega Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, quienes buscaron establecer esta mesa de conciliación entre el Ministerio de Salud Pública y los médicos especialistas que estaban renunciantes.
La reunión contó con la presencia de la ministra María Teresa Barán.
Mediante esta decisión, permitirá dar seguridad y previsión a las intervenciones programadas en los diferentes centros asistenciales del sector público.
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“Los representantes de los médicos especialistas y subespecialistas suscribientes del presente documento manifiestan expresamente que dejan sin efecto la renuncia previamente presentada ante esta Cartera de Estado, así como también declaran que no se adhieren a la huelga convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) para los días 21 y 22 de setiembre de 2026″, expresa el primer punto del acuerdo.
Trabajar por el salario diferenciado
Además, señalan que las partes acordaron trabajar de manera conjunta a fin de la implementación de un salario diferenciado para los médicos especialistas y subespecialistas de alta complejidad y medicina crítica. Esto incluye a los profesionales del área de Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular, Terapia Intensiva en sus áreas neonatal, pediátrica y adultos y otras especialidades y subespecialidades definidas por la autoridad sanitaria.
Igualmente, se estableció en el acta como tercer punto, que conforme a la cláusula anterior, las senadoras Cabrera y Samaniego se comprometieron a impulsar la elaboración de una propuesta técnica y legislativa para su inclusión en el Presupuesto General de la Nación 2027, específicamente dentro del Objeto de Gasto 183 “Fondo de Recategorización”, orientada a la viabilidad financiera del salario diferenciado mencionado.
Es importante destacar que el Ministerio de Salud rechazó hoy, mediante una resolución, las renuncias presentadas por los especialistas y subespecialistas.
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Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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