Los legisladores de Patria Querida anunciaron que presentan un proyecto de ley que deroga el aumento del IVA a los alquileres que pagan los comerciantes. Proponen que se vuelva a cobrar 5% para ayudar al sector durante la pandemia del COVID-19.
“Tenemos que reactivar el comercio, proponemos que los alquileres comerciales vuelvan a pagar 5% de IVA y no 10%”, expresó el senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida. Esta iniciativa se da porque creen que la asistencia al sector comercial no llegó, a eso se suma la pésima decisión de aumentar en un 100% el IVA de los alquileres comerciales.
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La Ley 6.389/20 modificó varias tasas que se aplican al sistema tributario, uno de ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Se dispone una tasa del 5% a los arrendamientos destinados para vivienda, mas, estipula una tasa del 10% para el resto de los arrendamientos, que serían por ejemplo a aquellos arrendamientos destinados a actividad productiva, ya sea comercial o de servicio”, expresa la ley.
A partir de la situación actual, los diputados firmantes reconocen una difícil situación económica en el rubro comercial y productivo, consecuencia de la pandemia. Por eso “el Estado debe buscar y articular mecanismos para que la reactivación del sector sea posible, eliminando costos y obstáculos a la viabilidad de las actividades”, expresa el proyecto.
Así, creen conveniente igualar el régimen del IVA a una tasa del 5%, tanto en la actividad destinada a vivienda como comercial.
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BCP amplía el pago de garantías a ahorristas de Ueno Bank
El nuevo grupo habilitado incluye a clientes que tenían depósitos superiores a G. 121,7 millones y a aquellos que mantenían deudas con la entidad. Los desembolsos continuarán hasta el miércoles 11 de noviembre, fecha límite establecida por ley.
El proceso de devolución de los depósitos a los clientes de Ueno Bank continúa, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la incorporación de otros grupos de ahorristas al esquema de pago del anticipo de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), mientras continúan las acreditaciones a quienes ya estaban habilitados.
La nueva etapa contempla a clientes que no registraban deudas con la entidad y cuyos depósitos superaban los G. 121.760.000. En estos casos, recibirán el monto máximo establecido para este anticipo, equivalente a 40 salarios mínimos.
También fueron incorporados los clientes que mantenían obligaciones financieras con Ueno Bank. Para estos beneficiarios, el cálculo del desembolso contempla el descuento de la parte vencida de sus deudas, conforme a los criterios establecidos para el procedimiento.
Continúan los pagos a los primeros grupos. La banca matriz aclaró que las acreditaciones correspondientes a los grupos habilitados anteriormente siguen en marcha. La primera etapa había priorizado a depositantes con ahorros de hasta G. 10 millones, sin deudas con la entidad y que contaban con una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país.
Sin embargo, todavía quedan categorías pendientes de procesamiento. Entre ellas figuran los clientes que tienen algún tipo de bloqueo sobre sus cuentas, los titulares de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y quienes mantienen operaciones vinculadas con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
El BCP informó que estos casos serán atendidos durante los próximos días, a medida que avance el proceso de verificación y acreditación.
Plazo legal para completar los anticipos. Uno de los puntos centrales del comunicado es el plazo establecido para concluir esta etapa. Según informó el Banco Central, todos los pagos correspondientes al anticipo de la garantía deberán realizarse como máximo hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026.
El monto de G. 121.760.000 corresponde a 40 salarios mínimos y constituye el anticipo previsto dentro del proceso. Por su parte, la cobertura total del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000 por depositante y por entidad, conforme a la normativa vigente.
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Senado sanciona ley para agilizar devolución de ahorros de ueno bank
La Cámara de Senadores sancionó la ley que busca acelerar la devolución del dinero a los ahorristas afectados por la crisis de ueno bank. Fue tras aceptar las modificaciones incorporadas por Diputados. El texto pasa ahora al Poder Ejecutivo y el presidente Santiago Peña deberá definir su promulgación o eventual veto.
Ambas cámaras del Congreso Nacional dieron tratamiento de urgencia al proyecto de ley, este miércoles, ya que tras ser evaluado en Diputados que cambió el texto original, en segunda vuelta el Senado sancionó la norma.
El texto sancionado prevé el pago de anticipos de la garantía de depósitos y contempla el equivalente hasta 40 salarios mínimos. El retiro del dinero podrá concretarse, 24 horas después de la vigencia de la ley y dentro de los 5 días hábiles. Se estableció como mecanismo para efectivizar los desembolsos vía transferencias directas a las cuentas activas que posean los clientes en otros bancos, pero también podrá concretarse en efectivo.
En uno de los puntos, la normativa también contempla priorizar a los clientes que no cuentan con otra entidad bancaria, con el objetivo de proteger especialmente a quienes tienen allí su única cuenta. La medida apunta a dar respuesta a aproximadamente 3 millones de afectados por el esquema de estafa masiva operada desde la citada entidad bancaria, según datos iniciales del Ministerio Público.
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Allanaron universidad privada por aportes retenidos y deudas con el IPS
El fiscal Giovanni Grisetti encabezó este miércoles un allanamiento en la sede de la Unasur, por dos conceptos: por un lado, la falta de transferencia de aportes obrero-patronales retenidos a los trabajadores y, por otro, las deudas acumuladas por el alquiler de inmuebles pertenecientes al IPS.
“Concretamente es la falta de pagos al IPS en concepto de lo que corresponde por Ley, es el descuento que se le hace a cada trabajador conocido como el Aporte Obrero”, señaló en declaraciones a la 1020Am. En ese sentido, explicó que el local debía pagar por la patronal un monto y por el obrero otro monto, pero evadieron el pago correspondiente a la previsional, pese al descuento aplicado al personal.
“Totalizando en conjunto llegó a la cifra de G. 4.096 millones a pagar. Es decir, le descuentan al trabajador, le dan su saldito y ese monto descontado no abonaron al IPS”, precisó el agente fiscal. Mencionó que la previsional hizo el reclamo correspondiente y los mismos solicitaron refinanciación. “Se les dio la refinanciación y tampoco pagaron”, subrayó.
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Aparte de la refinanciación, a partir de la fecha de refinanciamiento se fue generando una nueva deuda. “Y por esa línea de la nueva deuda también se refinanciación que también se debió. Y no se cumplió”, indicó el representante del Ministerio Público.
Luego, siguieron las deudas normales. “No se le dio más refinanciamiento y quedaron los montos de deuda a cuenta corriente natural dentro del plazo normal que se le fue adicionando las moras, multas y otros conceptos”, apuntó Grisetti.
Eso es lo que corresponde concretamente la causa penal. “En paralelo, cuando se solicitaron ciertas informaciones vino acompañado el dato de que también se le adeuda por alquileres al IPS. Es un fuero distinto al fuero penal”, aclaró. La mora, con los datos preliminares, sería de cuatro años.
IPS, tras el sumario administrativo realiza una demanda civil y consigue las medidas cautelares correspondientes y se bloquea la cuenta oficial de Unasur. “Pese a ello, hicieron una cuenta paralela para poder generar los cobros. Esa actitud deliberada hace que la cuestión se agrave y denote una conductora dolosa de evadir a IPS”, refirió el fiscal.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.