La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

Cada laboratorio, cada startup y cada proyecto que nazca en Distrito Innova permitirá al país convertirse en un actor relevante dentro del mapa regional de la innovación y la economía digital.

En Paraguay, la innovación pasó de ser una conversación a ocupar un lugar central en la agenda de desarrollo. ¿Y cómo se materializa esta apuesta? Con la construcción del Distrito Innova, impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). En poco tiempo más, este será el espacio en el que el talento, la investigación, las startups y las empresas puedan encontrarse para transformar la economía digital del país.

El proyecto se inspira en el modelo de la triple hélice -Estado, academia y sector privado- que dio origen a algunos de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo.

“Detrás de esa visión estratégica hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido: la infraestructura que lo hace posible", señaló Cinthia Facciuto, directora general de Innovación Productiva y Economía Digital del Mitic.

Reveló que el Distrito Innova será la casa del ecosistema digital paraguayo, un punto de encuentro en el que convivirán empresas tecnológicas, centros de investigación, universidades y organismos públicos.

Para ponerlo en marcha existe una inversión cercana a los USD 20 millones, atendiendo a la envergadura del proyecto que abrirá sus puertas en el segundo semestre del 2027.

“Se ejecutará bajo la modalidad llave en mano, de modo que, al cortar la cinta, esté operativa al 100%, con toda la tecnología instalada, laboratorios y oficinas completamente equipados”, precisó. Agregó que quienes deseen ser parte de esta iniciativa tienen la posibilidad de alquilar espacios privados para actividades de investigación y desarrollo.

Para asegurar que el proyecto esté a la altura de esa ambición, el desarrollo se ejecuta bajo los estándares del contrato International Federation of Consulting Engineers, utilizado globalmente en proyectos complejos de infraestructura. Este modelo garantiza procesos claros de gestión contractual, supervisión técnica independiente, mecanismos transparentes de resolución de controversias, control de calidad permanente y una gestión estructurada de riesgos.

De esta manera, queda en evidencia que Paraguay quiere jugar en las grandes ligas de la economía digital. Para eso es importante entender que la innovación no se limita a ideas o plataformas tecnológicas. “La innovación no solo se diseña. También se construye con estándares y con un equipo altamente comprometido y entrenado”, puntualizó.

Pero hay algo igual de importante que muchas veces queda fuera de la conversación: “la obra física que hace posible todo eso.” La casa de esta triple hélice que vivirá y convivirá con el ecosistema digital y de innovación del país.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) viene impulsando una serie de acciones para fortalecer la conectividad y garantizar un acceso más equitativo a los servicios digitales. Aquí un repaso de esas acciones y sus impactos.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: GENTILEZA

“La mejora en velocidades, latencia y pre­cios no elimina por sí sola las brechas territoriales, lo que vuelve imprescindible la intervención del Estado para asegurar conectividad donde el mercado no llega”, apunta Gustavo Villate, ministro de Tecnologías de la Informa­ción y Comunicación.

“Una de las decisiones estra­tégicas fue el otorgamiento de la licencia –en octubre de 2023– para la operación de Starlink en Paraguay. La dis­ponibilidad de internet sate­lital de órbita baja permite llevar conectividad de alta velocidad a cualquier punto del país, incluyendo comuni­dades aisladas, zonas fron­terizas y regiones histórica­mente postergadas”, señala a propósito del tema.

“Para el Estado, esta tecno­logía representa una herra­mienta estratégica para for­talecer servicios esenciales como salud, educación y seguridad en lugares donde no existe infraestructura terrestre”, agrega.

Villate refiere que están tra­bajando en una licitación adi­cional para frecuencias 5G, que se lanzará en los próxi­mos meses. Este nuevo pro­ceso permitirá a las demás compañías poder ofrecer este servicio. En ese sentido, explicó que la velocidad del internet móvil está relacio­nada con las frecuencias dis­ponibles y la tecnología uti­lizada. Anticipa que, a partir de este año, la velocidad de internet móvil en Paraguay cambiará debido al desplie­gue de 5G.

Aquí su diálogo con La Nación/Nación Media:

–Paraguay vive hoy sobre internet. Las transferencias electrónicas y los pagos por QR se han masificado, trans­formando la forma en que los ciudadanos realizan tran­sacciones cotidianas. Desde el Mitic se ha impulsado un acceso amplio a sistemas de gobierno digital, incluyendo la identidad electrónica, lo que permite a la ciudadanía interactuar con el Estado de manera ágil y segura. No obstante, persisten desafíos vinculados principalmente a la brecha territorial y a velo­cidad de acceso, especial­mente en zonas rurales y de baja densidad poblacional, donde el mercado no siem­pre logra cubrir con infraes­tructura terrestre.

–La política de conectividad del gobierno no está secto­rizada por departamentos específicos, sino que res­ponde a una planificación nacional orientada a redu­cir brechas estructurales en todo el territorio. Las mayo­res necesidades históricas se concentran en zonas rurales, comunidades aisladas, regio­nes del Chaco y áreas de baja densidad poblacional, donde el despliegue de infraestruc­tura tradicional resulta más complejo y menos atractivo para el mercado.

En este contexto, el Estado implementa soluciones com­plementarias como la conectividad satelital, que permite llevar internet a escuelas, esta­blecimientos de salud y depen­dencias públicas ubicadas en territorios donde antes no existía infraestructura terres­tre. El criterio es claro: priori­zar donde la brecha es mayor, asegurando que la conectivi­dad llegue a todo el país y no solo a los centros urbanos.

–La Red Nacional de Fibra Óptica es una infraes­tructura estratégica para el Estado digital. Actual­mente, la Red Metropolitana (Red Metro) en Asunción se encuentra plenamente ope­rativa, interconectando ins­tituciones públicas estraté­gicas; mientras que la Red Troncal está en proceso de recuperación y moderniza­ción, en coordinación con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y la Administración Nacional de Electricidad (Ande), con el objetivo de garantizar capa­cidad, estabilidad y sosteni­bilidad a largo plazo. Este proceso permitirá fortale­cer la infraestructura que soporta servicios como pla­taformas digitales guberna­mentales, sistemas de salud, educación y otros servicios esenciales del Estado.

–El programa continúa activo como una política pública orientada a reducir la brecha digital. Actual­mente cuenta con más de 400 puntos WiFi operativos en plazas, hospitales, institu­ciones educativas y espacios comunita­rios en todo el país, incluyendo zonas rura­les, comunidades indíge­nas y el Chaco. El objetivo es que el acceso a internet sea una herramienta dispo­nible para acceso a infor­mación, educación, trámites digita­les, y todo tipo de uso para la comunica­ción y parti­cipación ciu­dadana. Este programa complementa las políticas de conectivi­dad estructural y tiene un enfoque de inclusión digital, priorizando su instala­ción en zonas de alta concu­rrencia y baja conectividad.

–En la Gran Asunción, el servicio está disponi­ble en diver­sos espacios públicos estratégicos, como plazas, hospitales públicos, instituciones educativas. Por mencionar algunos, se encuentran puntos en la cos­tanera de Asunción, la esca­linata Antequera, los mer­cados 4 y de Abasto, la plaza municipal de Areguá, ciclo­vía de Itá, aeropuerto Silvio Pettirossi en Luque. En total son 107 puntos disponibles entre Asunción y Central.

–Paraguay inició el desplie­gue de la red 5G en el último tramo de 2025, tras un pro­ceso licitatorio llevado ade­lante en coordinación con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Cona­tel). Dos empresas resul­taron adjudicadas (Claro y Nubicom), y una de ellas ya comenzó la prestación del servicio. Actualmente, el des­pliegue se encuentra en etapa inicial y progresiva, concen­trado en áreas urbanas. Asi­mismo, se trabaja en una nueva licitación de frecuencias 5G que permitirá ampliar la oferta y participación de otras com­pañías, consolidando el eco­sistema de telecomunicacio­nes y mejorando la calidad del servicio móvil en el país.

El rol del gobierno es plani­ficar, invertir, coordinar y garantizar que la conectivi­dad no sea un privilegio, sino una herramienta de inclusión y desarrollo para toda la ciu­dadanía. Desde el Mitic, esa acción se traduce en políti­cas públicas concretas, soste­nidas y orientadas a cerrar brechas, conectar territorios y seguir fortaleciendo al país en materia digital.

El último reporte del Índice Global de Speedtest (clasificación de velocidades de internet de todo el mundo), en cuanto a internet de banda ancha a diciembre de 2025, ubica a Paraguay en el puesto 61, superando a países avanzados como Alemania, que se sitúa en la 66.

Datos oficiales de Conatel muestran que, si bien el internet móvil se consolidó como el principal medio de conexión para la pobla­ción –con más de 5,5 millones de usuarios y una fuerte adopción de tecnología 4G–, aún existen desafíos, especialmente en zonas rurales y de baja densidad poblacional. La Red Troncal se encuentra en proceso de recuperación y modernización, en coordinación con la Copaco y la Ande. “Este trabajo busca garantizar capacidad, estabilidad y sostenibilidad a largo plazo para los servicios digi­tales del Estado y, a futuro, ampliar su impacto hacia la ciudadanía”.

“La conectividad también es un componente central para mejorar la calidad de los servicios del Estado. En salud, más de 1.100 establecimientos utilizan el Sistema de Información de Salud (HIS), que procesa millones de consultas al año gracias a una infraes­tructura digital sostenida”, explican desde el Mitic.

“En educación, la conectividad de última milla y las soluciones satelitales permiten integrar a escuelas que antes estaban comple­tamente desconectadas, ampliando oportunidades para estudiantes y docentes. Un ejemplo es el acceso al Programa Hambre Cero, una plataforma creada íntegramente de manera digital”, agregan.

El internet satelital conecta ya a 18 comunidades en el marco de la estrategia nacional de inclusión digital que prioriza a escuelas, comunidades indígenas y centros de salud.

Este es el principal resultado del acuerdo del Mitic y la Copaco en alianza con Starlink. Esta última aporta su red de satélites de órbita baja para llevar conectividad de alta velocidad a territorios donde la infraestructura terrestre es prácticamente inexistente con anchos de banda que alcanzan al menos 200 Mbps con picos de hasta 280 Mbps.

La idea es conectar 500 escuelas rurales en todo el país y la primera de ellas se inauguró en la escuela de la comunidad indígena pueblo Qom de Cerrito (Presidente Hayes), donde por primera vez pudieron hacer videollamadas y visualizar contenidos educativos en línea.

También, se conectó a la comunidad de Sawhoyamaxa, como parte de las medidas de reparación ordenadas por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

El comité político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) autorizó a su presidente, Hugo Fleitas, para solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la prórroga de 15 días de las auditorías que se están ejecutando a las máquinas de votación.

El motivo planteado en la nota remitida por la nucleación política explica que buscan una mejor coordinación con los demás partidos de la oposición y plantear algunas consideraciones a las autoridades electorales.

A través de sus redes sociales, el titular del PLRA informó que este lunes se llevó a cabo una reunión del Comité Político del PLRA con la presencia de la vicepresidenta Alba Talavera, el diputado Antonio Buzarquis, el senador Ever Villalba y técnicos designados por el partido para la auditoría de las máquinas.

Le puede interesar: Ministra de Obras destaca protagonismo de mujeres en el Gobierno

Señaló que durante esta reunión se resolvió solicitar al TSJE la prórroga por dos semanas de la auditoría de las máquinas de votación a fin de coordinar mejor las acciones con los demás partidos de la oposición.

“La intención es despejar las dudas existentes con relación a las máquinas solicitando, entre otras cosas, actas de todo el trabajo realizado. Desde hace aproximadamente dos años conformamos un equipo jurídico/técnico para garantizar la transparencia de las elecciones municipales”, precisó Fleitas en su posteo en redes sociales.

Vale señalar que conforme al cronograma electoral, la Justicia Electoral, está llevando adelante el proceso de auditoría de las máquinas de votación con miras a las próximas elecciones municipales, fijadas para el mes de octubre. De este modo buscan asegurar la transparencia y correcto funcionamiento de los comicios para la renovación de autoridades municipales en todo el país.

Este trabajo se realiza en conjunto con los representantes técnicos de las organizaciones políticas. Además, la dirección de TIC, junto con la dirección de Recursos Electorales y Logística Electoral, realiza el relevamiento de datos, incluyendo pruebas de conectividad, georreferenciación e infraestructura de los locales de votación.

La propuesta de prórroga planteada por el PLRA se fundamenta en la necesidad de contar con un plazo mínimo adicional que le permita coordinar con los demás partidos y nucleaciones que conforman la mesa política que aglutina a este sector, de tal modo que puedan coordinar acciones técnicas y de fiscalización entre todos los partidos y actores políticos interesados, a fin de asegurar una participación plural y organizada.

Aclaran finalmente que la petición no persigue obstaculizar el cronograma electoral, sino por el contrario, robustecer la legitimidad del proceso de auditoría mediante una coordinación mínima indispensable entre las diferentes fuerzas políticas, asegurando que el control sea efectivo, compresible y verificable.

Siga informado con: Diputada confirma que Itaipú financiará construcción de centro de atención del TEA