La Contraloría General de la República se encuentra analizando posibles acciones ante la supuesta fortuna no declarada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así lo confirmó el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, a La Nación/Nación Media.

“Si esto se constata, si esto es verdad, estaríamos ante un caso de declaración falsa y una intencionalidad de ocultar un enriquecimiento ilícito”, advirtió Torres, quien recordó que ya existe un análisis de correspondencia a Abdo que está suspendido actualmente, debido a los llamativos ingresos que obtuvo de sus empresas del rubro de la construcción.

El director también precisó que se había recurrido tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de modo a obtener detalles sobre el fondeo a largo plazo de unas inversiones de las cuales la Contraloría no tenía detectado el origen y, por ende, se necesitaba indagar en ese aspecto en que no tiene potestad sobre empresas privadas.

Lea más: Titulación de colonia Andrés Barbero honra acuerdo con Italia tras 70 años

“Hemos escuchado que la Fiscalía abrió una investigación preliminar y, eventualmente, la Contraloría podría pedir algún informe a través de la Cancillería, pero eso sería mucho más lento, otras instituciones que tienen esos convenios internacionales como creo que es el caso del Ministerio Público que tienen ese canal, así como también la Seprelad, pero la Contraloría no tiene y estamos evaluando qué acciones tomar”, sostuvo.

Torres precisó que en la próxima semana tendrían más claridad sobre el caso y podrían solicitar informes a través del Ministerio Público de modo a poder avanzar en el examen de correspondencia, el cual puede seguir adelante, pese al blindaje con que cuenta Abdo por sus fueros como senador vitalicio.

Desde la Contraloría afirmaron que sería muy positivo poder tener claridad sobre esta supuesta fortuna oculta en Seychelles, noticia que trascendió a través una investigación periodística de Argentina. “Sería muy bueno para la República aclarar esta situación, inclusive para el expresidente, y si es así, que hay una cuenta con dinero, también seguir la ruta del dinero”, aseveró.

Los depósitos a cuentas que presuntamente tienen como beneficiarios finales a Abdo y su esposa Silvana López Moreira se habrían dado mientras el exmandatario aún estaba en función de gobierno, por lo que, para la Contraloría, es importante saber de dónde provinieron esos fondos que hoy estarían descansando en un paraíso fiscal, de acuerdo a la investigación de PeriodismoYPunto. “Hoy día hay mecanismos con que se puede seguir la ruta del dinero”, dejó en claro Torres.

Lea también: Por primera vez, Paraguay presidirá la Conferencia de Ejércitos Americanos

• Ciudad del Este. Agencia regional

El conflicto entre la Municipalidad de Hernandarias y las empresas de transporte público continua, sin aparente viso de solución. La Junta Municipal recomendó al ejecutivo municipal iniciar trámites para la licitación de los itinerarios urbanos que dejaron de ser cubiertos por las empresas de transporte público.

La medida es como protesta por la incorporación de tres ómnibus eléctricos dentro del sistema de servicio interurbano de ómnibus que cubre Hernandarias/Ciudad del Este. Son buses donados por el gobierno de Corea.

Esto fue señalado por el titular del cuerpo legislativo comunal, concejal Celestino González, quien indicó que, si las empresas no cubren el itinerario, deben dar una solución a la ciudadanía y para ello, una licitación en busca de nuevos servicios, es lo que corresponde. Las empresas dejaron los itinerarios barriales y siguen cubriendo la conexión con Ciudad del Este.

En contrapartida, la presidente de la la Asociación de Transporte de Pasajeros del Este, Carolina Coronel, refirió que los itinerarios barriales que dejaron de cubrir en Hernandarias, nunca tuvieron una ordenanza de funcionamiento y se venía operando sin respaldo documental.

En cuanto a los buses eléctricos, manifestó que el servicio que está haciendo la institución municipal es ilegal porque no disponen de autorización de la Dirección Nacional de Transporte Público (Dinatran), para operar dentro del sistema de transporte público de pasajeros. Mencionó que la autorización que dice tener la comuna, no es para operar con pasajeros del servicio público, sino para coberturas especiales.

Puede interesarle: Sector hotelero pide que Senatur evolucione a Viceministerio de Turismo

“No podemos dejar un mal presente, en qué quedan las inversiones de las empresas de transporte, es una competencia desleal, ingresaron al sistema sin ninguna ley, ni marco legal, el funcionamiento ilegal”, expresó la titular del gremio de transporte de Alto Paraná.

Agregó que, ante esta situación, lo que hicieron las empresas es dejar de cubrir itinerarios que no tienen habilitación, ni respaldo municipal. La empresaria Carolina Coronel dijo que, desde el Viceministerio del Transporte se aclaró que los buses eléctricos recibidos hasta ahora, no están en condiciones para ser usados como transportes de pasajeros.

El concejal Celestino González, volvió a decir a La Nación/Nación Media que las empresas de transporte público de Hernandarias tienen un pésimo servicio, muy deficitario en varios aspectos. El incumplimiento de itinerarios urbanos, deficitaria condición técnica de las unidades de transporte, la falta de previsibilidad de salidas porque, el usuario no tiene la seguridad de contar con ómnibus en determinados horarios, son algunas de las falencias citadas por el titular de la Junta.

El concejal anunció que mañana se hará una sesión extraordinaria de la Junta Municipal, para el tratamiento de la ordenanza tributaria que contemple la operación de los tres buses eléctricos, que se incorporan al transporte público.

En tal sentido, se cumplió un mes de la incorporación de los transportes eléctricos y se dejará la gratuidad para empezar a cobrar a los usuarios 5 mil guaraníes como pasaje, al igual que en los demás transportes convencionales. El concejal González, dijo que es por tasa de mantenimiento.

Puede interesarle: Ministerio de Economía presenta oficialmente el paquete de 10 leyes económicas

El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, confirmó que las observaciones hechas por la Contraloría General de la República en torno a las transferencias a organizaciones sociales se sostienen tras una revisión exhaustiva. Además, señaló que se identificaron nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre el manejo presupuestario de la administración municipal, principalmente durante el ejercicio fiscal 2020.

“La Contraloría tuvo la razón y nosotros ahondamos en algunos puntos adicionales. Esto va a formar parte del dictamen y son otras instancias las que deberán tomar decisiones al respecto, incluso el Ministerio Público, si corresponde”, afirmó Ramírez, quien este miércoles ya brindó una conferencia de prensa revelando datos sobre los hallazgos en la gestión de Miguel Prieto.

El equipo de intervención examinó el esquema de transferencias realizadas a comisiones vecinales, que involucran cinco de las doce causales planteadas por la Contraloría. Según Ramírez, las irregularidades identificadas no se trataron de simples errores administrativos, sino de un esquema sistematizado para romper las reglas.

Lea también: Intervención CDE: comprueban graves irregularidades en transferencia de fondos

La Contraloría había advertido sobre transferencias por más de 3.000 millones de guaraníes sin el cumplimiento de los requisitos documentales básicos. La intervención corroboró que los controles exigidos legalmente, desde el inicio del proceso hasta la conclusión de los trabajos financiados, fueron omitidos.

Entre las irregularidades detectadas figuran pagos realizados a proveedores antes de que se adjudicaran formalmente los contratos, así como deficiencias graves en las rendiciones de cuentas por parte de las comisiones que recibieron los fondos.

Si bien los principales hallazgos se concentran en el ejercicio 2020, la revisión posterior demostró que los mismos vicios persistieron en años posteriores, lo que refuerza la tesis de un mecanismo repetido y no de fallas aisladas.

Le puede interesar: Latorre y Alliana mantuvieron reunión para alinear agenda legislativa

“Para nosotros, estos hallazgos configuran graves irregularidades en la ejecución presupuestaria, tal como lo tipifican la Constitución y la Ley 317”, concluyó Ramírez ante la 1020 AM, quien recordó que el equipo de intervención aún se encuentra dentro del plazo de 60 días para culminar su tarea.

Las multimillonarias ganancias de las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez ocultas como reservas operativas y cuyo destino resulta un verdadero misterio, puesto que no se observan movimientos que avalen que se aplicaron para los fines constituidos, tiene otra arista aún más compleja sobre la ruta del dinero. Y es que el 66 % de los montos declarados como reservas, equivalen a cuentas consignadas a nombre de deudores por ventas que superan ampliamente los declarados por estos clientes.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El análisis de corres­pondencia de bienes al expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez que tiene varada a la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR) en su conclusión desde hace exactamente un año, tiene cabos sueltos que resultan urgentes de enla­zar tras el escándalo desa­tado con el descubrimiento de indicios de unos USD 21 millones guardados por el exmandatario en un paraíso fiscal, en Seychelles, África.

Ganancias multimillona­rias de las empresas distri­buidoras de asfalto de Abdo que fueron de hasta 70 veces según confirmó la Contra­loría, no se visualizan en su declaración jurada de bie­nes, tampoco generaron ingresos para el fisco porque fueron enviadas a un fondo de reservas consistente en un recurso que aplica para inversiones y de esta forma exceptúa de pago de impues­tos a los dividendos y utili­dades conocido con sus sil­gas (IDU). De esta forma, no se puede dictaminar si hay o no correspondencia de bienes o evasión imposi­tiva a través de las empre­sas Aldia SA y Createc SA.

Para la interpretación final de la Contraloría resulta clave identificar el origen de unos G. 40.000 millo­nes recurso detallado como “inversiones a largo plazo” de Aldia SA. El monto resulta llamativo y fue advertido por la administración tributaria por el aumento considera­ble en el 2023 que en térmi­nos porcentuales equivale un incremento del 2.799% con relación al año anterior.

“Se verifica que estas inver­siones radican mayoritaria­mente en colocaciones de capital en el sistema finan­ciero que implican liquidez para su correspondiente obtención. En ese sentido, es preciso establecer la tra­zabilidad de las operaciones para determinar si el capi­tal utilizado proviene de pagos de los deudores por ventas, disponibilidades bancarias, venta de activos u otras fuentes”, es decir, se desconoce el origen del mul­timillonario monto, subraya el estudio de Contraloría.

En cuanto a las reservas ope­rativas existen datos aún más sospechosos porque podría encubrir un desproporcional aumento de bienes y evasión de impuestos. El 90 % de las ganancias de ambas empre­sas equivalentes a G. 292.000 millones fueron a fondos de reservas operativas; sin embargo, no existen movi­mientos que avalen la utili­zación para los fines cons­tituidos, según el informe preliminar del organismo de control.

Precisamente, el 66 % de los montos declarados como fondos de reservas operati­vas equivalen a la cuenta de deudores por ventas. El activo declarado tanto por Aldia SA y Createc SA de deudas de sus clientes son muy superiores al detalle de las cuentas pasi­vas declaradas por sus clien­tes, en algunos casos hasta inexistentes, según el análi­sis de sus estados financieros.

“A partir de los clientes que componen la cuenta DEU­DORES POR VENTAS deta­llados en los Estados Finan­cieros, se procedió a cruzar con el detalle de la cuenta pasiva PROVEEDORES LOCALES declarado por los clientes en sus respectivos estados financieros, donde se verificó que algunos clien­tes declararon montos infe­riores conforme se detalla a continuación”, refiere el estudio de la CGR y que se grafica en el cuadro adjunto a este artículo. La incongruen­cia se verifica en los estados financieros de ambas empre­sas mencionadas.

Así también el reporte del ente contralor señala que tanto en Aldia SA como Createc SA declaran “sub­cuentas CHEQUES DE PAGO DIFERIDO, OTROS CLIENTES y DOCUMEN­TOS A COBRAR - PAGARÉS; los cuales no pueden ser veri­ficados atendiendo a que el contribuyente no detalló en su Nota a los Estados Finan­cieros los clientes que com­ponen esas cuentas”.

Estas últimas observa­ciones mencionadas tor­nan bastante delicadas las maniobras en las empresas del expresidente ya que no existen garantías del destino final de las reservas, montos por los cuales no se tributa. Hasta sugieren especula­ciones de que la plata pudo haberse retirado, fue otro lado y se rellenó con deudas que, de entrada, ya son sos­pechosas porque en varios casos no son reconocidas por los clientes, son inferiores o simplemente no existen en el pasivo de los mismos.