Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes que avanza un proceso para acelerar las tareas de inventario, descarte y reposición de insumos en distintas dependencias judiciales, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y ofrecer una atención más eficiente a los usuarios del sistema de justicia.

La iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento institucional y contempla un relevamiento integral de las necesidades operativas en los Juzgados Penales de Garantías y de Ejecución del Fuero Especializado contra Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, ubicados en la sede judicial de la Capital.

Durante la inspección técnica se identificaron carencias de equipamiento, mobiliarios fuera de uso y elementos deteriorados que afectan el funcionamiento cotidiano de las oficinas. Como parte de la jornada, se procedió al retiro de muebles en desuso y se inició el proceso para la baja patrimonial de aquellos bienes que ya no reúnen condiciones para seguir siendo utilizados.

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La evaluación también permitirá determinar qué equipos e insumos requieren reposición, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles, mejorar la distribución de los espacios físicos y adecuar las condiciones de las dependencias judiciales a las necesidades actuales del servicio.

El plan busca, además, ordenar los procesos administrativos vinculados al control patrimonial y al abastecimiento de materiales, reduciendo tiempos en la gestión de inventarios y facilitando una respuesta más ágil ante los requerimientos de las distintas oficinas.

Para la ejecución de estas tareas participaron de manera coordinada equipos técnicos de las áreas de Infraestructura Física, Contabilidad y Patrimonio, Suministro y Bienes, Archivo General de los Tribunales y la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, responsables de realizar la evaluación técnica y acompañar las acciones de reorganización previstas dentro del programa de mejoramiento institucional.

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• Por Antonella Mateu

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos, cada vez que una persona compra un producto, contrata un servicio o importa un bien, paga este tributo, considerado uno de los pilares de la recaudación tributaria del país.

Según datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), durante 2025 el IVA generó una recaudación de G. 12,88 billones, equivalente a más de la mitad de los ingresos tributarios internos administrados por la institución, consolidándose como el impuesto de mayor aporte al Estado.

La contadora Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay, explicó a La Nación/Nación Media que el IVA grava principalmente la venta de bienes, la prestación de servicios, excepto aquellos realizados en relación de dependencia, y la importación de mercaderías.

“Cuando hablamos del IVA, lo primero que debemos entender es cuál es el hecho generador del impuesto. Este nace con la venta de bienes, la prestación de servicios independientes y también con la importación de bienes”, señaló.

Talavera indicó que son contribuyentes del IVA las personas físicas que prestan servicios profesionales o personales de manera independiente, quienes obtienen ingresos por alquileres de inmuebles, las empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades, sucursales de firmas extranjeras, importadores habituales y ocasionales, además de otras entidades contempladas por la legislación tributaria.

Precisó que los trabajadores en relación de dependencia no tributan IVA por los servicios que prestan como empleados, ya que esos ingresos no forman parte del hecho generador del impuesto.

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El gerente general de Impuestos Internos de la DNIT, Ever Otazú, explicó a La Nación/Nación Media que el IVA funciona sobre el valor agregado en cada etapa de la cadena económica.

En la práctica, una empresa cobra el impuesto al vender un producto o prestar un servicio, pero puede descontar el IVA que ya pagó en las compras relacionadas con su actividad económica. La diferencia entre ambos conceptos es el monto que finalmente debe ingresar al fisco.

“Por eso se habla de IVA débito e IVA crédito. El débito corresponde al impuesto generado por las ventas, mientras que el crédito representa el IVA pagado en las compras realizadas por el contribuyente”, explicó.

Por su parte, Talavera recordó que la liquidación del impuesto se realiza mensualmente, conforme al calendario establecido según la terminación del Registro Único del Contribuyente (RUC).

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En Paraguay existen actualmente dos tasas de IVA. La tasa general del 10 % se aplica a la mayoría de los bienes y servicios comercializados en el país, mientras que la tasa reducida del 5 % alcanza a determinados productos y operaciones, entre ellos algunos alimentos de la canasta básica, productos agropecuarios en estado natural, medicamentos de uso humano, venta de inmuebles y alquileres destinados exclusivamente a vivienda.

Otazú recordó además que todos los precios ofrecidos al consumidor final deben incluir el IVA, por lo que el monto exhibido ya contempla el impuesto correspondiente.

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La especialista explicó que la obligación tributaria nace cuando ocurre la entrega del bien, la prestación del servicio, el cobro total o parcial del precio o el vencimiento del plazo pactado para el pago.

En algunos servicios existen reglas específicas. Por ejemplo, en los suministros de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y telecomunicaciones prestados por empresas públicas, el hecho generador se produce con el vencimiento del plazo para el pago.

Asimismo, en servicios prestados desde el exterior o en operaciones de financiamiento y préstamos, la obligación tributaria también se determina por el primer hecho que ocurra entre el pago o el vencimiento correspondiente.

Uno de los cambios más relevantes incorporados por la Ley n.º 6380 afecta a los bienes que salen del patrimonio de una empresa por destrucción, pérdida, obsolescencia, sustracción u otras causas. Talavera explicó que, en estos casos, el contribuyente debe revertir el IVA crédito previamente utilizado y emitir el comprobante correspondiente, tratándose la operación como si se hubiera realizado una venta.

Otra de las modificaciones beneficia a quienes prestan servicios personales, ya que pueden utilizar como crédito fiscal hasta el 30 % del IVA pagado en la compra de vehículos, siempre dentro de las condiciones previstas por la normativa vigente. Agregó que dicha adquisición también puede considerarse gasto deducible para el Impuesto a la Renta Personal (IRP), respetando el plazo establecido de tres años entre compras.

Desde la DNIT resaltan que solicitar factura no solo constituye un derecho del consumidor, sino también una herramienta para combatir la informalidad. Cada comprobante deja constancia de quién realizó la venta, qué producto o servicio fue adquirido, el monto de la operación y el impuesto correspondiente. Esa información permite verificar que el IVA efectivamente sea declarado y abonado.

Además, la factura sirve como respaldo para reclamos, garantías comerciales y, en el caso de los contribuyentes, para ejercer el derecho al crédito fiscal o a determinadas deducciones permitidas por la legislación.

Los recursos provenientes del IVA ingresan al Presupuesto General de la Nación (PGN) y constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del Estado paraguayo. Con esos ingresos se sostienen áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura, programas sociales y el funcionamiento de los servicios públicos.

Para la DNIT, cada factura emitida y cada operación formalizada fortalecen tanto la recaudación tributaria como la economía formal, permitiendo que el Estado disponga de recursos para cumplir sus funciones esenciales.

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Tras una reunión con el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), representantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) abordaron la situación del abastecimiento de medicamentos y la deuda pendiente con proveedores.

El principal tema tratado fue la crisis de provisión de medicamentos, según explicó Luis Ávila, director ejecutivo, en entrevista con “Tarde de perros” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aclaró que existe una diferencia entre la emisión de una orden de compra y el momento en que las empresas farmacéuticas están en condiciones de fabricar y entregar los productos.

Señaló que varios medicamentos redujeron sus niveles de compra y que los retrasos no responden únicamente a la deuda existente, sino a procesos finales de producción y entrega. Indicó que varios productos ya fueron suministrados y que la provisión continuará en los próximos días.

El representante de Cifarma destacó la conformación de una mesa de trabajo con el Consejo de IPS, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la institución y los proveedores.

En ese sentido, señaló que es necesario contar con mayor previsibilidad sobre las necesidades del instituto para organizar la producción y garantizar la disponibilidad de insumos.

“Entendieron que hay todo un sistema de logística, e incluso hay una posibilidad de sentarnos a establecer nuevos periodos en el que se genera una orden hasta que se entrega el medicamento”, explicó.

Sobre los productos pendientes, indicó que de los más de 170 medicamentos en espera, más de 20 ya fueron suministrados y otros 30 serán entregados en los próximos 15 días. Estos abastecimientos cubrirían aproximadamente 60 días, según detalló.

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Durante el encuentro también se trató la deuda con el sector farmacéutico. El director ejecutivo de Cifarma informó que trabajan en dos ejercicios financieros y que el jueves mantendrán una reunión con la directora financiera del IPS para presentar un plan de pagos a mediano plazo.

“Para nosotros es una apertura, es un horizonte de cómo van a ir pagando”, señaló.

Otro de los puntos analizados fue el mecanismo de factoraje y la conciliación final por parte del Ministerio de Salud Pública y Binestar Social (MSPyBS).

Cifarma indicó que fueron presentadas más de 43 carpetas que debían ser depuradas para identificar cuáles están en condiciones de pago y posteriormente transferir la información a los bancos. Este proceso estaría culminando durante esta semana.

Los proveedores asumirán los intereses correspondientes a estas operaciones. Según las estimaciones del gremio, la cesión total para proveedores rondaría los USD 300 millones al cierre del mes.

Además, señalaron que el pago normal que se viene realizando alcanza aproximadamente USD 40 millones mensuales, al que se sumaría el esquema de cesión mencionado.

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El gobierno de Santiago Peña, a través del Ministerio de Salud Pública, transfirió G. 52.413.725.090 a los Consejos de Salud de las 18 regiones sanitarias entre agosto de 2023 y julio de 2026, como parte de los Fondos Basados en Resultados Sanitarios (Fobares), consolidando la mayor inversión en descentralización sanitaria de la administración.

Esta inversión permitió el financiamiento de equipamiento, infraestructura, inmunización y salud bucodental en todo el territorio nacional, con rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República. Los desembolsos se realizaron mediante transferencias electrónicas en tiempo real a través del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), garantizando trazabilidad completa de cada operación.

Los desembolsos sumaron G. 12.110.326.882 en el 2023, G. 24.220.326.882 en el 2024, G. 12.110.000.000 en 2025 y G. 3.973.071.326 en lo que va de 2026, mediante las transferencias realizadas por la cartera sanitaria, a cargo de la ministra María Teresa Barán a los Consejos de Salud de las 18 regiones sanitarias. Los tres mayores receptores fueron Central, con G. 7.403.942.902, Itapúa, G. 6.057.853.087 y Alto Paraná, con G. 3.966.418.298, que son los departamentos con mayor densidad poblacional y número de establecimientos de salud.

El resto de las regiones también registró transferencias sostenidas, de G. 3.777.342.246 para San Pedro; G. 3.594.829.086 para Caaguazú; G. 3.271.674.871 Concepción; G. 3.173.036.573 para Cordillera; G. 3.101.099.851, Paraguarí y G. 2.725.540.320 para Canindeyú; Guairá, con G. 2.657.750.380; Caazapá con G. 2.227.952.192; Misiones con G. 2.161.836.213; Ñeembucú con G. 1.980.648.443; Presidente Hayes con G. 1.732.843.800; Capital con G. 1.644.068.806; Amambay con G. 1.211.937.622; Boquerón con G. 1.045.475.400 y Alto Paraguay con G. 679.475.000)

La cartera de salud señala que cada transferencia fue ejecutada con plenas garantías de transparencia y control institucional. Los Consejos de Salud beneficiarios, son organismos creados por la Ley n.° 1032/96, se encuentran inscriptos en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARA), presentan sus rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República y avanzan en su incorporación al Sistema Integrado de Rendición de Cuentas (SIIRC).

Los recursos se destinaron al fortalecimiento de establecimientos de salud pública en todo el territorio nacional, con inversiones en equipamiento, infraestructura, mantenimiento, inmunización y salud bucodental a través del programa Carie Cero, articulado con la política Hambre Cero del Gobierno nacional. La Dirección General de Descentralización en Salud (DGDS) acompañó el proceso con asistencia técnica permanente a los Consejos de Salud, consolidando sus capacidades de gestión y fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos públicos.