El pedido de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, impulsado por diputados de la oposición, ya cuenta con el rechazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y del diputado Basilio Núñez, quien es líder de la bancada de Honor Colorado. La solicitud sería tratada en la sesión de mañana miércoles.

Núñez considera que el planteamiento que se dio a dicho escenario responde a cuestiones políticas de los partidos de la oposición. “Adelanto mi voto por el rechazo al juicio político de la FGE por inconsistente, sectario y politizado”, expresó el legislador en su cuenta de Twitter.

Criticó que aquellos parlamentarios hacen referencia a la postura de la ciudadanía sin representarlos ni consultarlos. “El objetivo es tener en ‘chake’ a la institución y sobre todo que les responda”, añadió.

Mientras que el diputado Édgar Acosta, uno de los que impulsa el juicio político, sostuvo que la “vara de la Fiscalía fue muy alta para imputar a débiles, ya que violaron decreto presidencial; pero es baja con hechos de corrupción de millones de dólares”.

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También el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana indicó que no encuentra los motivos para someter a juicio político a Quiñónez. “Creo que la ciudadanía se da cuenta de que esto es algo montado. Tiene que reinar la calma y mirar para adelante”, expresó.

El motivo por el que impulsan el juicio político sería por mal desempeño en sus funciones. Entre las argumentaciones se sostiene que la misma habría cometido tráfico de influencias en el caso del empresario Karim Salum, quien tuvo permiso para guardar la cuarentena en su domicilio por padecer una enfermedad de base. No obstante, luego se vio obligado a pasar a un albergue habilitado por el Estado.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados trató el pedido y por mayoría de votos firmó un dictamen por el rechazo al pedido que se plantea. Como cámara acusadora dentro del proceso de juicio político, si se logra la mayoría absoluta de votos el tema pasa al Senado, que se encargaría de juzgar a la funcionaria. En el caso de pretender la destitución necesita mayoría absoluta de dos tercios de votos.

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