Desde la Agrupación Especializada afirmaron que rechazarán más personas civiles procesadas.

La Agrupación Especiali­zada ya no está en condicio­nes para seguir recibiendo a más personas civiles proce­sadas por la Justicia debido a la falta de espacio, admitió ayer miércoles el comisario Sabino López, jefe de dicha dependencia policial.

“Ya no podemos recibir casos civiles. Estamos superpobla­dos. Personal policial recibi­mos por ser estrictamente de seguridad. Pero personal civil contestamos siempre con argumentos que ya no tenemos lugar”, expresó en diálogo con la 1020 AM.

El jefe policial hizo esta aco­tación en referencia a los directivos de ueno bank que fueron trasladados hasta el reclusorio de este estableci­miento táctico de la Policía Nacional. Por disposición de la Fiscalía, los directivos varones fueron trasladados a la Agrupación Especiali­zada y las dos detenidas fue­ron derivadas a la Comisaría de Mujeres de Asunción.

En ese sentido, López mani­festó que la permanencia de los procesados en el lugar “debería ser solo provisoria”, a la espera de su traslado a la Fiscalía y al Juzgado, indicó.

Asimismo, el comisario des­mintió que los bancarios compartan celda con otros presos como Alcides Oviedo y Walter Bower. “Están apar­tados porque ellos son conde­nados y estos apenas están empezando el proceso. Están juntos”, precisó. Los deteni­dos son: Julio Daniel Rey Fernández, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diego Fernando Duarte Schusmu­ller, Alejandro Gómez Abente y Juan Manuel Gustale.

La Agrupación Especializada ya no está en condiciones para seguir recibiendo a más personas civiles procesadas por la justicia debido a la falta de espacio, admitió este miércoles el comisario Sabino López, jefe de dicha dependencia policial.

“Ya no podemos recibir casos civiles. Estamos superpoblados. Personal policial recibimos por ser estrictamente de seguridad. Pero personal civil contestamos siempre con argumentos que ya no tenemos lugar”, expresó en diálogo con la 1020 AM.

El jefe policial hizo esta acotación en referencia a los directivos de ueno bank que fueron trasladados hasta el reclusorio de este establecimiento táctico de la Policía Nacional.

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Por disposición de la Fiscalía, los directivos varones fueron trasladados a la Agrupación Especializada y las dos detenidas fueron derivadas a la Comisaría de Mujeres de Asunción.

En ese sentido, López manifestó que la permanencia de los procesados en el lugar “debería ser solo provisoria”, a la espera de su traslado a la Fiscalía y al Juzgado, indicó.

Asimismo, el comisario desmintió que los bancarios compartan celda con otros presos como Alcides Oviedo y Walter Bower. “Están apartados porque ellos son condenados y estos apenas están empezando el proceso. Los seis están juntos”, precisó.

Los detenidos son: Julio Daniel Rey Fernández, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diego Fernando Duarte Schusmuller, Alejandro Gómez Abente y Juan Manuel Gustale.

Igualmente, el comisario Javier Flores, jefe de Investigación de Delitos, manifestó a los medios de comunicación que los traslados se realizan por medidas de seguridad porque en la sede no hay espacio físico para albergarlos. Mencionó que por “circunstancias de esa naturaleza y por motivos de seguridad son trasladados a ese lugar” (Agrupación Especializada).

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El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.

La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.

La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.

Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.

En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.

Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.

El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.

A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.

Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.

El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.

La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.

Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.

Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.

La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.

El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.

Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.

La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.

La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.