El ministro de Educación Eduardo Petta recibió el voto de censura de la Cámara de Senadores, luego de que las respuestas a los cuestionamientos hechos durante su interpelación sobre la gestión durante la crisis sanitaria, no convencieron a los legisladores. El presidente Mario Abdo puede aceptar o rechazar la decisión de los parlamentarios.
La Nación aprovechó el contexto político y consultó a sus lectores sobre dicha postura del Senado y la respuesta que podría dar el mandatario. En la plataforma Votá se preguntó: ¿El ministro Eduardo Petta debe o no seguir al frente del Ministerio de Educación?
El 58% cree que “el cargo siempre fue demasiado para él”, el 28% respondió que “hay que darle una oportunidad”, mientras que el 14% considera que “ha demostrado su incapacidad”.
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Voto de censura
Con 31 votos se aprobó el voto de censura. Con esa resolución se recomienda al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, la destitución del funcionario. Por más que no es una decisión vinculante para el Ejecutivo, el cuerpo legislativo marca su postura como uno de los poderes.
La interpelación se realizó en una sesión extraordinaria que duró más de 10 horas. El ministro Petta respondió a medias todos y cada uno de los cuestionamientos presentados en su contra, sobre temas como la situación educativa en nuestro país, ejecuciones presupuestarias, kits de alimentos, reclamos de gremios docentes y organizaciones estudiantiles, entre otros.
Los mismos hoy también piden al presidente que acepte esta recomendación y pone a conocimiento el perfil deseado de la persona que podría ocupar el cargo. Esperan que responda a los intereses de la educación y no solo de un grupo que busca lucrar con ella, además espera que sea promotor de principios democráticos sin imposición ideológica.
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“Se hizo un acuerdo muy interesante para los docentes”, afirma titular del MEC
“Se realizó un trabajo articulado de muchas semanas y se hizo un acuerdo muy interesante para los docentes”, sostuvo el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, en torno al proyecto de reforma de la caja fiscal que será analizado este miércoles por el Senado.
Señaló que ante ese escenario no existe “un elemento” que justifique el paro total de actividades aplicado por los docentes desde ayer martes y que seguirá este miércoles. “El inicio de la movilización tuvo un acatamiento entre el 80 al 90 %, es bastante alto”, expresó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Se estima que el poder de convocatoria en la fecha será el mismo o que incluso aumentará. Los educadores de diferentes puntos del país nuevamente se aglomerarán en la Plaza de Armas, localizada frente al Congreso Nacional, para seguir el tratamiento de la propuesta que será modificada por los senadores ante el rechazo del proyecto aprobado en febrero por los Diputados.
Ramírez también consideró prudente que los Diputados se tomen el tiempo suficiente para analizar las modificaciones que serán aprobadas en el Senado. “Puede ser que ellos necesiten más tiempo para interiorizarse y creo que es justo para que puedan compartir la información en sus respectivas bancadas, creo que esto se puede dar y es legítimo que eso ocurra”, puntualizó.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, encabezado por Silvio “Beto” Ovelar dictaminó ayer martes por la aprobación de la iniciativa con modificaciones luego de mantener una reunión conjunta con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos y representantes del MEC.
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Los cambios planteados por dicho órgano asesor serían planteados al plenario en la fecha para su consideración, todo apuntaría a que los mismos serán acompañados, teniendo en cuenta que también fueron consensuados con los sectores afectados, especialmente el gremio docente.
Entre los puntos acordados se fijo que el aporte estatal será del 10 % y que los sectores deficitarios deberán aportar un 19% al cierre de cada año, en lugar del 16% actual.
En relación con la jubilación ordinaria, la tabla establecida en el proyecto contempla la posibilidad de acceder al beneficio a partir de los 53 años de edad con 25 años de aportes, como requisito mínimo, aunque el trabajador puede optar por continuar en actividad. La escala se extiende hasta los 58 años de edad y más de 30 años de aportes.
Cuanto mayor sea la edad y los años de servicio, mayor será el porcentaje de la jubilación, que oscilaría entre un mínimo del 78 % y un máximo del 90 %. La denominación de jubilación extraordinaria quedará restringida a situaciones vinculadas con enfermedades o incapacidades, las cuales estarán reguladas conforme a lo establecido en la ley.
Aquellas personas que, al momento de la sanción de la nueva ley, cuenten con más de 20 años de aportes podrán optar entre acogerse al sistema vigente o al nuevo régimen, atendiendo a uno de los pedidos planteados por los gremios.
El cálculo del haber jubilatorio se realizará sobre un periodo de cinco años, excepto en los casos en que el funcionario haya tenido un aumento en el número de turnos cubiertos, situación en la que el cálculo se realizará sobre un periodo de diez años. Precisó que esta disposición afectará principalmente al sector docente, a docentes universitarios y a magistrados. La reforma entrará en vigencia desde el momento de su promulgación.
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Abc es puro paja
- Por Benjamín Livieres
- Analista político de NM
Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.
Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.
Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.
¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.
Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.
Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.
Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.
Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.
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MEC invirtió G. 26.000 millones para mejorar un centenar de escuelas de Asunción y Central
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) reportó una inversión de 26.053.138.443 de guaraníes en obras, que van desde refacciones hasta nuevas construcciones, para escuelas y colegios de Asunción y del departamento Central, previamente al inicio del año lectivo que se dio el pasado 23 de febrero, con el objetivo de brindar seguridad y comodidad a estudiantes de los distintos niveles educativos.
Los trabajos de mejoramiento se pusieron en marcha entre octubre y noviembre del 2025 en un total de 12 escuelas y colegios de Asunción, beneficiando en las áreas renovadas a una población de 4.927 alumnos con nuevo sistema de desagüe pluvial, pintura externa e interna de aulas y pabellones, reparación de techos, arreglo de murallas perimetrales y laterales, reparación de canaletas, construcción de sanitarios sexados e inclusivos, cambio de sistema de cañerías de agua, nueva iluminación, entre otras. Toda esta tarea tuvo un costo global de 2.991.082.594 millones de guaraníes.
Un segundo lote de intervención en la capital se desarrolló de noviembre a diciembre del 2025 y abarcó a 13 locales escolares, que en conjunto favorecen de forma directa a 5.402 estudiantes con similares reparaciones y nuevas instalaciones por un monto de 3.241.807.422 millones de guaraníes, donde también se incluye renovación de instalaciones eléctricas, reparación de techos de las salas de clase, por citar algunas.
Más alumnos beneficiados
De diciembre del año pasado a enero del 2026, el remozamiento de instituciones educativas por parte de la cartera educativa, siempre en territorio asunceno, alcanzó con este tipo de obras a 14 establecimientos educativos, a través de una inversión de 3.489.803.101 millones de guaraníes, con 4.519 alumnos beneficiados, contemplando igualmente la colocación de pisos en tinglados y polideportivos, construcción de salones comedores, colocación de portones, entre otros.
Otras nueve escuelas y colegios nacionales fueron reparados entre los meses de enero y febrero de 2026, incorporando a la lista a la Escuela Básica n.° 1.556 “Defensores del Chaco”, de la ciudad de San Bernardino, en el departamento de Cordillera, y a la Escuela Básica n.° 3.453 “Sagrada Familia”, de la ciudad de Itá, en el departamento Central. La inversión en este paquete de construcción fue de 2.245.625.790 millones de guaraníes.
Obras en curso y proyectadas
A todo esto, se suman otras 34 instituciones educativas tanto de la capital como de localidades de Central como San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Ypané, J. Augusto Saldívar, Capiatá, Areguá, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso, sobre las cuales existen contratos para la realización indistintamente de trabajos de reparación o de mantenimiento. Las tareas se encuentran finalizadas en 32 de estos locales, lo cual demandó un costo de 7.346.922.133 millones de guaraníes.
Además, actualmente está en proceso de arreglo la Escuela Básica n.° 575 “Juan José Soler”, de Villa Elisa, por 153.077.867 millones de guaraníes y en plan de inicio la Escuela Básica n.° 4.734 “Defensores del Chaco”, de Mariano Roque Alonso, por 449.712.622 millones de guaraníes.
Para marzo, la cartera educativa tiene proyectada la realización de numerosas reparaciones y nuevas obras, con recursos ya asegurados, en 27 escuelas y colegios de Asunción y ciudades del departamento Central, como Ñemby, Lambaré, Fernando de la Mora, Capiatá y Limpio, a través de una inversión de 6.737.897.403 millones de guaraníes, que serán aprovechadas por 5.409 estudiantes, de manera directa, con intervenciones iguales a las realizadas en otras instituciones educativas.
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Falleció Farías Kronawetter, imputado en caso de filtración de Seprelad
El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.
La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.
Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.
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Vínculo con Giuzzio
En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.
En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.
Imputación
El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).
La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).
El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.
Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.
El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.
Equipo paralelo en Seprelad
El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.
“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.
También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.
“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.
Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.