La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), solicitó el seguimiento de la ciudadanía al análisis que se realizará en las distintas comisiones asesoras del estamento al proyecto que pretende aumentar las penas por estafa y lesión de confianza por daños al Estado. La iniciativa pretende aumentar las condenas a 15 años.
El tratamiento del proyecto en la plenaria fue postergado días atrás y fue remitido a las comisiones para sus respectivos dictámenes, ya sea a favor o en contra de la propuesta.
“Debe darse el aumento de penas. Desde la comisión de reforma penal, la cual presido, solicitamos la remisión del proyecto. Convocaremos a una reunión extraordinaria para el día viernes para el tratamiento del proyecto, esperamos el acompañamiento de la ciudadanía”, indicó.
Lea también: Abdo Benítez expresa solidaridad con Brasil: “Está pasando por un momento muy difícil”
El proyecto de ley surgió ante los recientes supuestos hechos de corrupción que salpicaron a ex funcionarios del Estado como la ex titular de Petropar Patricia Samudio o el ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo, quienes tras darse a conocer las situaciones de irregularidad en sus respectivas gestiones presentaron sus renuncias.
“Hoy tenemos que el que roba un celular tiene un marco penal de 1 a 15, el que roba dos vacas puede ir hasta 15 años preso, pero el que lleva la plata de todos su mínima es de 6 meses a 5 años, máximo 8 años en hechos de estafa y 10 en lesión”, mencionó.
Lea también: Retorno: Consulado en Buenos Aires aclara procedimientos para repatriación
Dejanos tu comentario
Oficialismo impulsa comisión para investigar casos de corrupción en IPS y Salud Pública
El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, confirmó que el bloque solicitó este lunes a la mesa directiva de la cámara impulsar la creación de una Comisión Especial de Investigación con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS).
“Hemos presentado el pedido para la creación de la comisión y, por sugerencia de algunos colegas, seguro será ampliado a todo el sistema de Salud Pública, el cual será tratado en plenaria”, comentó a los medios de comunicación.
Chase no descartó que la conformación del bloque sea bicameral, es decir, que se encuentre integrada por senadores y diputados. “Nosotros como oficialismo impulsamos la medida”, puntualizó.
Lea también: Peña encabezó cumbre para consolidar el liderazgo y la competitividad del país
La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judicial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart S.A. para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron.
De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Dejanos tu comentario
Estafa a menonitas: piden a juez fijar fecha para extracción de datos de teléfono de acusado
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien ejerce la querella adhesiva en representación de los ciudadanos menonitas de Río Verde (San Pedro) —víctimas de una millonaria estafa—, solicitó al juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, que fije la fecha para la extracción de datos del teléfono celular del acusado William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
El pedido obedece a que el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión ya comunicó al juzgado la disponibilidad para realizar dicha diligencia judicial, por lo que el magistrado solo debe determinar el día y la hora.
El escrito de la querella menciona que, al no haber impedimentos para proseguir con la extracción —la cual fue suspendida el 26 de noviembre de 2025 debido a la falta de licencia del software—, y al estar superada dicha situación fáctica, se solicita fijar a la brevedad posible la audiencia de extracción de datos y la toma de juramento de los peritos. Esto en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron el procedimiento en el año 2025.
Te puede interesar: Inmueble comisado fue entregado a la Senabico para su administración
Por otra parte, el próximo 21 de agosto a las 08:45 se llevará a cabo la audiencia preliminar para Bogarín y los demás acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Además del exfuncionario, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
Podes leer: Condenan a concejal de Villa Elisa por exigir USD 15.000 para frenar denuncia
Dejanos tu comentario
“Sus propios aliados le entregaron, aceptaron que se robó”, dice Alliana sobre Prieto
“Ni le conozco a este muchacho, ni a los jueces y fiscales de sus causas judiciales. No debería preocuparse por mí, sino por sus aliados”, indicó el segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario, Pedro Alliana, con relación a las acusaciones de “persecución política” que manifiesta el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, a puertas de dos juicios por corrupción.
“Sus propios exfuncionarios fueron los que le entregaron, aceptaron los hechos, que sí se robó, en una época tan difícil como fue la pandemia. Es candidato a presidente de la República y si hace denuncias que lo haga de manera responsable, con pruebas, y no justificar 46 denuncias por hechos de corrupción como una persecución política”, indicó Alliana, este jueves, a la 1020 AM.
El dirigente opositor enfrentará el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en la causa conocida como Tía Chela por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia. El Ministerio Público refiere que en la gestión de Prieto se concretó un perjuicio patrimonial de más de G. 2.500 millones a la comuna esteña.
Lea también: Caso IPS: juez otorga libertad ambulatoria para Jorge Brítez
Días atrás también se confirmó que enfrentará un juicio oral y público en la causa conocida como Tajy, en la que la Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de dicha empresa, sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.
El órgano extrapoder refiere que se ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500. En esta causa, Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, exencargada de órdenes de pago, admitieron el montaje de un esquema de compra simulada mediante licitaciones por vía de la excepción.
Sin embargo, Prieto refiere que el avance de estas causas obedece a una persecución política con la finalidad de sacarlo de la carrera presidencial en el 2028. “No le tengo miedo a Prieto (de enfrentarle en las urnas) y no entraré en su juego, si le voy a ganar será en la cancha, pero él debe rendir cuentas. Ya me enfrenté en elecciones con candidatos de fuste y él es un líder distrital”, sentenció Alliana.
Dejanos tu comentario
Fijan audiencia preliminar para acusados por estafa a colonos menonitas
El próximo 21 de agosto, a las 08:45, se llevará a cabo la audiencia preliminar para el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín, y otros acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Las víctimas de este caso son colonos menonitas de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro. Además de Bogarín, están acusados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Asimismo, se espera que se realice la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín, procedimiento que podría aportar información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
La acusación
La acusación fiscal sostiene que los hechos comenzaron en el año 2017, cuando el acusado Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Tras ganarse la confianza de los inversionistas, primero los desaconsejó de realizar la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores. Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al Indert y ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia.
Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico” integrado por los abogados William Bogarín e Ilse Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso utilizados para sostener el engaño. Según la Fiscalía, se promovieron juicios de interdicto de recobrar la posesión basados en hechos inventados, afirmando que los Friesen habían sido despojados violentamente de los inmuebles, pese a que jamás tuvieron la posesión de estos.
Los documentos presentados por los acusados —incluyendo planos, fotografías, comunicaciones vía WhatsApp, escritos dirigidos al Indert y supuestas resoluciones judiciales— mantenían a las víctimas en una expectativa constante. Para sostener el esquema, se reportaron viajes ficticios al Chaco, mensuras inexistentes, comisiones falsas de funcionarios públicos e incluso audios en los que Ljubetic afirmaba que ya se había ordenado el ingreso a las propiedades.