La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), solicitó el seguimiento de la ciudadanía al análisis que se realizará en las distintas comisiones asesoras del estamento al proyecto que pretende aumentar las penas por estafa y lesión de confianza por daños al Estado. La iniciativa pretende aumentar las condenas a 15 años.
El tratamiento del proyecto en la plenaria fue postergado días atrás y fue remitido a las comisiones para sus respectivos dictámenes, ya sea a favor o en contra de la propuesta.
“Debe darse el aumento de penas. Desde la comisión de reforma penal, la cual presido, solicitamos la remisión del proyecto. Convocaremos a una reunión extraordinaria para el día viernes para el tratamiento del proyecto, esperamos el acompañamiento de la ciudadanía”, indicó.
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El proyecto de ley surgió ante los recientes supuestos hechos de corrupción que salpicaron a ex funcionarios del Estado como la ex titular de Petropar Patricia Samudio o el ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo, quienes tras darse a conocer las situaciones de irregularidad en sus respectivas gestiones presentaron sus renuncias.
“Hoy tenemos que el que roba un celular tiene un marco penal de 1 a 15, el que roba dos vacas puede ir hasta 15 años preso, pero el que lleva la plata de todos su mínima es de 6 meses a 5 años, máximo 8 años en hechos de estafa y 10 en lesión”, mencionó.
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De desaparecida a imputada: víctimas de decoradora suman denuncias
La fiscal Carolina Ramírez imputó ayer martes por simulación de hecho punible y estafa a la decoradora Patricia Analí Jara Meza (38), quien fue detenida el lunes, tres días después de reportarse su supuesta desaparición. Durante el fin de semana se formalizaron dos denuncias por estafa en su contra, y ahora más de una decena de presuntas víctimas conformaron un grupo para organizar acciones penales por incumplir con la organización de diversos eventos, cuyos pagos anticipados no fueron reembolsados.
El hermano de la organizadora de eventos denunció su desaparición, hacia las 11:00 horas del viernes 28 de febrero sobre la calle Anselmo Adorno del barrio Loma Barrero de Capiatá, tras recibir un mensaje de WhatsApp en que refería una supuesta situación intimidatoria, indicando que fue llevada contra su voluntad.
“Tengo una amenaza de muerte. Desde hace días me quitan plata. Ya no doy más. […] Debo huir. Me quitaron tanta plata que no podré cubrir el evento. Cuídense por favor. Es alguien de la competencia. No puedo decir más... cualquier cosa me comunico con ustedes. Me prohibieron hacer eventos”, fue el texto de la mujer que motivó la denuncia por su supuesta desaparición.
Escondida en hoteles
Sin embargo, tras contactar con sus familiares, la mujer fue localizada el lunes 2 de marzo, al mediodía, en Carapeguá y trasladada a la comisaría 32 Posta Yvycuá de Capiatá, donde quedó a disposición del Ministerio Público, cuya investigación indica que la presunta víctima había retirado unos 5 millones de su cuenta y se alojó en un hotel de Quiindy y luego en otro de Carapeguá.
La fiscal Ramírez refirió a NPY que Patricia Jara se movilizó sola y que habría fingido las amenazas para justificar la cancelación de contratos que debía cumplir el sábado. Al momento en que fue detenida cayó en contradicciones, pero se abstuvo de declarar ante la Fiscalía. La representante del Ministerio Público solicitó su prisión preventiva y este miércoles estaba prevista la imposición de medidas del juzgado.
Jara se dedicaba a la organización integral de eventos sociales, principalmente fiestas de 15 años y casamientos. Luego de conocerse esta simulación, al menos una veintena de presuntas víctimas denunciaron haber entregado entre 10 y 20 millones de guaraníes por servicios no realizados. El martes, un grupo de estafados realizó un escrache frente a la vivienda de la mujer y en la comisaría donde se encontraba recluida. El abogado Miguel Godoy, representante de los denunciantes, informó que más personas se unirán al grupo conformado.
“Es una estafadora. Nuestra experiencia fue profundamente lamentable. Tras recaudar dinero de varias personas, desapareció sin dar respuestas. Lo más inquietante es que, lejos de asumir responsabilidades, intenta presentarse como víctima”, manifestó Juliana Acevedo, una de las presuntas víctimas, a través de redes sociales. Por su parte, otra afectada, Patricia Larrea, escribió en plataformas digitales: “Yo le estoy pagando por el 15 de mi hijo. El jueves y el viernes me escribió pidiendo más dinero por sus promociones”.
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Justicia argentina acusa por corrupción a exfuncionario de Milei
La justicia argentina acusó al exfuncionario del presidente Javier Milei que dirigía la agencia para la atención de personas con discapacidad y a otras 18 personas de haber cobrado sobornos y desviado fondos del organismo, según documentos judiciales publicados el lunes.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue disuelta en diciembre tras denuncias de corrupción que salpicaron a la hermana del presidente, Karina Milei.
Según una resolución a la que accedió la AFP, un juez federal acusó al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, por presunto cobro de sobornos, fraude al Estado y asociación ilícita entre 2023 y 2025. También dispuso el procesamiento de otras 18 personas, entre ellas funcionarios de Andis y privados. A todos les embargó los bienes.
“Se acreditó la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios públicos dentro de la Andis y actores privados del sector salud”, indicó la resolución, y agregó que “dicha organización se dedicó a desviar recursos públicos a través de compras direccionadas y sobreprecios”.
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El caso estalló en agosto tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los que aseguraba que Karina Milei, secretaria general de la presidencia, recibía un 3 % del monto pagado por la agencia para la compra de medicamentos.
Spagnuolo renunció a su cargo días después. El presidente dijo primero que mentía en los audios, aunque luego Spagnuolo arguyó ante la Justicia que los audios fueron manipulados. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación en base a otras pruebas.
Los audios no fueron usados como prueba por el fiscal ni por el juez, y no son mencionados en la resolución, que se basa en documentación recabada en allanamientos y declaraciones indagatorias.
Karina Milei no está entre los acusados. Sin embargo, para el juez, las pruebas sugieren que el mecanismo de corrupción en Andis “no se trató de algo encapsulado” y “podría tener otro nivel de complicidades” que debe ser investigado.
“La causa Andis confirma punto por punto lo que denunciamos”, señaló a la AFP el abogado Gregorio Dalbón, que fue quien denunció penalmente los presuntos hechos de corrupción en agosto.
“El Gobierno nacional, y en particular quienes tienen responsabilidad política sobre el área, deben dar explicaciones urgentes”, añadió Dalbón, que es uno de los abogados de la líder opositora y expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) en otras causas. El gobierno disolvió en diciembre la Andis y delegó las funciones de asistencia del organismo al ministerio de Salud.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, la Andis ha estado bajo una auditoría que ha permitido detectar decenas de miles de beneficiarios irregulares.
El proceso provocó interrupciones en las prestaciones y quejas de beneficiarios, que protagonizaron numerosas protestas callejeras en reclamo de más fondos para la entidad en el marco de un severo ajuste presupuestario.
- Fuente: AFP
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Defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad de megajuicio por corrupción
La defensa de la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió el martes la nulidad del megajuicio por corrupción en su contra por considerar que el proceso “surgió de un engaño”.
En el juicio iniciado en noviembre, Cristina Kirchner y otros 85 exfuncionarios y empresarios están acusados de formar una trama para obtener beneficios o contratos de obra pública a través de sobornos entre 2003 y 2015, cuando Argentina estuvo gobernada por el marido de la exmandataria, Néstor Kirchner, y luego por ella.
El juicio, que se lleva adelante de manera remota por videollamada a ritmo de dos audiencias semanales, se reanudó el martes tras el receso judicial de verano con una audiencia en la que las defensas hicieron planteos al tribunal.
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El abogado defensor de Kirchner, Carlos Beraldi, hizo una exposición de una hora y media en la que señaló que existe “una nulidad evidente” en la causa.
Beraldi dijo que la causa “surgió de un engaño” ya que tanto el juez que instruyó la causa como el fiscal fueron elegidos “a dedo”. Además apuntó contra los testimonios de los empresarios que declararon como testigos en carácter de “arrepentidos”.
“Lo que se hizo es convertir a la justicia en un elemento de presión y de chantaje que vulneraba de manera directa una de las garantías más elementales, que es el derecho de defensa en juicio”, apuntó.
La acusación sostiene que empresarios entregaron paquetes de dinero a emisarios de los gobiernos del matrimonio Kirchner, y la expresidenta, como supuesta jefa de esta trama, fue “la principal receptora” de los pagos.
Kirchner, referente de la actual oposición peronista (centro-izquierda), suele participar de las audiencias desde su apartamento en Buenos Aires, donde cumple seis años de prisión domiciliaria tras una condena en otra causa por corrupción.
Sin embargo, la exmandataria no estuvo presente en la audiencia del martes, ya que la instancia actual, que continuará en las próximas jornadas con planteos de otras defensas, no requiere la presencia de los acusados.
Se espera que el proceso dure varios años y están llamados a declarar cientos de testigos. Es “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”, afirmó en un informe en octubre la fiscal Estela León.
- Fuente: AFP
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Investigan una estafa en Ypané
En el marco de una denuncia por presunta estafa presentada por una comisión vecinal de la ciudad de Ypané, cuyas víctimas serían más de 300 familias, el agente fiscal Silvio Alegre, de la Unidad n.º 1 de la Sede 1 de Asunción, encabezó un allanamiento en una oficina de la capital, con funcionarios fiscales y personal policial del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros.
En el procedimiento fueron hallados e incautados diversos documentos y objetos vinculados con el hecho investigado. Según los antecedentes de la causa, la denuncia fue formulada por la Comisión Vecinal Óga Porã Rekávo, de Ypané, contra un grupo de personas que habría ofrecido y prometido realizar gestiones ante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para el acceso a viviendas sociales.
Para tal efecto, supuestamente habrían solicitado a los interesados asociarse a la cooperativa Yvyrusu Ltda., recibiendo el pago de aportes. No obstante, autoridades de dicha cooperativa desconocen las operaciones realizadas en su nombre y, además, el proyecto en cuestión no se habría concretado. Se estima que más de 300 familias fueron víctimas del hecho y que el monto del perjuicio sería millonario.