La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), solicitó el seguimiento de la ciudadanía al análisis que se realizará en las distintas comisiones asesoras del estamento al proyecto que pretende aumentar las penas por estafa y lesión de confianza por daños al Estado. La iniciativa pretende aumentar las condenas a 15 años.
El tratamiento del proyecto en la plenaria fue postergado días atrás y fue remitido a las comisiones para sus respectivos dictámenes, ya sea a favor o en contra de la propuesta.
“Debe darse el aumento de penas. Desde la comisión de reforma penal, la cual presido, solicitamos la remisión del proyecto. Convocaremos a una reunión extraordinaria para el día viernes para el tratamiento del proyecto, esperamos el acompañamiento de la ciudadanía”, indicó.
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El proyecto de ley surgió ante los recientes supuestos hechos de corrupción que salpicaron a ex funcionarios del Estado como la ex titular de Petropar Patricia Samudio o el ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo, quienes tras darse a conocer las situaciones de irregularidad en sus respectivas gestiones presentaron sus renuncias.
“Hoy tenemos que el que roba un celular tiene un marco penal de 1 a 15, el que roba dos vacas puede ir hasta 15 años preso, pero el que lleva la plata de todos su mínima es de 6 meses a 5 años, máximo 8 años en hechos de estafa y 10 en lesión”, mencionó.
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Comisión Especial de Investigación requiere el desglose nominal de los grandes deudores del IPS
“Fue una reunión muy útil y rica”, indicó el senador liberal Dionisio Amarilla, quien ejerce la presidencia de la Comisión Especial que investiga hechos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS), tras concretarse este jueves una mesa de trabajo con los directores de las distintas dependencias de la Contraloría General de la República (CGR).
“En el encuentro hemos podido abordar los reportes y hallazgos que ellos ya han informado oficialmente en diferentes instancias y que ahora queda en manos de nuestros técnicos hacer una primera revisión, pero de tal manera para la próxima semana voy a pedir repetir esta reunión para desglosar un poco quiénes son los grandes deudores del IPS”, comentó a los medios de comunicación.
El legislador mencionó también que en materia de deudas del Estado la cifra orilla los G. 5 billones y la deuda del sector privado, los G. 6 billones. “Nosotros pedimos que nos informen quiénes son esos actores privados que adeudan al IPS, de qué fecha datan esas deudas, cómo se acumuló entre otras cuestiones”, sostuvo.
Amarilla comentó que durante el encuentro se trajeron a colación casos referentes a sobrefacturaciones mediante procesos licitatorios. Como ejemplo colocó un llamado para el servicio de lavado de sábanas que superaba los G. 30 mil millones.
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Otro de los puntos críticos abordados fue el inventario de equipos y bienes, que totaliza unos 20.000 ítems y requiere urgentemente un acompañamiento tecnológico para un seguimiento efectivo de su ubicación y uso. A esto se suma el grave problema de la trazabilidad en la recepción y distribución de medicamentos, donde el propio IPS cuantificó cerca de G. 700.000 millones en fármacos a los que no se les puede dar seguimiento.
“La reunión fue bastante interesante, muy importante ya que es la primera vez que el Congreso pide informes de un quinquenio, buscamos ver un mapa un poco más extendido de lo que constantemente nos suelen proveer y eso trae consigo, cuanto menos anomalías y debilidades”, puntualizó.
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Juicio a Mocipar: víctima de 103 años relató cómo la estafaron con el sueño del departamento propio
María Dinora Mendoza, de 103 años de edad, declaró en el juicio oral y público que enfrentan el exaccionista de Mocipar, Dany Durand, y otros acusados en el caso del presunto esquema de estafa que afectó a numerosas personas.
La mujer relató cómo, tras finalizar su primer contrato, buscó continuar con los pagos para acceder al departamento que planeaba regalarle a su única hija.
La testigo explicó al Tribunal de Sentencia que el primer contrato terminó en el año 2015 y que, al finalizar el mismo, le ofrecieron artículos para el hogar.
Ella rechazó la propuesta porque su objetivo era seguir con el plan del inmueble: “Mis sueños estaban en el departamento. Yo me armaba todo en mi cabeza, cómo le iba a hacer el regalo, cómo le iba a hacer la entrega del departamento a mi hija”, señaló la víctima.
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Mendoza relató que consultó con una funcionaria si era posible continuar con el contrato y recibió una respuesta afirmativa. Posteriormente, acudió a una oficina ubicada sobre la avenida Presidente Franco donde, según recordó, fue recibida por un hombre a quien le explicó que iba para firmar un nuevo documento. El empleado le pidió que esperara y se retiró durante unos 15 o 20 minutos; al regresar, le indicó que la persona encargada de atenderla no se encontraba y que llevarían el contrato directamente a su domicilio.
La declaración fue seguida de cerca por el presidente del Tribunal de Sentencia, Matías Garcete, quien dejó su asiento para formularle las preguntas debido a las dificultades de audición de la mujer.
Mendoza también relató que, tras no recibir la contraprestación por la que había abonado más de G. 20 millones, evaluó acudir a la Justicia para buscar una reparación. Sin embargo, lamentó que algunas personas le recomendaron no hacerlo debido al poder económico y político de Dany Durand.
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Procesan a joven por supuesta estafa a cambista mediante transferencia vía Pix
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la Fiscalía de Ciudad del Este se abrió proceso contra un joven de 21 años por el supuesto hecho punible de estafa que se habría cometido mediante transferencias amañadas vía PIX. El sospechoso habría utilizado aparentes transferencias a través del citado sistema para obtener dinero de un cambista.
Para convencer a su ocasional víctima, el joven exhibía comprobantes de operaciones que posteriormente habrían sido canceladas o anuladas, según el escrito de imputación de la fiscal Julia González Medina, de la Unidad Penal 1.
Según los antecedentes, el primer hecho habría ocurrido el 30 de agosto de 2026, en inmediaciones de la Rotonda Reloj, en el microcentro de Ciudad del Este. En esa ocasión, el joven llegó al lugar, solicitó 475 reales a la víctima y manifestó que pagaría mediante PIX.
Luego habría mostrado desde su celular un comprobante de transferencia, ante esa supuesta prueba recibió el dinero. De esa forma, el dinero que aparentemente transfería se convertía en efectivo real.
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El segundo episodio se habría registrado el 24 de septiembre, en el mismo puesto de trabajo. Esta vez, el hoy imputado habría solicitado 2.500 reales y se repitió el procedimiento, haciendo creer a la víctima que el pago vía transferencia había sido realizado.
Mediante maniobras similares, la misma persona habría inducido a su víctima a entregarle un total de 2.975 reales (G. 2.800.000 al cambio actual). Posteriormente, habría cancelado las operaciones y conservado el dinero recibido, ocasionando un perjuicio patrimonial al cambista.
La fiscal Julia González reunió las evidencias para solicitar la detención del joven e imputarlo. La conducta fue calificada como estafa, en calidad de autor, y la representación fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para concluir las diligencias investigativas.
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EE. UU. canceló visas a altos funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.
“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.
Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.
Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.
Los sancionados
El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.
También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.
El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.
Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.
“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.
Fuente: AFP.