La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), solicitó el seguimiento de la ciudadanía al análisis que se realizará en las distintas comisiones asesoras del estamento al proyecto que pretende aumentar las penas por estafa y lesión de confianza por daños al Estado. La iniciativa pretende aumentar las condenas a 15 años.
El tratamiento del proyecto en la plenaria fue postergado días atrás y fue remitido a las comisiones para sus respectivos dictámenes, ya sea a favor o en contra de la propuesta.
“Debe darse el aumento de penas. Desde la comisión de reforma penal, la cual presido, solicitamos la remisión del proyecto. Convocaremos a una reunión extraordinaria para el día viernes para el tratamiento del proyecto, esperamos el acompañamiento de la ciudadanía”, indicó.
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El proyecto de ley surgió ante los recientes supuestos hechos de corrupción que salpicaron a ex funcionarios del Estado como la ex titular de Petropar Patricia Samudio o el ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo, quienes tras darse a conocer las situaciones de irregularidad en sus respectivas gestiones presentaron sus renuncias.
“Hoy tenemos que el que roba un celular tiene un marco penal de 1 a 15, el que roba dos vacas puede ir hasta 15 años preso, pero el que lleva la plata de todos su mínima es de 6 meses a 5 años, máximo 8 años en hechos de estafa y 10 en lesión”, mencionó.
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Justicia argentina confirma orden de decomisar bienes a expresidenta Kirchner
Una cámara de apelaciones argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.
La exmandataria de 73 años cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas.
La causa conocida como “Vialidad” abarca los periodos de gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y también el de su esposo Néstor (2003-2007), quien falleció en 2010.
Kirchner había apelado la parte de la condena que ordenaba la ejecución de los bienes, al igual que los demás condenados.
Sin embargo, una sala de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar este pedido y confirmar el decomiso dispuesto en la sentencia original, según el fallo obtenido este viernes por la AFP.
De esta manera, queda firme la orden de confiscar una propiedad de Kirchner en la provincia de Santa Cruz (sur) y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.
La estrategia de la defensa apuntaba a resguardar los bienes bajo el argumento de que su vinculación con el hecho condenado no había sido “debidamente acreditada”. Es decir, que no se había probado que se hayan adquirido con dinero proveniente de un ilícito.
“Este fallo me genera una preocupación jurídica seria”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, que adelantó que “la defensa irá a la Corte Suprema” de Justicia con un recurso de apelación.
“Casación ordenó ejecutar bienes heredados de Néstor Kirchner, una persona que murió antes del juicio y que nunca fue condenada. Extendió efectos penales sobre Máximo y Florencia Kirchner por esa vía hereditaria. Incluyó inmuebles sin trazabilidad directa probada con el delito”, objetó el letrado.
Además de los de Kirchner y sus hijos, el fallo confirma el decomiso de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien también cumple condena por la causa.
Kirchner enfrenta otro juicio por corrupción durante los años 2000, en el que está acusada de integrar una red de sobornos entre políticos y empresarios por contratos de obras públicas.
Según la acusación en el proceso, que tiene a otros 85 acusados y podría prolongarse más allá de 2026, Kirchner fue “la principal destinataria” de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido entre 2003 y 2007
- Fuente: AFP
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Ratifican condena por estafa contra farandulero Carlos Viveros: tendrá que resarcir G. 330 millones
El Tribunal de Apelación, integrado por Adriana Giagni, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas, confirmó la condena de dos años de cárcel contra Carlos Viveros por haber estafado a Óscar Amarilla, propietario de la firma OMAM SA, en la venta de un vehículo Ford Mustang negro, año 2015. Con esta resolución se ratifica la determinación adoptada por un tribunal de sentencia que, en octubre de 2025, halló culpable a Viveros por el delito de estafa.
Los camaristas señalaron que “resultaron sumamente relevantes las declaraciones de Óscar Marcelo Amarilla Montiel, quien describió la forma en que acontecieron los hechos”. Este testimonio se corroboró con las declaraciones de Horacio Cohelo De Souza, quien conocía la operación de compra del Mustang, y de Emanuel Martínez, comprador del vehículo Mercedes-Benz entregado como parte de pago”.
Asimismo, los jueces de segunda instancia mencionaron que durante el juicio oral se presentaron pruebas documentales clave, tales como el contrato de compraventa donde se establecieron los términos del acuerdo y otros que acreditan la responsabilidad del hoy condenado Carlos Viveros.
Con la presente resolución judicial, el condenado Carlos Viveros deberá resarcir en un plazo de 36 meses el perjuicio económico sufrido por la víctima, Óscar Amarilla, el cual asciende a aproximadamente G. 330 millones.
Antecedentes
La carpeta fiscal refiere que Viveros vendió un Ford Mustang a la empresa de Óscar Amarilla, quien entregó dinero en efectivo y un Mercedes-Benz como parte de pago. Sin embargo, el Mustang contaba con una orden de embargo previa, lo que derivó en el secuestro del automóvil y dejó al comprador sin el bien ni el dinero invertido.
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MEF y Desarrollo Social ajustan financiamiento de programas clave
El gobierno busca alinear la política fiscal con la política social para sostener y fortalecer los programas de asistencia en marcha. En ese contexto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, mantuvo una reunión de trabajo con el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas, con el objetivo de evaluar el avance de los principales programas sociales y su sostenibilidad en el tiempo.
Durante el encuentro, las autoridades analizaron el estado de ejecución de iniciativas prioritarias como el programa Hambre Cero y la pensión para adultos mayores, considerados pilares de la política social actual.
La conversación se centró en asegurar que estos programas cuenten con financiamiento suficiente y una ejecución eficiente, en un escenario donde la disponibilidad de recursos es clave para garantizar su continuidad.
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El MEF tiene un rol determinante en este proceso, ya que es el encargado de administrar los recursos del Estado y definir las prioridades del gasto público. En ese sentido, la coordinación con el MDS resulta fundamental para que los fondos asignados se traduzcan efectivamente en cobertura y resultados en los sectores más vulnerables.
Uno de los puntos centrales abordados fue la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto social. Esto implica no solo asegurar financiamiento, sino también optimizar la implementación de los programas, evitando superposiciones y fortaleciendo los mecanismos de control. El objetivo es que cada guaraní invertido tenga un impacto concreto en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida.
Además, el encuentro reflejó la importancia de integrar la política social dentro de la estrategia macroeconómica del país. Los programas sociales requieren estabilidad fiscal para sostenerse en el tiempo, por lo que su planificación debe estar alineada con las metas económicas y las restricciones presupuestarias.
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Legisladores analizan alternativas para pago a proveedores del Estado, indicó Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió al debate sobre la posibilidad de elevar el déficit fiscal en el contexto actual. Señaló que existe una situación urgente que debe ser atendida, relacionada, principalmente, con el pago a proveedores del Estado. La propuesta de incrementar el déficit fiscal surge como una de las opciones que actualmente están siendo consideradas dentro del debate legislativo.
Previo al inicio de la sesión ordinaria de este martes, Latorre brindó unas breves declaraciones a la prensa, en las que destacó que los legisladores se encuentran centrados en analizar distintas alternativas que permitan dar una respuesta efectiva a esta problemática, en el marco de su labor parlamentaria. “Creo que los colegas están haciendo su trabajo parlamentario, están buscando alternativas para una solución a esta situación”, sostuvo.
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Al respecto, el titular de la Cámara Baja evitó adelantar una postura definitiva, subrayando que la iniciativa aún se encuentra en etapa de análisis y discusión entre los distintos sectores políticos. Enfatizó la importancia de evaluar con responsabilidad los posibles impactos económicos y sociales.
Cabe mencionar que el presidente Latorre había anunciado la presentación de un proyecto para la conformación de una comisión desde la Cámara de Diputados que se encargue del seguimiento de dichas obligaciones.
Finalmente, el titular de Diputados dejó en claro que el objetivo central es encontrar una solución viable que permita cumplir con las obligaciones del Estado, sin comprometer la estabilidad económica del país. En ese marco, el proyecto será estudiado en profundidad antes de tomar una decisión.
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