El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifiesta preocupación por la suspen­sión del proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales muni­cipales del 2026 y las presi­denciales del 2028.

“Realmente esta paralización es preocupante y esperamos que el Tribunal de Cuentas tenga celeridad en este campo. Nosotros ni siquiera realiza­mos la revisión técnica de las máquinas que están en com­petencia ni dictaminar si cumplen o no los requisitos. Estamos casi a mitad de año y no estamos pudiendo avan­zar en la parte técnica”, indicó el director de Procesos Elec­torales, Carlos María Ljube­tic, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dio lugar a una medida caute­lar solicitada por la empresa Bypar SA, con la cual el pro­ceso de compra queda nue­vamente en pausa. “Esta empresa objeto que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máqui­nas de votación. Esta empresa tiene 5 años de trayectoria, entonces ellos quieren que este sea el plazo, pero el pro­blema está que no reúne nin­guno de los demás requisitos solicitados, ni siquiera parti­cipó realizando este servicio en otros países”, dijo el funcio­nario de la Justicia Electoral.

Esta misma empresa pre­sentó una protesta en mayo pasado, que fue rechazada por la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), y había dado luz verde para avanzar en proceso para com­prar las máquinas de votos luego de varias suspensio­nes.

“Preocupa porque noso­tros tenemos previsto recibir 5.000 máquinas de votación en este 2025 para poder ini­ciar el proceso de capacita­ción a la ciudadanía y a los partidos políticos, avanzar en la capacitación interna de los funcionarios de la Justi­cia Electoral, preparar el sof­tware”, puntualizó.

La Junta Municipal se man­tendrá abierta y colaborativa durante todo el tiempo que dure la intervención de Asun­ción, aseguró el concejal de Asunción Luis Bello. Indicó que este es un mecanismo que fue activado y el rol legal que les toca a los concejales es estar abiertos a trabajar con el interventor, a fin de garanti­zar que la comuna continúe prestando todos los servicios y atención al ciudadano.

El edil capitalino explicó el procedimiento administra­tivo que se llevará adelante durante la intervención, señalando que el interventor que sea designado por el Poder Ejecutivo asumirá todos los poderes durante el tiempo que dure la intervención. Su fun­ción será revisar todo lo que se hizo en torno a la interven­ción, así como los cuestiona­mientos que se hicieron a la gestión del jefe comunal.

Agregó que una vez culmi­nado el periodo de interven­ción, que inicialmente tiene una duración de 60 días, los cuales podrán extender por un mes más, el interventor podrá ratificar las acusacio­nes si así lo encuentra, o bien lo puede desestimar.

“Durante la intervención la Junta Municipal se manten­drá abierta, va a ser transpa­rente y colaborativa con todo este proceso, porque nosotros creemos en la democracia, creemos que tienen que ser en esos términos y entende­mos que la intervención es un mecanismo de la democracia que fue activado y desde nues­tro rol legal, incluso es lo que tenemos que hacer ante esta situación”, expresó.

Reiteró que estarán abiertos a trabajar con el interventor, con el fin de garantizar que la Municipalidad de Asunción siga prestando todos los ser­vicios, ya sea la recolección de los residuos, la limpieza, el bacheo de las calles, todo lo que conlleve el trabajo muni­cipal.

“Además, debemos cuidar que el municipio financiera­mente sea viable. Para eso, tendremos una reunión con el interventor, revisaremos las posturas que tiene, conver­saremos con él para darle una visión de la casa, como Junta Municipal, para comenzar a trabajar con él”, acotó.

La Junta Municipal se mantendrá abierta y colaborativa durante todo el tiempo que dure la intervención de Asunción, aseguró el concejal de Asunción, Luis Bello. Indicó que este es un mecanismo que fue activado y el rol legal que les toca a los concejales es estar abiertos a trabajar con el interventor, a fin de garantizar que la comuna continúe prestando todos los servicios y atención al ciudadano.

El edil capitalino explicó el procedimiento administrativo que se llevará adelante durante la intervención, señalando que el interventor que sea designado por el Poder Ejecutivo asumirá todos los poderes durante el tiempo que dure la intervención. Su función será revisar todo lo que se hizo en torno a la intervención, así como los cuestionamientos que se hicieron a la gestión del jefe comunal.

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Agregó que una vez culminado el periodo de intervención, que inicialmente tiene una duración de 60 días, los cuales podrán extender por un mes más, el interventor podrá ratificar las acusaciones si así lo encuentra, o bien lo puede desestimar.

“Durante la intervención la Junta Municipal se mantendrá abierta, va a ser transparente y colaborativa con todo este proceso, porque nosotros creemos en la democracia, creemos que tienen que ser en esos términos y entendemos que la intervención es un mecanismo de la democracia que fue activado y desde nuestro rol legal, incluso es lo que tenemos que hacer ante esta situación”, expresó.

Reiteró que estarán abiertos a trabajar con el interventor, con el fin de garantizar que la Municipalidad de Asunción siga prestando todos los servicios, ya sea la recolección de los residuos, la limpieza, el bacheo de las calles, todo lo que conlleve el trabajo municipal.

“Además, debemos cuidar que el municipio financieramente sea viable. Para eso, tendremos una reunión con el interventor, revisaremos las posturas que tiene, conversaremos con él para darle una visión de la casa, como Junta Municipal, para comenzar a trabajar con él”, acotó.

El concejal Bello mencionó que tomó conocimiento que desde el Ejecutivo ya está en conversación con el exministro y doctor en ciencias contables, Carlos Pereira.

Destacó que es una persona con un perfil bastante técnico y es lo que se requiere en estos momentos en la municipalidad, que es una persona de ciencia, postura conducta de vida que son aspectos que reúne el actual concejero del Instituto de Previsión Social.

“Confiamos en su trabajo, de hecho, es de comprobada gestión en la función pública. Pereira estuvo como presidente del Banco Nacional de Fomento, exministro de Senavitat, entiendo que ya fue interventor en diferentes bancos, donde hubo cuestiones complejas y de todas ellas salió airoso. Confiamos en su gestión, confiamos en su persona”, remarcó.

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El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.

“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

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