El Ministerio Público, a través del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, ha solicitado cooperación a la Oficina del Fiscal General de la República de Seychelles en el marco de la investigación abierta contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por presunto ocultamiento de bienes y enriquecimiento ilícito.

El responsable de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa de Paraguay, envió un exhorto a sus pares de las islas Seychelles (África), a partir del requerimiento formulado por la agente fiscal Natalia Cacavelos Conigliaro, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la causa caratulada “Investigación fiscal sobre supuesto hecho de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”.

Con el pedido de información oficial a Seychelles, la Fiscalía paraguaya busca rastrear presuntos fondos offshore en el referido “paraíso fiscal” y confirmar si forman parte de un esquema de lavado de dinero que podrían involucrar al exjefe de Estado.

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Esta investigación deriva del informe periodístico del portal argentino Periodismo y Punto, dirigido por Luis Gasulla, destacado periodista del programa “La cornisa” por La Nación Más (Argentina), que diera a conocer que existirían dos cuentas por un valor total de USD 21 millones, creadas mediante empresas ficticias de de Hong Kong y Dubái, donde supuestamente los beneficiarios finales serían el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira.

La investigación periodística informó que una de las supuestas cuentas, vinculada a “Star Capital Financial Services Limited”, habría tenido USD 12,3 millones desde noviembre de 2022 (cuando Abdo todavía era presidente de la República), y otra, bajo “Exchange Contracts International Finance Limited”, abierta en setiembre de 2023 y que presentaba un balance de casi USD 9 millones hasta junio de 2025.

Abdo también tiene una causa abierta por inconsistencias en sus declaraciones juradas y posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de las empresas de asfalto Aldia SA y Createc SA, de las cuales aparecía como principal accionista y que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante su gobierno, acumulando USD 45 millones (G. 329.000 millones) en reservas operativas, sin justificar su destino.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en un informe que unos 1.200 millones de menores de entre 0 y 18 años sufren castigos físicos en sus hogares cada año, causando “daños significativos” a la salud y el desarrollo de los niños, aunque esta práctica varía “considerablemente” entre países.

Entre los niños de 2 a 14 años, las tasas de castigo corporal declaradas por los padres y cuidadores en el último mes han oscilado entre el 30 por ciento en Kazajistán y el 32 por ciento en Ucrania, hasta el 63 por ciento en Serbia, el 64 por ciento en Sierra Leona y el 77 por ciento en Togo.

“Existe evidencia científica abrumadora de que el castigo corporal conlleva múltiples riesgos para la salud infantil (...) No ofrece ningún beneficio para el comportamiento, el desarrollo ni el bienestar de los niños, ni tampoco para los padres ni para la sociedad”, ha afirmado el director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, Etienne Krug.

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Es por ello por lo que ha realizado un llamamiento para “poner fin a esta práctica nociva”, y garantizar así el desarrollo integral de los niños en sus casas y colegios. Según datos de 58 países, el 17 por ciento de los niños que sufrieron este tipo de castigos el mes pasado lo hicieron en sus formas “más severas”, tales como golpes en la cabeza, la cara o las orejas, o golpes fuertes y repetidos.

Los castigos físicos están “igualmente extendidos” en los colegios África y Centroamérica, donde el 70 por ciento de los niños son sometidos a esta práctica durante su etapa escolar, en comparación con el 25 por ciento de la región del Pacífico Occidental.

En el documento también se expone que los niños con un mayor riesgo de sufrir castigos corporales son los que tienen una discapacidad, aquellos cuyos padres han pasado por los mismos castigos, y aquellos cuyos padres padecen problemas de consumo de sustancias, depresión u otros problemas de salud mental.

Otros factores sociales tales como la pobreza, el racismo y la discriminación aumentan “aún más” el riesgo de que ocurran castigos corporales contra los niños, que tienen consecuencias “profundas y de gran alcance” para su salud. A nivel físico y más allá de las lesiones inmediatas, estos castigos acaban desencadenando respuestas biológicas perjudiciales, tales como una mayor reactividad de las hormonas del estrés o cambios en la estructura y función cerebral, lo que puede perjudicar un desarrollo saludable.

De hecho, un análisis realizado en 49 países de bajos y medios ingresos demuestra que los niños expuestos al castigo corporal tienen un 24 por ciento menos de posibilidades de alcanzar un desarrollo normal, en comparación con sus compañeros que no sufren estas prácticas.

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La salud mental de los niños también se ve “igual de gravemente” afectada, y es que se enfrentan a un mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima e inestabilidad emocional, unos efectos que suelen persistir hasta la edad adulta, provocando tasas más altas de abuso de sustancias e incluso en la probabilidad de suicidio, intentos de suicidio o suicidio consumado.

A nivel social, este tipo de castigos también tienen consecuencias, pues los niños pueden ser más propensos a desarrollar conductas agresivas, a tener dificultades académicas y, una vez llegan a la edad adulta, a participar en conductas violentas, antisociales o delictivas. Del mismo modo, favorecen la aparición de una mayor aceptación social de la violencia, lo que refuerza “ciclos dañinos” a lo largo de diferentes generaciones.

Aunque ya son muchos los países que han prohibido el castigo corporal, su uso continuado y la persistente creencia en su necesidad demuestra que la legislación por sí sola no basta, motivo por el que la OMS ha subrayado la importancia de que las medidas legales sean acompañadas de campañas de concienciación pública y apoyo directo a padres, cuidadores y docentes, de forma que se promuevan formas de disciplina positivas y no violentas.

Fuente: Europa Press.

Por primera vez Europa no ha regis­trado incautacio­nes de cocaína con ori­gen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.

El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísti­cas marcan cero decomisos en puertos europeos de car­gamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incauta­ciones.

En 2019, Paraguay fue ori­gen del 1,85 % de las aproxi­madamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la par­ticipación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, lle­gando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.

El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equiva­lente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puer­tos paraguayos con destino a Europa.

La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas deco­misadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisa­dos, impulsado por carga­mentos récord detectados en Bélgica y España.

En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incau­tadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de setiembre en Portugal, y la mejor esta­dística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corres­ponde a Paraguay.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibiliza­ron los controles en puer­tos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad desmanteló las bases de la institución que se encontra­ban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este gobierno, se volvieron a ins­taurar y endurecer los con­troles que llevaron a cero la incautación de cocaína.

La decisión de Donald Trump de poner fin a 22 contratos que financiaban el desarrollo de vacunas con ARN mensajero (ARNm), asesta “un duro golpe” a una “tecnología extremadamente prometedora”, señaló ayer jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Por supuesto que se trata de un duro golpe”, declaró el jueves Joachim Hombach, secretario ejecutivo del grupo consultivo estratégico de expertos en vacunación de la OMS, a la prensa.

“La vacuna con ARNm es una tecnología muy importante que nos ha sido extremadamente útil para luchar contra el covid”, agregó el funcionario, y destacó que ese tipo de vacuna “puede adaptarse muy rápidamente”. La Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) del Departamento de Salud de Estados Unidos puso fin el martes a “22 inversiones en el desarrollo de vacunas de ARNm porque los datos muestran que estas vacunas no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la COVID-19 y la gripe”, declaró el ministro estadounidense de Salud, Robert Kennedy Jr.

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Mientras que las vacunas tradicionales suelen utilizar formas debilitadas o inactivas del virus o de la bacteria en cuestión, las que tienen ARNm transmiten instrucciones genéticas a las células del individuo inoculado y las incita a producir un señuelo inofensivo del patógeno y a entrenar al sistema inmunitario para que combata el virus verdadero.

“Se trata de una decisión desafortunada e inoportuna, pero estamos convencidos de que los esfuerzos de investigación proseguirán, pues se trata de una tecnología extremadamente prometedora”, agregó Hombach. Poco después de su investidura, en enero, Trump firmó un decreto para que Estados Unidos se retirara de la OMS, una organización que criticó en varias ocasiones por su gestión de la pandemia de covid-19.

Fuente: AFP.

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