La Ley de Informconf tuvo sanción ficta, por lo que a partir de ahora el diputado colorado Hugo Ramírez espera que el Poder Ejecutivo pueda promulgarla. La propuesta pretende sancionar y multar a las empresas que no den oportunidades laborales a personas que cuenten con morosidad.
El legislador anunció que en la sesión de mañana en Diputados, tratarán una declaración que insta al presidente de la República Mario Abdo, a promulgar dicha ley, que ya cuenta con la sanción del Congreso Nacional. Luego de mantener una reunión virtual con el director de Empleos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Enrique López Arce, hizo el anuncio en su cuenta de Twitter.
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López Arce también celebró la sanción, ya que considera que es una oportunidad para más fuentes de trabajo. Además, agradeció al diputado por pedir el urgimiento al Ejecutivo. Las multas a las empresas podrían ser sumas millonarias dependiendo de la reincidencia.
Protección de datos
A finales de octubre del 2019, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley de protección de datos personales con algunas modificaciones, estableciendo que los datos de cada persona sólo serán utilizados para cuestiones crediticias y no en el ámbito laboral.
La ley será aplicada a través de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, en cuanto a los créditos y en caso de que exista algún abuso, se encuentra la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).
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Latorre descarta sesión para sancionar reforma de la caja fiscal el jueves
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que hasta el momento no se convocará a una sesión extraordinaria para este jueves 12 de marzo para tratar el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, de aprobarse mañana las modificaciones planteadas en el Senado. La Cámara Baja aprobó su versión el 5 de febrero, que generó rechazo en gremios de trabajadores públicos.
“Este es un cuerpo colegiado y depende de las decisiones de los colegas, pero si la pregunta es si hoy tenemos pensado una sesión para el jueves, la respuesta es no”, aseveró Latorre, este martes, en conversación con los medios de prensa antes del inicio de la sesión ordinaria.
Expuso que probablemente, de aprobarse las modificaciones en el Senado, debe pasar nuevamente por un análisis y un debate en Diputados para sancionar la versión Senado o que Diputados se ratifique en su versión inicial.
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“No se conversó (sobre una convocatoria extraordinaria para el jueves), nosotros estamos siguiendo los acontecimientos en el Senado. Veamos qué es lo que acontece mañana en el Senado, yo sé que mis colegas han iniciado conversaciones, van a tener otra ronda de conversaciones con los gremios, van a tener otra ronda de conversaciones con los técnicos para asumir una posición finalmente”, señaló el titular legislativo.
Latorre cuestionó que en su momento no se haya acordado con las mismas modificaciones en la Cámara Baja. “Nosotros entendemos la importancia y la necesidad de avanzar con una reforma de la Caja Fiscal; no obstante, tuvimos una serie de conversaciones con los gremios y los diputados estaban con la intención de acompañar un planteamiento específico, que es muy similar a lo que se va a aprobar, pero los técnicos vinieron a decir a la Cámara de Diputados que si se aprobaban esas condiciones la reforma básicamente no servía para nada”, refirió.
Afirmó que todos estos cambios se hubieran permitido en la Cámara Baja al momento del tratamiento del proyecto. “Conversaremos con los gremios, conversaremos con los técnicos, estamos en el espíritu de avanzar con la reforma, pero también entendemos con claridad el valor sensible y fundamental que ejercen tanto los docentes, como los militares y policías. Lamento mucho este cambio de posición, porque lo que está pasando ahora en el Senado, si se aprueba mañana, eso debió pasar en Diputados”, sentenció.
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Ministro pidió apoyo de diputados para identificación de zonas industriales
El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, se reunió este lunes con diputados integrantes de la Comisión de Industria. Pidió apoyo de los parlamentarios para impulsar la identificación de zonas industriales en todos los municipios del país.
Señaló que actualmente solo 40 de los 262 municipios del país cuentan con áreas industriales identificadas, una situación que dificulta la llegada de inversiones al interior.
El titular del MIC advirtió que la falta de planificación genera problemas para las empresas y para las comunidades.
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“El inversionista no quiere instalar su fábrica en una zona que el municipio no identifica como industrial”, afirmó.
Según manifestó, en muchos casos las fábricas se instalan en zonas rurales que con el paso del tiempo quedan rodeadas por áreas urbanas. Esto provoca riesgos en el tránsito de camiones, dificultades de saneamiento y problemas en la provisión de energía eléctrica, conforme expresó.
Dijo que el Gobierno trabaja en la elaboración de un mapa industrial del Paraguay, que incluirá cuatro capas estratégicas. La primera identificará corredores logísticos y nodos industriales.
En tanto la segunda priorizará a los municipios ubicados cerca de esas rutas para promover allí el desarrollo industrial.
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Comisión asesora recomienda aprobar acuerdo SOFA entre Paraguay y EE.UU.
La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Pedro Ortiz, resolvió recomendar al pleno de la Cámara Baja la aprobación del proyecto de ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al estatuto de las fuerzas”, iniciativa que será analizada en la sesión ordinaria prevista para este martes 10 de marzo.
Este proyecto normativo se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional y cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. La propuesta se sustenta en un documento suscrito el 15 de diciembre de 2025, en Washington, entre el Gobierno de la República del Paraguay y el de los Estados Unidos de América.
El instrumento establece las condiciones jurídicas bajo las cuales el personal militar y civil estadounidense podrá desarrollar actividades temporales en territorio paraguayo.
Su tratamiento está previsto en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de mañana, cuando el pleno deberá definir su aprobación o eventual modificación.
Se trata de un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula aspectos vinculados a la presencia, funcionamiento y régimen legal del personal estadounidense durante visitas oficiales, entrenamientos, ejercicios conjuntos y otras actividades previamente acordadas entre ambas naciones.
Al respecto, el titular de la comisión asesora explicó que actualmente existe un entendimiento bilateral entre ambos países, y que el objetivo de la iniciativa es otorgar fuerza de ley al acuerdo firmado, a fin de establecer un marco jurídico claro para la cooperación en materia de defensa.
Disposiciones
Señaló igualmente que la iniciativa contempla la concesión de un trato diplomático al personal estadounidense, tanto civil como militar, cuando participe en actividades autorizadas en el país como parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
El documento establece que dicho personal contará con inmunidades diplomáticas equivalentes a las previstas para el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas, conforme a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Entre sus disposiciones principales, el acuerdo determina que las autoridades estadounidenses podrán ejercer jurisdicción penal exclusiva sobre sus efectivos durante su permanencia en territorio paraguayo, uno de los puntos más relevantes del instrumento.
Asimismo, se dispone la exoneración del pago de impuestos, aranceles aduaneros, peajes y cargos portuarios para el personal, contratistas y equipos vinculados al Departamento de Defensa estadounidense.
De igual manera, se establece que aeronaves, buques y vehículos militares podrán desplazarse dentro del territorio nacional mediante notificación previa, quedando exceptuados de inspecciones.
El acuerdo también contempla la posibilidad de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos contrate bienes y servicios en Paraguay conforme a su propia legislación, además de operar sistemas de telecomunicaciones propios y utilizar frecuencias radiales sin costo.
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Dan luz verde a ley que exige devolver pagaré al cancelar la deuda
La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, concedió dictamen positivo al proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.
Según la exposición de motivos, la iniciativa legislativa surge ante la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica del deudor una vez que ha cumplido con el pago total de una obligación.
Actualmente, a pesar de que el deudor salda su deuda, subsiste una vulnerabilidad al no recuperar el pagaré que firmó. Este título de crédito, al permanecer en poder del acreedor o de terceros, podría ser utilizado de mala fe para iniciar acciones judiciales indebidas o ser negociado, generando un perjuicio grave al ciudadano.
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“El pagaré, como documento formal de la deuda, es la prueba más fehaciente de su existencia, por lo tanto, su devolución al deudor en el mismo acto de la cancelación es el corolario lógico del principio de la buena fe en las transacciones comerciales”, expresa parte del documento.
Agrega que el objetivo de esta ley es proteger al deudor, ya que al exigir la entrega del pagaré, se busca garantizar que la obligación, realmente, se extinga y se elimine cualquier riesgo de litigios futuros basados en un título de crédito ya pagado.
Sanciones
Además, la propuesta normativa establece un régimen sancionador que dota a la ley de la fuerza necesaria para ser efectiva.
En su artículo 1, el proyecto menciona que la propuesta tiene por objeto establecer la obligación ineludible para el acreedor de una deuda quirografaria, instrumentada en uno o más pagarés, de entregar dichos títulos de crédito al deudor en el acto de la cancelación o pago total de la obligación.
Asimismo el artículo 2°, indica que la entrega del pagaré cancelado constituirá plena prueba de la extinción de la obligación. En caso de que el acreedor alegue la pérdida o extravío del título de crédito, deberá entregar al deudor un recibo de pago y una declaración jurada ante escribano público en la que manifieste la extinción de la obligación y la imposibilidad de presentar el documento.
En materia sancionatoria, la norma es contundente. El acreedor que sin causa justificada se niegue a entregar el pagaré será considerado en mora y quedará sujeto a una multa administrativa equivalente al 20 % del monto de la deuda pagada, que será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia del afectado.
La iniciativa, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Además ya está incluido su tratamiento este martes durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.