El tribunal electoral de Brasil pidió explicaciones el sábado a la gigante tecnológica Meta luego de que la campaña del mandatario Lula denunció un intento de “interferir” en las elecciones presidenciales con supuestas restricciones a sus contenidos, acusaciones que la empresa estadounidense calificó de “falsas”.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca un cuarto mandato en el balotaje del 25 de octubre ante el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022). Su campaña denunció en un comunicado “fuertes sospechas” de que Meta, casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, limitó sus contenidos.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) pidió al gigante de las redes sociales aclarar en un plazo de 48 horas si redujo la difusión de las publicaciones y explicar las anomalías denunciadas. La oficina de Meta en Brasil expresó a la AFP en un correo que cumple con las normas electorales, por lo que “las alegaciones son simplemente falsas y no encuentran respaldo en los hechos”.

Lula ha denunciado intentos de injerencia electoral de su par estadounidense Donald Trump para favorecer a Bolsonaro. El gobierno del presidente octogenario, que intensifica su campaña en redes para el balotaje, evalúa si las grandes empresas tecnológicas pueden servir como canal para ese propósito.

La denuncia ocurre a una semana de la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro quedó primero con el 47 % de los votos, pese a que las encuestas daban a Lula (45 %) como favorito.

La campaña aseguró que Meta “impidió que el perfil del presidente Lula promocionara publicaciones del feed en Instagram”, mientras que una publicación de su cuenta oficial “sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones, lo que afectó su alcance”.

También sostuvo que las publicaciones de Flávio Bolsonaro tienen más interacciones pese a tener menos seguidores y que antes de la primera vuelta la cuenta de Lula y de otros dirigentes de izquierda “desaparecieron repentinamente del buscador de Instagram”.

“La sucesión de problemas técnicos que la empresa no ha explicado despierta fuertes sospechas de que las acciones de Meta constituyen un intento de interferir en el proceso electoral brasileño en beneficio” de Bolsonaro, añadió.

Meta agregó que “muchos de los problemas técnicos mencionados no afectaron exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas”: “Estamos comprometidos con la igualdad de condiciones en el uso de nuestras plataformas”, agregó.

El TSE solicitó a Meta “informar, perfil a perfil, todas las medidas aplicadas” a “las cuentas oficiales de Lula”, además de “explicar las anomalías en las métricas” de los videos.

Lula hizo de la soberanía una bandera al advertir sobre supuestos intentos de interferencia por parte del mandatario estadounidense, aliado de Jair Bolsonaro.

Éden Valadares, secretario de comunicación del partido de Lula, dijo a la AFP que de momento no tienen “pruebas de ese vínculo concreto y formal” entre Trump y las plataformas.

Sin embargo, recordó que cuando el presidente estadounidense intentó “interferir en las decisiones de la Corte Suprema brasileña” mencionó “los intereses de las llamadas big tech”, lo que “constituye más que una evidencia de ese interés compartido mutuamente”.

Tras la primera vuelta, Lula, que usualmente no utiliza celular, puso en marcha una estrategia centrada en las redes sociales, donde comenzó a publicar contenidos.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva encabezó el domingo una multitudinaria manifestación en Sao Paulo para defender el aumento de los días de descanso laborales, una de sus apuestas de cara al balotaje ante el derechista Flávio Bolsonaro.

Una marea de personas acompañó al mandatario izquierdista, que busca su cuarto periodo en el poder, en la emblemática Avenida Paulista teñida del rojo de su Partido de los Trabajadores (PT), sin estimaciones independientes disponibles sobre del número de asistentes.

A dos semanas de la elección las encuestas dan como favorito al hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

En un intento por ganar terreno al senador, que obtuvo la mayor votación en la primera vuelta, Lula busca convertir la mejora de las condiciones laborales en una bandera electoral.

El presidente destacó que el Senado prevé votar el miércoles la aprobación de un proyecto conocido como “fin de la escala 6x1”, que propone dos días de descanso remunerado por semana en lugar de uno como actualmente y reduce de 44 a 40 horas el límite de la jornada semanal.

Lula desafió al partido de su adversario antes de recorrer la Avenida Paulista rodeado de banderas del PT

Bolsonaro “tiene que decir si está a favor de que los trabajadores descansen más o de que continúen trabajando más”, afirmó a periodistas.

Aún no está claro que el gobierno reúna los apoyos suficientes para sacar la reforma adelante.

El proyecto fue aprobado en mayo por la Cámara de Diputados.

Bolsonaro, que propone un plan de recortes al gasto público inspirado en el presidente argentino Javier Milei, califica la propuesta de “oportunista”.

“Creo que Brasil tiene que mantenerse en la línea de preservar los derechos que ya tenemos para los trabajadores, Lula en este momento necesita que el pueblo esté con él en la lucha para mantener los derechos”, dijo a la AFP María Marta Nascimento de Lima, una funcionaria de 40 que marchaba en Sao Paulo.

“Estoy aquí para poder luchar por los derechos que hemos conquistado y para que no haya ningún retroceso”, aseguró Robert Eduardo, trabajador de una empresa de servicios de salud. Lula cierra su mandato con el desempleo en mínimos históricos, aunque con preocupaciones de los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo, según encuestas. Según miembros de su campaña, el mandatario confía en que la aprobación del proyecto impulse la remontada para el balotaje.

Fuente: AFP.

• Embajador Carlos José Fleitas
• Fotos: Gentileza

A lo largo de su historia, Paraguay recurrió en tres momentos decisivos al arbitraje para resolver controversias territoriales. El primero fue el laudo Hayes con la Argentina en 1878, que reconoció la soberanía paraguaya sobre el territorio situado entre los ríos Verde y Pilcomayo; el segundo, el laudo arbitral del Chaco del 10 de octubre de 1938, que fijó la frontera con Bolivia después de la guerra del Chaco; y el tercero, conocido como el arbitraje del cerro Chovoreca, culminó con el fallo del 11 de julio de 1969 y determinó la ubicación correcta de uno de los vértices establecidos en 1938.

Pese a su importancia para la definición territorial del país, el laudo de 1938 ha recibido menor atención que los otros dos casos. Detrás de su pronunciamiento existió, además, un episodio poco conocido y todavía controvertido: el acta reservada del 9 de julio de 1938, mediante la cual las partes y los países mediadores anticiparon el trazado fundamental de la futura frontera antes de la firma del Tratado de Paz y del fallo formal de los árbitros.

El Protocolo de Paz firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935 puso fin a las hostilidades de la guerra del Chaco y abrió las negociaciones para resolver la cuestión territorial. La Conferencia de Paz del Chaco, integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, asumió la tarea de acercar las posiciones de los antiguos contendientes.

Las negociaciones se extendieron durante más de tres años, prueba de que el cese del fuego no había resuelto automáticamente el problema de límites. Finalmente, el 21 de julio de 1938, Paraguay y Bolivia firmaron en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites, bajo los auspicios y la garantía moral de los seis Estados mediadores.

Por Paraguay participaron, entre otros, Cecilio Báez, José Félix Estigarribia, Luis A. Riart y Efraím Cardozo; por Bolivia, Eduardo Diez de Medina y Enrique Finot. Los instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 29 de agosto de 1938 (González de Bosio, 2022).

Antes de la firma pública del Tratado de Paz, Amistad y Límites, en la madrugada del 9 de julio de 1938 las delegaciones de Paraguay y Bolivia rubricaron, junto con los mediadores, el proyecto de tratado, aunque debían someterlo a la aprobación de sus respectivos gobiernos. En esa misma fecha se suscribió un documento reservado titulado “Paraguay-Bolivia.

Acta rubricada en la ciudad de Buenos Aires, 9 de julio de 1938”, en el cual los representantes de las partes y de los países mediadores anticiparon el recorrido general que debía respetar el futuro laudo arbitral.

El acta afirmaba que la Conferencia de Paz había identificado, con el asesoramiento de sus técnicos militares y después de escuchar separadamente a las partes, una delimitación transaccional basada en los puntos de coincidencia existentes. En él se anticipó una línea que comenzaba en Esmeralda, sobre el río Pilcomayo; se dirigía hacia 27 de Noviembre, dejando Yrendague al este; continuaba por Capitán Ustares, Palmar de las Islas, Fortín Paredes y cerro Chovoreca; y llegaba al río Negro u Otuquis y a su desembocadura en el río Paraguay.

El documento declaraba que el futuro laudo respetaría esa solución “fiel y escrupulosamente”, considerándola razonable y definitiva por los negociadores (Rout, 1970).

Los compromisos del 9 de julio fueron confirmados y complementados, ya que el 19 de julio Bolivia solicitó nuevas garantías de que el Colegio Arbitral respetaría lo acordado, mientras Paraguay recibió seguridades escritas sobre el sector occidental de la frontera y la permanencia de los fortines Patria y Galpón bajo su jurisdicción.

El acta no fue un documento aislado, sino la pieza central de una negociación reservada más amplia que preparó el camino para la firma pública del Tratado de Paz, el 21 de julio, y para el laudo arbitral del 10 de octubre. Aunque el fallo mantuvo la orientación general del acta, incorporó referencias geográficas como Villazón, el punto situado diez kilómetros al oeste de Estrella; Cerrito Jara y determinadas intersecciones de paralelos y meridianos. Es decir, el trazado definitivo mantuvo la orientación fundamental del acuerdo previo, pero no lo reprodujo literalmente. El documento, por tanto, no sustituye al laudo arbitral, aunque permite comprenderlo como la culminación jurídica de una solución política negociada previamente y mantenida bajo reserva.

El acta ha generado controversias históricas, su carácter reservado y su divulgación pública muchos años después motivaron cuestionamientos sobre la transparencia de las negociaciones. Además, al afirmar que el futuro laudo respetaría “fiel y escrupulosamente” la línea acordada, abrió la discusión sobre el margen de decisión que conservaron los árbitros. También provocó reparos jurídicos porque fue rubricada antes de que las delegaciones obtuvieran la aprobación definitiva de sus gobiernos y antes de la firma y ratificación del Tratado de Paz. A ello se sumaron las diferencias internas de la representación paraguaya ante las concesiones territoriales discutidas.

El tratado no sometió nuevamente a discusión la totalidad del Chaco Boreal. Reconoció directamente determinados espacios y estableció una zona dentro de la cual los árbitros debían fijar la línea definitiva. La decisión tendría el carácter de un arbitraje de equidad: los árbitros debían pronunciarse según su leal saber y entender, considerando la experiencia de la Conferencia de Paz y los dictámenes de sus asesores militares.

A diferencia de un arbitraje estrictamente jurídico, centrado principalmente en la aplicación de tratados anteriores, títulos coloniales y otras normas de derecho, los árbitros de equidad podían buscar una solución considerada justa, razonable y viable para ambas partes. Debían pronunciarse según su “leal saber y entender”, tomando en consideración los antecedentes reunidos por la Conferencia de Paz, los dictámenes de los asesores militares y las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de los dos países. La finalidad era alcanzar una fórmula que pudiera cerrar el conflicto y evitar una nueva guerra.

El Tratado fijó los márgenes que la decisión no podía sobrepasar. En el sector occidental, la línea debía situarse dentro de una franja determinada entre el río Pilcomayo y el meridiano del fortín 27 de Noviembre. En el norte y el este, debía mantenerse entre la propuesta presentada por la Conferencia de Paz el 27 de mayo de 1938 y la contrapropuesta paraguaya del 24 de junio. Además, el litoral del río Paraguay situado al sur de la desembocadura del río Negro u Otuquis quedó expresamente excluido del arbitraje.

Los árbitros eran los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes delegaron sus funciones en representantes plenipotenciarios. Argentina designó a José María Cantilo, Isidoro Ruiz Moreno y Pablo Santos Muñoz; Brasil, a José de Paula Rodrigues Alves; Chile, a Luis Barros Borgoño y Manuel Bianchi; Estados Unidos, a Spruille Braden; Perú, a Felipe Barreda Laos y Luis Fernán Cisneros; y Uruguay, a Eugenio Martínez Thédy. Sus poderes los facultaban para deliberar y suscribir el fallo en nombre de los respectivos jefes de Estado (Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, 2007).

Cumplidas las ratificaciones, los delegados de los seis presidentes mediadores se reunieron en Buenos Aires como Colegio Arbitral y el 10 de octubre pronunciaron el fallo que determinó la línea divisoria.

Paraguay y Bolivia fueron oídos en una audiencia especial y presentaron alegatos acompañados de documentación y una Comisión Militar Asesora realizó un relevamiento aerofotográfico y reconoció las zonas definidas. El Colegio Arbitral no examinó solamente los antecedentes jurídicos e históricos, sino también las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de ambas partes. Sobre esa base, concluyó que la línea adoptada representaba una solución equitativa y aprobó el fallo por unanimidad.

La frontera quedó organizada en dos grandes zonas que convergían en 27 de Noviembre o Gabino Mendoza. En la zona occidental, la línea partía de ese punto, descendía hacia Villazón, pasaba diez kilómetros al oeste de Estrella y terminaba en el thalweg o canal navegable del río Pilcomayo. En la zona norte, avanzaba hacia el cerro Capitán Ustares, la Cañada del Palmar de las Islas y la intersección del meridiano de Fortín Paredes con el paralelo de Fortín Ravelo. Luego alcanzaba el punto más alto del cerro Chovoreca y Cerrito Jara, llegaba al río Negro u Otuquis y seguía su thalweg hasta la desembocadura en el río Paraguay.

El uso de fortines, elevaciones, palmares, cursos de agua, paralelos y meridianos muestra que la frontera combinó referencias militares, accidentes naturales y líneas geométricas. El documento fue dado en Buenos Aires en tres ejemplares redactados en español, inglés y portugués, y dispuso que el texto en español prevalecería en caso de duda.

El laudo delimitó la frontera: determinó jurídicamente por dónde debía pasar. Todavía era necesario demarcarla, es decir, identificar sus puntos en el terreno, calcular coordenadas, abrir picadas y construir los hitos que harían visible la separación entre los dos Estados.

El acta del 25 de noviembre de 1938 constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. Bolivia estuvo representada por el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas; Paraguay, por el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente primero de Marina Néstor Rodríguez. Como quinto miembro y presidente fue designado el coronel argentino Ernesto Florit, en representación de los países mediadores.

La Comisión debía dictar su reglamento, acordar el plan de acción y definir los métodos de trabajo. El presidente dirigía los debates, verificaba la ejecución de las decisiones y resolvía definitivamente las cuestiones técnicas y prácticas en las que las partes no alcanzaran un acuerdo.

El Tratado de Paz estableció la fórmula política y jurídica; el laudo determinó la línea dentro de la zona acordada; y la Comisión Mixta se encargó de reconocerla y demarcarla materialmente.

Los documentos producidos durante la demarcación –actas, mapas, croquis, fotografías, informes y libretas de campo– muestran una dimensión de la historia fronteriza que suele quedar oculta detrás de los grandes acontecimientos diplomáticos. La frontera no fue únicamente una línea decidida por presidentes y cancilleres: también fue recorrida por técnicos, topógrafos, militares, ingenieros y delegados que debieron confrontar las palabras del fallo con la geografía del Chaco.

El carácter equitativo del arbitraje permite comprender por qué la solución de 1938 no coincidió plenamente con las aspiraciones territoriales máximas de ninguna de las partes. Aunque la consigna del Dr. Manuel Domínguez –“Ni más allá ni más acá del Parapití”– había expresado durante años la reivindicación paraguaya de reconocer aquel río como límite histórico del Chaco, la frontera definitiva surgió de una realidad más compleja.

Las consecuencias de la guerra, las posiciones de Paraguay y Bolivia, la intervención de los mediadores y la necesidad de evitar un nuevo enfrentamiento exigieron concesiones y una intensa negociación diplomática. Para el Paraguay significó el reconocimiento de la mayor parte del Chaco Boreal y la preservación de su soberanía sobre el litoral del río Paraguay; para Bolivia, consolidó el dominio sobre el sector noroccidental.

El laudo no satisfizo todas las aspiraciones territoriales de ambos países, pero alcanzó algo que décadas de conversaciones, protocolos y mediaciones no habían conseguido: transformar el final de la guerra de dos naciones hermanas en una frontera jurídicamente definida y así abrir una nueva etapa de paz entre Paraguay y Bolivia.

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Paraguay tiene oportunidades de captar nuevas cargas regionales, principalmente de mineral de hierro de Brasil, productos agrícolas de Bolivia y Mato Grosso, además de fertilizantes e insumos destinados a mercados vecinos. El aprovechamiento de este potencial dependerá de garantizar condiciones de navegabilidad durante todo el año, según señaló Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM).

En entrevista con La Nación/Nación Media, el titular del gremio indicó que el mineral de hierro representa la mayor oportunidad inmediata para el transporte fluvial, debido a las ventajas de costos frente al traslado terrestre. En este segmento, el potencial de captación a mediano plazo supera los 10 a 15 millones de toneladas anuales adicionales, siempre que la hidrovía Paraguay-Paraná mantenga un calado operativo mínimo de manera continua.

Gunther explicó que uno de los principales obstáculos es la variabilidad del nivel del río y la falta de intervenciones permanentes en pasos críticos. Afirmó que la flota paraguaya tiene capacidad para transportar mayores volúmenes, pero las restricciones durante los periodos de estiaje limitan las operaciones y generan sobrecostos.

Para mejorar la previsibilidad, planteó implementar un plan maestro de manejo de la vía navegable, con dragado preventivo, señalización moderna y estudios batimétricos dinámicos. También consideró necesario coordinar los trabajos con Argentina y Brasil, bajo estándares técnicos comunes y compromisos de mantenimiento definidos para cada tramo.

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El presidente de CAFyM proyectó que el volumen total de mercaderías transportadas por la hidrovía podría crecer entre un 50 % y un 100 % en los próximos tres a cinco años. Además del mineral de hierro, mencionó la celulosa y la expansión agrícola regional como motores de crecimiento, acompañados por el movimiento de fertilizantes y combustibles.

En este escenario, destacó la importancia de integrar la hidrovía con las carreteras y el ferrocarril para reducir costos y ampliar la capacidad logística del país. Asimismo, sostuvo que las mesas de trabajo del Consejo Nacional de Logística deben traducirse en proyectos con plazos, presupuestos y metas concretas, además de impulsar inversiones en infraestructura portuaria y simplificar los trámites aduaneros.

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