Guillermo Bae Ki, jefe de Taller del Ministerio del Interior, ratificó que una camioneta fue reparada en el taller del narco Marcus Vinicius.

En el marco del juicio oral y público contra el exministro del Inte­rior, Arnaldo Giuzzio –acusado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narco­traficante Marcus Vinicius– declaró el jefe de Taller del Ministerio del Interior, Gui­llermo Bae Kim. El funcio­nario confirmó al Tribunal de Sentencia que uno de los vehículos pertenecientes al Gobierno, que estaba en uso de la cartera estatal, fue trasla­dado a Ciudad del Este y repa­rado en el taller Black Eagle SA) del presunto capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Este testimonio, sumado a las declaraciones del exviceminis­tro Pablo Ríos y de otros altos exfuncionarios de la institu­ción robustece la hipótesis del Ministerio Público. La audien­cia oral continuará el próximo 2 de octubre a las 11:00.

Por su parte, la fiscala Veró­nica Valdez señaló que Bae Kim explicó detalladamente el procedimiento adminis­trativo utilizado para solici­tar las reparaciones de la flota institucional. Valdez aseguró que “el testigo confirmó que una camioneta Dodge RAM del Ministerio del Interior fue llevada hasta Ciudad del Este para ser reparada en la empresa vinculada a Marcus Vinicius”. Asimismo, adelantó que todos los testimonios y elementos probatorios deba­tidos en el juicio serán expues­tos formalmente durante los alegatos finales de la fiscalía.

El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. En la audien­cia previa del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero Victoriano Benítez también sumó elementos al proceso de la acusación.

Durante su comparecencia, el testigo admitió –tras ser confrontado con documen­tos exhibidos por el tribunal– la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparacio­nes y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú SA (vinculada al grupo Black Eagle SA), pro­piedad de Vinicius en Ciudad del Este.­

El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se reanudó este martes con la declaración testifical del jefe del departamento de Transporte del ente estatal. Guillermo Bae Kim, jefe de Servicios Generales del Ministerio del Interior, mencionó que uno de los vehículos del ministerio fue llevado a Ciudad del Este al taller perteneciente al presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua para su reparación, durante la gestión del exsecretario de Estado.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntamente haber recibido favores de Marcus Vinicius cuando se desempeñaba como ministro, entre mediados de 2021 hasta febrero de 2022. El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. La agente fiscal Verónica Valdez señaló que se aguarda la declaración de más testigos y la producción de pruebas clave, como el informe derivado de la extracción de datos de los teléfonos celulares de Marcus Vinicius.

En la pasada audiencia del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero de la cartera estatal, Victoriano Benítez, complicó la situación procesal del acusado. Durante su comparecencia, el testigo admitió —tras ser confrontado con documentos exhibidos por el tribunal— la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparaciones y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú S.A. (vinculada al grupo Black Eagle S.A.), propiedad de Vinicius en Ciudad del Este. No obstante, Benítez evitó precisar la forma en que se financiaron dichos trabajos, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía de que los servicios constituían “favores” patrocinados a favor del entonces ministro.

La fiscal Valdez destacó en aquella ocasión que las manifestaciones del testigo confirman que los arreglos mecánicos no se limitaban a los móviles blindados, sino a cualquier vehículo de la institución que requiriera mantenimiento. Asimismo, el exadministrador reveló que hacia el año 2021 la cartera ministerial ya sospechaba de irregularidades en el taller, donde se sobrefacturaban o adulteraban los repuestos figurantes en las planillas.

Los juicios del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y del destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se reanudan este martes. La primera audiencia está prevista a las 8:00, donde el exsecretario de Estado está procesado por cohecho pasivo agravado; mientras que el exjefe comunal vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados a las 11:00, por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”.

En el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio, la anterior sesión del 22 de setiembre tuvo el testimonio de Victoriano Benítez, exdirector administrativo del Ministerio del Interior, quien explicó que el proceso para la reparación de vehículos institucionales de dicha cartera, aclarando que, en teoría, estos trámites dependían de la Dirección Administrativa y no del ministro directamente.

También se abordó la gestión de vehículos específicos, como una camioneta Hyundai Santa Fe y una camioneta Dodge RAM (propiedad de Senabico), mencionando un convenio para tareas de inteligencia. El proceso judicial por presunto cohecho pasivo agravado sigue su curso en la etapa testifical y testificación de pruebas documentales, con las declaraciones pendientes de los últimos testigos presentados por la Fiscalía.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos agendó para la jornada de hoy la continuación de la audiencia con la lectura y exhibición de las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía en el proceso que involucra a Miguel Prieto y otros diez acusados, señalados por un esquema de licitación simulada y facturación falsa por vía de excepción para la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos en la pandemia de covid-19 en 2020.

En la última sesión del 21 de setiembre, los abogados defensores presentaron sus teorías del caso, argumentando, entre otras cosas, que la gestión de su defendido se dio en un contexto de emergencia por la pandemia del covid-19 y cuestionaron la objetividad de la fiscalía y plantearon la existencia de una supuesta persecución penal selectiva.

Además, las defensas solicitaron medidas para evitar que la fiscalía introduzca referencias innecesarias a la vida íntima y familiar de los encausados. Igualmente, se dio lectura a diversos documentos, incluyendo actas de allanamiento, contratos (como el contrato n.º 14/20), facturas y documentos de constitución de la firma “Tía Chela”. La sesión se centra en el análisis detallado de la legalidad de los procedimientos y contratos realizados por la Municipalidad de Ciudad del Este.

Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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