El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.

“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Las afirmaciones de Rojas surgieron ante la manifestación realizada el lunes y martes pasado por un grupo de 600 personas de la tercera edad, provenientes en su mayoría de Central y Caaguazú, que exigieron la inmediata inclusión de los ciudadanos de 65 años de edad al programa de asistencia y su renuncia, pese a que la ley 7322/24 fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuestaria.

“Les recibimos en la sala de reuniones, entraron 35 representantes más o menos, les escuchamos, pero sale la cabeza del grupo y plantea cuatro cosas clave, que cobren la totalidad de las personas de 65 años de edad sin discriminación de forma inmediata, que se aumente la pensión al 50 % del salario mínimo y hoy el monto es de 25 %, que se eliminen las cuentas que se bloquean por falta de movimiento y por último algo que me llamó la atención pidieron que vuelvan a las municipalidades la administración del programa“, remarcó.

Ante dichos requerimientos, Rojas les detalló que el ministerio solo es un órgano de aplicación de la ley y que es el Congreso Nacional la institución encargada de plantear modificaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera. Señaló también que es necesario contar con un dictamen técnico/financiero para evaluar la sostenibilidad del programa.

Leé también: Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán

Igualmente, el ministro les explicó que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales y que sus requerimientos demandarían un monto de USD 630 millones anuales a las arcas del Estado.

“Les expliqué y brindé respuestas a todos sus requerimientos y en cuanto a que el programa sea administrado por las municipalidades, es un retroceso. No es que yo piense que las municipalidades no puedan manejarlo, sino que realmente ahí vamos a volver a entrar en un famoso censo de datos con altos costos para el Estado, vamos a volver a entrar en este es mi amigo y este no es mi amigo“, dijo.

El secretario Estado acotó: “Cuando yo les dije todas las dificultades, reaccionaron incluso agrediendo. Yo tuve que pedir permiso y retirarme de la reunión, luego ellos salieron a las calles a pedir mi renuncia. Yo les dije que mi renuncia la tiene el presidente de la República, Santiago Peña, desde el primer minuto en que firmó el decreto de mi nombramiento, es él quien puede disponer del cargo“.

Te puede interesar: Líder Amarilla salpicado a red narco busca apoyo institucional del PLRA

• Embajador Carlos José Fleitas
• Presidente de la Comisión Nacional
• Demarcadora de Límites
• Fotos: Gentileza

La Comisión Nacional Demarcadora de Límites cumple 73 años llevando una labor poco visible pero fundamental.

Mucho antes de que existieran mapas digitalizados o sistemas satelitales, el Paraguay ya enfrentaba una tarea muy compleja y decisiva: la de definir, caracterizar, defender y materializar sus fronteras nacionales. Detrás de esta misión, poco visible pero fundamental, se encuentra la Comisión Nacional Demarcadora de Límites (CNDL), una institución cuya evolución histórica refleja los esfuerzos de consolidación de la soberanía territorial paraguaya.

Sus orígenes se remontan a la reorganización del Estado paraguayo tras la guerra de la Triple Alianza. En 1870, la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores sentó las bases de su origen institucional. Sin embargo, la cuestión de los límites permaneció entonces como una función dentro de su administración. No será sino hasta comienzos del siglo XX cuando esta adquiera entidad propia: en 1902, los asuntos limítrofes fueron asignados a la Subsecretaría de la Cancillería Nacional.

Un paso decisivo para su institucionalización, se dio en 1920 con la creación de la Sección de Límites, concebida como un espacio técnico orientado a sistematizar información geográfica, cartográfica y jurídica. Este hito revela una transformación conceptual: la delimitación del territorio deja de ser únicamente una cuestión diplomática para convertirse también en un problema de conocimiento, medición y representación del espacio.

Su consolidación llegaría en 1939, cuando la estructura evolucionó hacia la Comisión Demarcadora de Límites, organizada en subcomisiones para los países vecinos. Este cambio supuso el tránsito hacia un organismo más complejo, capaz de articular el trabajo de campo con la producción cartográfica y la negociación internacional.

A partir de 1940, la incorporación de geodestas, cartógrafos y topógrafos evidenció el creciente grado de especialización requerido para una tarea que exigía precisión científica y dominio del terreno.

En 1941, con la creación del Instituto Geográfico Militar, se buscó centralizar la producción cartográfica del país. A partir de entonces, la demarcación de límites se estructuró en dos dimensiones complementarias: una técnica (vinculada a los levantamientos, mapas y trabajos de campo) y otra diplomática (relacionada con la negociación y aplicación de los tratados internacionales).

Esta dualidad, entre ciencia y diplomacia, constituye uno de los rasgos más característicos del proceso demarcatorio paraguayo. Mientras la labor técnica pasó a depender del Instituto Geográfico Militar, bajo la denominación de Departamento de Límites Internacionales, la dimensión diplomática permaneció en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 31 de marzo de 1953, el Estado decidió reunificar estas funciones en el ámbito de la Cancillería Paraguaya, creando formalmente la Comisión Nacional Demarcadora de Límites, tal como se la conoce en la actualidad.

Hoy, la CNDL continúa cumpliendo una función estratégica: de caracterizar, demarcar y vigilar las fronteras del país. Su historia permite comprender que las fronteras no son simples líneas trazadas en un mapa, sino el resultado de un prolongado proceso que combina saber técnico, decisiones políticas y trabajo humano. Se trata de una labor silenciosa, pero esencial para la existencia misma del Estado y la afirmación de su soberanía.

Gracias al apoyo brindado por el gobierno del presidente Santiago Peña se ha logrado dar un salto cualitativo tecnológico fundamental en defensa de nuestra soberanía, al lograrse la digitalización de los hitos de nuestra frontera, así como del rico patrimonio histórico de su archivo. Debemos resaltar además que en diciembre del 2025 se culminó la demarcación total de la frontera con Bolivia, con la labor de batimetría del Río Negro en la zona de Bahía Negra, tras 87 años de trabajos demarcatorios, constituyéndose ambas naciones, en los primeros países de Sudamérica en tener totalmente demarcados sus fronteras nacionales.

Los trabajos continúan pues con Bolivia se realizar anualmente limpieza de picadas entre los hitos demarcatorios, con la Argentina los estudios para la definición de la soberanía de 74 islas en el río Paraguay y con Brasil la definición del cauce (álveo) del río Paraná.

Nuestros límites se hallan signados por la sangre de nuestros compatriotas, como consecuencia de dos guerras internacionales, lo cual constituye un deber de todos los paraguayos, el defender nuestra soberanía nacional. El compromiso del Gobierno nacional a través de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites es proteger y salvaguardar cada palmo del territorio nacional, defendido por nuestros compatriotas durante toda nuestra historia.

Tras la serie de robos de medicamentos para adelgazar con principio activo de tirzepatida, autoridades sanitarias de Paraguay y Brasil acordaron realizar controles para evitar que estos ingresen a territorio brasileño, donde está prohibida la venta del fármaco proveniente de territorio nacional.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) firmaron un acuerdo para combatir la entrada a territorio brasileño de medicamento usado para adelgazar proveniente de Paraguay. Como primera medida aumentarán intercambio de información y la supervisión sanitaria.

Estos controles se intensificarán en puntos estratégicos, donde se presumen los delincuentes hace pasar el fármaco especialmente en la frontera por tierra como en: Foz de Iguaçu y Ciudad del Este. También en la ciudades de Ponta Porã, en Mato Grosso do Sul, frente a la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.

Lea también: Anuncian un fin de semana caluroso, con vientos y sin lluvia

En la mayoría de los casos se presume que tras robar una importante cantidad de este medicamento en territorio nacional, los delincuentes se encargan de enviar hacia Brasil en medio de mercancía que van legalmente. Tiempo en el que ya pierden la cadena de frío que requieren para poder mantener el principio activo para un afectivo tratamiento para la obesidad, diabetes y otros afecciones

La tirzepatida se utiliza en medicamentos con venta libre en todas las farmacias de Paraguay, cuyos precios son 60 % menos que los productos que son vendidos legalmente en el vecino país, según medios brasileños. En enero de este año, quedó prohibida la venta, distribución, importación y publicidad de medicamentos a base de tirzepatida provenientes de territorio paraguayo.

Te puede interesar: Solicitan rebeldía y captura internacional de 6 imputados por robo con resultado de muerte

Un fallo reciente en Brasil sacudió a la opinión pública y reavivó un debate tan antiguo como incómodo: ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que la justicia no alcanza para reparar un daño irreparable?

Un tribunal absolvió a una mujer que había sido acusada de homicidio y mutilación contra el hombre señalado como responsable del abuso sexual de su hija. La escena en la sala de audiencias, cargada de tensión y emociones contenidas, reflejó la profundidad del conflicto moral que atravesó todo el proceso. La reacción de los presentes, entre el alivio, la conmoción y la controversia, fue tan elocuente como el propio veredicto.

Según se reconstruyó durante el juicio, la mujer actuó impulsada por una mezcla de desesperación, dolor y una noción visceral de justicia. La defensa sostuvo que su accionar no podía analizarse fuera del contexto de la violencia extrema sufrida por la menor. El tribunal, en una decisión que no tardó en generar repercusiones, consideró esas circunstancias y concluyó que existían atenuantes suficientes para dictar la absolución.

Lea también: Víctimas de Epstein presentan demanda por divulgación de sus identidades

El caso abre interrogantes de fondo sobre el sistema judicial y sus límites frente a delitos particularmente sensibles. ¿Puede la ley contemplar plenamente el impacto emocional de un crimen de esta naturaleza? ¿Dónde se traza la línea entre la legítima defensa, propia o de un tercero, y la justicia por mano propia?

En Brasil, el fallo ya alimenta un debate que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno ético y social. Para algunos, la decisión representa un acto de comprensión frente a una situación límite; para otros, sienta un precedente peligroso que podría erosionar el principio de que solo el Estado debe ejercer la justicia.

Más allá de las posturas, lo cierto es que el caso expone una tensión difícil de resolver: la distancia entre la racionalidad de la ley y la intensidad de las emociones humanas cuando se trata de proteger a un hijo.

Queda abierta la pregunta, inevitable y profundamente personal: ¿cómo debería responder la sociedad ante hechos donde el dolor y la justicia parecen enfrentarse sin una salida clara?

Le puede interesar: La joven parapléjica española que libró batalla legal con su padre recibió la eutanasia