La fiscala Teresa Sosa solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), encabezado por el senador colorado Enrique Bacchetta, “un plazo mayor” con el fin de dar su informe respecto a su actuación en el caso del empresario Karim Salum.
“En la nota de referencia se indica que el informe debe ser presentado en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la recepción de la misma, fecha 27 de abril del 2020, a las 11:00. Al respecto, está Fiscalía solicita un plazo mayor, debido a que acompañará el informe, documentación digital como las filmaciones, audios, fotografías, situación que exige preparación en un plazo mayor”, refiere la contestación de la agente.
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El pedido de la agente surge ante los requerimientos de informes realizados por el organismo judicial. El empresario fue acusado de ser beneficiado por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para guardar cuarentena en su vivienda tras retornar de Estados Unidos al Paraguay el pasado miércoles y no así en los albergues establecidos por el Poder Ejecutivo para el combate al COVID-19.
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El JEM define si enjuicia y suspende a jueces de Sentencia de Central
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estudiará este jueves si inicia el enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. Los magistrados fueron acusados por mal desempeño en sus funciones por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.
Los integrantes del JEM dieron a conocer el orden del día y en él figura el tratamiento de la acusación por supuestas graves irregularidades cometidas por los jueces. Los miembros del órgano juzgador —Alicia Pucheta, César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, definir si enjuician a los magistrados mencionados y decidir si piden la suspensión de los mismos.
La acusación, que ya fue admitida semanas atrás por el órgano juzgador, refiere que los citados jueces desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.
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Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.
Igualmente, otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario durante 8 años y 4 meses, y fue privado de libertad durante 4 meses y 11 días hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.
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Ypytá: acusan ante el JEM al juez Édgar Rivas por mal desempeño y piden su suspensión en el cargo
La abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial, presentó una acusación por mal desempeño en sus funciones contra el criticado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. Asimismo, se solicita el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.
La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. Primero, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.
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La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.
Ante las graves acusaciones presentadas formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano juzgador de jueces, se espera que los mismos actúen de forma inmediata y estudien el caso, haciendo lugar al enjuiciamiento del cuestionado juez Rivas y solicitando su inmediata suspensión por desempeñarse de forma dudosa e irregular en el referido expediente civil.
Ahora, los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que integran César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.
Corte define confirmación o no en el cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.
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Bajo la lupa del JEM: acusan a la jueza Cameron por otorgar medidas cautelares irregulares
La jueza Mafalda María Cameron Luque fue acusada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño de sus funciones.
La acusación se relaciona con supuestas irregularidades en la firma y ejecución de medidas cautelares dictadas en el marco de un litigio societario entre las empresas Cargo Line y Cimportex, cuyos representantes legales son los empresarios Juan José Zapag y María Arlette Zapag.
Los acusadores solicitaron al JEM el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones.
La acusación se fundamenta en el artículo 14, incisos b y g, de la Ley N.º 6814/21, que contempla el incumplimiento grave de obligaciones legales y constitucionales, así como la manifiesta parcialidad o ignorancia del derecho.
Según el escrito, la magistrada Cameron Luque concedió una medida cautelar que excedía lo solicitado por la parte actora Blas y Nora Zapag, socios de las firmas mencionadas más arriba, sin la debida fundamentación y con vulneraciones de las normas civiles y procesales relativas a la administración de sociedades, la designación de autoridades y la intervención judicial.
Entre los cuestionamientos figura la rapidez con la que se tramitó la medida cautelar. De acuerdo con la acusación, transcurrieron apenas 26 minutos y 41 segundos entre la presentación de la demanda, registrada a las 8:49:01, y la emisión del Auto Interlocutorio N.º 1.392, a las 9:15:42. También se señala que los mandamientos y oficios para ejecutar las medidas fueron firmados a las 9:35, pese a que, según los acusadores, todavía no se había completado la contracautela ofrecida para respaldarlas.
Otro de los puntos cuestionados es el procedimiento realizado en la sede de Cargo Line, donde, según la acusación, habría participado un abogado ajeno al expediente judicial civil, identificado como Fernando Marecos quien fue imputado luego por la Fiscalía por coacción y usurpación de funciones públicas atendiendo a que se tomó atribuciones que no tenia facultad para hacerlo y a su vez coaccionó a un alto funcionario de la mencionada empresa.
Asimismo, los denunciantes objetan que los libros contables y societarios secuestrados fueron entregados en custodia judicial al propio demandante Blas y Nora Zapag, en lugar de quedar bajo responsabilidad del interventor designado por la jueza Cameron.
También la acusación sostiene que la jueza acusada por mal desempeño habría otorgado a una de las partes la calidad de “Directora Titular” sin que ello fuera solicitado en la demanda y en contradicción con los estatutos.
Además, cuestiona que la magistrada declarara inaplicable el régimen legal de sustitución de síndicos previsto en el artículo 1.121 del Código Civil, atribuyendo a esa decisión una invasión de competencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, la acusación sostiene que las medidas adoptadas por la jueza Cameron Luque habrían sido desproporcionadas e incluido allanamientos y secuestros de documentos en domicilios particulares de terceros, sin garantías suficientes.
Ante estos hechos, los denunciantes solicitaron al JEM que inicie el enjuiciamiento de la magistrada y, considerando los indicios de presunto mal desempeño de sus funciones, requiera a la Corte Suprema de Justicia su suspensión mientras dure la investigación.
Ahora, los integrantes del JEM deberán estudiar la acusación presentada contra la jueza Cameron Luque y definir si corresponde enjuiciar y solicitar a la máxima instancia judicial la suspensión de sus funciones de la magistrada acusada.
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JEM enjuicia y pide al pleno de la Corte suspender a juez por presunta coima
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), inició de oficio el enjuiciamiento contra el juez en lo Civil y Comercial de Santa Rosa del Aguaray, Nelson Mercado, y solicitó a la Corte Suprema de Justicia su inmediata suspensión en funciones. Según chats filtrados, el magistrado habría solicitado USD 30.000 en concepto de coima, en presunta complicidad con la abogada Ilsa Paredes.
El órgano juzgador tomó conocimiento del caso tras publicaciones periodísticas que revelaron conversaciones entre Mercado y Paredes, en las que presuntamente negociaban el cobro de dinero a cambio de favores en varias causas. Los mensajes fueron obtenidos mediante una extracción de datos del teléfono de la abogada, quien actualmente está acusada por una estafa de USD 1.600.000 cuyas víctimas son colonos menonitas del departamento de San Pedro.
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En una de las conversaciones, la abogada le habría respondido al juez que ya le entregaron un cheque de USD 15.000, mientras que en otros chats mencionaba que el cliente “a toda costa quiere hacerte la entrega”. Mercado habría respondido: “Dale, voy, ¿no hay cámara o qué, por ahí?”.
El ministro de la Corte y miembro del JEM, Manuel Ramírez Candia, calificó el caso como “muy grave” y señaló que los elementos son suficientes para sostener una sospecha razonable sobre la existencia del hecho punible de cohecho pasivo agravado. Por ello, propuso abrir el enjuiciamiento por la causal de supuesta comisión de hechos punibles.
Cabe destacar que la remoción definitiva del juez Civil queda suspendida hasta que exista una sentencia firme en el fuero penal. Actualmente, según lo expuesto ante el JEM, ni siquiera existe una imputación formal contra el magistrado por parte de la Fiscalía, una omisión considerada grave, por lo que el Ministerio Público debe iniciar la investigación penal correspondiente. El presunto contubernio cobró relevancia debido a que Mercado tenía a su cargo la regulación de honorarios de Paredes en el marco de un juicio sucesorio; sin embargo, en los chats donde se pactaban los montos no se hacía referencia a un expediente específico.
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