“¡El equipo del ministerio es un equipo comprometido que no para! Hoy batimos nuestro récord, llegamos a las primeras 1.000 resoluciones de suspensión. El trabajo nos mantiene unidos”, publicó en su cuenta de Twitter, el fin de semana, el Ministerio de Trabajo, que está a cargo de Carla Bacigalupo.
Este mensaje desató la indignación y disgusto de mucha gente, pues con justa razón opinó que el cierre de empresas y pérdidas de empleos a causa del coronavirus debería ser motivo de pena y no de alegría. A todas luces, Bacigalupo está muy mal asesorada política y comunicacionalmente al no medir el impacto del mensaje. Este mes se hizo cargo de la comunicación Gloria Amarilla, quien llegó comisionada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“¿Festejar las suspensiones de contratos laborales por parte del propio órgano rector del empleo?”, se preguntó, indignado, uno de los tantos que se ocupó de escribir el mensaje ante la actitud del ministerio. Al igual que este comentario, las reacciones de los lectores de diversas plataformas fueron inmediatas y los internautas lanzaron duras críticas hacia la actitud del Ministerio de Trabajo.
Dejanos tu comentario
Ministerio del Trabajo interviene cadena de supermercados Biggie
El Ministerio de Trabajo intervino la cadena de supermercados Biggie, integrante del Grupo Zuccolillo, tras la manifestación de trabajadores en protesta por supuestas irregularidades laborales e inició una fiscalización laboral para controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente.
En ese sentido, inspectores laborales se constituyeron en las oficinas administrativas de la empresa, donde dialogaron con los trabajadores y representantes de la firma. Además, solicitaron información y documentación relacionada con las condiciones de trabajo.
La inspección incluyó pago de salarios, horas extraordinarias, descuentos aplicados a trabajadores, jornadas laborales, contratos de trabajo, inscripción en la seguridad social y cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo.
Te puede interesar: Reinserción social: 25 adolescentes fueron certificados en cursos de gastronomía
La empresa fue emplazada a presentar la documentación respaldatoria correspondiente para su análisis técnico por parte de la autoridad laboral, informaron desde la institución.
Algunos trabajadores manifestaron que son víctimas de descuentos salariales aplicados por diversos conceptos como productos vencidos, faltante en caja, multas, llegadas tardías u otras situaciones operativas. Dichas denuncias serán objeto de verificación mediante el análisis de la documentación laboral requerida, ya que podrían constituir descuentos indebidos.
Por su parte, representantes de la empresa dijeron que los trabajadores involucrados en la manifestación formarían parte de un grupo denominado internamente como “comodines”, quienes prestarían servicios en distintas sucursales conforme a las necesidades operativas de la firma.
Sobre el particular, los inspectores señalaron que dicha figura no se encuentra prevista en el Código del Trabajo, el cual establece la necesidad de que las condiciones esenciales de trabajo, entre ellas el lugar de prestación de servicios y la distribución de la jornada laboral, se encuentren claramente determinadas.
El Ministerio de Trabajo continuará con el proceso de fiscalización y análisis de la documentación presentada, adoptando las medidas que correspondan en el marco de sus competencias legales.
Leé más: Villa Elisa: trabajador muere sepultado dentro de un pozo
Dejanos tu comentario
Bolivia: trece detenidos por irrumpir en ministerio y retener a funcionarios
La policía detuvo este miércoles en Bolivia a por lo menos 13 personas que irrumpieron en la sede del Ministerio de Trabajo y retuvieron presuntamente a funcionarios, en una jornada marcada por protestas obreras para exigir al gobierno un aumento del salario mínimo, informaron autoridades.
Los detenidos son dirigentes obreros del sector fabril, según los medios locales. Imágenes difundidas mostraron a los trabajadores con cascos rojos cuando colgaban sus banderolas sindicales en una ventana del edificio estatal, en La Paz. El viernes, la Central Obrera Boliviana, el sindicato más grande del país y que incluye a los fabriles, llamó a sus afiliados a acatar una huelga por tiempo indefinido, al considerar que sus reclamos no eran escuchados por la gestión del centroderechista Rodrigo Paz.
Policías antimotines entraron al edificio durante la tarde para detenerlos. “Preliminarmente puedo señalar que” los manifestantes “han privado de libertad a las personas o los funcionarios públicos que estaban en el interior de las oficinas”, dijo a la prensa el coronel Henry Pinto, de la policía boliviana.
“Por el momento tenemos” detenidos a 12 hombres y a una mujer, agregó. El ministro de Trabajo, Edgar Morales, fue evacuado del edificio. “Lamentablemente han entrado, han empezado a golpear la mesa. No entendían: tenían rehenes a todas las mujeres, mucha gente quería” irse “pero no dejaban salir”, dijo el alto funcionario en breves declaraciones a la prensa.
Horas antes, obreros y maestros de escuela marcharon en el centro de La Paz, donde fueron dispersados con gases lacrimógenos. José Luis Gálvez, vocero de la presidencia, señaló que el Ministerio de Trabajo interpondrá denuncias penales. “No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios, que secuestre a los funcionarios y que finalmente demos eso por normal”, señaló.
Los obreros piden además de un aumento de 20 % del salario mínimo, incrementos de pensiones, la estabilización de la economía y más. Bolivia experimenta una crisis económica, la peor en cuatro décadas, derivada de una aguda escasez de dólares. La inflación interanual a abril fue de 14 %.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Multas por incumplimiento laboral superaron G. 20.000 millones en los últimos dos años
En el marco del Día de Trabajador, celebrado ayer, el viceministro de Trabajo, César Segovia, informó que en los últimos dos años se aplicaron multas que superaron los 20.000 millones de guaraníes, a través de fiscalizaciones y verificaciones a diferentes empresas para dar cumplimiento a los derechos de los trabajadores.
“Nosotros el año pasado hemos realizado 1.857 intervenciones en diferentes empresas a nivel país que ha provocado que se hayan aplicado más de 20.000 millones de guaraníes en multas. El ministerio no puede renunciar a su rol de policía laboral y lastimosamente la comunicación y las facilidades que se da por la cultura de la informalidad no es suficiente”, indicó Segovia a la 780 AM.
El viceministro señaló que con el objetivo de fortalecer la presencia en el terreno y mejorar los controles laborales, se está invirtiendo en el refuerzo de las tareas de fiscalización. En ese sentido, explicó que tras un acuerdo con el Equipo Económico Nacional, se dispuso el aumento de la dotación de verificadores para intensificar el trabajo de inspección en empresas a nivel país.
Reducir la informalidad
Segovia detalló que desde la cartera se encuentran trabajando en lograr reducir la informalidad con un avance estimado del 15,9 % y un crecimiento destacado del empleo formal en 2025, aunque aún el país mantiene niveles de informalidad elevados en comparación con la región.
“Nosotros por mucho tiempo estuvimos estancados en un 67 % de informalidad, de hecho al inicio del gobierno del presidente Peña la informalidad estaba en un 62 %, y en base a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e inclusive la Organización Internacional del Trabajo mencionó que Paraguay fue el que más creció en empleo formal en el 2025”, aseguró.
Esto hizo que la informalidad baje hasta el 58 %, pero aún sigue siendo alta en cuanto a la media regional. “Cuando hablamos de informalidad laboral estamos hablando de la falta de pagos del salario mínimo, falta de seguridad social y que muchos derechos como aguinaldo, horas extras, vacaciones, no se cumplen a cabalidad”, subrayó.
De acuerdo al Observatorio Laboral de la cartera, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, al primer trimestre del 2026 contabilizaron a 3.204.472 personas ocupadas, de las cuales el 40 % trabajan en empleos formales (que cotizan al sistema de jubilación y pensión y trabajadores independientes inscriptos en el Registro Único del Contribuyente).
Los principales indicadores que caracterizan al mercado laboral señalan que el 65 % tiene menos de 45 años, con un promedio de 43 horas trabajadas en la semana, liderando sectores como el de servicios, oficiales operarios, artesanos y trabajadores no calificados.
Lea más: De colonia agrícola a polo económico: la evolución de Santa Rosa del Monday
Dejanos tu comentario
Justicia pisa el acelerador: suben resoluciones y agilizan trámites en la Corte
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este miércoles que la ministra Carolina Llanes presentó un informe estadístico sobre el avance en la productividad de resoluciones dictadas por la Sala Penal durante el primer trimestre de 2026.
Según los datos comparativos expuestos, entre enero y marzo se dictaron 371 resoluciones, lo que representa un aumento frente a las 226 emitidas en el mismo periodo de 2025 y las 212 registradas en 2024.
“En ese sentido, la ministra Llanes evidenció un incremento en la cantidad de resoluciones dictadas en comparación con años anteriores (2024 y 2025)”, indicaron en el informe.
Te puede interesar: Juzgado entregó a la Senabico vehículo decomisado del crimen organizado
Agregaron que también se observó un mayor ingreso de expedientes en el periodo analizado, con 41 causas más en relación con 2025 y 10 más en comparación con 2024.
Trámite simplificado
“Estos datos evidencian que los mecanismos de agilización en la resolución de los planteamientos recursivos están funcionando de manera efectiva”, reflexionó la ministra Llanes.
Expresó, además, que el trámite simplificado, aplicado a más de 30 supuestos o situaciones de dilación, contribuye a una respuesta más rápida y uniforme. Destacó que este mecanismo facilita la concentración en los casos de fondo que requieren mayor análisis jurídico.
Destacaron que la Sala Penal de la Corte está presidida por Luis María Benítez Riera e integrada por Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes.
Leé también: Investigan contaminación del río Acaray y técnicos extrajeron muestras para análisis
Finalmente, comentaron que estos datos reflejan el compromiso del Poder Judicial con el fortalecimiento de los mecanismos destinados a la atención de los casos penales.