“¡El equipo del ministerio es un equipo comprometido que no para! Hoy batimos nuestro récord, llegamos a las primeras 1.000 resoluciones de suspensión. El trabajo nos mantiene unidos”, publicó en su cuenta de Twitter, el fin de semana, el Ministerio de Trabajo, que está a cargo de Carla Bacigalupo.
Este mensaje desató la indignación y disgusto de mucha gente, pues con justa razón opinó que el cierre de empresas y pérdidas de empleos a causa del coronavirus debería ser motivo de pena y no de alegría. A todas luces, Bacigalupo está muy mal asesorada política y comunicacionalmente al no medir el impacto del mensaje. Este mes se hizo cargo de la comunicación Gloria Amarilla, quien llegó comisionada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“¿Festejar las suspensiones de contratos laborales por parte del propio órgano rector del empleo?”, se preguntó, indignado, uno de los tantos que se ocupó de escribir el mensaje ante la actitud del ministerio. Al igual que este comentario, las reacciones de los lectores de diversas plataformas fueron inmediatas y los internautas lanzaron duras críticas hacia la actitud del Ministerio de Trabajo.
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Ministerio de Trabajo insta a empresas a otorgar permisos a trabajadores durante comicios
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) emitió un recordatorio oficial dirigido a las patronales del sector privado y entidades públicas, instando a conceder las facilidades operativas necesarias a los empleados que presten servicios durante la jornada electoral de este domingo 4 de octubre. La medida busca garantizar que las obligaciones laborales no impidan el libre ejercicio del derecho y deber ciudadano del sufragio.
Las empresas e instituciones deben prever esquemas de organización interna que concedan licencias temporales para que el personal pueda trasladarse a sus locales de votación, sufragar y retornar a sus puestos. La legislación laboral no contempla la liberación total de la jornada, por lo que la modalidad de los turnos debe coordinarse previamente según la distancia del recinto y la naturaleza del servicio.
La normativa laboral estipula formalmente la obligación del empleador de otorgar el tiempo necesario para el cumplimiento de deberes personales fijados por ley. Para garantizar el funcionamiento ordenado en actividades de atención permanente o turnos rotativos, la autoridad administrativa del trabajo recomienda fijar con anticipación las frecuencias de salida en acuerdo directo con los trabajadores.
Una disposición diferenciada aplica para los trabajadores designados como autoridades de mesa receptora de votos. Presidentes y vocales cumplen una función pública obligatoria durante los comicios, por lo que deben contar con el permiso laboral correspondiente, el cual se acredita mediante la citación o documento expedido por la Justicia Electoral.
Asimismo, la legislación electoral vigente concede a los integrantes de mesa el derecho a un día de descanso compensatorio y remunerado posterior a las elecciones. Esta jornada libre deberá ser otorgada por la patronal dentro del plazo legalmente establecido, norma que también abarca con consideraciones específicas a apoderados y veedores acreditados por las agrupaciones políticas.
Con este llamado, la cartera laboral busca equilibrar la continuidad de las actividades económicas con el cumplimiento de las garantías democráticas. La coordinación oportuna en los centros de trabajo permitirá prevenir infracciones a la legislación del trabajo y asegurar la participación plena del sector obrero en los procesos electivos del país.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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Ministerio del Trabajo inició fiscalización tras explosión en barcaza que dejó cinco muertos
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) decidió iniciar una fiscalización tras el accidente laboral ocurrido el sábado en una barcaza, donde una explosión produjo el fallecimiento de cinco trabajadores. Según los datos recabados, los funcionarios realizaban tareas de limpieza en la embarcación cuando se produjo la explosión, cuyas causas aún son investigadas.
Los técnicos del ministerio del Trabajo comenzaron las diligencias para constatar las condiciones en que se desarrollaban las labores, la situación laboral de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa responsable.
La institución fiscalizadora señaló que la intervención forma parte de sus atribuciones en materia de fiscalización laboral y busca esclarecer las condiciones en que ocurrió el accidente, además de determinar, dentro de su ámbito de competencia, si existieron incumplimientos de la legislación laboral y de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que acompañará el desarrollo de las investigaciones en coordinación con las demás instituciones intervinientes.
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Ministerio del Trabajo interviene cadena de supermercados Biggie
El Ministerio de Trabajo intervino la cadena de supermercados Biggie, integrante del Grupo Zuccolillo, tras la manifestación de trabajadores en protesta por supuestas irregularidades laborales e inició una fiscalización laboral para controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente.
En ese sentido, inspectores laborales se constituyeron en las oficinas administrativas de la empresa, donde dialogaron con los trabajadores y representantes de la firma. Además, solicitaron información y documentación relacionada con las condiciones de trabajo.
La inspección incluyó pago de salarios, horas extraordinarias, descuentos aplicados a trabajadores, jornadas laborales, contratos de trabajo, inscripción en la seguridad social y cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo.
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La empresa fue emplazada a presentar la documentación respaldatoria correspondiente para su análisis técnico por parte de la autoridad laboral, informaron desde la institución.
Algunos trabajadores manifestaron que son víctimas de descuentos salariales aplicados por diversos conceptos como productos vencidos, faltante en caja, multas, llegadas tardías u otras situaciones operativas. Dichas denuncias serán objeto de verificación mediante el análisis de la documentación laboral requerida, ya que podrían constituir descuentos indebidos.
Por su parte, representantes de la empresa dijeron que los trabajadores involucrados en la manifestación formarían parte de un grupo denominado internamente como “comodines”, quienes prestarían servicios en distintas sucursales conforme a las necesidades operativas de la firma.
Sobre el particular, los inspectores señalaron que dicha figura no se encuentra prevista en el Código del Trabajo, el cual establece la necesidad de que las condiciones esenciales de trabajo, entre ellas el lugar de prestación de servicios y la distribución de la jornada laboral, se encuentren claramente determinadas.
El Ministerio de Trabajo continuará con el proceso de fiscalización y análisis de la documentación presentada, adoptando las medidas que correspondan en el marco de sus competencias legales.
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