El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática. La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas instituciones estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.

Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.

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Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados. Igualmente, cuenta con atribuciones específicas para asistir a compatriotas víctimas de trata de personas, violencia o situaciones de riesgo en otros países.

También se contempla la transferencia total de los activos de la secretaría a la Cancillería como bienes muebles, bienes inmuebles, recursos financieros, documentación institucional y programas en ejecución.

Además, permite a la Cancillería asumir competencias más amplias como diseñar y fiscalizar políticas de repatriación, coordinar la asistencia de paraguayos retornados y negociar acuerdos internacionales vinculados a la migración y retorno. Otra facultad será llevar los registros de paraguayos residentes en el exterior, coordinar programas de reasentamiento, gestionar asistencia a connacionales en situación de vulnerabilidad y expedir certificados de repatriación para acceder a beneficios legales.

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A la vez, estipula que todos los funcionarios permanentes de la Secretaría de Repatriados pasarán a integrar automáticamente el plantel de la Cancillería, garantizando la antigüedad, los derechos laborales adquiridos, los aportes jubilatorios y la continuidad administrativa de los cargos.

Sin embargo, no pasarán a formar parte del escalafón diplomático y consular, por lo que seguirán rigiéndose a la normativa aplicable a los funcionarios públicos de la administración central y no por el régimen especial de la carrera diplomática.

Los funcionarios contratados de dicha secretaría que quedará extinta mantendrán la vigencia de sus contratos bajo las condiciones establecidas hasta su vencimiento. En caso de promulgarse el proyecto de ley quedará erradicado el cargo de secretario ejecutivo de la Secretaría de Repatriados.

Por otra parte, la propuesta mantiene los incentivos destinado a fomentar el retorno de connacionales que hayan residido en el exterior durante al menos dos años consecutivos. El proyecto detalla que quienes cumplan con este requisito podrán ingresar al país, por única vez y libres de tributos.

Con relación al menaje de hogar, se establece hasta un valor equivalente a 850 jornales mínimo diarios, para herramientas y maquinarias de trabajo se estipula hasta un valor de 3.000 jornales mínimos diarios mientras que para los vehículos utilitarios se establece hasta 1.700 jornales mínimos diarios, siempre que tenga al menos 3 años de uso.

El proyecto de ley estipula que estos bienes no podrán ser vendidos, transferidos, ni cedidos durante un periodo de 3 años y en caso de incumplimiento, deberán abonar los impuestos correspondientes y podrán aplicarse sanciones por defraudación fiscal.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, afirmó que el movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, irá consolidado en las internas partidarias de este domingo 7 de junio. El parlamentario dijo que el oficialismo logrará la representación colorada en más 200 localidades, entre ellas la capital del país, destacando el potencial político del aspirante a intendente Camilo Pérez.

“Honor Colorado es un muy movimiento consolidado, con más de 15 años de presencia dentro de la política paraguaya. En las internas partidarias, más de 200 municipalidades serán representadas por Honor Colorado, para luego representar a la Asociación Nacional Republicana en las elecciones generales municipales del 4 de octubre”, comentó este miércoles a los medios de comunicación.

Núñez acotó: “Las elecciones serán un plebiscito para ver quiénes quieren estar con Honor Colorado y la disidencia, es ahí donde la ciudadanía opinará si está de acuerdo o no con este modelo”.

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Las afirmaciones de Núñez surgieron ante la campaña lanzada desde el sector de la oposición, la disidencia colorada y medios de comunicación que fungen como aliados, consistente en que el movimiento recibirá supuestamente el “voto castigo” en ciudades como Asunción.

“Estoy seguro que Camilo podrá aglutinar la confianza de la ciudadanía asuncena en unas elecciones transparentes. Camilo es el temor de la oposición porque su figura tiene piso, pero no techo“, refirió.

Núñez también instó a la unidad colorada una vez finalizadas las contiendas internas con el fin de enfrentar unidos a la oposición en la puja por las 263 intendencias en las elecciones municipales generales del 4 de octubre. “Después de las elecciones se tiene que dar el diálogo y el abrazo republicano”, dijo.

El legislador señaló que su colega Arnaldo Samaniego quien pujará contra Pérez en representación de la disidencia cuenta con dos obstáculos que terminarán favoreciendo al oficialismo, su nomina de precandidatos para la concejalía y el respaldo del exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, a quien calificó como un “ancla” que hundirá sus aspiraciones de reelección en la jefatura comunal capitalina. “Marito en donde esté te lleva los votos hacia abajo, es un ancla, solo hay que mirar las encuestas”, sentenció.

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Con la aprobación legislativa, la iniciativa será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto, conforme al procedimiento constitucional.

• HOY.COM.PY

La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que declara en situación de emergencia nacional la seguridad vial, una medida que busca hacer frente a los elevados índices de accidentes de tránsito, fallecimientos y lesiones graves registrados en todo el territorio nacional.

Con la aprobación legislativa, la iniciativa será remitida al Poder Ejecutivo para su pro­mulgación o eventual veto, conforme al procedimiento constitucional.

La normativa establece la declaración de emergen­cia ante la persistencia de los siniestros viales y dis­pone que la Agencia Nacio­nal de Tránsito y Seguridad Vial adopte medidas admi­nistrativas excepcionales y extraordinarias orientadas a la prevención, fiscaliza­ción, control y reducción de los accidentes de tránsito.

Entre las acciones previstas se contempla la utilización de herramientas tecnológicas, la coordinación con otras insti­tuciones del Estado y el forta­lecimiento de campañas de concienciación y educación vial dirigidas a conductores, motociclistas y peatones.

Asimismo, la ley autoriza a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial a implementar los meca­nismos operativos, técni­cos e interinstitucionales necesarios para ejecutar las medidas establecidas durante el periodo de emer­gencia.

La propuesta legislativa fue presentada por los diputa­dos Hugo Meza y Miguel del Puerto, con el objetivo de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar una problemática que genera miles de víctimas cada año y representa uno de los prin­cipales desafíos en materia de salud pública y seguridad ciudadana. La declaración de emergencia permitirá acele­rar la adopción de acciones específicas destinadas a dis­minuir los índices de sinies­tralidad y reforzar las polí­ticas públicas de prevención en todo el país.

El Poder Ejecutivo acaba de poner en marcha el ambicioso pro­grama Cielo Guaraní Soberano para combatir desde las altu­ras de la atmósfera al crimen organizado internacional y fortalecer la seguridad en todo el territorio paraguayo. El blindaje del espacio aéreo y la lucha contra los crimina­les tiene el apoyo del Gobierno de los Esta­dos Unidos de América que colaborará con datos de inteligencia y la asistencia técnica requerida.

La cooperación norteamericana será de fundamental importancia porque mediante su ayuda el Paraguay podrá dejar de lado la actual vulnerabilidad de sus fron­teras aéreas y se podrá ir consolidando como un elemento importante en la segu­ridad de esta parte de la región sudameri­cana.

Hay que destacar que la asistencia técnica es parte del respaldo político demostrado por el Gobierno del país del norte hacia la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y, por encima de las declaraciones positivas y las buenas intenciones, primarán los hechos prácticos y medidas concretas de extraordi­naria importancia para nuestra nación. La colaboración efectiva que ejercerá el país del norte se desprende del compromiso que ha realizado para intensificar el intercambio de información y la asistencia técnica que brin­dará al Gobierno paraguayo. Con respecto al tema, el encargado de negocios de EE. UU. en Asunción, Robert Alter, resaltó que “Paraguay mantiene una estrategia sólida para fortalecer el monitoreo de su espacio aéreo”.

La cooperación norteamericana se cen­trará en tres capítulos: Tecnología de van­guardia, inteligencia operativa y capacita­ción de élite. Esta capacitación consistirá en programas de formación para las fuer­zas de nuestro país en la tarea del combate a delitos considerados complejos. Por otro lado, se considera tecnología de vanguardia la ayuda que realizarán las fuerzas estadou­nidenses en sistema de radares y monitoreo aéreo en tiempo real. En tanto que la inte­ligencia operativa se concretará en el inter­cambio de datos críticos de gran importan­cia para la detección y respuesta inmediata frente a los vuelos que están fuera de la legalidad, como los que desarrollan los nar­cotraficantes para sus fines delictivos.

Para la realización de los operativos con­tra la delincuencia se utilizarán los aviones Super Tucano que se tienen, lo mismo que el equipo de radares con sus respectivos sis­temas de mando y control.

Las medidas adoptadas por el Gobierno se tienen que entender en medio del contexto histórico de la lucha contra el narcotrá­fico y el crimen organizado, que ha tenido varias etapas. Algunas caracterizadas con importantes medidas y trabajos realizados por los organismos especializados y otras con extrañas posturas de dejadez de algu­nas administraciones anteriores que con su pasividad colaboraron con el delito.

No hay que olvidar que durante el gobierno de Mario Abdo se retiró el control fiscal de los puertos, se sacaron los escáneres para detectar drogas de los puertos privados que quedaron sin control, no se compraron radares para detectar vuelos irregulares ni se adquirieron aeronaves para la vigilan­cia aérea. Eso convirtió al Paraguay en un lugar propicio para el delito, por lo que se han dado numerosos casos de contrabando de toda suerte de sustancias prohibidas hacia países de Europa principalmente.

Con las nuevas normas de este gobierno, la Fuerza Aérea desarrolla operativos para detectar aeronaves sospechosas a las que obligan a su aterrizaje. Ya en tierra, realizan su tarea la Senad, la Fiscalía, la Policía y el Ejército, según los casos.

Además del control nacional, para hacer más efectivo el trabajo, se hace el cruza­miento de datos de inteligencia con las autoridades de Argentina, Bolivia y Bra­sil, países con los que se tiene convenios de cooperación para el efecto.

Mediante el acuerdo con los Estados Uni­dos, el Gobierno paraguayo podrá ejercer una mejor tarea en la persecución de los narcotraficantes a fin de eliminar el crimen internacional, lo que ayudará a un combate más efectivo contra el delito que no tiene fronteras.

El respaldo del país del norte es uno de los principales logros alcanzados por la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y constituye uno de los mejores beneficios que está obteniendo el Paraguay para la seguridad de sus fronteras y la persecución de los delincuentes que han contaminado seriamente estas tierras. Por ello la ciuda­danía tiene que valorarlo y prestar su apoyo teniendo en cuenta que el país aprovechará las ventajas que vienen de parte de una nación amiga, que es una las más grandes potencias del mundo.