La bancada A del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en la Cámara Alta, más conocida como el bloque llanista, emitió su postura en contra de elevar los impuestos durante la crisis sanitaria bajo la postura de que el sector privado actualmente es el más golpeado.
“Es momento de garantizar los mecanismos normativos que permitan la eficiencia del Estado en la provisión de necesidades básicas y sus recursos, de garantizar el libre y justo mercado y de buscar incentivos que alienten al sector privado a resistir, continuar produciendo y levantarse de esta crisis, porque en ellos está la fuerza de producción y desarrollo”, refiere.
Propuesta
Los parlamentarios en cambio apuntan a luchar contra el contrabando, la informalidad, combatir el derroche del dinero público, los privilegios, el tráfico de influencias y la corrupción.
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“No es el momento de ocupar el tiempo en analizar un incremento de impuestos, que al final podría significar la carga económica directa al consumidor final, perjudicando a toda la ciudadanía. Debemos redoblar esfuerzos para lograr la trazabilidad del destino de los impuestos que son pagados por las empresas y los contribuyentes, ya que sin un control del destino y eficacia del gasto público resulta imposible justificar un posible aumento de la presión tributaria en nuestro país”, refieren.
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Jueza ordena informar al Senado sobre querella contra Celeste Amarilla
La jueza penal de Liquidación y Sentencia de la Capital, Lourdes Peña Villalba, ordenó informar a la Cámara Alta respecto a dos querellas por difamación promovida contra la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla.
Las querellas fueron impulsadas por la diputada Cristina Villalba y el exdiputado Nazario Rojas. Ambas providencias ordenan: “Póngase a conocimiento de la Honorable Cámara de Senadores la presente querella autónoma en contra de Celeste Josefina Amarilla de Boccia, actual Senadora de la Nación, debiendo acompañarse las copias para traslado correspondientes”.
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La información fue compartida por el abogado de ambos dirigentes colorados, Óscar Tuma. Los oficios fueron remitidos al presidente del Congreso Nacional y del Senado, Basilio Núñez, para los fines de rigor institucional.
Amarilla, cuando ocupada el cargo de diputada, sin presentar pruebas ni denuncias formales había argumentado que ambos políticos poseen vínculos con el narcotráfico. Las querellas fueron presentadas de manera individual y acusan a la senadora de haber afectado su honor y reputación. Mediante este paso, si la causa judicial avanza podría derivar en el desafuero de la dirigente liberal.
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Elevar penas a jóvenes infractores: “No debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.
“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.
“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.
Expectativa punitiva
Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.
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Senado: plantean elevar penas de 8 a 10 años para jóvenes que cometan crímenes
Los integrantes de la Comisión de Legislación del Senado, junto con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría Pública, analizaron los proyectos que plantean el aumento de penas para los adolescentes que cometan crímenes.
“Tuvimos la visita de representantes de estas instituciones quienes dieron su parecer. Ellos nos comentaron que debido a los convenios internacionales que tiene el Paraguay y lo que se recomienda desde el punto de vista penal es que nos ajustemos a lo máximo que se tiene en la región”, dijo el senador Eduardo Nakayama, miembro de la comisión asesora.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
“Tomando el sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como las legislaciones de Costa Rica y Chile, la expectativa de pena máxima es de 10 años, entonces se elevará de 8 a 10 años, eso es lo que se consensuó y creo que se aprobará”, dijo a la 1140 AM.
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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por adolescentes. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en la Cámara Alta fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de 15 años sean juzgados como adultos.
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Proyecto de sistema de alerta Mafe, aprobado en Diputados y va al Senado
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el sistema de alerta Mafe, en memoria de la adolescente asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta Amber, que se aplica en otros países.
El diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas de esta iniciativa, argumentó que el objetivo es establecer un mecanismo legal para los casos de desapariciones forzosas de personas, principalmente de menores de edad. El proyecto pasa a partir de ahora a la Cámara de Senadores para seguir el curso legislativo.
“Solicitar el acompañamiento y aprobación de esta ley tan necesaria, que requieren nuestras familias para tener un marco legal adecuado para que sepan qué hacer en estos casos. La desaparición de personas es una de las tragedias más angustiantes que puede enfrentar una familia, incluso una comunidad”, alegó el diputado.
El legislador expuso que en lo que va del 2025 ya se registraron aproximadamente 900 personas desaparecidas en el Paraguay. “Esta es una realidad cruda, es una realidad dura, angustiante para miles de familias que esperan un marco legal que les diga cómo proceder en estos casos, y ese es el objetivo de esta ley”, indicó y agregó que la ley Mafe será una herramienta crucial para la búsqueda y la localización de personas que se encuentran desaparecidas.
EN HONOR A MARÍA FERNANDA
“Hoy la ley Mafe es en honor a María Fernanda, que de haber contado con una herramienta, con un sistema de alarmas que active a toda la sociedad dentro de las 24 horas que son las más críticas cuando una persona desaparece de manera forzosa, a lo mejor hubiera tenido una mínima esperanza de tener un resultado distinto del que tuvimos como sociedad”, sostuvo.
Por su parte, la diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad, expuso el dictamen de esta instancia legislativa que fue la de la aprobación. Recordó también que un proyecto similar ya fue trabado en Diputados, pero fue rechazado por el Senado.