El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Nueve niños de entre 12 y 14 años debieron ser internados a raíz de que habrían consumido trocitos de vidrio en un cocido con leche que un compañero les compartió. El hecho se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

Según el informe oficial, uno de los afectados habría llevado a su institución educativa cocido con leche en un termo de vidrio. Por el camino, se le habría caído y, como su interior es de vidrio, los fragmentos de este material se habrían mezclado con la bebida.

Cuatro de los preadolescentes fueron trasladados de urgencias al Hospital Regional de Pedro Juan, tras presentar fuertes molestias; otros tres fueron atendidos en el Centro Ambulatorio Juan Pablo II y dos en el Instituto de Previsión Social. Hasta el momento, seis ya fueron dados de alta y los restantes permanecen en observación.

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“En total son diez los adolescentes que consumieron esta bebida, uno de ellos se percató de que había algo raro en el cocido y un segundo presentó heridas en la boca, lo que alertó a todos los demás y se dio un ataque de pánico. Eran todos del mismo grado, y tres son los que tuvieron sangrado en la boca posteriormente”, comentó el doctor Pablo Rubén Ayala, director de la XIII Región Sanitaria, en conferencia de prensa.

Remarcó que el incidente se habría tratado de un accidente, ya que los jóvenes desconocían que el interior del termo era de vidrio y podría astillarse tras la caída. Confirmó, además, que los preadolescentes que se encuentran en observación están fuera de peligro y son monitoreados por una cuestión preventiva, puesto que sufrieron algunos cortes en la boca.

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Un hombre con extenso historial delictivo fue detenido el viernes 21 de marzo en la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay), al ser sindicado como autor de un asalto del que resultó víctima un comisario de la zona. El sujeto identificado como Óscar Benicio Irala López (27), había caído preso en Tailandia en el año 2022, fue condenado a muerte, pero indultado por el rey de ese país asiático.

Según el reporte de la Policía, el detenido había participado de un robo agravado ocurrido en la tienda de celulares “Mega Celulares” de esta ciudad y además hurtó su radio de comunicación interna al comisario Mauro Zelaya, quien se encontraba haciendo giros de dinero en el sitio y fue una de las víctimas del asalto.

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El operativo estuvo encabezado por el departamento de Investigaciones de Amambay y tras un largo trabajo de inteligencia se logró sorprenderlo en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Natalicio Talavera e Ytororõ, en el barrio San Antonio de Pedro Juan Caballero. El prontuario de Irala López indica que cuenta con antecedentes penales por dos casos de robo, ambos registrados en 2023 en Pedro Juan Caballero.

Previa a la detención, se montó vigilancia en los alrededores de una residencia en el barrio San Antonio. Cuando los agentes divisaron a dos individuos abandonar la vivienda en un vehículo Chevrolet Blazer gris, procedieron a interceptar el rodado. Tras ser requeridos por sus documentos de identidad se confirmó que uno de ellos era Oscar Benicio Irala López, quien inmediatamente fue apresado y remitido al departamento de Investigaciones.

En su historial delictivo internacional, Oscar Benicio cayó preso por tráfico de cocaína en el continente asiático en el año 2022 . Su propia madre había clamado la reconsideración de su caso cuando recibió la pena de muerte. El rey de Tailandia accedió al pedido de clemencia y no solo le perdonó la pena sino también ordenó su liberación. Es así que Maha Vajiralongkorn, que había asumido como monarca en el año 2019, modificó la ley e introdujo la figura de la amnistía, que permitió a Óscar quedar libre.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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