La Cámara de Diputados en sesión extraordinaria, aprobó la propuesta unificada de los proyectistas Basilio “Bachi” Núñez y Ramón Romero Roa, que busca una protección integral para los personales de salud y de limpieza, involucrados al tratamiento de personas con COVID-19. No se incluye al personal administrativo de la cartera.
La propuesta, plantea que el Estado contrate seguros de vida de hasta 50 salarios mínimos para dar cobertura a los afectados, en concepto de indemnización por fallecimiento a causa del virus, adelantos para gastos médicos, reposo y gastos de sepelio. En caso de fallecimiento, será transferido a la viuda/o o a los hijos menores.
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Las diferentes instituciones públicas de salud se encargarán de identificar a los funcionarios que están al servicio durante la pandemia, la auditoría interna del Ministerio de Salud lo certificará y deberá arbitrar los pagos exclusivamente para los afectados.
Los controles que se establecen, incluyen a la auditoría del MSPyBS y de la Contraloría General de la República. El financiamiento de la protección de los personales será con los fondos que están previstos en la Ley de Emergencia Sanitaria.
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A través de una ley buscan regular la profesión del agente comunitario de Salud
Un proyecto de ley que busca regular la profesión del agente comunitario de Salud y establecer su régimen jurídico, funcional y laboral, se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.
Según fundamentan los proyectistas, la iniciativa tiene por objetivo reconocer legalmente la profesión, crear una carrera específica y establecer derechos, obligaciones y un régimen laboral para estos profesionales que cumplen funciones desde 2008 en todo el país.
Es así que se plantea la creación de la Carrera del Agente Comunitario de Salud, el régimen jurídico, funcional y laboral que contemple sus derechos, obligaciones, formación profesional y posibilidades de desarrollo dentro del sistema público de salud.
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Se estima que existen 1.675 agentes comunitarios de Salud que prestan servicios en las distintas regiones sanitarias del país.
Más del 90 % de los agentes cuenta con más de cinco años de antigüedad, mientras que más del 70 % posee formación universitaria, principalmente en enfermería y otras disciplinas relacionadas con el área de salud, indica la normativa.
El proyecto propone que el desarrollo dentro del escalafón se base en criterios objetivos como antigüedad, formación académica, capacitación y evaluación del desempeño
Son proyectistas los diputados colorados José Rodríguez, Liz Acosta y Miguel Del Puerto.
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Diputados buscan impedir la discriminación política en el pago de dietas a concejales
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de combatir una práctica que, según los impulsores de la iniciativa, se repite en distintos municipios del país: el uso del pago de dietas a concejales como herramienta de presión política.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, en varios gobiernos locales se ha detectado que algunos intendentes pagan puntualmente a los concejales afines a su gestión, mientras retrasan o, directamente, suspenden el pago a ediles de la oposición o críticos del Ejecutivo municipal.
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Los legisladores calificaron esta discriminación como una práctica “sistemática y perniciosa” que atenta contra la democracia participativa y vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley.
El texto presentado sostiene que la dieta de un concejal no constituye una dádiva, sino la contraprestación legítima por el ejercicio de un cargo de representación popular, y que privar a un edil de esos ingresos de forma arbitraria limita su capacidad de fiscalizar la gestión municipal y compromete su sustento personal.
Crea procedimiento sumarial
La principal novedad del proyecto presentado por los diputados liberales Carlos María López y Jorge Ávalos Mariño, además de su colega de Patria Querida Rocío Vallejo; es la creación de un procedimiento sumario para sancionar a los municipios que incurran en esta discriminación. Según la reforma planteada, si un concejal no recibe su dieta de manera puntual e igualitaria, podrá denunciar la situación ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Señala que verificada la irregularidad, esa cartera de Estado procederá a retener las transferencias en concepto de Royalties provenientes de las entidades binacionales que le corresponden al municipio, hasta que la situación se regularice.
Además, el proyecto establece que los concejales afectados deberán informar sobre el trámite realizado a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, que quedará a cargo del seguimiento correspondiente.
Los proponentes remarcaron que, si bien el artículo 28 ya contemplaba parcialmente esta problemática, la reforma apunta a precisar el circuito institucional —a qué organismo debe reportarse la irregularidad y quién realiza el seguimiento— para dotar de mayor eficacia a la norma.
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Diputados pide informes al IPS y al Ministerio de Trabajo sobre formalización del empleo
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre las acciones implementadas para ampliar la cobertura de la seguridad social y reducir la informalidad”.
Específicamente se solicitan datos exactos sobre la cantidad de nuevos trabajadores cotizantes incorporados al sistema de seguridad social en los últimos dos años, con desagregación por tipo de vínculo (dependiente, independiente, voluntario).
La institución también deberá detallar las estrategias implementadas para facilitar la afiliación de trabajadores independientes y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en el marco de las leyes y disposiciones vigentes, con indicación de los resultados obtenidos.
Los legisladores piden que el IPS remita un informe identificando las dificultades concretas que enfrentan los trabajadores y empleadores para acceder a la cobertura asistencial, y descripción de las medidas que se están adoptando para superarlas.
Se precisa también las estadísticas actualizadas sobre la tasa de cobertura del IPS a nivel nacional, desagregadas por departamento, sexo y grupo etario, y su evolución en los últimos cinco años.
Por otro lado, también los diputados aprobaron el proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS), sobre las acciones implementadas para combatir la informalidad laboral”.
Según la exposición de motivos, el documento solicita un informe sobre la estrategia integrada de formalización de empleo 2025-2028, ejes de acción, metas cuantitativas, cronograma de implementación.
Igualmente el estado de avance de la comisión interinstitucional de formación de empleo, detallando la cantidad de reuniones realizadas, acuerdos y resultados.
Para ambos expedientes, se solicita un plazo de 15 días para la remisión del informe solicitado a la Cámara de Diputados.
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Diputados insta a la UNA a tomar las previsiones presupuestarias para habilitar filial en San Pedro
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que insta a las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) a incluir en el Presupuesto General de la Nación (PGN 2027), los recursos necesarios para el funcionamiento de las actividades académicas en la filial de Capiibary, departamento de San Pedro.
Según los proyectistas, la sede universitaria fue construida e inaugurada hace cinco años, pero hasta la fecha permanece sin actividad académica.
Explicaron que la filial en Capiibary pretende dar respuesta a una demanda sostenida por la comunidad, luego de años de gestiones y movilizaciones ciudadanas.
Así también, la facultad permitirá ampliar el acceso a la educación superior pública y de calidad para cientos de jóvenes de San Pedro, especialmente aquellos provenientes de familias de escasos recursos que actualmente deben trasladarse a otras ciudades para continuar sus estudios.
Es por ello que consideran necesario que las autoridades universitarias adopten las medidas administrativas, académicas y presupuestarias que permitan iniciar las actividades en la filial y cumplir con los compromisos asumidos con la comunidad.
La declaración aprobada insta al Rectorado, al Consejo Superior Universitario y a las demás autoridades competentes de la UNA a disponer, con carácter prioritario, el inicio de las actividades académicas en Capiibary, mediante la habilitación de las carreras comprometidas.