El órgano regional encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en nuestro continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptó el viernes 10 la resolución 01/20, a través de la cual hace un llamado a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica.
La resolución señala que las medidas que fuesen adoptadas por los gobiernos, que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios “pro persona”, de proporcionalidad, temporalidad, y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral. En este sentido toda estrategia, política o medida estatal y sus consecuencias, y los planes para la recuperación social y económica deben respetar los estándares en materia de derechos humanos, particularmente los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), insta la CIDH.
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La CIDH destaca, en un apartado especial, las recomendaciones que refieren a los grupos en especial situación de vulnerabilidad, como las personas mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad humana, los niños, niñas y adolescentes, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad.
Instan a aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o en especial vulnerabilidad.
El presidente de la CIDH, el comisionado Joel Hernández, señaló que quieren aportar a los esfuerzos que se están realizando desde los gobiernos y la sociedad en la protección de los derechos humanos de todas las personas. "Entendemos que el COVID-19 se presenta de manera distinta en cada país y observamos que las respuestas también han sido diferentes. En cualquier caso y por su propia naturaleza, las acciones estatales deben estar centradas en las personas. Toda acción de gobierno debe emprenderse para garantizar y proteger los derechos humanos”, señaló.
La resolución 01/20 es uno de los principales resultados de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), instalada el 27 de marzo del 2020.
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