El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, exhortó al Poder Judicial a agilizar las revisiones de las medidas de libertad condicional de los reclusos que se encuentran en la zona de riesgo ante la enfermedad del nuevo coronavirus.
“Las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia deben ser acompañadas por el Poder Judicial agilizando las revisiones y el otorgamiento de la libertad condicional a prevenidos y condenados que están en grupos de riesgo”, dijo el secretario de Estado.
Leé también: Las cárceles y el COVID-19
Las declaraciones de Guerreño hacen referencia a la publicación de La Nación sobre las “Cárceles y el Covid-19”, que señala que unas 15.850 personas se encuentran privadas de libertad hacinadas en las diferentes penitenciarias del país, lo que se convierte en una grave amenaza para un sistema con carencias.
Desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Cecilia Pérez, aplicaron las medidas sanitarias para evitar que el nuevo coronavirus ingrese en las cárceles. Hasta ahora el plan funcionó, pero el precio es un aislamiento total, que deja a la población carcelaria, cuya mayoría está aún sin condena, también sin visitas en los 18 centros de reclusión que cuenta el país.
Mirá también: Instan a tomar medidas para enfrentar al Coronavirus en las cárceles
Dejanos tu comentario
Feminicidio de María Fernanda: definirán si padres de supuesto autor irán presos
A las 14:00 de este domingo se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares para los padres del presunto autor del feminicidio de la joven María Fernanda Benítez. La diligencia judicial se realizará ante un juez de turno de la ciudad de Coronel Oviedo.
En la audiencia de imposición de medidas cautelares, el juez tendrá que definir si corresponde decretar la prisión preventiva así como lo solicitó el Ministerio Público en su acta de imputación.
Actualmente los padres están detenidos en la Comisaría 31 del barrio Azucena de Coronel Oviedo, a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.
La Fiscalía presentó la imputación contra los padres por simulación de hechos punibles y exposición a peligro en el tránsito terrestre. Los fiscales del caso solicitaron al Juzgado Penal de Garantía la prisión preventiva de la pareja.
Te puede interesar: Detienen en el Este a robacoches con ocho órdenes de captura
La pareja estaba prófuga de la Justicia y se encontraba en un barrio cerrado en la ciudad de San Bernardino, donde luego de un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional se pudo lograr la detención.
De acuerdo a los investigadores del caso, se tuvo conocimiento de que los padres del supuesto feminicida estaban en un barrio cerrado y por tal motivo se montó vigilancia en la zona y cuando los hoy detenidos salieron del lugar fueron detenidos.
Podes leer: Feminicidio de María Fernanda: detienen a padres del presunto autor del crimen
Dejanos tu comentario
Espionaje de Brasil: “Hay que reconstruir la confianza, las explicaciones son necesarias”
El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, dijo este viernes que existe un compromiso por parte del Brasil en remitir en el transcurso de las próximas semanas un informe sobre el espionaje cibernético perpetrado contra autoridades paraguayas, en el marco de las negociaciones sobre el costo de la tarifa de la entidad binacional Itaipú.
“La situación actual es que seguimos aguardando el dosier. El gobierno brasileño se comprometió a darnos las explicaciones sobre este hecho lamentable de espionaje al Gobierno de Paraguay, que fue aceptado por la Cancillería del Brasil. Las explicaciones son necesarias para volver a la mesa de revisión”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El espionaje se inició en la gestión de Jair Bolsonaro y siguió siendo ejecutado en los primeros meses de la era de Luiz Inácio Lula da Silva. Según publicaciones de medios como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula, mediante un comunicado difundido el 31 de marzo pasado, responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.
La información sobre el espionaje fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre de 2024 y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones señalan que fue utilizado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.
Leé también: Dirigentes de Alto Paraná entregan 16.000 nuevas afiliaciones al titular de la ANR
“Listo para la renegociación”
“Ellos prometieron que las informaciones serían remitidas en las próximas semanas. Hay que reconstruir la confianza, no es poca cosa lo que pasó, cuando uno está en una relación con un país hermano, en una entidad tan importante como es Itaipú. Esto erosionó la confianza, no se puede minimizar lo que ocurrió, necesitamos y exigimos las explicaciones para volver a reencauzar la revisión", refirió Giménez, quien también se desempeña como consejero de la hidroeléctrica.
“Paraguay está listo para la renegociación, viene trabajando con un equipo técnicos y por consejeros que son a la vez ministros del Ejecutivo. Estamos aguardando que se concrete este arreglo mediante las cancillerías y dar vuelta esta página que es desagradable y volver a incursionar en una agenda positiva que estoy seguro que ocurrirá”, comentó.
Las afirmaciones de Giménez surgen ante la intención de Brasil en revertir el acuerdo concretado en mayo del 2024, consistente en la fijación del precio de la tarifa de Itaipú a USD 19.28 por kW/mes para los próximos tres años. “Esto se encuentra fuera de discusión, la tarifa ya se pacto a nivel de consejo, está aprobado por ambos países”, refirió.
Te puede interesar: Ever Villalba muestra interés por la presidencia del PLRA
Dejanos tu comentario
Brasil busca reducir la tarifa de Itaipú, opina analista
“La amenaza del Brasil es que si no se avanza con la firma del nuevo Anexo C volverán a pagar USD 16,71 kW/mes por el costo de la tarifa“, dijo el analista político Caio Manhanelli, sobre el impasse generado entre el Paraguay y el vecino país por la suspensión temporal de la revisión del Tratado de Itaipú por el caso de espionaje a negociadores paraguayos en el gobierno de Jair Bolsonaro.
“Esta situación tiene un peso diferente para la opinión pública en ambos países, acá no es algo público. La última noticia es que el ministro de Minas y Energía (Alexandre Silveira) dio un ultimátum al decir que si Paraguay no avanza con la propuesta que ya se puso en la mesa, Brasil va a revisar las condiciones“, sostuvo Manhanelli, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
En mayo de 2024, ambos países fijaron el precio de la tarifa a USD 19.28 por kW/mes para los próximos tres años. Al tiempo que marcaron el inicio del proceso de la revisión del Anexo C. El nuevo precio genera alrededor USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.
Leé también: Fuerza Aérea Paraguaya realiza proceso de aceptación de aviones Súper Tucano
Este acuerdo busca ser revertido por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, como medida de presión ante el posicionamiento de Paraguay en suspender la renegociación del Anexo C tras tomar conocimiento sobre el espionaje cibernético perpetrado contra autoridades paraguayas que negociaban la nueva tarifa de la hidroeléctrica.
El espionaje se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y siguió siendo ejecutado en los primeros meses de la era de Luiz Inácio Lula da Silva. Según publicaciones de medios como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).
El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.
Dejanos tu comentario
México: elección de jueces abre una etapa de incertidumbre
- México, México. AFP.
La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.
Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.
Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.
En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.
Lea más: EE. UU.: misterioso caso de torturas por bitcoins llega al tribunal
Legal pero no legítima
Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.
La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.
“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.
Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.
Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.
Lea también: Presidenta de Perú registra solo un 2 % de aprobación
Sin cambios a la vista
Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).
El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.
“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.
Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.
“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.
Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.
Problema complejo
Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.
Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.
También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.