El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, exhortó al Poder Judicial a agilizar las revisiones de las medidas de libertad condicional de los reclusos que se encuentran en la zona de riesgo ante la enfermedad del nuevo coronavirus.
“Las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia deben ser acompañadas por el Poder Judicial agilizando las revisiones y el otorgamiento de la libertad condicional a prevenidos y condenados que están en grupos de riesgo”, dijo el secretario de Estado.
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Las declaraciones de Guerreño hacen referencia a la publicación de La Nación sobre las “Cárceles y el Covid-19”, que señala que unas 15.850 personas se encuentran privadas de libertad hacinadas en las diferentes penitenciarias del país, lo que se convierte en una grave amenaza para un sistema con carencias.
Desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Cecilia Pérez, aplicaron las medidas sanitarias para evitar que el nuevo coronavirus ingrese en las cárceles. Hasta ahora el plan funcionó, pero el precio es un aislamiento total, que deja a la población carcelaria, cuya mayoría está aún sin condena, también sin visitas en los 18 centros de reclusión que cuenta el país.
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Martínez Simón fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia
El pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves al ministro Alberto Martínez Simón como nuevo presidente del Poder Judicial. En tanto, el ministro Luis María Benítez Riera fue electo como vicepresidente primero y el ministro Gustavo Santander como vicepresidente segundo.
Por otra parte, el ministro Benítez Riera también fue designado como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Eugenio Jiménez. A su vez, el ministro Manuel Ramírez Candia fue confirmado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
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Durante su intervención en la sesión plenaria ordinaria de la Corte, Martínez Simón expresó que “en este ejercicio democrático que marca nuestra carta orgánica —creo que ello hace bien a la institucionalidad de la Corte— establecer que tengamos procesos naturales marcados por la norma, con discusión previa, diálogo, propuestas y el afianzamiento de una o más candidaturas hace el buen manejo de la Corte”.
En otro momento, sostuvo que los integrantes del máximo tribunal realizaron un buen trabajo en este último periodo, trabajo que seguirá bajo su presidencia, principalmente de manera colectiva.
“Todos apuntamos hacia el mismo lugar: queremos la mejor conducción de la justicia en nuestro país. Me consta personalmente, en las distintas presidencias en las que trabajé, como vicepresidente también, que todos ponemos el mejor esfuerzo. Se da por descontado que, así como el año anterior se realizó un gran trabajo colectivo entre todos, este año será igual”, apuntó.
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Caso María Fernanda: otorgan medidas alternativas a fiscala imputada por pedir coima
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión a la fiscala suspendida en sus funciones, Gloria Rojas, imputada por un presunto pedido de coima en la investigación del feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares. Otazú impuso a la imputada la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con el denunciante y la de acceder a las instalaciones de la Fiscalía de Coronel Oviedo. Igualmente, se le impuso una fianza real por la suma de G. 200 millones y se la intimó por un plazo de 20 días hábiles para que comparezca la propietaria del inmueble ofrecido para aceptar la caución.
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Imputación
De acuerdo con el acta de imputación, la fiscala le planteó a uno de los procesados gestionar una salida procesal a través de un abogado. El profesional pidió G. 30 millones, suma de la cual la agente estaba en conocimiento.
En este caso, la fiscala de Delitos Económicos, Silvia González, imputó a su colega, la agente Gloria Rojas, por el citado hecho punible. En su pedido, sospecha que participó del pedido de dinero que luego fue incautado en una entrega vigilada en poder del abogado Juan Carlos Bedoya, el 26 de noviembre pasado.
El caso se inició tras la denuncia del acusado Franco Antonio Acosta, propietario de la farmacia que vendió el medicamento abortivo a la pareja de María Fernanda, quien fue asesinada y su cuerpo calcinado mientras estaba embarazada.
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Israel anuncia medidas para aumentar el control sobre Cisjordania ocupada
El gabinete de seguridad de Israel aprobó este domingo una serie de medidas orientadas a aumentar el control sobre Cisjordania ocupada y allanar la vía para una mayor expansión de los asentamientos en este territorio palestino.
Cisjordania, que Israel ocupa desde 1967, constituye la mayoría del territorio de un potencial Estado para los palestinos, pero la derecha israelí tiene como objetivo aumentar la presencia de colonos en esta tierra.
“El gabinete de seguridad aprobó hoy una serie de decisiones (...) que cambian fundamentalmente la realidad jurídica y civil en Judea y Samaria”, un término bíblico utilizado por la extrema derecha israelí y por personalidades ultrareligiosas para referirse a Cisjordania.
Las medidas fueron anunciadas por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso, y por el ministro de Defensa, Israel Katz.
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Esta reforma incluye la eliminación de regulaciones vigentes desde hace décadas que prohíben a personas judías comprar tierras en Cisjordania, según un comunicado conjunto.
Smotrich afirmó que esta medida tiene como objetivo “enterrar la idea de un Estado palestino”.
Entre las medidas anunciadas está la transferencia de la autoridad sobre los permisos de construcción para los asentamientos en partes de ciudades palestinas, incluida Hebrón, de los organismos municipales de la Autoridad Palestina a Israel.
En Ramala, la Presidencia Palestina - que ejerce una administración limitada en algunas zonas discontinuas - condenó el anuncio como un intento de “anexar la Cisjordania ocupada”.
Para la Presidencia Palestina, esta decisión refleja “un intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Hasta ahora, cualquier cambio en las construcciones de la comunidad judía requería la aprobación tanto del municipio local y de las autoridades israelíes, reportó Times of Israel. Estas nuevas disposiciones establecen que sólo se requerirá la autorización de Israel.
El anuncio se produce pocos días antes de la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump, que se opone a la anexión de Cisjordania.
Excluyendo Jerusalén Este, ocupado y anexado por Israel, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania, considerados ilegales, según el derecho internacional.
En este territorio viven cerca de tres millones de palestinos. La ONU reportó que la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2017, cuando Naciones Unidas comenzó a recopilar estos datos.
- Fuente: AFP
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Taller abordó actualización de protocolos frente a la violencia laboral en el Poder Judicial
En el marco del Proyecto Mujeres en la Justicia, la Secretaría de Género (SEG) desarrolló este miércoles un taller orientado al fortalecimiento institucional y a la revisión de los mecanismos vigentes para el abordaje de la violencia laboral.
La actividad tuvo lugar en el Salón Auditorio Serafina Dávalos y contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), además de inscribirse en el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ).
Del encuentro participaron representantes de diversas dependencias del Poder Judicial, con especial presencia del área de Capital Humano, bajo la coordinación de la directora de la Secretaría de Género, doctora Silvia López Safi.
La jornada se desarrolló en el contexto del plan de descentralización recientemente aprobado para el fortalecimiento de la SEG, denominado “Promoción de la Igualdad de Género en el Poder Judicial de la República del Paraguay”. En ese espacio, la consultora Selva Etcheverri presentó una propuesta de modificación y actualización de la Acordada N.° 1.669/22.
Distintos tipos de acoso
Al respecto, la doctora López Safi explicó que durante el taller se analizaron las políticas institucionales vinculadas al acoso laboral, el mobbing y el acoso sexual, contemplados como manifestaciones diferenciadas dentro de la normativa vigente, cada una con características y abordajes específicos.
Señaló además que el objetivo central de la actividad fue evaluar los avances logrados, identificar los desafíos pendientes y detectar oportunidades de mejora, con miras a optimizar la respuesta institucional y garantizar un servicio alineado con los principios de la política de género del Poder Judicial.
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Finalmente, destacó que estas acciones se realizan en el marco de la Acordada N.° 657/10 y que el taller forma parte de un plan piloto de desconcentración de la Secretaría de Género, que será replicado en Capital, Central, Paraguarí, Alto Paraná e Itapúa.