El senador liberal, Fernando Silva Facetti, se refirió al proyecto de Ley de “Administración de Pasivos”, propuesta presentada al Congreso por el ministerio de Hacienda y que busca entre otras cosas, la modificación de la Ley 5097/13, que de aprobarse permitirá a la estatal canjear las deudas próximas a vencer por una nueva deuda.
Al respecto, el parlamentario sostuvo que el pedido “es razonable”, pero que debe ser estudiado, porque al darle potestad al ministerio para que ellos recalendaricen los créditos, se podría incluso pasar por encima de lo que establece la Constitución Nacional Paraguaya.
“Es razonable el pedido de darle la potestad de recalendarizar los plazos de los vencimientos. Lo que hay que tener en cuenta en ese tema es que la Constitución establece en su Artículo 222, relacionado a la contratación de empréstito, que todo lo que sea crédito público debe ser estudiado y aprobado por el Congreso Nacional, darle como ellos quieren una atribución general para que ellos nomás vayan modificando los vencimientos, yo creo que está en el borde de la capacidad constitucional y no estaría yo de acuerdo”, mencionó.
Agregó que lo que sí podrían hacer es otorgar a Hacienda las atribuciones para recalendarizar las deudas por ejercicio.
“El tema de Paraguay es que existe una baja presión tributaria, que ahora con la reforma, el nuevo régimen tributario subió y nuestra presión tributaria está relacionada directamente con nuestra capacidad de recaudación, y con esa recaudación vos tenés que amortizar la deuda. Lo ideal siempre es pagar tu deuda con recurso genuino y no recurrir a nuevas emisiones para pagar otras emisiones, que es lo que estamos haciendo ya básicamente desde hace un par de años”, aseguró.
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Hambre Cero: Senado mantiene administración a gobernaciones
El pleno de la Cámara de Senadores aceptó el rechazo de la Cámara de Diputados en modificar la administración del programa de alimentación escolar Hambre Cero en las Escuelas, y dejar la administración de la misma a los gobernadores.
Desde el Senado, la propuesta fue retirar el manejo de Hambre Cero de dos gobernaciones, Concepción y Alto Paraná, lo que fue rechazado por Diputados, ahora con la aceptación de la versión de la Cámara Baja el proyecto va al archivo.
El presidente de la Comisión de Hacienda, y proyectista, senador Silvio Ovelar, argumentó que con el tratamiento de la iniciativa en Diputados, se midió la temperatura sobre la administración de los gobernadores, y finalmente se rechazó este proyecto en esa instancia.
“Cuando nosotros decidimos acá destinar los fondos de la gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, nosotros decíamos claramente que Diputados tendría el tiempo necesario para que tenga ya un dictamen de la Contraloría para que se pronunciaran. Hoy nos podemos ratificar en nuestra decisión, pero ya sabemos cuál va ser el resultado”, expuso ante la sesión extraordinaria de este martes.
Así también, señaló que esta decisión fue un acuerdo entre colegas, para que la administración del programa de alimentación escolar siga en ambas gobernaciones. “No cambié para nada mi parecer respecto a la gestión de varias administraciones, pero tampoco quiero caer en el error de generalizar y de decir que todos están haciendo mal porque eso no es cierto”, explicó.
Por su parte, el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, expuso ante el pleno que la propuesta fue bastante analizada y que finalmente cumplió con un objetivo, verificar la administración.
“Después de un análisis suficientemente aclarado por parte de los gobernadores, creo que lo que buscó la medida en aquel momento, ante la generación de dudas particulares ya ha generado el proceso de verificación que está llevando adelante la Contraloría general de la República”, señaló.
El legislador también sostuvo que “en conversación también con el Poder Ejecutivo, la propuesta de aceptar la versión que viene de diputados y seguir manejando el programa Hambre Cero de la misma forma”.
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Amarilla asegura su triunfo y vaticina el fin del esquema efrainista en el PLRA
“Estamos tranquilos de que la victoria está de nuestro lado”, afirmó el senador Dionisio Amarilla, candidato a presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), rumbo a las elecciones internas del domingo 7 de junio. Se aguarda que en dichos comicios acudan a sufragar 500.000 afiliados de la centenaria agrupación.
“Sencillamente la gente entendió que se debe dejar de lado el discurso perimido (el anticartismo) y que la unidad se tiene que dar en función al trabajo. Esperamos que el domingo la gente entienda que hay dos modelos que se enfrentarán, el nuestro que propone ordenar la casa, de acompañar las candidaturas que representan al partido y el otro que es el modelo de siempre, que imprime la mafia de los bonos", afirmó el legislador, este lunes, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De acuerdo a las últimas encuestas, la puja por la presidencia liberal estará entre Amarilla, quien encabeza el movimiento Diálogo Azul; su colega en el Senado y líder del movimiento Frente Radical, Éver Villalba, y el intendente de Fernando de la Mora y militante del movimiento Nuevo Liberalismo, Alcides Riveros.
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El efrainismo
Ambos contrincantes son acusados por Amarilla de representar al viejo modelo de conducción política que pretende erradicar. “El efrainismo tiene a sus fuerzas divididas, el sector mayoritario está con Villalba, eso es indiscutible, el propio hijo de Efraín Alegre es su candidato a vicepresidente, pero también hay representantes del efrainismo que también están con Riveros”, comentó.
Señaló que “eso no nos preocupa, nosotros estamos muy confiados en que el resultado puede terminar favoreciéndonos, porque somos el único sector que movilizó a las masas y sumó gente nueva. El PLRA está tan alejado de la discusión de los grandes temas nacionales, esto es una lastima. La gente quiere ver otra vez que los representantes del PLRA sean criteriosos, con pensamientos críticos".
También competirán por la titularidad de la agrupación opositora el exsenador Alfredo Jaeggli, los abogados Marlene Orué, Abel Villalba González y el médico Hermino Ruiz Díaz.
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Más de 250 abogados respaldan a Enrique Berni en reclamo de equidad judicial
Un total de 250 abogados firmaron y respaldaron formalmente el pedido presentado ante el Consejo de la Magistratura por el consejero Enrique Berni, mediante el cual se solicita la modificación parcial del artículo 19 del reglamento que regula los criterios de selección, evaluación de méritos y aptitudes para postulantes a cargos judiciales. La nota fue presentada este lunes 25 de mayo ante el órgano seleccionador de magistrados.
La iniciativa había sido planteada originalmente por Berni en octubre de 2025 y, con esta nueva presentación acompañada por 250 firmas, se busca dar mayor fuerza al planteamiento, impulsando su tratamiento dentro del órgano extrapoder.
La nota plantea la necesidad de establecer criterios más equitativos para valorar la experiencia profesional adquirida en el libre ejercicio de la abogacía. Los firmantes consideran que actualmente existe una desventaja para los abogados que desarrollan su carrera fuera de la estructura judicial.
La propuesta impulsada por Berni busca reconocer la trayectoria de abogados matriculados que ejercen la profesión de manera independiente en el sector privado, permitiendo que esa experiencia pueda traducirse en una puntuación adicional dentro de los concursos públicos para cargos judiciales. En base al reglamento vigente, los abogados dentro del sistema judicial tienen una puntuación adicional dentro del proceso de conformación de ternas para jueces, fiscales o defensores, no así los profesionales que ejercen en el sector privado.
En ese sentido, los 250 profesionales que acompañaron el documento sostienen que la experiencia obtenida en litigación, asesoramiento jurídico y ejercicio libre de la profesión constituye un aporte valioso para el sistema de Justicia y debe ser contemplada con mayor equilibrio dentro de los procesos de selección.
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Comisarías de oro: fiscal aboga para que un tribunal valore las pruebas contra Filizzola
“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado", indicó González en el programa “La Caja Negra” de Unicanal.
El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del área metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas.
“Esta es una causa ya iniciada en el 2013 y la acusación fue presentada en diciembre del 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante", puntualizó la agente.
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Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.
“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta", manifestó González.
La fiscal siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.