El proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la contratación de personas indígenas por parte de las instituciones públicas fue sancionado por el Congreso Nacional. En la última sesión, ayer la Cámara de Diputados, dio la media sanción que faltaba a la aprobación del Senado y ahora ya pasa al Ejecutivo para la promulgación o veto.
La ley busca fomentar el acceso al trabajo digno para los miembros de las comunidades indígenas, por lo que se dispone que el porcentaje de funcionarios indígenas no deberá ser menor al 1% del total de la nómina de funcionarios nombrados en la institución correspondiente.
Las postulaciones se harán acorde a las condiciones de la Ley 1.626/00 “De la Función Pública”, considerando sus peculiaridades culturales, sociales y religiosas de modo a garantizar que su incorporación no representará una alienación de las mismas, según expresa el texto del proyecto.
En Función Pública e INDI
Podrán acceder a cargos públicos los indígenas que cuenten con la certificación de parte del Instituto Nacional del Indígena (INDI) de ser miembros de los pueblos originarios. Además deberán comunicar su petición a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al INDI para su registro.
El proyecto establece que la SFP y el INDI elaborarán un reglamento para la aplicación de la ley. En caso de no cumplimiento, los funcionarios responsables de las instituciones serán sancionados con una multa de 100 jornales mínimos.
El dinero proveniente de la multa irá para que el INDI desarrolle programas y cursos de formación laboral para miembros de comunidades indígenas.
El proyecto corresponde a una iniciativa del Senado, donde fue aprobado en octubre. Con la sanción de Diputados, es remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
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Funcionarios públicos vinculados a empresas de Líder Amarilla, se burlan de la Contraloría
Históricamente al frente de firmas contratistas a las que el hoy senador de la Nación, el liberal Líder Santiago Amarilla adjudicaba millones en obras de forma directa en sus tiempos de intendente, funcionarios públicos que, aparecen como accionistas, presidente, vicepresidente en estas empresas omiten estos vínculos en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Por Rossana Escobar M.
Sergio Manuel Espínola Villalba y Renán Leguizamón Garcete. El primero es un modesto funcionario municipal hoy día en la comuna de J.A Saldívar que había ingresado a la Función Pública con el padrinazgo de Líder Amarilla que lo contrató como chófer en la municipalidad de Villa Elisa y en el segundo caso se trata de un funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS).
Los mencionados funcionarios figuran en las empresas Mármol S.A y Las Primas S.A contratistas a las que Líder Amarilla y el ahora gobernador de Central, Ricardo Estigarribia habían favorecido con millonarias adjudicaciones cuando eran intendentes de Villa Elisa.
Así también, Sergio Espínola y Renán Leguizamón figuran en cargos de vicepresidente, presidente, síndico en distintos años en Terranova Inmobiliaria S.A, sociedad denunciada por supuesta usura por parte de un concejal de Itá.
Sergio Manuel Espínola además aparece en Amarilla & Asociados S.A, playa de autos del senador Líder Amarilla, empresa en la que el legislador declara G. 2.000 millones en acciones, según el documento presentado a la Contraloría al asumir el cargo en el Congreso Nacional.
El funcionario municipal Sergio Espínola en 10 años nunca había presentado una manifestación de bienes hasta que saltó su nombre en los negocios que se atribuyen al hoy senador Líder Amarilla. Tras la serie de nuestro medio, el empleado de la comuna de J.A Saldívar remitió su declaración jurada a la Contraloría y en el documento aparece como un modesto servidor público, pese a que en informes proveídos por el ministerio de Economía y Finanzas revelan su participación en importantes empresas, entre ellas las que ganaron millones en licitaciones durante la administración de Líder Amarilla y Ricardo Estigarribia en Villa Elisa.
Un salario de G. 4,4 millones en la municipalidad de J.A Saldívar, una deuda con cuota mensual de G. 500 mil al mes, un ahorro de G. 3,4 millones y un automóvil usado es todo lo que aparece en la declaración jurada que Sergio Espínola presentó por primera vez a la Contraloría.
Por su parte, Renán Leguizamón, el funcionario de IPS que también aparece en las contratistas de obras como en la sociedad denunciada por usura, omite su participación en empresas burlándose magistralmente de la Contraloría.
Desde el ente de control confirmaron que abrieron un sumario a Sergio Espínola, funcionario de la municipalidad de J.A Saldívar que en 10 años ninguneó la Ley de Declaraciones Juradas, sin embargo, no se pronuncian sobre las empresas en la que aparecen los mencionados más arriba, pero que no consignan en sus respectivas manifestaciones de bienes.
Cabe subrayar que Líder Amarilla tampoco menciona su participación en Terranova Inmobiliaria S.A, empresa denunciada por usura y la que el denunciante edil de Itá vincula directamente al parlamentario liberal y al funcionario municipal, Sergio Espínola.
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Sanción de ley contra nepotismo debería darse en mayo, dice Núñez
El senador Basilio Núñez informó que ha iniciado conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados. El legislador indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa.
“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, manifestó el líder de la bancada de Honor Colorado en conversación con varios medios de prensa. Al respecto, mencionó que planteó propuestas a sus pares a modo de avanzar en una legislación que es necesaria para sancionar el nepotismo y sobre el cual existen tres proyectos.
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“Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.
Expulsión a Vallejo
Asimismo, Núñez afirmó que no corresponde el planteamiento de pérdida de investidura para la diputada Rocío Vallejo, cuya hija se encuentra como comisionada en la misión paraguaya ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
“No corresponde la pérdida de investidura en este caso de la diputada Rocío Vallejo teniendo en cuenta nuestra legislación. No es tráfico de influencias, no corresponde la de Rocío ni la de otros de acuerdo a nuestra legislación actual, amenazar a cualquier parlamentario con el ‘cháke’ con una ley que no establece eso sería totalmente fuera de lugar. No va a pasar”, aseveró.
No obstante, el senador mencionó que el tráfico de influencia y los casos de nepotismo son hechos que trascienden al Partido Colorado dado que hubo denuncias de dichos hechos en diferentes organizaciones políticas, por lo cual el Congreso tiene la obligación de establecer una legislación que sancione y tipifique estos actos.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
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Hambre cero: sanción refleja el objetivo al que apuntan el Ejecutivo y el MEC
El viceministro de Educación Superior, Federico Mora destacó la sanción lograda en el congreso del proyecto de Ley “Hambre Cero en las Escuelas”, asegurando que están muy conformes con la versión porque refleja el objetivo al que apuntan el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de fomentar una educación de calidad con criterios de acceso, inclusión y permanencia, sobre todo en lo que hace a la Educación Superior, teniendo en cuenta que se han asegurado los recursos para mantener el Arancel cero en la educación terciaria.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el viceministro Mora aseguró que la sanción que este jueves otorgó el Senado se dio en el mejor escenario, en lo que hace al Arancel cero, porque con la modificación planteada por la Cámara de Diputados, queda garantizada la financiación con Fuente 10, que es la que consolida a todo programa por ser la Fuente del Tesoro, a diferencia de la que se tenía, Fuente 30, que era Fonacide, la cual era una fuente de financiación ocasional.
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“El Arancel cero pasa a ser de los pocos programas con doble seguro por tener las leyes que la sustentan; ahora, con la Ley de Hambre cero, que tiene un articulado específico agregado en diputados, que se logró incluir luego de conversaciones que mantuvimos y acompañamos entre alumnos y autoridades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con el presidente de Diputados”, precisó.
El viceministro Mora insistió en que están muy conformes con la versión sancionada porque refleja el objetivo del Ejecutivo y el MEC de fomentar una educación de calidad con criterios de acceso, inclusión y permanencia, en este caso en la educación superior.
“Es un reconocimiento también a las conquistas estudiantiles para una educación superior de calidad que garantice el acceso de estudiantes de familias para los que esta exoneración del arancel marca efectivamente una diferencia para el acceso y la permanencia como estudiantes”, concluyó.