La Línea de Crisis 155 respondió 3.094 llamadas hasta el 21 de agosto, informó el Ministerio de Salud sobre este servicio de asistencia en el área psicológica, lanzado el pasado 22 de julio. En el primer mes se atendieron 2.252 llamadas y otras 842 en el reciente periodo.

De estas asistencias, 143 de ellas fueron derivadas para una atención más puntual, entre junio y julio; y 102 casos de julio a agosto. La mayoría de las llamadas provinieron de adultos, con un total de 831 llamadas. La franja etaria más representada fue la de 30 a 39 años, con un 23 % de las llamadas, seguida por la franja de 20 a 29 años con un 21 %. También se recibieron 11 llamadas de adolescentes, todas ellas relacionadas con conflictos familiares, relaciones interpersonales y orientación.

Entre las derivaciones de adultos, el 33 % se debió a ideación suicida, seguido de orientación y tentativa suicida. En cuanto a las derivaciones de Niñez y Adolescencia se registraron 3 casos, de los cuales 2 fueron por orientación y 1 por ideación suicida en adolescentes.

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Con el eslogan “155 Te escucha. “Tu salud mental importa”, las autoridades buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia este servicio, el cual, además de ser gratuito y estar disponible para todo el territorio nacional, es completamente confidencial.

El servicio de llamada funciona las 24 horas y está articulado con otros servicios de emergencia, como el 911 y el SEME, para garantizar una atención integral y efectiva. También con el servicio de Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

Esta importante cantidad de interacciones con la comunidad en general ha demostrado la importancia de contar con una línea de apoyo que pueda asesorar, escuchar, gestionar y derivar problemas relacionados con el área de salud psicológica, la cual durante años se vio relegada ante otros problemas de salud.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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La Policía Nacional una vez más insta a la ciudadanía a aplicar las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de estafas o robo de datos. Esto, en base a que en las últimas semanas se han reportado una gran cantidad de denuncias sobre llamadas que se realizan desde el exterior y recomiendan no contestar.

El comisario Diosnel Alarcón recomendó aplicar las herramientas de seguridad disponibles como el bloqueo, contraseñas, verificación en dos pasos o doble factor de autenticación, ya que podrían ser estafadores.

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“Se requiere de conciencia de seguridad como tenemos en la vida real y como ciudadanos nos falta aún entender lo que pasa en ese espacio virtual. Tenemos que cuidarnos y trabajar más esa conducta de ciberseguridad”, concluyó.

Indicó que el estafador realiza una breve llamada utilizando varios números de teléfonos internacionales para confirmar que la persona sea titular de la línea y puede usar estos datos para futuros ataques.

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“Estas personas usan un bot o una cajita de símbolos en la que ingresan varios números y hacen la llamada. La curiosidad o la preocupación que genera el origen del contacto, hacen que las personas quieran devolver la llamada”, expresó.

Agregó que una vez que se devuelve la llamada hace que los cargos sean trasferidos a las víctimas y consume todo el paquete de datos. “Generalmente tienen varios objetivos, uno de ellos es ver que tu número esté activo y también si te contestan en ese momento van a confirmar que ese número es portador de la persona”, señaló.

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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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