Luego de que la Fiscal Brígida Aguilar niegue su participación en el presunto ilícito de solicitar extractos de llamadas y mensajes de conocidos políticos, abogados y empresarios con fines extorsivos, el periodista Jorge Torres Romero habló con la radioemisora 970 AM sobre la citada denuncia.
"Estamos ante una vulnerabilidad y atropello nunca antes vistos", expresó el comunicador.
Supuestamente, la Fiscala Brígida Aguilar, de J. Augusto Saldivar, solicitó a la compañía Tigo extractos de llamadas entrantes y salientes, como así también mensajes de texto, entrantes y salientes de los números de Blas Llano, Luis Canillas, José Ortiz, Valerio González Gómez, Carmelo Caballero, Mauricio José Peruzzi Espínola, Royg & Asociados, José Fernández Paganetti y Raúl Fernández Lippmann.
Por su parte, la agente del Ministerio Público, de la ciudad de J. Augusto Saldívar, negó la acusación de una supuesta solicitud de datos de llamadas y mensajes, entrantes y salientes, del marzo a octubre de 2017, a la empresa de telefonía Tigo. Sostuvo que el documento utilizado como prueba tiene una firma, logo y sello falsos.
"La Fiscala Aguilar dice que no es su firma. En ese caso, se debería averiguar quién está usando el logo del Ministerio Público para solicitar estos documentos. Esto es un tema gravísimo", manifestó Torres Romero. Añadió que el citado caso muestra que estamos ante "un esquema de gánsters", según calificó.
Reiteró que si la Fiscal dice que no es su firma, entonces, alguna persona llevó todo el extracto de llamadas y mensajes, entrantes y salientes, datos proveídos por la empresa telefónica Tigo.
"Si la representante del Ministerio Público no armó esto. ¿Quién armó para pasar facturas y destruir enemigos con fines extorsivos?", sentenció Torres Romero.
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El déficit fiscal se ubicó en 1,1 % hasta octubre
El déficit fiscal acumulado alcanzó G. 3.955 mil millones (USD 528 millones), equivalente al 1,1 % del producto interno bruto (PIB), al cierre de octubre de 2025, de acuerdo al informe de Situación Financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En octubre, el déficit fue de 0,18 % del PIB. Respecto a los resultados anualizados, el déficit fiscal se ubicó en G. 8,1 billones, igual al 2,3 % del PIB, avanzando de manera sostenida hacia la meta de 7,1 billones de guaraníes (1,9 % del PIB) prevista para cierre del año. El resultado primario anualizado, que excluye el pago de intereses, se situó en -0,3 % del PIB.
De acuerdo a los datos del reporte, los ingresos totales acumulados registraron un incremento interanual del 5,6 % respecto al mismo período del año anterior, impulsados principalmente por la recaudación tributaria, que contribuyó en 7,3 puntos porcentuales y compensó la disminución de los ingresos no tributarios.
Los ingresos no tributarios cayeron 7,1 % principalmente por el efecto base del aporte extraordinario de Yacyretá en 2024 y menos recursos ingresados por Itaipú.
Los gastos totales acumulados crecieron 4,7 %, manteniendo la moderación en el ritmo de expansión registrada desde inicios del año, que en términos anualizados registró una variación de 2,8 %. Tanto los impuestos internos como externos presentaron dinámicas positivas, con aumentos acumulados de 8,4 % y 11,4 %, respectivamente.
En cuanto a las prestaciones sociales, destacaron los aumentos en las pensiones a adultos mayores (12,6 %), la alimentación escolar (263,8 %) y Tekoporã (9 %).
Durante la presentación, indicaron que el pago de intereses muestra una desaceleración anualizada significativa. Pasó de una variación de 42,9 % en enero a 11,8 % en octubre.
Por otro lado, mencionaron que el porcentaje de los salarios financiados con ingresos tributarios se ubicó en 52,1 %, una mejora del mínimo histórico registrado en el 2024, mientras que los salarios destinados a los sectores de educación, seguridad y salud continúan representando 80 % del total.
INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública acumulada mantiene niveles de ejecución presupuestaria superiores al promedio histórico, que alcanzó los G. 4.740 mil millones (USD 619 millones), equivalente al 1,3% del PIB. Sobresale la participación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) junto con inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa Nacional.
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Imputan a fiscal por pedir coima para beneficiar a un procesado por abuso sexual
La fiscal Verónica Valdez, presentó imputación contra su colega de la zona de Alberdi, Rubén Riveros, por cohecho pasivo agravado, ante un presunto pedido de G. 120 millones que habría pedido el agente fiscal imputado para beneficiar a un procesado por supuesto abuso sexual en niños que estaba con prisión preventiva.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el juez penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, quien dio aviso de un posible pedido de dinero a cambio de beneficios judiciales.
De acuerdo al relato de la víctima, A.R.P., esposa del procesado A.C.O., el abogado Méndez Vera le habría solicitado dinero con la promesa de gestionar ante el fiscal Riveros Medina la liberación de su marido, acusado de abuso sexual en niños.
El primer pedido habría sido de Gs. 5.000.000 por “unos papeles”, seguido de una suma de Gs. 10.000.000 para conseguir el arresto domiciliario. Posteriormente, Méndez exigió un pago total de Gs. 120.000.000, en dos entregas, para “asegurar la libertad” del acusado.
La investigación logró documentar entregas de dinero y reuniones entre los involucrados, incluyendo una cita en la Fiscalía Zonal de Alberdi el 02 de octubre del 2025, donde se habría concretado una “entrega vigilada” bajo control del Ministerio Público.
Durante el procedimiento posterior, se allanó la vivienda del abogado Méndez Vera, hallándose una bolsa roja con Gs. 15.000.000 dentro de su vehículo y Gs. 5.000.000 adicionales en un ropero, sumas que coincidieron con los billetes previamente fotocopiados y autenticados por orden judicial.
Las grabaciones obtenidas por el Ministerio Público evidenciarían conversaciones donde el fiscal Riveros Medina y el abogado Méndez Vera coordinaban los montos y las condiciones del pago. En una de ellas, el fiscal habría dicho a la mujer: “Esto es una jugada técnica, no un capricho. Se busca ganar tiempo. Pídele tiempo al tiempo, que el tiempo te dará”.
La imputación describe un esquema de corrupción judicial en el que el abogado Luis Méndez habría actuado como intermediario, recibiendo dinero en nombre del fiscal Riveros, a cambio de “gestionar” beneficios procesales.
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Mujer denuncia que fue detenida y encerrada por un error fiscal
Una mujer de 63 años pasó por una verdadera pesadilla, luego de que recurrió a renovar su cédula de identidad y fue detenida, porque era acusada de invasión de un inmueble en Villarrica. Ella es química industrial, docente jubilada y autora de varios libros, pero era buscada por la Justicia por un error fiscal.
Se trata de Marta Elizabeth Maidana de Martínez, cuya cédula venció en junio y se acercó hasta el departamento de Identificaciones de la ciudad de San Lorenzo para renovar su documento, pero cuando llegó al cubículo fue detenida. Los oficiales le informaron que sobre ella pesaba una orden de captura.
Maidana quedó sorprendida y desconociendo sobre la situación, en ese momento le dijeron que ella estaba imputada por invasión de inmueble. La mujer fue llevada hasta la comisaría primera esposada y encapuchada, donde pasó la noche.
Su familia no tardó en iniciar una investigación junto a sus abogados, quienes descubrieron que la agente fiscal Noelia Soto, había imputado el 15 de diciembre del 2021 a dos mujeres solo con los nombres, una es Marta Elizabeth Maidana y la otra Marta Elizabeth Maidana de Martínez. Sin embargo, no se trataba de un caso de homonimia porque no tenían el mismo número de cédula.
Al día siguiente de sus detención en San Lorenzo fue trasladada hasta Villarrica, donde le pidieron disculpas y le informaron que se trató de un error, por lo que el juez Derlis Duarte decretó su libertad.
Antecedentes
En febrero del 2021, un equipo del Ministerio Público integrado por la fiscal Soto y fiscal Rodrigo Insaurralde llegó hasta un inmueble invadido, perteneciente a la Universidad Nacional de Villarrica. Fueron recibidos por la familia Maidana, entre ellas Marta Elizabeth Maidana, nombre que coincidió con el de la docente de Asunción.
Lamentablemente, los intervinientes nunca corroboraron la identidad con documentos y fueron imputadas dos personas, con el mismos nombre. Marta Elizabeth Maidana de Martínez jamás fue notificada ni llamada a declarar.
Según el ujier Juan Dávalos Villagra, el 12 de enero de 2022. se presentó en un domicilio en Villarrica donde residía Marta y le leyó la imputación, le entregó una copia y le pidió firmar, pero la mujer se negó. Hasta la fecha se presume que alguien se hizo pasar por docente Marta y usurpó su identidad.
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Pasarela de Wiens: Fiscalía espera informe técnico clave para establecer costo real
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, indicó que el Ministerio Público ya cuenta con suficientes elementos para proceder a una imputación o desestimación de la denuncia por supuestas irregularidades en la construcción de la pasarela sobre la avenida Ñu Guasu, más conocida como la pasarela de oro o de Nanduti, construida durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y con Arnoldo Wiens al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
No obstante, Piñánez afirmó que el equipo de investigación aguarda la conclusión de un informe técnico de evaluación de la obra, el cual fue requerido hace dos meses. “Ya se realizaron varias diligencias y actualmente estamos pendientes de un informe técnico para establecer la valuación real de la pasarela. Para realizar la evaluación de este tipo de obras el Ministerio Público no contaba con los técnicos suficientes. Una vez concluido el trabajo nosotros tendremos a cuánto ascendería el valor de ese puente para el Ministerio Público“, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente fiscal acotó: “Hay que tener en cuenta que este trabajo también ya lo hicieron el Ministerio de Obras Públicas y la Contraloría. Esta causa ya está muy avanzada, nosotros creemos que ya tenemos suficientes elementos para tomar una decisión, en el sentido de poder avanzar con el proceso ya sea con una imputación o la desestimación“, remarcó.
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La denuncia contra personas innominadas fue presentada por diputados opositores del período legislativo pasado y fue impulsada tras las irregularidades halladas en la obra localizada en la avenida Ñu Guasu por la Contraloría General de la República (CGR). “Todas las personas que tuvieron que ver con la obra y todo el proceso desde luego están sujetos a la investigación (Arnoldo Wiens, directos y funcionarios del MOPC durante su gestión)”, mencionó Piñánez.
Antecedentes
La construcción de la pasarela fue duramente repudiada debido a su alto costo y el diseño utilizado para la edificación. Bajo la administración de Wiens, la cartera de Obras Públicas adjudicó el proyecto a Engineering S. A., una de las empresas mimadas con millonarias licitaciones en el gobierno de Abdo Benítez. Inicialmente la adjudicación de la obra fue de G. 12.437.501.790 y luego de dos convenios modificatorios aumentó finalmente a la suma de G. 14.121.427.400.