La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

El pleno de la Cámara de Senadores otorgó su acuerdo constitucional para la designación de embajadores y plenipotenciarios que representarán a la República del Paraguay ante diversas naciones. Durante la sesión ordinaria del pasado miércoles, los legisladores, en su mayoría, dieron el voto positivo para estos 11 nombramientos.

Entre los designados se encuentran: Ramón Fernando Acosta Díaz, quien ejercerá como embajador concurrente ante el Principado de Liechtenstein, Ucrania, República de Polonia, República de Estonia y República de Letonia.

Mario Masayuki Toyotoshi, designado como embajador ante la República Socialista de Vietnam, la Mancomunidad de Australia, la República de Indonesia y Nueva Zelanda, con sede en Tokio, Japón. Juan Ignacio Livieres Ocampos, representará al país ante la República de Angola, Guinea Ecuatorial y la República de Seychelles, con sede principal en Sudáfrica.

María José Argaña, fue nombrada embajadora concurrente ante la República de Serbia, Albania, Malta y el Gobierno de Bosnia y Herzegovina. Juan Ernesto Snead Amarilla, se desempeñará como embajador ante el Reino de Noruega, Irlanda e Islandia. Raúl Alberto Florentín, representará al Paraguay en la República de Trinidad y Tobago y en Belice.

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José Rafael Agüero Ávila, ejercerá funciones como embajador concurrente ante la República Árabe de Egipto y el Estado de Kuwait. Juan Francisco Facetti, fue designado embajador ante la República de Rumania y Moldavia. Justo Pastor Apocada Paredes, representará al país ante la República Argelina Democrática y Popular.

Cinthia María Filártiga, fue nombrada embajadora ante la Confederación Suiza. Carolin Konther López, ejercerá como embajadora ante la República Islámica de Pakistán. Enrique Miguel Franco Maciel, fue designado embajador ante la República Portuguesa.

Con esta aprobación, el Senado comunica al Poder Ejecutivo, que deberá proceder a la emisión de los decretos correspondientes para oficializar las designaciones.

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La Cámara de Apela­ción integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chi­cana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusa­dos por asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.

El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acu­sados en el presente caso.

Los abogados de los exmi­nistros de Abdo habían pre­sentado una nueva reposi­ción y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expre­sidente de la República.

Lovera en su resolución indicó que “la presenta­ción hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pen­dientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese con­texto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencio­nado”, señala.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

El Banco Central del Paraguay (BCP) apunta a mejorar el mercado de pagos del país, que actualmente consideran que está “fraccionado” e incluso con acto­res que tienen dominancia en el rubro. De acuerdo con Liana Caballero, miembro del Directorio del BCP, la normativa busca que la banca matriz se cons­tituya como ente regu­lador para velar por la competen­cia y la interopera­bilidad. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores.

Explicó que el espíritu del proyecto de Ley de Sis­tema Nacional de Pagos del BCP no busca otra cosa que impulsar el mercado de pagos nacional con una conciliación de los actores del rubro para garantizar interoperabilidad, interco­nexión y tasas competiti­vas tanto para los usuarios como para los empresarios. “El mercado de pagos es un mercado fraccionado. Hay diferentes actores que no conversan entre sí, y hay ciertos actores que tienen dominancia de mercado y no permiten que ingresen otros competidores.

Lo que buscamos con esa ley es consolidar al Banco Central como un regula­dor que pueda velar por la competencia, por la inter­conexión, por la interopera­bilidad”, dijo a la 1080 AM. Respondió a los cuestiona­mientos de sectores como la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y otros gremios que señalaron una falta de socialización, ade­más de supuestas “faculta­des excesivas” para el BCP con el artículo 4 del pro­yecto de ley que establece las atribuciones de la banca matriz como autoridad de aplicación.